Puno, 12 de noviembre de 2025 – Dirigentes de organizaciones populares de Puno declararon “persona no grata” al presidente interino José Jerí y anunciaron que bloquearán su ingreso a la región durante su gira nacional, iniciada el 11 de noviembre en Huánuco. “No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”, afirmó un representante de las comunidades quechuas y aymaras, en rechazo a la gestión de Jerí, a quien acusan de perpetuar el continuismo político y proteger la impunidad por las muertes en las protestas de 2022-2023. La región, epicentro de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte, exige justicia y avances en demandas como el hospital regional de Juliaca.

Las organizaciones puneñas confirmaron su participación en la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z para los días 14 y 15 de noviembre, en un paro descentralizado que busca la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. En Puno, las protestas iniciarán a las 8:00 a.m. en las plazas principales, sumándose a regiones como Lima, Arequipa y Lambayeque. La marcha también denunciará la reciente expulsión del embajador mexicano y la declaración de “no grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum, vista como una violación de tratados internacionales.

Analistas advierten que la gira de Jerí, que busca “escuchar necesidades” y fortalecer la descentralización, podría escalar tensiones en el sur, donde la desaprobación al gobierno interino crece. Mientras Jerí defiende su recorrido como un esfuerzo por “no gobernar desde Lima”, las comunidades de Puno, aún marcadas por el luto de las protestas pasadas, demandan resultados concretos en seguridad, salud y justicia. La Policía Nacional anunció un amplio operativo para las marchas, instando a evitar enfrentamientos, en un contexto de alta polarización a meses de las elecciones de 2026.

Lima, 12 de noviembre de 2025 – El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública por el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, concluirá este 14 de noviembre con la emisión de la sentencia, según informó el Poder Judicial. El proceso, iniciado el 4 de marzo de 2025 en el penal de Barbadillo, ha sido liderado por la jueza Norma Carbajal y el tribunal colegiado integrado por los magistrados José Neyra e Iván Guerrero. La Fiscalía, representada por José Domingo Pérez, solicita 34 años de prisión y una reparación civil de más de S/64 millones, mientras Castillo califica el juicio como una “persecución política”.

En más de 70 sesiones, el proceso ha enfrentado incidentes como pedidos de nulidad, cambios de abogados y protestas de simpatizantes en regiones como Ayacucho y Cajamarca. Castillo, quien ha rechazado la legitimidad del tribunal, prescindió de sus defensores privados y es representado actualmente por un abogado público. La Fiscalía ha ratificado su acusación, sustentando que las pruebas demuestran la intención de Castillo de alterar el orden constitucional. Por su parte, la defensa ha insistido en la falta de imparcialidad judicial, mientras el expresidente mantiene su narrativa de victimización ante un supuesto complot político.

La sentencia, que podrá ser apelada, marcará un hito en la crisis política peruana y tendrá implicancias directas en la candidatura de Castillo al Senado por #JuntosPorElPerú para las elecciones de 2026. Una condena firme lo inhabilitaría para cargos públicos, en medio de un contexto de polarización y manifestaciones. El fallo también llega mientras el Congreso evalúa una inhabilitación adicional, lo que podría cerrar definitivamente las aspiraciones políticas del exmandatario.

Lima, 10 de noviembre de 2025.- Brucelee Bermudo Guerra, conocido como «Bruce Lee Bermudo» y señalado por la DEA como un operador clave en el envío de cocaína desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) hacia el Cártel de Sinaloa, fue liberado este domingo por una jueza de Bagua, en Amazonas. La magistrada Lorena Sandoval determinó que no existían elementos suficientes para dictar prisión preventiva, a pesar de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Bermudo, de 40 años y originario del distrito de Sivia en Ayacucho, fue detenido el 27 de octubre en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la agencia antidrogas estadounidense.

El Tribunal del Distrito Este de Texas acusa a Bermudo de coordinar el traslado de hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde el VRAEM hacia México, con destinos finales en ciudades como Chicago, Baltimore y Detroit. Según el expediente judicial, la red del imputado involucra rutas terrestres a través de Ecuador y Bolivia, con evidencia basada en interceptaciones telefónicas, testimonios de colaboradores eficaces mexicanos y decomisos recientes, como 1.400 kilos de droga en Puente Piedra (Lima) en noviembre de 2024. Antes de su captura, Bermudo mantenía una vida pública activa en Ayacucho, donde postuló como alcalde de Sivia en las elecciones de 2022 por el Movimiento Regional Wari Llaqta, compartiendo escenarios con el actual gobernador regional, Wilfredo Oscorima, y la vicegobernadora Tania Vila.

La liberación de Bermudo ha generado cuestionamientos sobre la influencia de redes políticas en el VRAEM, zona que produce cerca del 40% de la cocaína peruana. Oscorima, recientemente afiliado a Alianza para el Progreso (APP), y Vila no han emitido declaraciones sobre sus vínculos electorales con el ex candidato, los cuales se limitan a la campaña de 2022. La fiscalía ha anunciado apelaciones al fallo, mientras el proceso de extradición continúa en curso. Autoridades peruanas y estadounidenses reiteran su compromiso contra el narcotráfico transnacional, en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de actividades ilícitas en la política regional.