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Agricultura

Pobladores de Melgar exigen al Gobierno acción inmediata ante grave crisis ambiental en la cuenca del río Llallimayo

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Puno, julio de 2025. La provincia de Melgar, en la región Puno, vive una crisis ambiental de graves proporciones debido a la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, la única fuente de agua para las comunidades rurales de la zona. Frente a la inacción del Ejecutivo, pobladores de distintos distritos realizaron esta semana una movilización pacífica en la ciudad de Puno para exigir la ejecución de los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la declaratoria de emergencia ambiental.

Los manifestantes, encabezados por autoridades locales y dirigentes comunales, señalaron que la contaminación —atribuida a los pasivos mineros de la empresa Aruntani S.A.C.— ha provocado un incremento alarmante en la mortandad de animales, así como la pérdida de cultivos y forraje, pilares de la economía agropecuaria en la provincia.

“El agua que consumen nuestras familias y nuestros animales tiene niveles de acidez altísimos. Esto está matando lentamente nuestra ganadería y nuestra salud”, denunció Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo.

El alcalde de Melgar, Russell Nilver Mamani, confirmó que los 61 millones de soles comprometidos por el Ejecutivo para la remediación ambiental aún no han sido ejecutados, pese a haberse anunciado hace varios años. “El gobierno nos ha fallado. Nos prometen soluciones pero no hacen nada. La situación es insostenible”, afirmó.

La protesta también se motivó por la inexplicable ausencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes habían sido convocados a una reunión con los dirigentes comunales para abordar la emergencia. Ante ello, las organizaciones otorgaron un **plazo de cinco días hábiles** para que las autoridades nacionales se trasladen a la provincia de Melgar y sostengan un diálogo en territorio.

Si el gobierno no atiende sus demandas retomarán las protestas dentro de cinco días

De no obtener respuesta, las comunidades han advertido que retomarán una protesta indefinida a fin de visibilizar la situación y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones.

La cuenca del Llallimayo —ubicada en la zona altoandina de Puno— ha sido afectada durante más de una década por residuos mineros que han contaminado el agua, el suelo y los ecosistemas. Las consecuencias han sido devastadoras: pérdidas económicas irreparables, retroceso en la producción agropecuaria y riesgos crecientes para la salud pública.

Durante la movilización, los pobladores también exigieron la reactivación inmediata de la mesa técnica de la cuenca Llallimayo, que permanece inoperativa, así como un cronograma claro para la ejecución del proyecto de remediación ambiental. “No pedimos limosnas, exigimos justicia ambiental y respeto a nuestros derechos”, enfatizó uno de los dirigentes.

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Congreso avanza con inhabilitación de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

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Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.

El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.

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Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

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Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.

El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.

La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.

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Agricultura

Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

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La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.

El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.

Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.

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