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Nuevo paro de transportistas frente a la inseguridad y inacción del Gobierno

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El paro de transportistas en Perú, que se inició el 10 de octubre y reunió a diversos sectores afectados por la extorsión, ha dejado en evidencia una de las mayores crisis de seguridad que atraviesa el país. La protesta, que inicialmente parecía tomar un respiro con la suspensión anunciada por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha escalado tras la cancelación del diálogo con el Congreso.

Ahora, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú anunció este domingo la convocatoria a un paro nacional para el próximo 12 de noviembre a raíz de la crisis de seguridad que afronta el país. Mientras Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que este lunes 14 de octubre no habrá ningún paro de transportistas, pero reiteró la intención de su gremio de convocar a un paro nacional con fecha aún por definir juntamente con otros gremios a nivel nacional, a la que se podrían unir otros sectores sociales descontentos en el país.

El reclamo central del sector transporte, que agrupa a conductores de buses, taxis, mototaxis, y pequeños comerciantes, gira en torno a la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, que, según ellos, solo benefician a delincuentes. Estas leyes, afirman, han retrasado las investigaciones y allanamientos, favoreciendo la expansión del crimen organizado que asfixia a los sectores más vulnerables.

Pero detrás de esta convocatoria no solo hay una demanda jurídica. Se trata de una respuesta desesperada a la creciente inseguridad que enfrenta el país. El paro refleja la desesperación de ciudadanos que, sintiéndose desprotegidos, han decidido hacer frente a la delincuencia de manera activa, al tiempo que cuestionan la capacidad del gobierno de Dina Boluarte para garantizar lo más básico: la seguridad ciudadana.

Nuevo paro de transportistas amenaza paralizar Lima y Callao

La raíz del conflicto: la democratización del crimen organizado

Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es lo que varios expertos han calificado como la «democratización de la extorsión». Juan De la Puente, politólogo y abogado, analiza el fenómeno como un cambio cualitativo en la naturaleza del crimen organizado en el Perú. Ya no se trata únicamente de grandes bandas, sino de una miríada de pequeñas células delictivas que operan a nivel familiar y barrial. Este «emprendimiento delictivo» ha superado la capacidad del Estado para enfrentarlo de manera efectiva, sobrecargando al sistema de seguridad.

«La incapacidad del gobierno para desentrañar la naturaleza de estas redes criminales ha convertido al crimen en una especie de «pyme de la extorsión», que afecta directamente a transportistas, pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie», señaló De la Puente en una reciente entrevista. Esto, sumado a economías ilegales como el contrabando y la minería informal, ha generado una sobrecarga para las fuerzas de seguridad.

Un Congreso que legisla para el crimen

La desconfianza en el Poder Legislativo es otro de los motores detrás de las protestas. Los gremios acusan al Congreso de aprobar leyes que favorecen a mafias y extorsionadores, con la excusa de mejorar la seguridad. Según Campos, “las medidas tomadas por el Congreso no solo son ineficaces, sino que facilitan el avance del crimen organizado”. La Ley 32108 y otras normativas recientes han sido duramente criticadas por su supuesta protección a los investigados, lo que refuerza la sensación de que las autoridades están más interesadas en blindar sus propios intereses que en proteger a la ciudadanía.

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, fue categórica en su crítica al Congreso: «Vivimos en una organización criminal y el brazo legal está dado por el Congreso». Para Ledesma, la incapacidad del Ejecutivo y la complicidad del Legislativo son factores clave que explican el colapso de la seguridad en el país.

El Gobierno y el Congreso se muestran renuentes atender las demandas planteadas por los gremios de transportistas.

Una crisis sin salida inmediata

Aunque la movilización de los transportistas se perfila como un llamado urgente a la acción por parte del Estado, las perspectivas de una solución inmediata parecen lejanas. El diálogo entre el Ejecutivo y los gremios se ha roto, y las próximas movilizaciones prometen ser más intensas, con fechas clave en octubre y noviembre. En el norte del país, ciudades como Trujillo se preparan para una movilización el 22 de octubre, mientras que Lima y el resto del país se sumarán el 31 de octubre.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno que ya enfrenta múltiples crisis. Las protestas revelan un descontento profundo y transversal en la sociedad peruana, que ya no confía en las instituciones para ofrecer soluciones efectivas. La criminalización de la protesta, como lo sugiere el proyecto de «terrorismo urbano», solo ha exacerbado la tensión, lo que podría derivar en un ciclo de paros continuos que desgasten aún más la ya frágil estructura política del país.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y con él, la expectativa de un cambio que detenga esta espiral de violencia e inseguridad que azota a Perú.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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