Arequipa, 21 de octubre de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha dado luz verde a la explotación del controvertido proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Copper Corporation, mediante la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM emitida el 13 de octubre. Esta autorización permite el inicio de actividades extractivas en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, con una inversión estimada en US$ 1.800 millones y una producción anual de 120 mil toneladas de cobre. Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas entre los agricultores del Valle del Tambo, quienes ven en esta aprobación una amenaza inminente para su principal sustento: la agricultura. Tras más de 15 años de protestas y paralizaciones, la noticia ha reavivado el fantasma de conflictos sociales que costaron vidas en 2019, centrados en el temor a la contaminación de los recursos hídricos esenciales para el cultivo de arroz, caña de azúcar y páprika.

El Valle del Tambo, conocido como la «huerta de Arequipa», depende casi en su totalidad del río Tambo y sus acuíferos aluviales, que aportan hasta el 100% del caudal durante la época de estiaje. Los agricultores denuncian que la proximidad del proyecto —a solo 800 metros de la cuenca del río— podría generar una sobreexplotación y contaminación del agua, agravando problemas ya existentes por operaciones mineras cercanas como Quellaveco y Aruntani. Estudios independientes y demandas de amparo presentadas en marzo de 2025 destacan riesgos como el aumento de sólidos suspendidos, cloruros, arsénico y plomo en el agua, lo que limitaría la productividad agrícola y pondría en jaque la seguridad alimentaria de miles de familias. «Nuestra tierra es fértil gracias al agua limpia; si la mina la envenena, perdemos todo», advierte Miguel Meza, vocero de los productores locales, quien cuestiona la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014 y caducado desde 2019.

Ante esta autorización, las comunidades agrícolas han convocado asambleas urgentes para definir una «medida de lucha» indefinida, incluyendo paros que podrían interrumpir la cosecha de papa y otros productos clave. Voceros como Roger Chirapo exigen una consulta previa real y la revocación de la resolución, argumentando que el proyecto carece de licencia social y viola el derecho a un ambiente sano. Mientras el MINEM insiste en que no hay conexión hidrogeológica entre las minas y el acuífero del valle, las organizaciones ambientales llaman a una fiscalización estricta por parte de OEFA y Senace. El Valle del Tambo, con su producción que abastece mercados regionales y nacionales, se prepara para una batalla que podría definir no solo su economía, sino el modelo de desarrollo sostenible en el sur del país.

Lima, 11 de octubre de 2025. Un voraz incendio de código 3 se desató esta tarde en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, en la zona de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores, al sur de la capital. Según reportes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el fuego consumió al menos 100 viviendas en un área de tres cuadras, dejando a cientos de personas damnificadas. El siniestro, que inició alrededor de las 5:30 p.m., se propagó rápidamente debido a la densidad de construcciones precarias y condiciones climáticas adversas, obligando a la evacuación de familias enteras que salvaron lo que pudieron de sus pertenencias.

Más de 20 unidades de bomberos, apoyadas por drones con sensores térmicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), trabajaron intensamente durante horas para confinar y extinguir las llamas, evitando una propagación mayor. La Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la zona para facilitar el acceso de vehículos de emergencia y recomendó a los vecinos evitar el área. Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta cuatro heridos leves por inhalación de humo y quemaduras superficiales, quienes fueron atendidos en hospitales cercanos como el María Auxiliadora y de Villa El Salvador. No se registran fallecidos, pero las autoridades estiman que alrededor de 300 personas resultaron afectadas directamente.

En respuesta al desastre, el presidente José Jerí se presentó en el lugar para supervisar las labores junto al premier Eduardo Arana y coordinar un despliegue multisectorial que incluye albergues temporales en el estadio IPD de San Juan de Miraflores, provisión de bienes humanitarios por la Municipalidad de Lima y evaluación de daños en instituciones educativas cercanas por el Ministerio de Educación (Minedu). No obstante, ante la magnitud de la tragedia, se invoca al Gobierno central y local a intensificar el apoyo oportuno con subsidios de emergencia, reconstrucción acelerada y asistencia psicológica para las víctimas, garantizando que ninguna familia quede desamparada en este momento crítico.

Lima, 19 de septiembre de 2025 – La Generación Z en Perú ha organizado nuevas movilizaciones para este 20 y 21 de septiembre en Lima y diversas provincias, en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República. El principal detonante es la Ley N.º 32123, promulgada recientemente, que establece la afiliación obligatoria a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mayores de 18 años, incluso sin empleo estable, lo que ha sido calificado por los manifestantes como una medida que precariza a la juventud en un contexto de desempleo juvenil que alcanza el 15% según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las protestas, convocadas a partir de las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín de Lima y con réplicas en regiones como Arequipa, Huancayo y otras, también denuncian corrupción, inseguridad ciudadana y represión policial, recordando las más de 50 muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022-2023. Organizados a través de redes sociales como TikTok y Discord, los jóvenes se inspiran en las recientes protestas en Nepal, donde movilizaciones similares llevaron a la caída del gobierno tras una represión que dejó al menos 21 fallecidos.

La respuesta del gobierno ha incluido declaraciones de la presidenta Boluarte, quien el 10 de septiembre describió las protestas como un «caos» innecesario, y la declaración de estado de emergencia en varias regiones. En marchas previas del 13 y 14 de septiembre, se reportaron incidentes con uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de la Policía Nacional, lo que generó heridos y detenciones.

Aunque el Ejecutivo y el Congreso han anunciado ajustes parciales a la reforma previsional, los manifestantes insisten en su derogación total, así como en el fin de escándalos como los «mochasueldos» en el Parlamento y los audios del exministro de Justicia Juan José Santiváñez. El Congreso, con bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Perú Libre, ha sido criticado por proteger a Boluarte de investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Sindicatos como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y gremios de transportistas se han sumado a las convocatorias, ampliando el apoyo a las demandas juveniles.

Estas manifestaciones podrían representar un momento clave en la crisis política peruana, con una organización descentralizada que aprovecha las redes sociales para coordinar acciones a nivel nacional. Sin embargo, analistas advierten sobre los riesgos de escalada, dada la polarización y la historia de represión en protestas anteriores. Los organizadores, como colectivos ciudadanos y voces independientes, enfatizan la necesidad de un diálogo genuino para abordar temas como la corrupción y la inseguridad, en lugar de medidas represivas.

Con miles de participantes esperados, las autoridades han recomendado precauciones, mientras la sociedad civil llama a manifestaciones pacíficas para evitar un escenario similar al de Nepal, donde las protestas derivaron en violencia y cambios drásticos en el poder. Las calles de Perú este fin de semana serán el escenario para medir la fuerza de este movimiento juvenil.