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César Hinostroza: PJ rechazó pedido de para que grabaciones telefónicas no sean admitidas como pruebas
César Hinostroza pretendía que las grabaciones telefónicas se consideren «prueba ilícita” y se excluyan del caso. Dichos registros fueron cruciales para la investigación sobre el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

El Poder Judicial decidió rechazar el pedido de la defensa del exmagistrado César Hinostroza para que no se tengan en cuenta las grabaciones de llamadas telefónicas que se realizaron tras el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, como parte del caso “Los cuellos blancos del puerto”.
La resolución del recurso de tutela de derechos estuvo a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien declaró improcedente el pedido realizado en el marco del proceso penal que se sigue contra Hinostroza Pariachi por el presunto delito de tráfico de Influencias y otros en agravio del Estado.
Fundamentos
La defensa de César Hinostroza planteaba que se había vulnerado «el secreto de sus comunicaciones telefónicas y vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso», además del «derecho constitucional a la defensa», por lo que pedía que «se declare prueba ilícita o prohibida todas las grabaciones de las comunicaciones telefónicas de su patrocinado», transcritas en las actas fiscales.
Como se recuerda, estas grabaciones telefónicas fueron cruciales para dar a conocer la presunta red de corrupción que operaba en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que se extendía hasta diversas dependencias judiciales. Por ello, dichos registros fueron conocidos como los CNM Audios.
el juez Checkley Soria indicó que «a través de la tutela de derechos, un juez de investigación preparatoria realiza el control judicial de las actuaciones policiales y fiscales realizadas durante la fase de diligencias preliminares» y «no realiza una revisión o control de resoluciones», ya que, para ese fin, «existen los mecanismos de impugnación que el propio ordenamiento procesal contempla».
La defensa de Hinostroza Pariachi indicó que las «resoluciones judiciales» que sirvieron para levantar el secreto de las comunicaciones de su patrocinado «no están debidamente motivadas en cuanto a los elementos de convicción (…); así como no se indica cuál es el dato indiciario que permitía establecer que (…) habría cometido alguno de los delitos que se investigaban», toda vez que «Hinostroza no estaba siendo investigado a la fecha de emisiones de las resoluciones judiciales y con ello se vulneró el principio de proporcionalidad».
Al respecto, el juez Checkley Soria indicó que «a través de la tutela de derechos, un juez de investigación preparatoria realiza el control judicial de las actuaciones policiales y fiscales realizadas durante la fase de diligencias preliminares» y «no realiza una revisión o control de resoluciones», ya que, para ese fin, «existen los mecanismos de impugnación que el propio ordenamiento procesal contempla».
En ese sentido, indicó que «un juez penal de primera instancia del Callao, concedió el levantamiento del secreto de las comunicaciones», y que, por lo tanto, «el ordenamiento procesal habilita un mecanismo de impugnación específico, que es el recurso de apelación, el que debió ser interpuesto en el plazo legalmente concedido».
«La tutela de derechos deviene improcedente, dado su carácter residual y porque además, dicha institución no puede ser utilizada para revisar autos que levantaron el secreto de las comunicaciones, los cuales deben ser impugnadas a través de los mecanismos que la ley franquea, a fin el superior jerárquicamente competente, pueda revisarlo conforme a sus atribuciones», puntualiza la resolución del magistrado.
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Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.
En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.
El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.
Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.
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Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.
La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.
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Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.
Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.
Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.
Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.
Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.
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