Perú, 26 de mayo de 2026.- Miles de agricultores arroceros mantienen paralizado el país en el segundo día de un paro nacional indefinido que afecta nueve regiones. La causa es concreta: el precio del arroz en chacra se desplomó de S/ 1,500 a S/ 600 por tonelada en menos de un año, empujando a miles de familias agricultoras al borde de la quiebra.

La protesta fue convocada por la Confederación Nacional de Arroceros del Perú (Conarroz), liderada por Wilder Vásquez, con el respaldo de la plataforma Conveagro y gremios de bananeros, cañicultores y cafetaleros. En el terreno, los rostros visibles son Rogelio Silva, de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, y Macario Silva Vílchez, de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, quienes advirtieron que no levantarán los bloqueos sin compromisos escritos del Ejecutivo.

Las demandas del sector son cinco: declaratoria de emergencia agropecuaria, suspensión temporal de importaciones de arroz durante la cosecha nacional, compra estatal de 180,000 toneladas del cereal peruano, créditos agrarios accesibles ante el alza de fertilizantes y combustibles, y combate efectivo al contrabando de arroz por la frontera de Tumbes. Todos estos puntos, según los gremios, fueron acordados en mesas de diálogo previas que el Midagri nunca cumplió.

La respuesta del Gobierno llegó tarde y sin sustancia. El ministro de Desarrollo Agrario, César Quispe, reconoció que la crisis es estructural y que las medidas del Ejecutivo solo podrán «paliar en algo» la situación. Como gesto concreto, el Midagri reportó la compra de 410 toneladas de arroz nacional — una cifra irrisoria frente al excedente de 350,000 toneladas acumulado en las cosechas de 2025 y 2026.

Ante la presión de dos días consecutivos de bloqueos, la Presidencia del Consejo de Ministros convocó para el miércoles 27 de mayo una reunión de alto nivel con gobernadores regionales y dirigentes arroceros. Sin embargo, la agenda del Consejo de Ministros de ese día no incluyó decretos de urgencia ni medidas vinculantes — solo un informe sectorial del Midagri, lo que revela la distancia entre el discurso oficial y la disposición real a resolver el conflicto.

El escenario más probable es que la reunión del 27 derive en un acta de compromisos parciales — compras estatales ampliadas, cronograma de créditos, mesa técnica permanente — que los gremios evaluarán como condición mínima para levantar los bloqueos de forma temporal. Los productores, sin embargo, son explícitos: no se trasladarán a Lima a negociar y exigen que cualquier mesa de diálogo funcione en Piura, en el corazón de la zona productora.

El problema de fondo no tiene solución en una reunión de emergencia. La sobreproducción, la competencia del arroz importado y el encarecimiento de insumos configuran una crisis estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar con políticas de largo plazo. Sea quien sea el ganador de la segunda vuelta del domingo, heredará un campo en ebullición y una deuda pendiente con cientos de miles de agricultores que sostienen la seguridad alimentaria del país.

Más de 150,000 productores convocan paro nacional para el 25 de mayo de 2026 ante el colapso de precios y la avalancha de importaciones que amenazan la subsistencia del campo nacional

El sector arrocero del Perú enfrenta su crisis más profunda en años recientes. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la producción nacional de arroz alcanzó en 2024 las 3,56 millones de toneladas, un incremento de 5,5% respecto al año anterior, cultivadas en aproximadamente 426,000 hectáreas distribuidas entre la Costa (53%) y la Selva (47%), representando el 13% del área agrícola nacional. La campaña 2024/2025 cerró incluso con 3,7 millones de toneladas de arroz cáscara, con una superficie cosechada superior a 430,000 hectáreas, consolidando al arroz como uno de los pilares de la producción agrícola nacional. Sin embargo, esa abundancia productiva contrasta dramáticamente con la quiebra silenciosa del productor: los precios que reciben los agricultores se han desplomado hasta apenas S/0,50 a S/0,60 por kilo de arroz, golpeando a más de 150,000 productores pese al alza sostenida de los costos de fertilizantes y petróleo. Ante este panorama, la Confederación Nacional del Arroz y múltiples juntas de regantes de las principales regiones productoras han convocado un paro nacional para el lunes 25 de mayo de 2026, con amenaza de hacerse indefinido si el Ejecutivo no responde con medidas concretas.

El arroz no es un cultivo menor en la economía peruana. El grano representa el 10,6% del Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA), generando más de S/2,000 millones anuales, ubicándose en el tercer lugar tras el arándano (11,7%) y la papa (10,9%). El consumo anual per cápita alcanza los 65 kilogramos, la cifra más alta de América Latina y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de países asiáticos. Perú siembra arroz en 18 regiones, con especial concentración en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, y ostenta el mayor rendimiento de la región con más de 10 toneladas por hectárea promedio —llegando incluso a 17 T/ha en el Valle de Camaná—, mientras que Ecuador, Colombia, Bolivia o Uruguay apenas alcanzan entre 5 y 6 T/ha. No obstante esa ventaja técnica, la paradoja peruana es cruda: ser el más productivo del continente y al mismo tiempo el más desprotegido.

La raíz de la crisis tiene nombre y origen geográfico preciso: las importaciones masivas de arroz, principalmente desde el Cono Sur. Según el MIDAGRI, Perú importó 146,557 toneladas de arroz en 2025, mostrando un incremento de 5,58% respecto a las 138,806 toneladas del año anterior. Uruguay concentró el 48% del volumen total (70,347 toneladas) y Brasil el 39% (57,157 toneladas), seguidos de Tailandia con el 10%. En 2024, las importaciones peruanas de arroz sumaron US$124,1 millones, creciendo 22,4% respecto al año previo. Entre enero y mayo de 2025, estas importaciones alcanzaron US$63,7 millones, lo que significó un crecimiento del 48,1% respecto al mismo periodo anterior. Ese flujo constante de grano extranjero tiene una puerta institucional facilitada: el Acuerdo de Complementación Económica N°58 (ACE 58), suscrito entre Perú y los Estados Parte del MERCOSUR —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— que entró en vigencia en enero de 2006 y ha ido reduciendo progresivamente los aranceles bilaterales. Aunque el mecanismo de franja de precios aplica un arancel específico de US$102 por tonelada importada, equivalente a un 15% ad valorem, los gremios arroceros alertan que el arroz importado llegó a venderse a S/105 por saco, muy por debajo de los S/170 del arroz nacional. La diferencia de precio no es una distorsión de mercado: es el resultado de que Brasil, Uruguay y Paraguay subsidian directamente a sus agricultores con créditos baratos, fertilizantes a costo social y apoyo estatal sistemático, mientras el Estado peruano mira desde la tribuna.

El pliego de demandas de los productores no deja margen a interpretaciones. Los gremios exigen intervención inmediata del mercado, control de importaciones y fiscalización estricta de la cadena comercial, señalando que la tonelada de arroz ha pasado de costar aproximadamente S/1,600 a apenas S/650, una caída superior al 50% que elimina cualquier margen de rentabilidad, comprometiendo no solo la campaña actual sino también la siembra 2026-2027. A ello se suma la demanda de declaratoria de emergencia del sector arrocero, compra directa del Estado a productores nacionales para abastecer programas sociales como Qali Warma con arroz peruano en lugar de importado, y precios justos al productor. El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitanio Rojas, advirtió que la huelga podría ser indefinida, y no solo de los arroceros, porque «todo el sector agrario está mal: los paperos, el maicero, el cañero. Estamos olvidados por este gobierno y los que han pasado, ya que no hay una política agraria». La denuncia de incumplimiento de promesas previas es un leitmotiv recurrente: los arroceros señalaron que tuvieron reuniones en Lima y Jaén donde las autoridades nacionales se comprometieron a realizar compras para abastecer programas sociales, pero que hasta ahora no se ha concretado nada.

La crisis arrocera es el síntoma visible de una enfermedad estructural del agro peruano que el Estado ha postergado por décadas. Mientras Perú carece de políticas efectivas de protección a sus productores, los países competidores cuentan con créditos de bajo interés, fertilizantes y agroquímicos a costo social, e incluso subsidios directos, lo que representa una competencia desigual para el agricultor peruano. Los gremios vienen sosteniendo reuniones con MIDAGRI y SENASA para que, en el marco de las negociaciones del TLC con India, se exceptúe al arroz de las reducciones arancelarias y se proteja a los productores locales de nuevas oleadas de importación barata desde Asia. El paro del 25 de mayo no es un capricho gremial ni una protesta aislada: es la expresión de una cadena productiva que genera empleo en 18 regiones del país, alimenta a toda una nación y, sin embargo, opera al límite de la supervivencia económica. La pregunta que el Gobierno de turno deberá responder no es si puede atender las demandas arroceras, sino si puede permitirse ignorarlas.

Chao, Virú (La Libertad), febrero 2026.- Trabajadores de Hass Perú S.A., empresa agroexportadora de palta Hass y arándanos en el valle de Chao, denuncian prácticas antisindicales sistemáticas tras la constitución legal de su sindicato. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hass Perú S.A. (SINTRAHASSP) fue inscrito oficialmente en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, cumpliendo todos los requisitos legales y gozando de protección constitucional.

A pesar de ello, los afiliados acusan a la empresa de intentos de desestabilización sindical, incluyendo no respeto a la libre afiliación, falta de reconocimiento pleno al sindicato y represalias directas. La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial de La Libertad (FETSA RLL) señala despidos selectivos de dirigentes y afiliados, considerados nulos por discriminación antisindical según la normativa vigente y convenios de la OIT.

Entre las irregularidades laborales más graves denunciadas destacan condiciones precarias: jornadas intensas en lodo y bajo sol sin equipo de protección personal adecuado (guantes, botas o herramientas), lo que ha provocado accidentes, incluyendo pérdida de dedos en un caso reportado. Además, se reportan abandonos nocturnos en zonas rurales tras la jornada (esperas de más de una hora en oscuridad), presiones excesivas por productividad y exigencias de horas extras fuera de lo legal, con «premios» que buscan normalizar la explotación.

Los sueldos base permanecen estancados pese al crecimiento exportador de la empresa (aumento del 68% entre 2019 y 2024), sin reconocimiento proporcional de labores adicionales ni beneficios acordes. En enero de 2026, los trabajadores realizaron una huelga y paralización de labores para exigir diálogo y mejoras, lo que llevó a la Intendencia Regional de La Libertad de SUNAFIL a emitir una orden de inspección inmediata para verificar los hechos.

El conflicto pone en evidencia la asimetría en el sector agroexportador de La Libertad: boom de divisas versus precariedad laboral persistente. FETSA RLL y SINTRAHASSP llaman a fortalecer la sindicalización y exigen al Estado mayor diligencia en fiscalización. La empresa no ha emitido pronunciamiento público respondiendo a las acusaciones hasta el momento, en claro desafío a las demandas laborales, donde el Estado aparentemente también no puede hacer nada.