El ministro José Antonio Chang anunció que el Minedu retirará del currículo escolar lo que considera “ideología” y cuestionó la denominación de “guerra civil” para la violencia de 1980-2000. La CVR documentó también graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Lima, 16 de septiembre 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori abrió una nueva disputa sobre la enseñanza de la historia reciente del Perú al anunciar una revisión del currículo escolar y plantear que la violencia política de 1980-2000 sea enseñada sin interpretaciones que el Ejecutivo considere ideológicas. El ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo el 14 de septiembre que se retirará “todo tipo de ideología” de la currícula.

Una revisión que alcanza a la historia reciente

La medida forma parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, presentado por Fujimori y Chang en Santa Anita. El Gobierno sostiene que el currículo debe concentrarse en conocimientos, datos, estadísticas y aprendizajes fundamentales, además de reforzar lectura, matemáticas, ciencias, educación cívica e inglés.

Pero la definición adquiere una dimensión política cuando Chang cuestiona la forma de enseñar la violencia de las décadas de 1980 y 1990. El ministro rechazó que se utilice el concepto de “guerra civil” y sostuvo que durante ese periodo hubo “terrorismo”, en referencia a la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA.

La evidencia histórica incluye abusos del Estado

La posición anunciada por el Ejecutivo deberá contrastarse con el mandato y las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CVR investigó el periodo 1980-2000 y concluyó que el Perú atravesó un conflicto armado interno en el que actuaron organizaciones subversivas y agentes estatales.

Su informe documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros graves abusos cometidos por agentes policiales y militares, además de los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA. La propia creación de la CVR estableció como objetivo esclarecer responsabilidades de ambos lados.

Al respecto, la ex parlamentaria Margot Palacios cuestionó la postura del Gobierno de Keiko Fujimori, señalando que se debe condenar el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, pero al mismo tiempo deben mantenerse en la enseñanza básica los crímenes atribuidos a agentes del Estado durante los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. En su pronunciamiento, advierte que esta modificación formaría parte de un proceso de revisión de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno y relaciona con recientes cambios legislativos sobre delitos de lesa humanidad atribuidos al gobierno fujimorista.

Aún no existe evidencia de un “borrado” curricular

Hasta ahora, el hecho comprobado es el anuncio político y ministerial de modificar el currículo. No se ha publicado todavía un nuevo currículo que permita determinar qué contenidos sobre las violaciones de derechos humanos serán eliminados, modificados o mantenidos. Por ello, presentar como hecho consumado que el Gobierno ya “borró” esos crímenes de los colegios excedería la evidencia disponible.

La controversia queda ahora centrada en el contenido concreto de la reforma: qué fuentes históricas utilizará el Minedu, cómo definirá los conceptos vinculados al periodo de violencia y qué lugar tendrán en las aulas las responsabilidades de las organizaciones subversivas y las violaciones cometidas por agentes estatales. Ese contenido aún está pendiente de conocerse.

Ventanilla, 05 de junio 2026.- El Gobierno peruano oficializó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), la primera institución pública de educación superior en el distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao. La medida fue promulgada mediante la Ley N.° 32626 y publicada este 5 de junio de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, marcando un hito para miles de jóvenes que durante años demandaron una alternativa de formación universitaria pública cercana a sus hogares.

La creación de la nueva casa de estudios tiene como objetivo ampliar la oferta educativa superior en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del país. Ventanilla registra un acelerado incremento demográfico, con proyecciones que superan los 400 mil habitantes, mientras cada año miles de estudiantes egresan de secundaria enfrentando una limitada disponibilidad de vacantes en universidades públicas y dificultades económicas para acceder a instituciones privadas o trasladarse diariamente hacia Lima.

La iniciativa legislativa original fue presentada en enero de 2024 por el congresista Waldemar Cerrón Rojas mediante el Proyecto de Ley N.° 06844/2023-CR y la congresista Margot Palacios Huamán a través del Proyecto de Ley N.° 10874/2024-CR sobre la misma materia. Ambas propuestas, junto a otros proyectos relacionados, fueron acumuladas en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para la elaboración de un texto sustitutorio.

El 14 de mayo de 2026, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa con amplia mayoría: 83 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, siendo además exonerada de segunda votación. El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo Cubas, quien destacó la necesidad de descentralizar la educación superior y atender la demanda educativa existente en el Callao.

De acuerdo con la norma, la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla funcionará como una persona jurídica de derecho público con enfoque tecnológico y contará con departamentos académicos, escuelas profesionales, investigación y programas de posgrado, conforme a lo establecido por la Ley Universitaria N.° 30220. Se prevé que la institución impulse carreras vinculadas a las necesidades productivas y económicas de la zona, incluyendo actividades relacionadas con el puerto del Callao y el megapuerto de Chancay.

Tras la publicación de la ley, el Ministerio de Educación deberá designar una comisión organizadora encargada de implementar la nueva universidad. La UNTEPV contará con presupuesto propio y podrá recibir financiamiento de distintas fuentes públicas. Desde sectores impulsores de la iniciativa se destacó que la publicación de la ley constituye un hecho histórico para Ventanilla y el Callao, al considerarla una herramienta clave para fortalecer la inclusión educativa, la innovación tecnológica y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Lima, 29 de mayo 2026.- La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el Congreso de la República y ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público. La decisión fue emitida el 28 de mayo de 2026 dentro del Expediente N.º 02530-2025-0-1801-SP-DC-03.

Como parte del fallo, el colegiado declaró inaplicables para la demandante los efectos de las Resoluciones Legislativas del Congreso N.º 008-2025-2026-CR y N.º 007-2025-2026-CR, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2025. La medida judicial restituye a Espinoza su condición de fiscal suprema titular dentro del Ministerio Público.

No obstante, la resolución precisa que esta restitución no implica su retorno al cargo de Fiscal de la Nación, función que ejerció entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 antes de ser apartada. Asimismo, los magistrados señalaron que la reincorporación procederá siempre que no exista una resolución administrativa, judicial o de otra naturaleza que disponga lo contrario.

Pese al pronunciamiento judicial, la decisión aún no puede ejecutarse de manera inmediata. Esto se debe a que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que el Congreso aún tiene la posibilidad de presentar una apelación para que el caso sea revisado en una instancia superior.

Delia Espinoza fue destituida el 23 de enero de 2026, luego de que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera por unanimidad apartarla del Ministerio Público por incurrir en faltas consideradas «muy graves», relacionadas con el incumplimiento de una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Actualmente, Espinoza se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima, cargo obtenido tras imponerse en elecciones de segunda vuelta.