Bogota, 11 de agosto de 2026.- Colombia enfrenta una grave emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo confirmó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también en Panamá y Venezuela.

El número de víctimas ha aumentado conforme los equipos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. El balance más reciente disponible este martes 11 de agosto eleva a al menos 224 las personas fallecidas, mientras los reportes periodísticos dan cuenta de cientos de heridos. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en diferentes municipios.

La emergencia también dejó una importante destrucción material. El balance difundido durante la jornada reportó 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en establecimientos educativos, centros de salud, vías de comunicación y terminales aeroportuarias. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, junto con municipios de Chocó, aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

El terremoto fue sentido con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Popayán y Quibdó, entre otras ciudades. En distintas localidades se produjeron evacuaciones y daños en edificaciones. También se reportaron afectaciones en infraestructura aeroportuaria y en instalaciones públicas, mientras organismos de socorro y autoridades locales inspeccionan estructuras para determinar cuáles pueden continuar operativas y cuáles representan riesgo para la población.

La actividad sísmica continuó después del movimiento principal. El SGC informó inicialmente de 18 réplicas, registradas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Posteriormente se contabilizaron muchas más, por lo que el organismo advirtió que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El SGC también precisó que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo o una réplica.

El Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta y desplegó equipos de búsqueda y rescate hacia los sectores afectados. Las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas, atender a los heridos, evaluar edificaciones, garantizar la atención hospitalaria y restablecer servicios e infraestructura afectados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de consolidar los reportes oficiales de daños y coordinar la respuesta frente a la emergencia, mientras el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

El SGC explicó que el terremoto se produjo en una región donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica del occidente colombiano. Aunque el movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, su elevada magnitud permitió que fuera percibido en un territorio muy amplio. El organismo pidió a la población mantener la calma, alejarse de edificaciones dañadas y seguir exclusivamente las informaciones de las autoridades competentes.

La emergencia permanece abierta y el balance de víctimas y daños puede seguir modificándose. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades avanzan en la evaluación de viviendas, hospitales, colegios, carreteras y demás infraestructura afectada. El terremoto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades colombianas frente a eventos sísmicos de gran magnitud y la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres.

Espinar, 9 de agosto de 2026.– A 4.500 metros de altura, donde el agua vale más que el mineral, una inversión de US$ 1.800 millones reavivó una disputa de más de diez años. La Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Coroccohuayco, aprobada el 20 de mayo de 2026 por el SENACE mediante la Resolución Directoral N.° 00079-2026-SENACE-PE/DEAR, no cerró el debate: lo intensificó. El proyecto de Compañía Minera Antapaccay S.A. (Glencore) busca elevar la producción del clúster a 300.000 toneladas de cobre anuales y extender la operación hasta 2040, pero las comunidades de Pallpata, Condoroma, Ocoruro y Alto Pichigua ven en esta aprobación una nueva etapa de un litigio sin resolver.

Coroccohuayco se ubica a 10 kilómetros de la operación actual de Antapaccay, dentro del complejo minero Antapaccay–Tintaya, y contempla tajo abierto, labores subterráneas, modificaciones en los tajos norte y sur de Tintaya, ampliación de botaderos y reactivación de componentes existentes. Glencore destaca que la integración permitirá aprovechar infraestructura existente y evitar una nueva planta concentradora. Los números que maneja la empresa son contundentes: más de 4.500 empleos directos actualmente, compras locales superiores a S/ 300 millones en Espinar durante 2024, con un 39% de componente local, y una demanda creciente de operadores, técnicos e ingenieros. Sin embargo, el expediente ambiental y el historial de fiscalización revelan una realidad más compleja.

Para las comunidades, el eje del conflicto no es la inversión: es el agua. Desde la etapa de exploración, comuneros han denunciado la reducción o desaparición de manantes y la aparición de filtraciones vinculadas a perforaciones. En julio de 2021, en una carta dirigida al entonces presidente Francisco Sagasti, reportaron 58 zonas con disminución de caudal o pérdida de manantes y tres áreas de afloramiento de aguas que consideraban potencialmente contaminadas. También denunciaron un túnel desde donde se bombeaba agua hacia camiones mineros, con ruido y afectaciones que, según los comuneros, impactaban en animales y actividades agropecuarias. El propio expediente ambiental reconoce condiciones de suelo predominantemente ácido y una problemática de disponibilidad de agua para riego durante la época seca.

Glencore, por su parte, sostiene que utiliza principalmente agua reciclada y que, en temporada seca, recurre a sumideros para extraer agua. Kalidas Madhavpeddi, presidente del Consejo de Administración, afirmó en 2024 que las comunidades cercanas usan agua de manantial y que, desde la perspectiva de la empresa, no existe relación entre esas fuentes y el agua utilizada por la mina. La compañía también afirma que la calidad del aire es monitoreada constantemente y reportada al Gobierno. Pero entre ambas versiones contrapuestas, hay un organismo de fiscalización que ha documentado problemas concretos.

Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó impactos vinculados con agua, aire y vegetación: líquidos procedentes del Botadero Sur que alcanzaban el río Chalchamayo; niveles de toxicidad en el río Ccoloyo que afectaban la vida acuática; concentraciones elevadas de molibdeno, sulfatos y cobre en vegetación utilizada para alimentar ganado; y superaciones de los estándares ambientales para PM10 en localidades evaluadas. El historial sancionador es extenso: entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción contra Antapaccay, cinco de ellas con multas que sumaron S/ 382.663.

Las decisiones más recientes son las que mayor peso tienen en el debate actual. En 2025 y 2026, el OEFA emitió resoluciones que establecieron responsabilidades administrativas y medidas correctivas. Una de ellas impuso una multa de aproximadamente S/ 5,57 millones por no aplicar medidas destinadas a reducir el impacto del material particulado sobre la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca. El dato es revelador: la discusión sobre Coroccohuayco no ocurre sobre un territorio ambientalmente neutro, sino sobre una zona donde la autoridad fiscalizadora ya ha encontrado impactos, incumplimientos y responsabilidades administrativas.

Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la delimitación del área de influencia directa del proyecto. Dirigentes de Pallpata sostienen que alrededor de diez comunidades no fueron consideradas dentro de esa categoría en la Segunda Modificación del EIA. La distinción no es menor: ser reconocido como parte del área de influencia determina cómo se identifican los impactos ambientales, sociales, económicos y sanitarios, y qué medidas de prevención, mitigación o compensación pueden exigirse. Este reclamo no es nuevo: desde 2018, representantes de distritos como Chorrillo, Huacroyuta, Huarcapata, Pallpata y Canlletera solicitaron al SENACE y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ser incluidos en el área de influencia directa, argumentando su cercanía con el proyecto.

En enero de 2020, más de una docena de comunidades iniciaron un paro exigiendo la nulidad de la resolución que aprobaba la MEIA y cuestionando, entre otros aspectos, el derecho a la consulta previa. La aprobación de mayo de 2026, lejos de apaciguar los ánimos, reactivó la protesta. El componente de derechos colectivos permanece abierto. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la culminación del proceso de consulta previa con la comunidad de Huano Huano, con 24 acuerdos alcanzados después de cinco años de diálogo. Pero otro proceso judicial arrojó un resultado en sentido contrario.

En enero de 2025, la Sala Mixta de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco determinó que Antapaccay y el Estado habían vulnerado derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa relacionados con consulta previa, territorio y autodeterminación. La sentencia no anuló las concesiones mineras, pero ordenó una consulta posterior. Mientras tanto, una acción constitucional presentada por comuneros de Espinar sufrió sucesivas reprogramaciones judiciales entre 2025 y 2026. La justicia, al igual que la administración ambiental, no ha logrado cerrar el conflicto.

La investigación revela un elemento que suele perderse en las narrativas polarizadas: Antapaccay tiene una presencia económica y social significativa en Espinar. Además del empleo y las compras locales, la empresa desarrolla programas sociales. En febrero de 2026 entregó nueve toneladas de compost a la comunidad campesina de Anta Ccollana para apoyar la producción de papa y forraje. Estos programas son valorados por sectores de la población y forman parte de una relación económica construida durante años de operación. Por eso Espinar enfrenta una paradoja difícil de resolver: la misma actividad que representa empleo, ingresos y oportunidades económicas también está asociada a denuncias, sanciones y un conflicto socioambiental que no cede.

Los impactos denunciados abarcan otros componentes. En materia de aire, los informes mencionados registran superaciones de PM10. En el suelo se han señalado procesos de degradación y presencia de metales. La vegetación utilizada para alimentar ganado también aparece en los reportes ambientales, mientras que las comunidades han denunciado mortandad de animales asociada a filtraciones. La expansión de tajos y botaderos implica, además, una transformación física del territorio altoandino, con reducción de espacios de pastoreo y modificaciones del paisaje. A ello se suma un componente social: las comunidades denuncian que cercos y rejas vinculados a la actividad minera han interrumpido caminos tradicionales y limitado el acceso a determinados espacios de pastoreo y fuentes de agua.

Coroccohuayco representa una apuesta de gran magnitud para Glencore y para el sector minero peruano. Pero los US$ 1.800 millones no responden por sí solos a las preguntas que plantean las comunidades. Tampoco las sanciones ambientales demuestran automáticamente que todos los impactos denunciados sean atribuibles a la expansión proyectada: esa relación debe establecerse técnicamente caso por caso. Lo que sí muestran los antecedentes es que existe un conflicto socioambiental previo, documentado y todavía activo, en un territorio donde organismos públicos han encontrado incumplimientos y donde comunidades cuestionan la delimitación del área de influencia y la protección de sus fuentes de agua.

El desafío para el Estado no consiste solo en garantizar que el proyecto cumpla las exigencias formales de su certificación ambiental. Consiste en lograr que la población perciba que las instituciones ambientales, sanitarias, mineras y judiciales actúan con independencia, transparencia y capacidad efectiva de proteger sus derechos. Porque mientras Coroccohuayco promete más cobre, inversión y empleo, Espinar continúa formulando una pregunta mucho más básica: ¿quién garantiza que el desarrollo minero no termine trasladando sus costos ambientales a quienes viven sobre el territorio? La respuesta determinará si Coroccohuayco consigue algo más difícil que una autorización administrativa: una verdadera licencia social para operar.

Bogotá, 7 de agosto de 2026.– Gustavo Petro culmina hoy su mandato presidencial dejando un legado social que redefine el rumbo de Colombia. Con cifras históricas en reducción de pobreza, desempleo y expansión de derechos, su gobierno demostró que un Estado activo frente a la desigualdad no solo es posible, sino transformador. El primer mandatario de izquierda del país deja una nación con menos millones de colombianos en la indigencia y más oportunidades para quienes históricamente quedaron al margen.

Los números respaldan el cambio. La pobreza monetaria se redujo del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, sacando a cerca de 1,8 millones de personas de esa condición en el último año medido. La extrema pobreza también cedió terreno hasta el 9,6 %. En el mercado laboral, el desempleo anual cerró en 8,9 % en 2025 —el nivel más bajo desde 2001— y en junio de 2026 alcanzó el 8 %, abriendo un horizonte de estabilidad que muchos colombianos no habían conocido en décadas.

La recuperación del ingreso laboral fue otro pilar fundamental. El salario mínimo ascendió de un millón a 1.423.500 pesos, mientras que la Ley 2466 de 2025 modernizó los derechos laborales al regular jornadas, recargos y contratos de aprendizaje. Estas reformas no solo mejoraron el bolsillo de los trabajadores, sino que sentaron las bases para una economía más inclusiva y con mayor formalidad en los años venideros.

En salud, el giro hacia la prevención marcó la diferencia. Con una inversión de 4,1 billones de pesos, el Gobierno desplegó 10.850 Equipos Básicos de Salud que atendieron a más de 5,5 millones de familias. El resultado fue una reducción de hasta el 55,5 % en la mortalidad por desnutrición, una cifra que traduce políticas públicas en vidas salvadas, especialmente en los territorios más vulnerables del país.

La educación superior dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho amplio. El Ministerio de Educación reportó 425.096 nuevos estudiantes en pregrados públicos, alcanzando el 85 % de la meta de 500.000 cupos. Con el 97 % de ellos cubiertos por la gratuidad, miles de jóvenes de sectores populares y regiones históricamente excluidas accedieron por primera vez a una carrera universitaria, rompiendo cadenas de reproducción de la pobreza.

El campo colombiano también vivió una transformación sin precedentes. Más de 2,28 millones de hectáreas fueron formalizadas y 351.000 entregadas a campesinos, mientras que 806.081 hectáreas se incorporaron al Fondo de Tierras. Este proceso de reforma agraria, el más ambicioso en décadas, devolvió esperanza a comunidades rurales que ahora ven en la tierra no solo un sustento, sino un proyecto de vida digna.

La protección social se extendió con fuerza hacia los adultos mayores. A través de Colombia Mayor, tres millones de personas en situación de vulnerabilidad comenzaron a recibir una transferencia de 230.000 pesos, un ingreso que, aunque no reemplaza una pensión contributiva, representa un colchón de dignidad para quienes construyeron el país sin seguridad social. Es el reconocimiento tangible de que nadie debe envejecer en la indigencia.

Más allá de las estadísticas, el gobierno de Petro logró un cambio cultural: instaló en el centro del debate nacional a los trabajadores informales, los campesinos, los jóvenes de bajos recursos y los territorios olvidados. La desigualdad, la redistribución y el rol del Estado como garante de derechos pasaron de ser discursos marginales a ejes de una agenda que ya no puede ignorarse. Colombia descubrió que otro modelo de desarrollo es posible.

Quedan, claro está, desafíos por delante: la consolidación de la paz, la sostenibilidad fiscal y la profundización del empleo formal requerirán años de esfuerzo colectivo. Pero la semilla está sembrada. El legado de estos cuatro años no se mide solo en puntos porcentuales; se mide en la esperanza de millones de colombianos que hoy miran el futuro con mayor optimismo. Y esa esperanza, en democracia, es el cambio más profundo de todos.