La intervención que comenzó en 2003 con el derrocamiento de Saddam Hussein atravesó ocupación, insurgencia, retirada, retorno para combatir al Estado Islámico y una nueva salida. Este 30 de septiembre termina la misión militar estadounidense en Irak, pero no todas las consecuencias políticas y de seguridad de aquella guerra.

Irak, 29 de setiembre de 2026.- Veintitrés años después de que Estados Unidos y sus aliados iniciaran la invasión de Irak, Washington completó este miércoles 30 de septiembre de 2026 la retirada de sus últimas fuerzas militares del país. Los últimos efectivos abandonaron una base aérea en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, en cumplimiento del proceso acordado entre Bagdad y Washington.

La operación militar que comenzó el 20 de marzo de 2003 tenía como objetivo declarado por Washington y sus aliados acabar con la amenaza que atribuían al régimen de Saddam Hussein. Las fuerzas de la coalición entraron en Irak y tomaron Bagdad el 9 de abril. Poco después, Estados Unidos estableció la Autoridad Provisional de la Coalición para administrar el país mientras se organizaba una transición política.

Pero la caída de Hussein no significó el final de la guerra. La desaparición del régimen abrió un prolongado periodo de insurgencia, violencia sectaria y debilitamiento institucional. La propia investigación británica sobre la guerra concluyó posteriormente que los riesgos de conflicto interno, inestabilidad regional y actividad de Al Qaeda en Irak habían sido advertidos antes de la invasión y que no fueron considerados adecuadamente en la planificación posterior.

Las armas que no aparecieron

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la intervención fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y programas destinados a desarrollarlas. Las investigaciones posteriores cuestionaron seriamente la calidad de la inteligencia utilizada para sustentar esas afirmaciones. El informe de la investigación británica sobre Irak concluyó que la fiabilidad de la información sobre esas armas había sido sobrevalorada y que las evaluaciones resultaron erróneas.

La ausencia de los arsenales que se habían presentado como una amenaza central se convirtió en uno de los mayores problemas políticos de la intervención. La investigación Chilcot también cuestionó la preparación para la etapa posterior al derrocamiento de Hussein y señaló que la planificación de la reconstrucción y la transición política enfrentó dificultades que habían sido advertidas previamente.

Estados Unidos se fue en 2011, pero regresó en 2014

Washington retiró sus fuerzas de combate de Irak a finales de 2011. El acuerdo bilateral establecía que las tropas estadounidenses debían abandonar el territorio iraquí antes del 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, la retirada no significó el cierre definitivo de la intervención estadounidense.

El vacío de seguridad y las disputas políticas internas contribuyeron al fortalecimiento de grupos insurgentes. El Estado Islámico de Irak y Siria, conocido como ISIS o ISIL, aprovechó la inestabilidad y la guerra en la vecina Siria. En 2014, la organización conquistó amplias zonas de Irak y Siria, obligando a Estados Unidos a regresar militarmente al país como parte de una coalición internacional contra el grupo.

Así comenzó otra etapa de la presencia estadounidense: ya no para derrocar al gobierno iraquí, sino para combatir al Estado Islámico y apoyar a las fuerzas de seguridad locales. Aunque ISIS perdió su control territorial en Irak, Washington mantuvo efectivos, asesores y capacidades de inteligencia como parte de la operación internacional contra la organización.

La última retirada

En 2024, Estados Unidos e Irak acordaron una transición en dos fases. La primera contemplaba el cierre de la misión militar de la coalición contra ISIS dentro de Irak; la segunda permitía mantener determinadas capacidades relacionadas con las operaciones contra el grupo en Siria desde territorio iraquí hasta septiembre de 2026.

Ese proceso llegó a su punto final este miércoles. El Pentágono confirmó que las fuerzas estadounidenses completaron su salida de Irak, mientras Washington y Bagdad pasan a una relación de seguridad basada principalmente en cooperación bilateral, entrenamiento e intercambio de inteligencia. La retirada marca así el final de la misión militar estadounidense en territorio iraquí, aunque Estados Unidos mantiene capacidades y operaciones relacionadas con la lucha contra ISIS en la región.

Una nueva ecuación para Irak

La salida estadounidense devuelve al Estado iraquí una responsabilidad mayor sobre su propia seguridad, pero también abre interrogantes sobre el equilibrio de fuerzas dentro del país. Reuters informó que sectores iraquíes celebraron la retirada mientras otros expresaron preocupación por un posible vacío de seguridad y por la capacidad de grupos vinculados a Irán o remanentes del Estado Islámico para aprovechar la nueva situación.

El cambio también tiene una dimensión regional. Durante más de dos décadas, la presencia militar estadounidense fue uno de los principales factores que condicionaron la política de seguridad iraquí y el equilibrio entre Washington, Teherán y las distintas fuerzas políticas y armadas del país. Con la salida de las últimas tropas, Irak entra en una etapa en la que su gobierno deberá sostener el control territorial y enfrentar las amenazas internas con menor presencia militar extranjera directa.

El final de una guerra que no termina en 2003

La cronología explica por qué la retirada de 2026 no puede analizarse como un acontecimiento aislado. La secuencia comenzó con la invasión de 2003, continuó con la administración de la ocupación, la insurgencia y la violencia sectaria, pasó por la retirada de 2011 y desembocó en el regreso de las tropas estadounidenses en 2014 para combatir al Estado Islámico.

El 30 de septiembre de 2026 termina formalmente esa última misión militar estadounidense en Irak. Pero las consecuencias de la intervención iniciada en 2003 —la transformación del sistema político iraquí, el debilitamiento y posterior reconstrucción de sus instituciones de seguridad, la expansión de la influencia iraní y el surgimiento del Estado Islámico— continúan formando parte del escenario regional. Por ello, el acontecimiento de esta semana representa menos un punto final de la historia iraquí que el cierre de un prolongado capítulo de presencia militar estadounidense.

El paro regional comenzó este miércoles 16 de septiembre en Iquitos y se extenderá hasta el viernes 18. Los gremios reclaman soluciones por los cortes de electricidad, el costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos, 16 de septiembre de 2026.- Loreto inició este miércoles un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales y sociales, con movilizaciones, bloqueos de vías y cierre de establecimientos comerciales en distintos sectores de Iquitos. La medida exige al Gobierno respuestas concretas frente a los cortes del servicio eléctrico, el incremento del costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos amaneció con vías bloqueadas

La jornada comenzó durante la madrugada con piquetes en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los bloqueos fue reportado en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, donde manifestantes restringieron el tránsito mediante la colocación de residuos y quema de llantas.

Las organizaciones convocantes exigen además que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel con capacidad de decisión para atender el pliego regional. La CGTP Loreto sostiene que los problemas acumulados afectan directamente al transporte, el comercio, los servicios y el costo de vida de la población.

La crisis eléctrica es uno de los reclamos

La protesta ocurre mientras las autoridades nacionales anuncian medidas para enfrentar las deficiencias del sistema eléctrico de Iquitos. El MINEM informó que prepara un mecanismo para permitir mayor competencia en la generación y facilitar la participación del COES en la operación del sistema aislado.

El Gobierno Regional de Loreto informó además que gestiona la incorporación de 9 MW de contingencia y el avance del proyecto de interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Combustible y minería ilegal completan el pliego

El precio de los combustibles constituye otro de los principales motivos de la paralización. El MINEM aprobó medidas temporales para facilitar el abastecimiento de gasolina en Loreto debido a las restricciones de navegación fluvial. Petroperú informó que un convoy con 15.000 barriles de gasolina se encontraba en tránsito hacia Iquitos.

La minería ilegal constituye el tercer eje del reclamo. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la exposición al mercurio de población de diversas cuencas de Loreto y pidió al Gobierno Regional recursos para reforzar la atención sanitaria de las personas afectadas.

El paro continuará durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, mientras los gremios esperan una respuesta del Ejecutivo. El principal punto pendiente es si las medidas anunciadas por las autoridades lograrán atender las demandas que han llevado nuevamente a Loreto a paralizar sus actividades.

Loreto, 30 de agosto de 2026.- El Estado peruano delega en el mercado privado una responsabilidad que la Constitución le asigna como política de Estado. Mientras el diésel supera los 24 soles por galón en planta mayorista y los grifos de Lima cobran hasta 27,99 soles, las regiones amazónicas enfrentan desabastecimiento crónico y precios que rozan los 30 soles. El gobierno de Keiko Fujimori, en funciones desde el 28 de julio, respondió con un subsidio temporal del 15% al 20% para transportistas, una medida que alivia el bolsillo de corto plazo pero que no modifica la estructura de un país que importa el 84% del petróleo que consume.

La paradoja golpea con fuerza en Ucayali y Loreto. Estas regiones pagan los combustibles más caros del país a pesar de tener a la refinería de Manaos, operada por el Grupo Atem brasileño, a pocas horas de navegación fluvial. La propuesta de importar diésel brasileño a precios entre 15,80 y 16,50 soles por galón mediante una ruta de 60 días choca contra la burocracia del Ministerio de Energía y Minas y de Osinergmin, que priorizan el abastecimiento desde Petroperú aun cuando esta vía resulta insuficiente y más costosa para la población de la selva.

Perú extrae alrededor de 37 mil barriles de petróleo por día, una cifra que representa una caída del 23% respecto a julio del año pasado y que apenas cubre una fracción de la demanda nacional. El déficit estructural obliga al país a importar combustible a precios internacionales, expuesto a la volatilidad del crudo y del tipo de cambio, sin contrapesos estatales que amortigüen el impacto en los precios finales. La dependencia no es coyuntural: se construyó durante años de desinversión y abandono de la actividad exploratoria.

El territorio peruano alberga 18 cuencas con potencial hidrocarburífero, pero la exploración se desplomó. Entre 2021 y 2025 solo se ejecutaron tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015, según datos de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y del Instituto Peruano de Economía. La inversión anual en el sector promedió 450 millones de dólares en la última década, muy por debajo de los 1.400 millones anuales que se movilizaban entre 2004 y 2014. Desde 2017, además, no se firma ninguna licencia de exploración nueva.

Petroperú, que debería ser el brazo ejecutor de la soberanía energética del Estado, atraviesa una crisis de refinación y abastecimiento que la ha convertido en distribuidora de combustibles importados. El Decreto de Urgencia 010-2025 dispuso la reorganización patrimonial de la empresa y encargó a ProInversión el diseño de su concesión a operadores privados. La Defensoría del Pueblo impugnó la medida ante el Tribunal Constitucional, que dejó al voto la demanda en agosto de 2026. Si la norma se confirma, el rol estatal en el sector se reducirá aún más.

El marco regulatorio existe, pero está calibrado para el capital privado. La Ley Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento facilitan concesiones y contratos de licencia a empresas internacionales, no una inversión estatal agresiva en exploración y producción. Chevron, que entró en 2025 a los lotes offshore Z-61, Z-62 y Z-63 frente a la costa norte, evalúa ahora su retiro del país apenas un año después de llegar. Un ejecutivo de Perupetro reconoció que los trámites de consulta previa y permisos pueden extenderse entre 10 y 15 años, un plazo que desincentiva la inversión extranjera en exploración.

El gobierno anunció un subsidio temporal de entre 15% y 20% en el precio del diésel para transportistas, con vigencia de tres meses. La medida calma el efecto social inmediato del encarecimiento de los combustibles, pero no altera la raíz del problema: Perú seguirá dependiendo de importaciones para cubrir la mayor parte de su demanda de petróleo. El ministerio de Energía y Minas presentó además un nuevo reglamento de exploración y explotación para reemplazar una norma vigente desde 2004, con modificaciones orientadas a agilizar proyectos y atraer inversión privada. La administración Fujimori fijó la meta de reducir la dependencia de productos refinados importados del 75% al 50% hacia 2031, pero sin anunciar un programa masivo de inversión estatal en exploración.

La propuesta de importar diésel desde Manaos hasta Pucallpa ofrece una alternativa logística viable para la selva, aunque no resuelve el problema de fondo. Cambiar la dependencia de Petroperú por la dependencia del Grupo Atem brasileño no es soberanía energética: es sustituir un proveedor externo por otro. El artículo 60 de la Constitución permite al Estado realizar actividad empresarial por ley expresa, y de hecho lo hace a través de Petroperú y Perupetro. La barrera no es legal, sino política: no existe voluntad para priorizar la inversión estatal en exploración y producción como política de seguridad nacional.

El incremento del diésel a más de 24 soles por galón en agosto de 2026 demuestra que el mercado no garantiza abastecimiento a precios justos cuando el Estado abdica de su rol estratégico. Mientras Perú no reconstruya su capacidad de exploración, producción e industrialización de hidrocarburos, seguirá a expensas de la volatilidad internacional y del poder de fijación de precios de las empresas importadoras. La soberanía energética no se delega en el mercado: se construye con inversión estatal estratégica y políticas de Estado de largo plazo.