Lima, 14 de febrero de 2026.- El Pleno del Congreso sesionará de manera extraordinaria a las 10:00 a.m. para evaluar hasta siete mociones de censura contra el mandatario, quien ejerce también la presidencia del Legislativo. El detonante principal es el escándalo «Chifagate», que involucra reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, sumado a investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El caso «Chifagate» estalló tras la difusión de imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un chifa en San Borja el 26 de diciembre de 2025 y a un local en el barrio chino el 6 de enero de 2026, ambos propiedad de Yang, sin figurar en su agenda oficial. La Fiscalía abrió indagación preliminar y citó al presidente para declarar el 2 de marzo, mientras peritos analizan posibles manipulaciones en los videos entregados.

Jerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 21 de enero, negando irregularidades y calificando las acusaciones como una «operación política» para desestabilizar la transición hasta julio. Rechaza renunciar y solicitó que el Estado financie su defensa legal en la investigación fiscal.

El Congreso validó 78 firmas para convocar el pleno extraordinario. Las mociones de censura (contra su rol como presidente del Parlamento) requieren mayoría simple (alrededor de 66 votos), lo que implicaría sucesión automática: un nuevo titular del Legislativo asumiría la Presidencia.

Bancadas de izquierda (Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático), Podemos Perú, APP y Renovación Popular impulsan la salida, mientras Fuerza Popular y Somos Perú (su partido) defienden su permanencia o exigen vacancia formal. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, insiste en que corresponde vacancia por actos presidenciales.

La crisis se agrava con otros escándalos: contrataciones cuestionadas de allegadas tras visitas nocturnas a Palacio, una fiesta privada con figuras vinculadas a presuntas redes de prostitución y alta desaprobación ciudadana. El resultado del pleno del 17 de febrero definirá si Perú enfrenta otro cambio interino o si Jerí completa el mandato hasta las elecciones, en un contexto de inestabilidad institucional crónica.

Lima, 9 de febrero de 2026.- El comediante y candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, ratificó su permanencia en la contienda electoral rumbo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, tras resolver una crisis interna generada por denuncias de presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral.

La controversia se originó a inicios de febrero, cuando se cuestionó la asignación de aproximadamente S/642.000 a S/700.000 del presupuesto de propaganda oficial exclusivamente al canal Nativa Televisión. Álvarez se deslindó de las decisiones administrativas, exigió transparencia, sanciones a los responsables y amenazó con renunciar si no se aclaraban los hechos. El partido respondió admitiendo «errores políticos» e «inexperiencia», separó a los funcionarios implicados (incluyendo al personero legal y representantes ante la ONPE) y desistió completamente del uso de la franja electoral, renunciando así al financiamiento público para evitar mayores cuestionamientos.

Tras evaluar el cumplimiento de sus exigencias y confirmar la ausencia de actos de corrupción directa, Álvarez anunció su decisión de continuar el 6 y 7 de febrero mediante pronunciamientos en redes sociales y entrevistas en medios como Latina Noticias y RPP. El candidato enfatizó su rechazo al uso de recursos estatales en campañas y su compromiso con una «política diferente», mientras el partido lo respaldó como figura principal, destacando que no participó en las gestiones controvertidas. La Fiscalía inició investigaciones preliminares sobre el manejo de la franja en varios partidos, incluido País para Todos.

Paralelamente, persisten señalamientos sobre su trayectoria durante el régimen fujimorista. Entre 1999 y 2000, Álvarez laboró en Canal 7 (controlado por el gobierno de Alberto Fujimori) y enfrentó un proceso por presunto peculado vinculado a pagos irregulares del entorno de Vladimiro Montesinos. Aunque fue condenado en primera instancia, la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos el 5 de diciembre de 2007, ordenando la anulación de antecedentes. En enero de 2026, un informe del Jurado Electoral Especial alertó posible omisión de esa sentencia en su hoja de vida ante el JNE, pero Álvarez argumentó que solo deben declararse condenas firmes y vigentes, por lo que su postulación sigue inscrita sin resolución de exclusión.

En el escenario electoral actual, Álvarez se posiciona como un contendiente outsider. Según la encuesta Datum Internacional para El Comercio (trabajo de campo del 30 de enero al 3 de febrero de 2026, margen de error ±2.8%), registra 5.8% de intención de voto, ocupando el tercer lugar detrás de Rafael López Aliaga (11.9%) y Keiko Fujimori (9.2%). El sondeo destaca la alta fragmentación: más del 42% de electores votaría en blanco, viciado, nulo o aún no decide, y 24 de los 36 candidatos no superan el 1%. La reciente visibilidad mediática por la polémica no ha impactado negativamente en sus preferencias hasta el momento, aunque analistas advierten que nuevos desarrollos podrían afectar su percepción de estabilidad en las próximas semanas.

En un contexto de tensiones geopolíticas exacerbadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de «máxima presión» contra Cuba mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026, que impone aranceles adicionales a cualquier nación que suministre petróleo a la isla. Esta medida, declarada como una «emergencia nacional» por supuestos lazos de Cuba con países hostiles y grupos terroristas, busca cortar el flujo energético vital para la economía cubana, agravando un embargo que data de 1962. Sin embargo, analistas y críticos internacionales coinciden en que estas acciones no solo fallan en promover cambios políticos, sino que castigan directamente a la población civil, revelando un enfoque inhumano que prioriza la confrontación ideológica sobre el bienestar humano.

La justificación oficial de la administración Trump se centra en presionar al régimen cubano para que cese su apoyo a aliados como Rusia, China e Irán, pero en la práctica, estas sanciones energéticas han desencadenado un colapso inminente. Cuba, que ya enfrentaba una escasez crónica tras el corte de suministros venezolanos, ahora solo cuenta con reservas de petróleo para 15 a 20 días, según datos de expertos. Esto ha llevado a apagones masivos de hasta 20 horas diarias, paralizando el transporte público, la agricultura y el turismo –sectores clave que representan el sustento de millones. Críticos argumentan que Trump ignora deliberadamente el impacto desproporcionado en civiles, evocando tácticas de asedio que violan principios humanitarios básicos, como el acceso a energía esencial para la supervivencia.

Las consecuencias económicas para los cubanos son devastadoras: familias pierden alimentos por falta de refrigeración, hospitales operan con generadores precarios, y el desempleo se dispara en industrias como el turismo, donde hoteles cierran y aerolíneas internacionales suspenden vuelos por ausencia de combustible de aviación. Residentes en La Habana y otras provincias comparan esta crisis con el «Período Especial» de los 90, pero afirman que ahora es peor debido a la globalización de las sanciones, que disuaden incluso a aliados como México o Rusia de enviar ayuda. Esta situación no solo acelera la pobreza extrema y la migración irregular, sino que expone la hipocresía de una política que, bajo el pretexto de defender la democracia, genera hambre y desesperación en una población vulnerable, afectando desproporcionadamente a niños, ancianos y enfermos.

Desde América Latina, incluyendo Perú, las críticas a Trump no se han hecho esperar: gobiernos progresistas y organizaciones como la ONU condenan estas medidas como «genocidas» y unilaterales, argumentando que violan el derecho internacional y agravan desigualdades regionales. En Perú, donde la solidaridad con Cuba ha sido histórica a través de lazos culturales y políticos, analistas locales ven en esto un retroceso a la Guerra Fría que ignora el contexto pospandémico y las crisis migratorias compartidas. Rusia, por su parte, califica la situación de «crítica» y culpa directamente a Washington por un bloqueo que impide el desarrollo sostenible, mientras que en redes sociales, como en X, se reportan incidentes como el rechazo de Jamaica a un buque cubano por temor a represalias, ilustrando el alcance extraterritorial inhumano de estas políticas.

En última instancia, las decisiones de Trump no solo fallan en debilitar al gobierno cubano, sino que fortalecen narrativas de victimización y radicalizan posturas en la región. Para una web de noticias peruana, es imperativo cuestionar si esta estrategia de asfixia económica vale el costo humano, urgiendo a la comunidad internacional a priorizar el diálogo sobre el castigo colectivo. Mientras Cuba se acerca a un posible colapso humanitario, queda claro que políticas como estas no promueven la libertad, sino que perpetúan ciclos de sufrimiento innecesario, demandando una revisión urgente desde una perspectiva ética y global.