Bogotá, 16 de agosto de 2026.- Un video de la visita del presidente colombiano Abelardo de la Espriella al municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, desató una nueva controversia en medio de la tragedia provocada por el terremoto del 10 de agosto. En las imágenes se escucha a un hombre decir “manos arriba, manos arriba” segundos antes de que el mandatario descienda de su vehículo y sea recibido por un grupo de personas.

La escena fue interpretada por sectores de la oposición y usuarios de redes sociales como una posible puesta en escena para mostrar respaldo popular al presidente. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia concluyente que permita afirmar que el recibimiento haya sido preparado. Incluso otro video, difundido desde un ángulo diferente por la Alcaldía de El Cairo, muestra la llegada del mandatario y la presencia de un grupo numeroso de habitantes.

El episodio resulta especialmente sensible porque De la Espriella enfrenta su primera gran crisis de gobierno apenas días después de asumir el poder. El terremoto de magnitud 7,4 dejó cientos de muertos, miles de heridos y una enorme destrucción en el occidente colombiano, obligando al nuevo mandatario a desplazar a su gabinete hacia las zonas más afectadas.

La controversia política no se limita al video. El nuevo gobierno ha sido cuestionado por no haber realizado un proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro, lo que provocó que Javier Pava, funcionario que había sido designado durante el gobierno anterior, permaneciera al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando ocurrió el terremoto.

La situación se complicó por la polémica sobre la ayuda internacional. Pava envió una comunicación a la Cancillería en la que señaló inicialmente que no era necesario activar equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate, argumentando que Colombia disponía de capacidades nacionales suficientes. Posteriormente defendió su actuación y sostuvo que sí se evaluaron y aceptaron determinados ofrecimientos internacionales.

La discusión tampoco significa que Colombia haya rechazado toda cooperación extranjera. México, por ejemplo, envió seis vuelos con 58 toneladas de alimentos, cuatro toneladas de insumos médicos y 2.562 despensas. Perú también movilizó ayuda y anunció el envío de rescatistas, mientras otros países ofrecieron equipos y suministros.

El punto más cuestionado fue la demora y las condiciones para aceptar equipos internacionales especializados en rescate, en momentos en que las primeras 72 horas eran consideradas críticas para encontrar sobrevivientes. La controversia aumentó después de que la ONU confirmara que el 11 de agosto todavía no había recibido una solicitud oficial de asistencia de Bogotá.

Mientras la discusión política crece, la dimensión de la tragedia sigue siendo enorme. Al 15 de agosto, la UNGRD reportaba 289 fallecidos, 143 desaparecidos, 3.937 heridos y más de 54.300 familias afectadas, además de 14.705 viviendas destruidas en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

El video de El Cairo, por tanto, abre una pregunta incómoda sobre la comunicación política de un gobierno que enfrenta su primera emergencia nacional: ¿se trata de un recibimiento espontáneo o de una escena preparada para proyectar respaldo al presidente? Por ahora, lo comprobado es que la frase “manos arriba” quedó registrada antes de su aparición y que la escena generó cuestionamientos; demostrar que hubo montaje requeriría evidencia adicional.

Lima, 15 de agosto de 2026.- La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el fuerte sismo de magnitud 7,7 registrado frente a la isla de Flores, en Indonesia. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis mantiene el monitoreo permanente del evento.

El terremoto ocurrió durante las primeras horas del sábado 15 de agosto y tuvo su epicentro a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una profundidad cercana a los 15 kilómetros.

El movimiento sísmico generó inicialmente una alerta de tsunami en sectores de Indonesia. Sin embargo, esta fue levantada aproximadamente tres horas después, luego de registrarse olas inferiores a un metro en algunas zonas del país asiático.

El terremoto sí provocó daños en Indonesia. Reportes posteriores informaron de personas fallecidas y heridas, además de derrumbes, deslizamientos, cortes de electricidad y evacuaciones preventivas. Unos 2.000 habitantes de Nagekeo fueron evacuados de sus viviendas ante el riesgo generado por las réplicas y las condiciones de las edificaciones.

Para el Perú, sin embargo, el escenario es distinto. Tras evaluar los parámetros del terremoto, la Dirección de Hidrografía y Navegación determinó que el evento no genera tsunami en el litoral peruano, por lo que no existe una alerta para las costas nacionales.

La vigilancia está a cargo del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, que tiene la misión de analizar y monitorear los grandes eventos sísmicos que puedan representar una amenaza para el litoral peruano. El sistema permanece operativo para evaluar cualquier variación que pudiera modificar el escenario inicialmente establecido.

La diferencia entre la magnitud de un terremoto y la posibilidad de que genere un tsunami es importante. No todo sismo fuerte produce este fenómeno: también influyen su ubicación, profundidad, mecanismo y el desplazamiento del fondo marino. Por ello, la evaluación técnica de los organismos especializados resulta determinante antes de emitir una alerta.

El terremoto ocurrido en Indonesia vuelve a recordar la importancia de mantener activos los sistemas de vigilancia y alerta temprana en un país como el Perú, ubicado en una zona de elevada actividad sísmica. La población debe atender únicamente los comunicados de las autoridades competentes y evitar difundir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

Hasta el momento, el sismo de magnitud 7,7 registrado en Indonesia no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano. La Marina de Guerra mantiene el monitoreo a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación y comunicará cualquier modificación en la evaluación oficial.

Pucallpa, 14 de agosto de 2026.- La huelga regional en Ucayali continúa, afirmó el Frente de Defensa del Departamento de Ucayali (FREDEU), al rechazar el comunicado mediante el cual representantes del transporte terrestre y fluvial anunciaron una tregua de 15 días y la reanudación de sus labores.

El FREDEU cuestionó que representantes de un solo sector pretendan presentar su decisión como el levantamiento de una medida convocada por la plataforma regional. El frente sostuvo que los dirigentes del transporte pueden decidir sobre la participación de su propio gremio, pero no hablar en nombre del FREDEU, de sus bases ni de toda la región.

La controversia deja así un escenario dividido: mientras el sector transporte optó por una tregua, el FREDEU sostiene que la huelga regional no ha sido levantada. “Una decisión sectorial no levanta una huelga regional”, es el argumento central del pronunciamiento difundido este 14 de agosto.

El frente de defensa también rechazó que la tregua de 15 días pueda convertirse automáticamente en un “levantamiento oficial” de toda la protesta. Para el FREDEU, cualquier decisión sobre la continuidad o conclusión de la medida debe respetar sus instancias organizativas y la voluntad de sus bases.

La posición del FREDEU se produce después de varios días de paralización regional y del retiro de representantes del transporte, una situación que modifica la capacidad de presión de la protesta, pero que, según el frente, no pone fin a sus demandas ni a la medida regional.

El dirigente que suscribe el documento, Eler Guillermo Romayna Silva, figura en documentación pública anterior como secretario general del FREDEU. El Congreso de la República y la Corte Superior de Justicia de Ucayali han registrado previamente esa condición en documentos institucionales.

El FREDEU reclama ahora la presencia de una comisión de alto nivel de las autoridades nacionales, con participación de representantes del Congreso, para instalar un diálogo directo con el frente y sus bases y encontrar soluciones concretas a las demandas de Ucayali.

El desenlace dependerá de lo que decidan las bases del FREDEU y de la respuesta que dé el Gobierno. La tregua del transporte puede reducir la presión en las calles, pero no resuelve por sí misma la controversia ni las demandas que dieron origen a la protesta.

Por ahora, el mensaje del FREDEU es contundente: el transporte puede haber acordado una tregua, pero el frente sostiene que la huelga regional continúa. La disputa por quién puede levantar una medida que compromete a toda una región abre un nuevo capítulo de la protesta en Ucayali.