Lima, 20 de agosto de 2026.- La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización del transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las propuestas que aseguran haber presentado.

El reclamo: seguridad para trabajar

Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.

Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.

Una violencia que ya deja víctimas

La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.

Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.

El paro todavía puede evitarse

La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.

El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.

La Libertad, 19 de agosto de 2026.- Trabajadores de la agroexportadora Hortifrut mantienen desde hace dos días una protesta en el distrito de Chao, provincia de Virú, contra cambios en sus horarios laborales que, según denuncian, alteran su rutina diaria y afectan la organización de sus responsabilidades familiares. La movilización comenzó el lunes 17 de agosto frente a las instalaciones de la empresa.

Los trabajadores reclaman que se respeten acuerdos que, según sostienen, habían sido establecidos previamente con la empresa. El cambio de horarios se ha convertido así en el principal punto de una disputa laboral que enfrenta a los trabajadores con la administración de una de las empresas agroexportadoras que opera en el valle de Chao.

A este reclamo se suman denuncias de intimidación durante el desarrollo de la protesta. Los trabajadores también exigen información y explicaciones por la presunta detención de Nelson Alvarado, José Chulín y Luis Pardo, a quienes identifican como trabajadores vinculados a la movilización, y demandan su inmediata liberación.

El conflicto coloca nuevamente bajo la lupa las relaciones laborales en el sector agroexportador de La Libertad, donde los cambios en jornadas y condiciones de trabajo pueden tener consecuencias que van más allá del centro laboral. Para los trabajadores, modificar los horarios significa alterar también los tiempos de traslado, descanso y convivencia familiar.

Hortifrut, por su parte, establece en su Código de Conducta Ética que cumple las jornadas laborales previstas por la legislación de cada país y que las horas extraordinarias deben realizarse voluntariamente y dentro de los límites legales. El mismo documento señala que la empresa no utiliza medidas coercitivas o de presión para obligar a sus trabajadores a prestar servicios.

La protesta también pone a prueba los mecanismos de diálogo y fiscalización laboral. Hortifrut Perú cuenta con una estructura de relaciones laborales que contempla la atención de reclamos, negociación con el sindicato y participación en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y Sunafil. Ante las denuncias actuales, corresponde determinar qué ocurrió con las personas señaladas y si la modificación de horarios respetó los procedimientos y derechos laborales aplicables.

El conflicto sigue abierto y los trabajadores exigen una solución que permita recuperar sus horarios anteriores, evitar actos de intimidación y esclarecer las presuntas detenciones. La disputa en Hortifrut ya no se reduce a un cambio de horario: plantea una pregunta mayor sobre los límites de las decisiones empresariales y la protección efectiva de los derechos laborales en la agroexportación peruana.

Lima, 19 de agosto de 2026.- El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, habría sostenido reuniones en su despacho con Augusto Ramos Dolmos, conocido como “Cholo Dolmos”, dirigente vinculado al sector de construcción civil. La relación genera cuestionamientos debido a los antecedentes judiciales y policiales que durante años han rodeado a Ramos Dolmos. Arnillas asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

El caso adquiere especial relevancia porque Ramos Dolmos fue condenado por extorsión y recluido en el penal de Lurigancho, según antecedentes periodísticos de RPP. En 2016, el propio dirigente negó tener procesos o condenas vigentes, pero RPP recogió entonces antecedentes que señalaban su captura en 1997, condena por extorsión y posterior reclusión.

Uno de los episodios más graves atribuidos a Ramos Dolmos se remonta al secuestro de la residencia del embajador de Japón en Lima, ocurrido entre diciembre de 1996 y abril de 1997. La información periodística de la época y posteriores investigaciones lo vincularon con el intento de extorsionar a uno de los rehenes utilizando el nombre del MRTA. Sin embargo, para una publicación responsable debe diferenciarse entre los antecedentes documentados y cualquier acusación actual que todavía no tenga sentencia firme.

La trayectoria de Ramos Dolmos también ha estado relacionada durante años con disputas y denuncias dentro de construcción civil. El Comercio informó en 2016 que dirigía grupos del sector y que su nombre había sido asociado a conflictos por cupos, extorsiones y enfrentamientos entre organizaciones sindicales. En 2026 continúa presentándose públicamente como presidente de la Conatracc, organización que sostiene representar a trabajadores de construcción civil.

La cercanía con autoridades no es nueva. En julio de este año, Ramos Dolmos participó junto con dirigentes de construcción civil en una reunión con el entonces ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, para plantear problemas relacionados con obras de saneamiento y empleo. El encuentro demuestra que su presencia en espacios de interlocución con el sector público no comenzó con la actual gestión.

Lo que ahora requiere explicación es en qué condiciones y para tratar qué asuntos Ramos Dolmos fue recibido por el actual titular de Vivienda. El Ministerio no ha difundido, en las fuentes oficiales consultadas, información pública que explique esas reuniones. La pregunta adquiere mayor importancia porque el MVCS administra programas, obras de saneamiento y proyectos de vivienda que movilizan importantes recursos públicos y generan miles de puestos de trabajo.

El Gobierno tiene la obligación de mantener abiertas las puertas al diálogo con los trabajadores, pero también de establecer estándares claros de transparencia, seguridad e integridad para sus interlocutores. La reunión entre Arnillas y “Cholo Dolmos”, si se confirma oficialmente, no constituye por sí misma prueba de una conducta irregular del ministro, pero sí plantea una legítima pregunta ciudadana: ¿por qué un funcionario con esos antecedentes tiene acceso directo al despacho ministerial y qué compromisos, si alguno, surgieron de esos encuentros? La respuesta del Ministerio será clave para despejar dudas y evitar que el diálogo social sea confundido con tolerancia frente a antecedentes vinculados a delitos.