El presidente cubano calificó de maniobra política la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el exjefe de Estado, vinculada al derribo de avionetas en 1996.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel salió al paso este martes mediante sus redes sociales para rechazar la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, exjefe de Estado y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El mandatario calificó el cargo —vinculado al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996— de «pretendida acusación» carente de sustento jurídico, y la describió como una maniobra política orientada a fabricar un pretexto para una eventual acción militar contra la isla.

El episodio al que alude la acusación ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea Revolucionaria cubana derribó dos aeronaves Cessna sobre el estrecho de La Florida, matando a cuatro miembros de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña. Washington sostuvo en su momento que los aviones se encontraban en espacio aéreo internacional, mientras La Habana insistió en que las aeronaves habían violado su zona jurisdiccional en al menos tres ocasiones previas ese mismo día y que las autoridades estadounidenses habían sido advertidas de las consecuencias sin que mediara respuesta. Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), publicada en 1996, concluyó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, extremo que Cuba rechazó formalmente.

Díaz-Canel reiteró la posición histórica del gobierno cubano: que la acción militar de 1996 constituyó un acto de legítima defensa ante intrusiones reiteradas de «elementos terroristas» en su espacio aéreo soberano, agravadas por la pasividad de la administración Clinton pese a las notificaciones diplomáticas previas. Omitió mencionar, sin embargo, que el incidente derivó en la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley Helms-Burton, que codificó y endureció el embargo económico vigente desde 1962 y cuya Sección III permanece parcialmente activada desde 2019.

La acusación, cuya autoría formal corresponde al Departamento de Justicia bajo la administración Trump, se produce en un contexto de marcada tensión bilateral: Cuba figura nuevamente en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 2021, y el bloqueo económico —cuyo impacto el gobierno cubano estimó en más de 15.000 millones de dólares en daños durante el último año contable— sigue siendo el principal punto de fricción entre ambos países ante instancias internacionales, incluida la Asamblea General de la ONU, que votó por trigésima segunda vez consecutiva en 2023 a favor de su levantamiento.

Ante la acusación, Díaz-Canel apeló a la trayectoria política y personal de Raúl Castro —quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano Fidel— como «escudo moral» frente a lo que calificó de intento de menoscabar su figura histórica. El gobierno cubano no ha indicado si presentará alguna respuesta formal ante organismos internacionales, ni si convocará al encargado de negocios estadounidense en La Habana —rango diplomático vigente desde la ruptura de relaciones consulares en 2017— para protestar por la acción judicial.

Tres semanas de bloqueos, cuatro muertos y desabastecimiento en La Paz marcan la peor crisis política de Bolivia en cuatro décadas. El presidente descartó dimitir, pero anunció cambios de gabinete bajo una presión social que no cede.

La Paz, 20 de mayo de 2026.- Bolivia cumple tres semanas de movilizaciones sostenidas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos callejeros y una marcha multitudinaria que llegó este lunes a La Paz desde el altiplano. La coalición opositora —campesinos indígenas, mineros, maestros y sindicatos— mantiene como demanda única e innegociable la renuncia del mandatario, quien asumió en noviembre de 2025 tras 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El detonante inmediato fue la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre pasado, medida que disparó una inflación interanual del 14% a abril, la más alta desde los años 80. Pero los reclamos se fueron acumulando: aumento salarial insuficiente, escasez de divisas y una reforma agraria rechazada en el campo. El 6 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) y varios sindicatos firmaron un pacto formal para exigir la dimisión de Paz, transformando protestas sectoriales en una crisis política abierta.

El movimiento que presiona al gobierno es plural y heterogéneo. Lo integran la COB —el mayor sindicato nacional—, la Federación de Campesinos Túpac Katari, los Ponchos Rojos (milicia campesina aymara del altiplano) y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, quien articuló una marcha desde Caracollo hasta la capital. El gobierno señala a Morales como el cerebro político detrás de la movilización —algo que él niega— en un momento en que el exmandatario enfrenta una segunda orden de captura por un proceso de trata de personas.

El punto más álgido ocurrió el lunes 18 de mayo, cuando miles de manifestantes intentaron tomar la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno. La policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos durante horas, se registraron saqueos a edificios públicos y un vehículo policial fue incendiado. Los enfrentamientos dejaron al menos cuatro muertos en el conjunto de las protestas y decenas de heridos. El Palacio resistió blindado por cordones militares y policiales, pero la imagen de la sede del poder asediada marcó un punto de no retorno en la crisis.

Este miércoles 20 de mayo, Paz reapareció públicamente tras casi una semana de silencio para descartar su renuncia —»estaré cinco años para reordenar el país», declaró— y anunciar una remodelación del gabinete con inclusión de representantes sociales y la creación de un Consejo Económico y Social. La oposición en las calles rechazó el ofrecimiento: los líderes de la protesta calificaron los anuncios de insuficientes y ratificaron su exigencia de dimisión. Su propio vicepresidente, Edmand Lara, se declaró abiertamente opositor al gobierno y llamó a continuar las movilizaciones.

La crisis tiene lecturas encontradas en la región. Washington, a través del secretario Marco Rubio, respaldó a Paz y calificó las protestas de intento desestabilizador. El presidente colombiano Gustavo Petro las llamó «insurrección popular», lo que derivó en la expulsión de la embajadora colombiana de La Paz. Dentro del país, el Comité Pro Santa Cruz —bastión del oriente boliviano— denunció lo que consideró un «golpe en marcha» contra el gobierno electo. La fractura es profunda: parte del movimiento que llevó a Paz al poder siente que traicionó sus expectativas de un gobierno moderado de transición.

A mediano plazo, el escenario más probable es el de un gobierno que sobrevive políticamente pero pierde capacidad de gobernar. La falta de mayoría legislativa, la fragmentación de su base social y una economía sin reservas de divisas reducen los márgenes de maniobra del ejecutivo. El movimiento opositor, por su parte, también enfrenta su propia prueba: sostener la presión callejera sin los sectores que ya negociaron salida con el gobierno —mineros cooperativistas de Potosí y parte del magisterio— y sin que la figura de Morales, con causas judiciales pendientes, se convierta en un lastre para la legitimidad de las protestas.

El movimiento estudiantil frente al gobierno de Kast, una historia de veinte años

Las imágenes vuelven a ser las mismas: uniformes escolares en la Alameda, carros lanzaaguas, gases lacrimógenos, pancartas que reclaman educación gratuita. En marzo y mayo de 2026, miles de estudiantes secundarios y universitarios chilenos salieron a las calles de Santiago para enfrentarse al nuevo gobierno de José Antonio Kast, quien a apenas semanas de asumir ordenó un recorte del 3% al presupuesto de todos los ministerios —incluyendo Educación, que perdió 247 millones de dólares— y anunció la intención de limitar la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años. Para quienes conocen la historia reciente de Chile, la escena no es nueva: es el mismo conflicto de siempre, librado por una nueva generación, contra un gobierno que vuelve a apostar por la misma lógica de mercado que los estudiantes chilenos llevan dos décadas rechazando.

La raíz histórica del conflicto no nace en 2026, ni siquiera en 2019. Se hunde en el modelo educativo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80, que privatizó el sistema escolar, lo municipalizó sin recursos y entregó la educación superior a las leyes del mercado. Fue contra esa herencia que estalló en mayo y junio de 2006 la llamada Revolución Pingüina: la mayor protesta estudiantil de la historia de Chile hasta entonces, protagonizada por secundarios con uniforme —apodados «pingüinos»— que el 7 de junio de ese año pusieron en las calles a más de un millón de personas, con medio millar de liceos paralizados en todo el país. Sus demandas incluían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza —herencia directa de la dictadura— y la gratuidad del acceso a la universidad. Lograron la PSU gratuita, la derogación de esa ley y la aprobación de la Ley General de Educación, aunque el modelo de fondo siguió intacto. Sembraron, sin saberlo, el terreno para los ciclos que vendrían.

Cinco años después, en 2011, el movimiento estudiantil chileno alcanzó su cúspide histórica. Bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera —ironía del destino, también un presidente de derecha con agenda de austeridad— universitarios y secundarios confluyeron en un ciclo de movilizaciones que duró meses y sacudió las bases del sistema político. La consigna que unía a todos era simple y contundente: «Educación gratuita y de calidad». Al frente, una joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, se convirtió en el personaje del año en Chile, con mayor popularidad que el propio presidente Piñera. Junto a ella, líderes como Gabriel Boric —entonces presidente de la FECH— forjaron su identidad política en las calles. El movimiento no obtuvo la gratuidad inmediata, pero instaló definitivamente la educación como derecho social en la conciencia colectiva chilena y deslegitimó el modelo neoliberal ante una mayoría ciudadana.

Ese ciclo de movilizaciones sembró la semilla del estallido social de octubre de 2019, el evento político más disruptivo de Chile desde el fin de la dictadura. Lo que comenzó como una protesta de secundarios por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro de Santiago —el mismo gesto que evoca hoy el «mochilazo»— se convirtió en semanas en la mayor revuelta social del país en décadas. El diagnóstico era el acumulado de 30 años: pensiones insuficientes, salud precaria, educación cara y desigual, y un modelo económico que concentraba la riqueza mientras precarizaba la vida de la mayoría. Más de un millón de personas marcharon el 25 de octubre de 2019 en Santiago. El estallido forzó un acuerdo político para abrir un proceso constituyente, y llevó, dos años después, al triunfo electoral de Gabriel Boric —el mismo líder estudiantil de 2011— con el 55,8% de los votos en segunda vuelta. El movimiento estudiantil había producido un presidente.

El gobierno de Boric (2022–2026) intentó cristalizar parte de esas demandas históricas, pero la profundidad de los cambios fue limitada. Los dos procesos constituyentes fracasaron: el primer texto fue rechazado en septiembre de 2022 con el 62% de los votos; el segundo fue repudiado en diciembre de 2023. La ciudadanía, según el PNUD, percibía que las transformaciones prometidas no se habían concretado, y el descontento social acumulado —agravado por el alza en la delincuencia y la migración irregular— catapultó a Kast a la presidencia en diciembre de 2025 con el 58% de los votos. El péndulo político chileno había girado bruscamente a la derecha. Pero el movimiento estudiantil, que construyó sus fuerzas durante cuatro décadas de neoliberalismo, no desapareció con el cambio de gobierno: esperaba.

La respuesta no tardó. En marzo de 2026, a solas dos semanas de su asunción, Kast anunció su «Plan de Reconstrucción Nacional»: recortes generalizados, posible limitación de la gratuidad universitaria por edad, eliminación de Becas Chile y endurecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). La CONFECH y la ACES convocaron al «mochilazo estudiantil», y miles de jóvenes volvieron a ocupar la Alameda. Carabineros respondió con lanzaaguas y gases lacrimógenos; organismos de derechos humanos denunciaron «represión desproporcionada». La segunda ola, en mayo de 2026, fue aún mayor. El resultado fue una primera victoria concreta: el gobierno retrocedió y descartó la limitación de gratuidad por edad, reconociendo especialmente el impacto que la medida tendría sobre mujeres que postergan sus estudios por la maternidad. También tuvo que dar marcha atrás en la eliminación de apoyos alimentarios a estudiantes vulnerables. En apenas dos meses, la aprobación de Kast cayó del 60% obtenido en las urnas a menos del 40%, y realizó el cambio de gabinete más temprano desde el retorno a la democracia.

El ciclo que hoy se vive en Chile no es, en rigor, una crisis educativa aislada: es el capítulo más reciente de una disputa de veinte años entre un modelo que concibe la educación como un bien de mercado y un movimiento social que la defiende como un derecho fundamental. Cada vez que un gobierno de derecha intenta recortar o mercantilizar la educación, el movimiento estudiantil responde con organización y calle. Y cada vez que lo hace, extrae concesiones, acumula experiencia política y forma a una nueva generación de líderes. Camila Vallejo hoy es ministra retirada; Gabriel Boric fue presidente. El próximo nombre que emerge de estas calles podría protagonizar la política chilena del 2030. La pregunta para Kast no es solo si puede aprobar su «Ley Miscelánea» en un Congreso fragmentado, ni si puede cumplir su promesa de llevar el crecimiento al 4%. La pregunta más profunda es si un gobierno que llegó al poder prometiendo no tocar los derechos sociales puede sostener una agenda de austeridad ante un movimiento estudiantil que lleva veinte años demostrando que sabe exactamente cómo hacerle perder.