La Libertad, 19 de agosto de 2026.- Trabajadores de la agroexportadora Hortifrut mantienen desde hace dos días una protesta en el distrito de Chao, provincia de Virú, contra cambios en sus horarios laborales que, según denuncian, alteran su rutina diaria y afectan la organización de sus responsabilidades familiares. La movilización comenzó el lunes 17 de agosto frente a las instalaciones de la empresa.

Los trabajadores reclaman que se respeten acuerdos que, según sostienen, habían sido establecidos previamente con la empresa. El cambio de horarios se ha convertido así en el principal punto de una disputa laboral que enfrenta a los trabajadores con la administración de una de las empresas agroexportadoras que opera en el valle de Chao.

A este reclamo se suman denuncias de intimidación durante el desarrollo de la protesta. Los trabajadores también exigen información y explicaciones por la presunta detención de Nelson Alvarado, José Chulín y Luis Pardo, a quienes identifican como trabajadores vinculados a la movilización, y demandan su inmediata liberación.

El conflicto coloca nuevamente bajo la lupa las relaciones laborales en el sector agroexportador de La Libertad, donde los cambios en jornadas y condiciones de trabajo pueden tener consecuencias que van más allá del centro laboral. Para los trabajadores, modificar los horarios significa alterar también los tiempos de traslado, descanso y convivencia familiar.

Hortifrut, por su parte, establece en su Código de Conducta Ética que cumple las jornadas laborales previstas por la legislación de cada país y que las horas extraordinarias deben realizarse voluntariamente y dentro de los límites legales. El mismo documento señala que la empresa no utiliza medidas coercitivas o de presión para obligar a sus trabajadores a prestar servicios.

La protesta también pone a prueba los mecanismos de diálogo y fiscalización laboral. Hortifrut Perú cuenta con una estructura de relaciones laborales que contempla la atención de reclamos, negociación con el sindicato y participación en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y Sunafil. Ante las denuncias actuales, corresponde determinar qué ocurrió con las personas señaladas y si la modificación de horarios respetó los procedimientos y derechos laborales aplicables.

El conflicto sigue abierto y los trabajadores exigen una solución que permita recuperar sus horarios anteriores, evitar actos de intimidación y esclarecer las presuntas detenciones. La disputa en Hortifrut ya no se reduce a un cambio de horario: plantea una pregunta mayor sobre los límites de las decisiones empresariales y la protección efectiva de los derechos laborales en la agroexportación peruana.

Lima, 18 de agosto de 2026.- Trabajadores de construcción civil se movilizaron el pasado 13 de agosto por las calles de Lima hasta el Congreso de la República, convocados por la CGTP, para expresar su rechazo a cualquier modificación que pueda significar un recorte de derechos laborales dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La movilización tuvo como punto central un mitin frente al Parlamento, donde dirigentes sindicales reclamaron a los congresistas que no otorguen al Ejecutivo una autorización abierta para modificar el régimen laboral sin establecer límites claros. La protesta se produce en momentos en que el pedido de facultades contempla materias vinculadas al empleo, protección social y régimen laboral.

El reclamo de los trabajadores no surge de la nada. El proyecto de delegación de facultades preparado por el Ejecutivo incluye cambios que podrían afectar aspectos como CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, participación en utilidades y protección frente al despido. Diversos análisis del proyecto han advertido que estas modificaciones podrían generar una flexibilización significativa del régimen laboral.

La preocupación sindical aumentó porque la propuesta plantea avanzar hacia un régimen laboral general con beneficios progresivos según el nivel de remuneración. Desde sectores críticos se advierte que este esquema podría terminar perjudicando principalmente a los trabajadores de menores ingresos, precisamente quienes tienen menor capacidad para enfrentar una reducción de beneficios.

La presidenta Keiko Fujimori, sin embargo, ha asegurado que su Gobierno no eliminará las gratificaciones ni la CTS y afirmó que “ningún derecho laboral va a ser recortado”. Esta posición contrasta con las preocupaciones generadas por el contenido conocido del proyecto y coloca al Congreso ante la responsabilidad de revisar con precisión qué materias y alcances terminarían siendo autorizados al Ejecutivo.

Para construcción civil, el problema va más allá de una discusión técnica. Los trabajadores defienden un régimen especial que históricamente ha sido resultado de la organización sindical y de la negociación colectiva. La FTCCP mantiene una estructura nacional y ha desarrollado negociaciones colectivas específicas para el sector, incluido el convenio correspondiente al año 2026.

La movilización también expresa una advertencia política al nuevo Parlamento: los derechos laborales no deben convertirse en moneda de cambio para acelerar reformas económicas o promover la formalización. La CGTP y los gremios participantes demandan que cualquier modificación sea discutida públicamente y no aprobada mediante una delegación de facultades que reduzca el debate parlamentario.

El Ejecutivo sostiene que necesita facultades por 120 días para impulsar reformas en seguridad, empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado. El Congreso, que deberá evaluar y delimitar esas facultades, tiene ahora el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad de reformas y la protección de derechos laborales adquiridos.

La protesta del 13 de agosto deja un mensaje directo de los trabajadores al Parlamento: si el Gobierno quiere reformar el régimen laboral, tendrá que explicar con claridad qué pretende cambiar y garantizar que ninguna reforma termine recortando derechos. El debate recién comienza y la movilización sindical demuestra que construcción civil y la CGTP están dispuestas a permanecer en las calles para defender sus conquistas laborales.

Bogotá, 16 de agosto de 2026.- Un video de la visita del presidente colombiano Abelardo de la Espriella al municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, desató una nueva controversia en medio de la tragedia provocada por el terremoto del 10 de agosto. En las imágenes se escucha a un hombre decir “manos arriba, manos arriba” segundos antes de que el mandatario descienda de su vehículo y sea recibido por un grupo de personas.

La escena fue interpretada por sectores de la oposición y usuarios de redes sociales como una posible puesta en escena para mostrar respaldo popular al presidente. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia concluyente que permita afirmar que el recibimiento haya sido preparado. Incluso otro video, difundido desde un ángulo diferente por la Alcaldía de El Cairo, muestra la llegada del mandatario y la presencia de un grupo numeroso de habitantes.

El episodio resulta especialmente sensible porque De la Espriella enfrenta su primera gran crisis de gobierno apenas días después de asumir el poder. El terremoto de magnitud 7,4 dejó cientos de muertos, miles de heridos y una enorme destrucción en el occidente colombiano, obligando al nuevo mandatario a desplazar a su gabinete hacia las zonas más afectadas.

La controversia política no se limita al video. El nuevo gobierno ha sido cuestionado por no haber realizado un proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro, lo que provocó que Javier Pava, funcionario que había sido designado durante el gobierno anterior, permaneciera al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando ocurrió el terremoto.

La situación se complicó por la polémica sobre la ayuda internacional. Pava envió una comunicación a la Cancillería en la que señaló inicialmente que no era necesario activar equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate, argumentando que Colombia disponía de capacidades nacionales suficientes. Posteriormente defendió su actuación y sostuvo que sí se evaluaron y aceptaron determinados ofrecimientos internacionales.

La discusión tampoco significa que Colombia haya rechazado toda cooperación extranjera. México, por ejemplo, envió seis vuelos con 58 toneladas de alimentos, cuatro toneladas de insumos médicos y 2.562 despensas. Perú también movilizó ayuda y anunció el envío de rescatistas, mientras otros países ofrecieron equipos y suministros.

El punto más cuestionado fue la demora y las condiciones para aceptar equipos internacionales especializados en rescate, en momentos en que las primeras 72 horas eran consideradas críticas para encontrar sobrevivientes. La controversia aumentó después de que la ONU confirmara que el 11 de agosto todavía no había recibido una solicitud oficial de asistencia de Bogotá.

Mientras la discusión política crece, la dimensión de la tragedia sigue siendo enorme. Al 15 de agosto, la UNGRD reportaba 289 fallecidos, 143 desaparecidos, 3.937 heridos y más de 54.300 familias afectadas, además de 14.705 viviendas destruidas en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

El video de El Cairo, por tanto, abre una pregunta incómoda sobre la comunicación política de un gobierno que enfrenta su primera emergencia nacional: ¿se trata de un recibimiento espontáneo o de una escena preparada para proyectar respaldo al presidente? Por ahora, lo comprobado es que la frase “manos arriba” quedó registrada antes de su aparición y que la escena generó cuestionamientos; demostrar que hubo montaje requeriría evidencia adicional.