La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.

Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.

La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.

Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.

Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.

La drástica caída del precio del limón en Piura ha vuelto a golpear con fuerza a miles de pequeños y medianos agricultores, quienes hoy venden su principal producto por debajo de los costos de producción. Mientras los intermediarios continúan imponiendo precios en un mercado desordenado, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limitado su rol a explicar la situación como un fenómeno “estacional”, sin asumir responsabilidades por la falta de planificación agrícola, ordenamiento de la oferta ni protección efectiva al productor.

Lejos de ser un problema exclusivamente climático o de mercado, la actual crisis evidencia una ausencia sostenida de políticas públicas orientadas a garantizar calidad, productividad y acceso a mercados. La falta de fertilizantes, semillas certificadas y asistencia técnica permanente ha deteriorado la calidad del limón piurano, reduciendo su competitividad y su demanda. Estas funciones recaen directamente en el MIDAGRI y sus organismos adscritos, cuya débil presencia en el campo ha dejado al agricultor expuesto a pérdidas económicas, endeudamiento y abandono de sus parcelas.

Sin mecanismos de regulación, precios de referencia ni estrategias para diversificar mercados o impulsar la agroindustria, el peso de la crisis recae nuevamente sobre el eslabón más vulnerable de la cadena: el productor. Organizaciones agrarias advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y estructurales, la situación podría profundizar la precarización del agro regional. La defensa del limón no es solo una demanda sectorial, sino una exigencia para que el Estado cumpla su rol y evite que los pequeños agricultores sigan llevando la peor parte.

Apurímac, 4 de enero 2026.- La persistente sequía que afecta la sierra centro y sur del país, agravada por temperaturas elevadas y eventos extremos como heladas y granizadas, está causando estragos en la campaña agrícola 2025-2026. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), departamentos como #Apurímac, #Ayacucho, #Huánuco, #Cusco, #Puno y #Huancavelica registran déficits de precipitaciones de hasta -100% en algunas zonas, poniendo en riesgo la producción de alimentos básicos.

Los agricultores reportan retrasos en la siembra y marchitez en cultivos clave como papa, maíz amiláceo, quinua y cebada. En distritos de Apurímac y Ayacucho, se han perdido hectáreas enteras por estrés hídrico y plagas favorecidas por la falta de humedad, con al menos 50.000 hectáreas afectadas a nivel nacional.En la ganadería, la escasez de pastos naturales ha provocado desnutrición y muertes masivas de alpacas, ovejas y vacas en comunidades altoandinas. Las heladas nocturnas, con temperaturas bajo cero, agravan la situación, amenazando la subsistencia de miles de familias dedicadas a la crianza de camélidos.

La sequía también incrementa el riesgo de incendios forestales al secar la vegetación, afectando ecosistemas en la sierra y selva. Esto no solo destruye cobertura vegetal, sino que impacta la biodiversidad y agrava la vulnerabilidad de productores rurales.

Autoridades y expertos llaman a medidas urgentes como riegos complementarios, cultivos resistentes y mejor gestión del agua. Sin intervención, esta crisis climática podría profundizar la inseguridad alimentaria y la pobreza en el interior del Perú, afectando a cientos de miles de productores.