La Libertad, 19 de agosto de 2026.- Trabajadores de la agroexportadora Hortifrut mantienen desde hace dos días una protesta en el distrito de Chao, provincia de Virú, contra cambios en sus horarios laborales que, según denuncian, alteran su rutina diaria y afectan la organización de sus responsabilidades familiares. La movilización comenzó el lunes 17 de agosto frente a las instalaciones de la empresa.

Los trabajadores reclaman que se respeten acuerdos que, según sostienen, habían sido establecidos previamente con la empresa. El cambio de horarios se ha convertido así en el principal punto de una disputa laboral que enfrenta a los trabajadores con la administración de una de las empresas agroexportadoras que opera en el valle de Chao.

A este reclamo se suman denuncias de intimidación durante el desarrollo de la protesta. Los trabajadores también exigen información y explicaciones por la presunta detención de Nelson Alvarado, José Chulín y Luis Pardo, a quienes identifican como trabajadores vinculados a la movilización, y demandan su inmediata liberación.

El conflicto coloca nuevamente bajo la lupa las relaciones laborales en el sector agroexportador de La Libertad, donde los cambios en jornadas y condiciones de trabajo pueden tener consecuencias que van más allá del centro laboral. Para los trabajadores, modificar los horarios significa alterar también los tiempos de traslado, descanso y convivencia familiar.

Hortifrut, por su parte, establece en su Código de Conducta Ética que cumple las jornadas laborales previstas por la legislación de cada país y que las horas extraordinarias deben realizarse voluntariamente y dentro de los límites legales. El mismo documento señala que la empresa no utiliza medidas coercitivas o de presión para obligar a sus trabajadores a prestar servicios.

La protesta también pone a prueba los mecanismos de diálogo y fiscalización laboral. Hortifrut Perú cuenta con una estructura de relaciones laborales que contempla la atención de reclamos, negociación con el sindicato y participación en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y Sunafil. Ante las denuncias actuales, corresponde determinar qué ocurrió con las personas señaladas y si la modificación de horarios respetó los procedimientos y derechos laborales aplicables.

El conflicto sigue abierto y los trabajadores exigen una solución que permita recuperar sus horarios anteriores, evitar actos de intimidación y esclarecer las presuntas detenciones. La disputa en Hortifrut ya no se reduce a un cambio de horario: plantea una pregunta mayor sobre los límites de las decisiones empresariales y la protección efectiva de los derechos laborales en la agroexportación peruana.

Lima, 19 de agosto de 2026.- El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, habría sostenido reuniones en su despacho con Augusto Ramos Dolmos, conocido como “Cholo Dolmos”, dirigente vinculado al sector de construcción civil. La relación genera cuestionamientos debido a los antecedentes judiciales y policiales que durante años han rodeado a Ramos Dolmos. Arnillas asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

El caso adquiere especial relevancia porque Ramos Dolmos fue condenado por extorsión y recluido en el penal de Lurigancho, según antecedentes periodísticos de RPP. En 2016, el propio dirigente negó tener procesos o condenas vigentes, pero RPP recogió entonces antecedentes que señalaban su captura en 1997, condena por extorsión y posterior reclusión.

Uno de los episodios más graves atribuidos a Ramos Dolmos se remonta al secuestro de la residencia del embajador de Japón en Lima, ocurrido entre diciembre de 1996 y abril de 1997. La información periodística de la época y posteriores investigaciones lo vincularon con el intento de extorsionar a uno de los rehenes utilizando el nombre del MRTA. Sin embargo, para una publicación responsable debe diferenciarse entre los antecedentes documentados y cualquier acusación actual que todavía no tenga sentencia firme.

La trayectoria de Ramos Dolmos también ha estado relacionada durante años con disputas y denuncias dentro de construcción civil. El Comercio informó en 2016 que dirigía grupos del sector y que su nombre había sido asociado a conflictos por cupos, extorsiones y enfrentamientos entre organizaciones sindicales. En 2026 continúa presentándose públicamente como presidente de la Conatracc, organización que sostiene representar a trabajadores de construcción civil.

La cercanía con autoridades no es nueva. En julio de este año, Ramos Dolmos participó junto con dirigentes de construcción civil en una reunión con el entonces ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, para plantear problemas relacionados con obras de saneamiento y empleo. El encuentro demuestra que su presencia en espacios de interlocución con el sector público no comenzó con la actual gestión.

Lo que ahora requiere explicación es en qué condiciones y para tratar qué asuntos Ramos Dolmos fue recibido por el actual titular de Vivienda. El Ministerio no ha difundido, en las fuentes oficiales consultadas, información pública que explique esas reuniones. La pregunta adquiere mayor importancia porque el MVCS administra programas, obras de saneamiento y proyectos de vivienda que movilizan importantes recursos públicos y generan miles de puestos de trabajo.

El Gobierno tiene la obligación de mantener abiertas las puertas al diálogo con los trabajadores, pero también de establecer estándares claros de transparencia, seguridad e integridad para sus interlocutores. La reunión entre Arnillas y “Cholo Dolmos”, si se confirma oficialmente, no constituye por sí misma prueba de una conducta irregular del ministro, pero sí plantea una legítima pregunta ciudadana: ¿por qué un funcionario con esos antecedentes tiene acceso directo al despacho ministerial y qué compromisos, si alguno, surgieron de esos encuentros? La respuesta del Ministerio será clave para despejar dudas y evitar que el diálogo social sea confundido con tolerancia frente a antecedentes vinculados a delitos.

Lima, 19 de agosto de 2026.- El Gobierno anunció una inversión de S/800 millones para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a los efectos del Fenómeno El Niño, con recursos destinados tanto a enfrentar lluvias intensas como la sequía y la escasez hídrica. El anuncio fue realizado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, durante una reunión con 150 representantes de las Juntas de Usuarios de Agua.

Del monto anunciado, S/450 millones serán destinados a trabajos de prevención frente a lluvias, principalmente defensa ribereña y limpieza de cauces, mientras que S/350 millones estarán orientados a enfrentar la sequía y la escasez de agua. El anuncio coloca la gestión del recurso hídrico en el centro de la respuesta gubernamental frente a un escenario que puede afectar simultáneamente a poblaciones y actividades agrícolas.

El ministro Vinelli informó que el país tiene identificados más de 1.700 puntos críticos que requieren intervención ante riesgos asociados a lluvias, inundaciones y desbordes. En una primera etapa se priorizarán 536 puntos, de acuerdo con el nivel de riesgo y las necesidades de cada territorio.

La dimensión del problema plantea, sin embargo, una pregunta clave: ¿cómo se atenderán los más de 1.100 puntos que no están incluidos en esta primera intervención? El Ejecutivo busca incorporar al sector privado mediante mecanismos como **Obras por Impuestos para ampliar los trabajos de limpieza de ríos y canales. La medida todavía requiere concretarse mediante el marco normativo anunciado por el sector.

La prevención no parte de cero. La Autoridad Nacional del Agua ya ha identificado puntos críticos de inundación, huaicos y erosión fluvial y ha señalado que esta información debe servir para que gobiernos regionales y locales gestionen el financiamiento y ejecuten intervenciones de reducción del riesgo.

Durante la reunión participaron también representantes del INIA, ANA, PSI, SENASA y Agro Rural, junto con las Juntas de Usuarios, que trasladaron demandas y necesidades de las regiones. El MIDAGRI aseguró que mantendrá coordinación permanente con estas organizaciones para atender los problemas vinculados al agua y la actividad productiva.

El anuncio de los S/800 millones marca así una primera prueba para el Gobierno frente al riesgo climático: no bastará con anunciar recursos, sino que será necesario demostrar que llegan oportunamente a los puntos críticos, que las obras reducen efectivamente la vulnerabilidad y que las regiones afectadas por la sequía también reciben una respuesta concreta. El Niño pondrá a prueba la capacidad del Estado para prevenir antes de que el agua o la falta de ella vuelvan a golpear a la población y al campo.