El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este martes 22 de septiembre el tono de su política hacia América Latina al advertir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Washington está dispuesto a emplear su poderío militar para defender sus intereses en cualquier punto del hemisferio occidental. La declaración fue formulada durante su intervención en la 81.ª sesión de la ONU.

Una advertencia dirigida a todo el hemisferio

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano”, afirmó Trump. Inmediatamente después sostuvo que, si fuera necesario, su Gobierno utilizará el “poderío militar” estadounidense para proteger los intereses nacionales de su país. La Casa Blanca presentó el mensaje como parte de una política destinada a reforzar la seguridad y la influencia estadounidense en el hemisferio occidental.

La advertencia adquiere especial relevancia porque no quedó limitada a un país específico. Trump habló de “cualquier lugar” del hemisferio y vinculó esa posición con la necesidad, según su Gobierno, de impedir que amenazas contra Estados Unidos consoliden posiciones en la región. El mandatario puso como referencia las operaciones militares estadounidenses desarrolladas durante este año en Venezuela.

Venezuela como precedente

Durante su discurso, Trump presentó la operación estadounidense del 3 de enero en Venezuela como una muestra de la disposición de Washington a utilizar la fuerza en la región. Según EFE, el mandatario mencionó esa intervención al explicar su advertencia ante la comunidad internacional.

La actuación en Venezuela ya había provocado cuestionamientos dentro de Naciones Unidas. En enero, la presidencia de la Asamblea General recordó que el artículo 2 de la Carta de la ONU establece que los Estados deben abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados.

«Carteles» y seguridad regional

Trump también vinculó su política hemisférica con la lucha contra los carteles de narcotráfico. En su discurso afirmó que su administración los considera organizaciones terroristas extranjeras y defendió el empleo de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra estas estructuras. Reuters informó que el presidente calificó a los carteles como una amenaza comparable al Estado Islámico y planteó una respuesta regional coordinada.

La estrategia incluye la denominada Shield of the Americas, una coalición impulsada por Washington para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Reuters señala que entre los países vinculados a esta iniciativa figuran Argentina, Ecuador, El Salvador, Colombia y Perú, mientras México y Brasil no forman parte de ella.

México, Cuba, Bolivia, Argentina, Perú y Venezuela en la mira

Presidentes alineados a Donald Trump

En su intervención ante la ONU, Trump también dirigió críticas contra los gobiernos de México y Cuba y reiteró su postura frente a Venezuela. En el caso cubano, afirmó que el régimen de La Habana mantiene vínculos con sectores políticos y organizaciones que su administración considera radicales dentro de Estados Unidos. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el mandatario y no constituyen por sí mismas una conclusión independiente sobre esas organizaciones.

Respecto de México, Trump sostuvo que Washington busca mayor seguridad frente a los carteles y presentó su política regional como una defensa de los intereses estadounidenses. El discurso se produjo en un contexto de creciente presión de la Casa Blanca sobre los gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad, narcotráfico y alineamientos estratégicos.

El regreso de una política de fuerza

El lenguaje empleado por Trump marca una defensa explícita del uso de la capacidad militar estadounidense como instrumento de política exterior en el hemisferio. Reuters describió la intervención como un intento de reafirmar la influencia y el predominio de Washington en la región, mientras que la Casa Blanca sostiene que se trata de proteger los intereses vitales y la seguridad de Estados Unidos.

La discusión internacional, por tanto, no se limita al combate contra el narcotráfico. También involucra los límites jurídicos al empleo de la fuerza, la soberanía de los Estados americanos y el alcance que tendrá la nueva política de seguridad de Washington. La propia ONU ha advertido anteriormente que el uso de la fuerza entre Estados debe analizarse bajo las obligaciones establecidas por la Carta de Naciones Unidas.

Una advertencia que alcanza a América Latina

El mensaje de Trump deja abierta la posibilidad de nuevas operaciones estadounidenses si su administración considera que existen amenazas contra los intereses nacionales de Washington en el hemisferio. No obstante, su declaración no identifica en ese discurso una nueva operación militar concreta ni anuncia una intervención inmediata contra otro país.

La diferencia será relevante para América Latina: mientras Washington presenta su estrategia como una política de seguridad frente al narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas, gobiernos y sectores políticos de la región deberán evaluar sus implicancias para la soberanía nacional, la cooperación militar y las relaciones con Estados Unidos. Por ahora, la advertencia de Trump coloca nuevamente el poder militar estadounidense en el centro de su política hacia el continente.

La presidenta llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas su nueva doctrina contra el crimen organizado: denominar terroristas a las redes criminales, ampliar el papel de las Fuerzas Armadas y profundizar la cooperación de seguridad con Estados Unidos.

Nueva York, 22 de setiembre de 2026.- La presidenta Keiko Fujimori convirtió su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en una exposición de su nueva estrategia de seguridad para el Perú. Este 22 de septiembre, ante la 81.ª Asamblea General, sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, la minería ilegal y otras actividades ilícitas deben ser consideradas “grupos terroristas”.

No se trató únicamente de una descripción de la criminalidad existente. Fujimori planteó ante la comunidad internacional una nueva forma de interpretar la amenaza: sostuvo que el Perú enfrenta “otro tipo de guerra”, protagonizada por organizaciones que no tienen frentes de combate ni fronteras claramente delimitadas y que operan dentro de las propias poblaciones.

Del crimen organizado al “terrorismo”

La utilización del concepto de terrorismo para referirse a organizaciones criminales transnacionales constituye uno de los puntos de mayor alcance político de su discurso. Fujimori sostuvo que estas estructuras deben ser enfrentadas como enemigos del Estado democrático.

El planteamiento coloca en el centro una cuestión que trasciende el lenguaje político: qué consecuencias jurídicas tendría que determinadas organizaciones criminales sean formalmente consideradas terroristas y bajo qué legislación serían combatidas. La presidenta pidió precisamente un marco normativo que permita desarrollar esta estrategia.

Narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata, extorsión y asesinato fueron incluidos por Fujimori dentro de una amenaza común. Sin embargo, que una organización cometa delitos graves no determina por sí solo, jurídicamente, que pueda ser considerada una organización terrorista. Esa eventual calificación requeriría definiciones legales y criterios de aplicación concretos.

El siguiente paso: militares contra la amenaza interna

La segunda pieza de la propuesta es el papel de las Fuerzas Armadas. Fujimori pidió un marco normativo que permita que los militares apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra estas organizaciones.

El planteamiento abre una discusión particularmente sensible en un país con la experiencia del conflicto armado interno: dónde termina la función policial y dónde comienza la intervención militar; qué reglas de uso de la fuerza se aplicarían; quién asumiría el control operativo y bajo qué circunstancias una organización criminal podría ser tratada como una amenaza de carácter militar.

La presidenta no planteó simplemente reforzar a la Policía. Su discurso vinculó la respuesta militar con la caracterización de determinadas organizaciones como “grupos terroristas”. Por ello, el debate que ahora corresponde al Ejecutivo y al Congreso no será únicamente presupuestal o operativo, sino también jurídico y constitucional.

La memoria de los años 90 vuelve al discurso de seguridad

Fujimori conectó esta nueva estrategia con la lucha contra Sendero Luminoso. Ante la ONU defendió a militares y policías que combatieron el terrorismo durante los años 90 y cuestionó que, 34 años después, algunos continúen enfrentando procesos judiciales.

La presidenta afirmó que en esos casos se habrían producido vulneraciones del debido proceso. Sin embargo, esa afirmación política no sustituye las decisiones de los tribunales ni permite asumir que todos los procesos contra integrantes de las fuerzas del orden presentan las mismas circunstancias.

La referencia tampoco fue casual dentro del discurso. Fujimori estableció una línea política entre aquella experiencia y la amenaza criminal que identifica actualmente: el Estado derrotó al terrorismo y ahora, según su planteamiento, debe utilizar nuevas herramientas para enfrentar a organizaciones que considera una amenaza equivalente en términos de seguridad nacional.

El “Escudo de las Américas” y el giro hacia Washington

El otro gran componente del discurso estuvo fuera del ámbito estrictamente interno. Fujimori ratificó la adhesión del Perú al “Escudo de las Américas”, iniciativa regional de coordinación contra el crimen transnacional impulsada por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

La presidenta presentó la incorporación como una muestra del “decidido compromiso” peruano de trabajar con socios regionales frente a una amenaza de “altísima prioridad”. De esta manera, la estrategia contra el crimen organizado quedó vinculada a una política exterior de mayor cooperación en seguridad con Washington.

El mensaje de Nueva York refuerza así una coincidencia entre la política interna y la política exterior de su Gobierno: más herramientas militares y policiales dentro del país y mayor coordinación de seguridad con Estados Unidos fuera de sus fronteras.

La otra agenda: educación, economía y “agendas impuestas”

Fujimori no limitó su discurso a la seguridad. Presentó también los resultados que su Gobierno atribuye a la economía peruana y defendió una reforma educativa que incluye infraestructura, herramientas digitales, fortalecimiento docente y formación de directores.

La presidenta vinculó la educación con la prevención del crimen y sostuvo que las deficiencias del sistema educativo pueden convertirse en factores que alimenten la criminalidad. Su argumento coloca a la escuela como uno de los espacios desde los cuales el Estado pretende disputar terreno a las redes delictivas.

En el tramo político y cultural de su intervención, Fujimori cuestionó las que denominó “agendas impuestas”, a las que atribuyó división social, debilitamiento institucional y afectación de la familia. Frente a ello, reivindicó la libertad individual, las tradiciones, la familia, la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el debido proceso.

Una doctrina de seguridad que ahora deberá pasar por el Congreso

El discurso ante la ONU deja planteada una hoja de ruta que todavía debe traducirse en decisiones concretas dentro del Perú. La denominación de organizaciones criminales como terroristas, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía y las reglas bajo las cuales podrían actuar requieren definiciones normativas y operativas.

Por eso, el punto central después del discurso no será solamente qué dijo Fujimori en Nueva York, sino qué medidas presentará su Gobierno en Lima para convertir esas declaraciones en política pública. El alcance de la intervención militar, la definición de las organizaciones que serían consideradas terroristas y las garantías aplicables durante las operaciones serán parte del debate.

Desde Nueva York, la presidenta presentó su respuesta al crimen organizado como una política de seguridad nacional y la conectó con una alianza regional impulsada por Washington. Ahora, esa propuesta deberá enfrentar su prueba decisiva en el ámbito interno: convertir una nueva definición política del enemigo en normas, operaciones y controles compatibles con el Estado de derecho.

Lima, 22 de setiembre de 2026.-La Confederación General de Trabajadores del Perú sostiene que la separación de Johana Magdalena Castro López, dirigente del SUTRAPECH, vulneraría la libertad sindical. El pronunciamiento también cuestiona el uso de un certificado médico de incapacidad y de publicaciones en redes sociales dentro del proceso disciplinario.

Chimbote, 22 de septiembre de 2026.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció el despido de Johana Magdalena Castro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Chinecas (SUTRAPECH), y calificó el caso como una controversia vinculada al ejercicio de la libertad sindical. La central sindical exige su reposición y reclama a las autoridades competentes revisar el procedimiento disciplinario que terminó con la separación de la trabajadora.

Según el pronunciamiento difundido por la CGTP este 22 de septiembre, la sanción habría sido sustentada en presuntas faltas disciplinarias que, desde la perspectiva del sindicato, terminaron afectando el ejercicio de la actividad sindical. La organización sostiene además que la dirigente no registraba antecedentes disciplinarios.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con un Certificado Médico de Incapacidad Temporal emitido por EsSalud. La CGTP afirma que el órgano sancionador habría considerado que dicho certificado constituía un impedimento para determinadas actuaciones de la trabajadora. EsSalud reconoce al CITT como el documento oficial que acredita el tipo de contingencia y el periodo de incapacidad temporal para el trabajo.

El pronunciamiento sindical también cuestiona que en la resolución disciplinaria se hayan incorporado elementos que, según la CGTP, excederían una evaluación estrictamente laboral. Entre ellos menciona la exigencia de supuestas “disculpas morales” a una autoridad política y el uso de críticas expresadas en redes sociales como parte de los fundamentos de la máxima sanción.

Un antecedente que aparece en los registros de Chinecas

La documentación pública del Proyecto Especial Chinecas permite identificar un antecedente relevante. En enero de 2024, mediante la Resolución Gerencial N.° 002-2024-GRA-P.E.CHINECAS, la entidad declaró de oficio la prescripción para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra Johana Magdalena Castro López, debido a que había transcurrido el plazo establecido para ejercer esa potestad.

Este antecedente, sin embargo, no permite concluir que se trate del mismo procedimiento que derivó en el despido denunciado por la CGTP en septiembre de 2026. Para establecer esa relación sería necesario acceder a la resolución de despido, al expediente disciplinario y a los documentos que sustentaron la nueva sanción.

Los registros públicos también muestran que el Proyecto Especial Chinecas mantiene relaciones de negociación colectiva con organizaciones sindicales. Una resolución gerencial de 2026, por ejemplo, aprobó el acta final de negociación colectiva descentralizada correspondiente al periodo 2027.

La libertad sindical está protegida constitucionalmente

El conflicto adquiere una dimensión laboral mayor porque el artículo 28 de la Constitución peruana reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y establece expresamente que el Estado garantiza la libertad sindical.

El Tribunal Constitucional ha señalado, además, que la libertad sindical comprende la capacidad de los trabajadores para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. A nivel internacional, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los Estados que lo tienen vigente deben adoptar medidas para garantizar el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Por ello, la controversia no se limita a determinar si existieron o no infracciones laborales. El punto central será establecer qué hechos fueron imputados, qué pruebas fueron consideradas, cómo se valoró el certificado médico, qué relación tuvieron las publicaciones en redes sociales con las faltas atribuidas y si el procedimiento respetó las garantías correspondientes.

CGTP exige reposición y debido proceso

La central sindical exige la inmediata reposición de Castro López y el cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trato directo con la Federación Nacional de Trabajadores de los Proyectos Especiales del Perú (FENTRAPEP). También demanda que las autoridades garanticen el debido proceso y descarten cualquier práctica que pueda afectar el ejercicio de la representación sindical.

El caso deja, por ahora, varios puntos pendientes de verificación documental: la resolución exacta que dispuso el despido, las imputaciones formuladas contra la trabajadora, las pruebas incorporadas al expediente, la valoración administrativa del certificado de EsSalud y la respuesta oficial del Proyecto Especial Chinecas. Sin esos documentos no es posible establecer independientemente si la sanción constituyó una vulneración de la libertad sindical, como sostiene la CGTP, o si estuvo sustentada en faltas laborales acreditadas.