Lima, 9 de noviembre de 2025 – El expresidente Martín Vizcarra reaccionó con firmeza a la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de excluirlo como candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Perú Primero para las elecciones generales de 2026. La medida se basa en la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso en 2020, tras su destitución por «incapacidad moral permanente». En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, Vizcarra aseguró: «Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos», y anunció que asumirá el rol de jefe de campaña de su partido, liderado por su hermano Mario Vizcarra.

La exclusión de Vizcarra ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con más de 1.400 likes y cientos de comentarios en X, donde sus seguidores lo respaldan como víctima de una «arbitrariedad» política, mientras críticos cuestionan su insistencia en participar en política pese a las acusaciones de irregularidades durante su mandato. Perú Primero ajustó su fórmula presidencial, manteniendo a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia, con Carlos Illanes Calderón y Judith Mendoza Díaz como primer y segunda vicepresidencia, respectivamente. Además, el expresidente afirmó que su equipo legal ha presentado recursos ante la ONPE y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos electorales.

El pronunciamiento de Vizcarra reaviva el debate sobre las inhabilitaciones políticas en Perú y su impacto en el derecho a la participación electoral. Mientras el país se prepara para las elecciones de 2026, la figura del expresidente sigue polarizando a la opinión pública, consolidándolo como un actor clave en la escena política nacional. Su rol como jefe de campaña promete mantenerlo en el centro de la contienda, mientras se espera la resolución de los recursos legales presentados.

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho ha logrado que se disponga el inicio del juicio oral contra los exmilitares Wilfredo Mori Orzo, Said Amand Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes por su presunta responsabilidad en el delito de crimen de lesa humanidad en la modalidad de asesinato, ocurrido en marzo de 1985 en la zona de Chungui, provincia de La Mar (Ayacucho). Según la imputación fiscal, los acusados actuaron como autores mediatos al ordenar la detención y ejecución extrajudicial de una familia conformada por un padre, una madre y sus cuatro hijos —de edades de 1, 7, 9 y 11 años—, sin orden judicial y tras sindicaciones por presunta colaboración con la organización subversiva Sendero Luminoso.

Las víctimas fueron trasladadas a la base militar de Chungui, donde, según la acusación, se les ejecutó mediante disparos de arma de fuego en la cabeza, a pesar de encontrarse en absoluta indefensión. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa ubicada aproximadamente a 190 metros de la base, en la quebrada de Chuschihuaycco.

En su momento, familiares y sobrevivientes denunciaron que esa práctica respondía a una política represiva sistemática diseñada desde altos mandos militares para eliminar presuntos enemigos del Estado, argumentación que la Fiscalía pone en el centro de su acusación.

Para los deudos de la familia y otros habitantes de Chungui la decisión de llevar el caso a juicio oral representa un paso fundamental hacia la justicia. El engranaje procesal avanza luego de décadas de impunidad, y los familiares han expresado que esperan que la instancia garantice “verdad, justicia y reparación” integral. Ahora el caso está programado para su trámite ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual deberá examinar la prueba documental, pericial y testimonial sobre la imputación.

En un hito para el distrito más populoso del Callao, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.º 10874, impulsado por la congresista ayacuchana Margot Palacios, que propone la creación de la Universidad Nacional de Ventanilla. Esta iniciativa, que beneficiará a más de 28 mil jóvenes que egresan anualmente del quinto de secundaria, despierta una renovada esperanza entre los pobladores, quienes ven en esta futura institución una oportunidad para acceder a educación superior de calidad sin alejarse de sus hogares. La noticia ha generado entusiasmo en las autoridades municipales y en las calles de Ventanilla, donde familias y estudiantes de nivel secundaria vislumbran un futuro con mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional.

La aprobación del dictamen es un paso crucial, por lo que, la congresista Palacios ha instado al Pleno del Congreso a agendar cuanto antes el debate y votación de la ley. La creación de esta universidad no solo responde a una demanda histórica de la juventud ventanillense, sino que también promete impulsar el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo carreras alineadas con las necesidades locales, como ingenierías, ciencias de la salud y administración. En un distrito donde la falta de acceso a la educación superior ha sido una barrera constante, esta iniciativa representa un faro de esperanza para miles de familias que sueñan con un mejor porvenir para sus hijos.

El distrito de Ventanilla, conocido por su espíritu de progreso, ha recibido la noticia con optimismo, pero también con expectativa. Estudiantes como María Quispe, de 17 años, expresan su emoción: “Siempre soñé con estudiar en una universidad, pero el costo y la distancia eran un problema. Ahora siento que sí puedo lograrlo”. La congresista Palacios, firme en su compromiso con la educación pública superior, ha reiterado su llamado a los legisladores para que prioricen este proyecto en el Pleno, asegurando que “la educación es el motor del cambio para nuestra juventud”. Con el apoyo ciudadano y de sus colegas, Ventanilla está más cerca de contar con una universidad que transforme vidas y fortalezca el tejido social del distrito.