La congresista Margot Palacios Huamán, no agrupada, presentó el Proyecto de Ley N° 11385/2024-CR el pasado 30 de mayo, proponiendo un octavo retiro de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/26,750, de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hoy, durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, Palacios defendió la iniciativa destacando la necesidad de proteger los intereses de los afiliados frente a las restricciones impuestas por la reciente reforma previsional (Ley N° 32123). La congresista criticó la mala administración de las AFP, señalando que, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas han generado pérdidas económicas significativas para los aportantes en los últimos 20 años.

Palacios argumentó que el retiro de fondos es una medida urgente para aliviar la crisis económica que enfrentan millones de peruanos, en un contexto de pobreza monetaria que afecta al 29% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En su exposición, la legisladora enfatizó que el dinero pertenece a los trabajadores y debe estar disponible para cubrir necesidades inmediatas, como salud, educación y alimentación. Además, cuestionó la legitimidad del sistema previsional actual, afirmando que “ha perdido credibilidad” debido a las bajas pensiones que reciben los afiliados, muchas de las cuales no superan los S/600 tras décadas de aportes.

El proyecto de Palacios, que busca superar los límites establecidos por la reforma previsional, se suma a otras 24 iniciativas similares en debate en la Comisión de Economía, que este 17 de septiembre aprobó por mayoría un dictamen para autorizar un retiro de hasta 4 UIT (S/21,400). Aunque el respaldo del Ejecutivo y la presión ciudadana fortalecen la viabilidad de estas propuestas, el BCRP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierten que un nuevo retiro podría dejar a 8.6 millones de afiliados sin fondos para su jubilación, agravando el riesgo de pobreza en la vejez. El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se espera un intenso debate antes de su posible aprobación.

Miles de jóvenes se movilizaron este sábado en el Cercado de Lima para exigir la derogación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, conocida como “Ley AFP”, promulgada en septiembre de 2024 bajo el número Ley N.º 32123, según el Diario Oficial El Peruano. La concentración principal tuvo lugar en la Plaza San Martín desde las 9:00 a.m., convocada por la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP (ANAEA-AFP) y diversos colectivos ciudadanos.

Los manifestantes, en su mayoría menores de 35 años, denunciaron que la norma favorece a las Administradoras de Fondos de Pensiones en desmedro de los aportantes, al prohibir retiros parciales o totales de los fondos previsionales salvo en casos excepcionales. En declaraciones a la prensa, los organizadores recordaron que actualmente existen 19 proyectos de ley en el Congreso de la República para autorizar un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21.400), medida que consideran necesaria frente a la crisis económica.

La movilización avanzó por la avenida Abancay rumbo al Congreso, pero fue contenida por un fuerte cordón policial. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), se registraron enfrentamientos en los que se emplearon gases lacrimógenos y vehículos motorizados para dispersar a la multitud. Varios jóvenes fueron detenidos y un manifestante sufrió convulsiones, siendo atendido en el lugar por brigadas de primeros auxilios.

A pesar de la represión, los participantes mantuvieron sus demandas con pancartas y cánticos como “Nuestra plata, nuestro derecho”. “No queremos que las AFP sigan lucrando con nuestro dinero”, declaró a los medios Carla Gómez, una joven de 24 años.

La protesta no se limitó a Lima. De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, se replicaron marchas en Piura, Trujillo y Puno, mostrando que el rechazo a la norma se extiende a nivel nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró en un comunicado que nuevos retiros afectarían la sostenibilidad del sistema previsional y la estabilidad macroeconómica del país.

La Ley N.º 32123 fue impulsada por Fuerza Popular y recibió el respaldo de sus congresistas, así como de bancadas aliadas de derecha y centro, que sumaron sus votos en la Comisión Permanente y en el Pleno para asegurar su aprobación. Analistas políticos señalan que este bloque parlamentario, junto con el Ejecutivo de Dina Boluarte, consolidó una alianza que priorizó la protección del sistema privado de pensiones y de las AFP por encima de las demandas ciudadanas.

En esa misma línea, el Gobierno profundizó la aplicación de la norma mediante el Decreto Supremo N.º 189-2025-EF, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aprobó el Reglamento de la Ley 32123 y dio paso a la implementación del denominado Sistema Integral Previsional Peruano. Para los manifestantes, esta reglamentación confirma la voluntad del régimen de institucionalizar un modelo que consideran excluyente e injusto.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el 11 de septiembre de 2025, con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509 presentada contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
La denuncia, formulada por el ex Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, acusaba a Boluarte y a seis exministros – Pedro Miguel Angulo Arana; Luis Alberto Otárola Peñaranda; César Augusto Cervantes Cárdenas; Jorge Luis Chávez Cresta; Víctor Eduardo Rojas Herrera; y Vicente Romero Fernández- de supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual.

El informe detalla que estos hechos ocurrieron durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con un saldo oficial -según el contenido de la denuncia- de 49 personas fallecidas y 250 heridas. El documento fue sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En su exposición, sostuvo que no existen “elementos probatorios irrefutables” que permitan acreditar que los denunciados emplearon la estructura estatal con la intención de causar muertes o lesiones, ni un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados dañosos.

Entre los críticos del informe, la congresista Margot Palacios manifestó que este habría sido elaborado de manera apresurada, con el propósito de impedir que el Ministerio Público profundice la investigación y sancione a Dina Boluarte y sus ministros de Estado. Otros legisladores también cuestionaron que la decisión del Congreso retrase cualquier posibilidad de judicialización hasta después del término del mandato presidencial actual.

Con esta votación, el Congreso archiva formalmente el camino parlamentario para acusar constitucionalmente a Boluarte por estos hechos, aunque el Ministerio Público puede continuar con sus investigaciones enviando eventualmente cargos si encuentra mérito.