Economía
Exigimos la renuncia del directorio de Petroperú

El Directorio de Petroperú presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera la empresa, señalando que requería 2,200 millones de dólares adicionales para su reflotamiento y planteando la necesidad de una «gestión privada» de la empresa estatal. Esta propuesta generó preocupaciones sobre una posible privatización encubierta.
En el Portal institucional de Petroperú se publicaron cinco informes que fueron elaborados por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam, el cual tenía como objetivo reforzar la gobernanza, sostenibilidad financiera y las operaciones a nivel nacional de la compañía, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 023-2022.
Los informes, fueron aprobados por el Directorio y presentados a la Junta General de Accionistas en julio de 2023, así mismo en el mismo espacio virtual están publicadas las acciones de restructuración que aprobó el Directorio de la empresa y que supuestamente se ejecutarían durante el presente año, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 004-2024. (https://petroperu.com.pe/transparencia/plan-de-reestructuracion/)

Entonces ¿Qué paso?
El Directorio de Petro Perú publicó un sorpresivo y alarmante comunicado bajo un informe de la consultora Arthur D. Little/Columbus; planteando la instalación de una administración privada como “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”
El directorio parece tener una visión sesgada y desfavorable hacia la empresa estatal, buscando potencialmente su «remate» a empresas privadas, regalando activos y subsidiando posibles pérdidas.
Por su parte el gobierno, a través del portavoz presidencial, desestimó categóricamente la propuesta de gestión privada y ha asegurado que Petroperú no será privatizada.
Frente a los hechos, por la transparencia de los hechos, el Directorio pleno de Petroperú debe renunciar renuncie debido a su concepto sesgado sobre la empresa estatal y su enfoque limitado, que no considera aspectos cruciales como la seguridad energética.
Ante estos hechos presentados, el directorio de Petroperú ha perdido la confianza del gobierno y su propuesta de gestión privada ha generado dudas sobre sus intenciones. Por lo tanto, se puede argumentar que, en aras de la transparencia y para restablecer la confianza en la empresa estatal, el directorio completo debería renunciar y permitir un nuevo liderazgo que aborde los desafíos de Petroperú desde una perspectiva más equilibrada y acorde con los intereses nacionales.
El Silencio del Gobierno ante una Propuesta Polémica
El directorio de Petroperú presentó el pasado 8 de mayo un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera de la empresa estatal, proponiendo una «gestión privada» como la mejor opción para hacer frente a la crisis. Esta propuesta generó inmediatas sospechas de una posible privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
A pesar de la gravedad de la propuesta y las preocupaciones que suscitó, el gobierno guardó un preocupante silencio durante casi una semana. No fue hasta el 14 de mayo que el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, salió a desestimar categóricamente la propuesta de gestión privada, asegurando que Petroperú no sería privatizada.
Este prolongado silencio por parte del Ejecutivo es inaceptable y genera dudas sobre la transparencia y la defensa de los intereses nacionales en torno a este tema crucial. ¿Acaso el gobierno estaba considerando seriamente la propuesta del directorio? ¿Qué motivó esta demora en tomar una posición clara frente a una iniciativa que amenazaba con entregar un activo estratégico a manos privadas?
Es fundamental que el gobierno brinde una explicación detallada a la ciudadanía sobre los hechos que rodearon esta polémica propuesta. ¿Qué llevó al directorio a plantear esta opción tan controversial? ¿Se realizaron los análisis adecuados para proteger los intereses nacionales? ¿Existieron influencias externas o conflictos de intereses que pudieron haber sesgado la decisión?
Además, el gobierno debe aclarar su posición sobre el futuro de Petroperú y cómo abordará los desafíos financieros y operativos de la empresa sin comprometer su carácter estatal y su importancia estratégica para el país.
La ciudadanía merece respuestas claras y transparencia absoluta en un tema tan sensible como este. El silencio inicial del gobierno y la falta de una estrategia definida para Petroperú solo alimentan la desconfianza y las sospechas sobre posibles intereses ocultos.
Es momento de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y renueve totalmente el Directorio de Petroperú afín de garantizar que los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú serán salvaguardados en cualquier decisión sobre el futuro de Petroperú.
Actualidad
Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.
Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.
La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.
Actualidad
El atentado contra Rafael Belaúnde Llosa destapa la cara oculta del “capitalismo popular” de los Belaúnde

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.
Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.
Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.
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Fuerza Popular y aliados promueven pensión vitalicia para Dina Boluarte

Lima, 2 de diciembre de 2025.– A menos de dos meses de ser vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte podría recibir una pensión vitalicia de hasta 35 mil soles mensuales gracias al respaldo de Fuerza Popular y sectores de la derecha parlamentaria que, durante su gestión, fueron sus principales socios para reprimir las protestas que dejaron 49 civiles muertos y cientos de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El pedido, presentado apenas diez días después de su salida del poder, avanza en el Congreso con la venia del fujimorismo, que controla la Mesa Directiva a través de Fernando Rospigliosi.
El mismo partido que en 2022 celebró la caída de Pedro Castillo y avaló el estado de emergencia que facilitó la masacre de manifestantes en Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, ahora defiende que Boluarte “fue elegida constitucionalmente” y merece el privilegio, ignorando que nunca ganó una elección como presidenta y que su gobierno fue sostenido con balas y decretos represivos. Voces como la del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) insisten en que “a todo expresidente se le debe dar pensión”, mientras callan sobre las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH y Amnistía Internacional.
La indignación ciudadana crece en redes y calles ante lo que muchos califican como el colmo del cinismo: quienes ayer aplaudieron la represión hoy pretenden premiar a su autora con dinero público. Organizaciones de víctimas y familiares de los fallecidos en las protestas anunciaron movilizaciones para los próximos días, exigiendo que el Pleno rechace la pensión y que, en su lugar, se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de Boluarte y sus aliados naranja. El debate se verá esta semana y definirá, una vez más, si el Congreso está del lado de los peruanos o de quienes los asesinaron para aferrarse al poder.
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