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La contrabandista

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Por Jaime Chihuala

El Perú se encuentra sumido en un escándalo político de gran magnitud que involucra a la máxima autoridad del país, la presidenta Dina Boluarte. Las acusaciones giran en torno al denominado «Caso Rolex», en el cual se investiga la presunta comisión de delitos como el cohecho pasivo impropio y el enriquecimiento ilícito por parte de la mandataria.

Según los informes, Boluarte habría recibido costosos relojes y joyas de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en circunstancias que apuntan a un posible intercambio de favores o beneficios indebidos. Las declaraciones contradictorias de ambos funcionarios y los intentos por ocultar la verdadera procedencia de estos obsequios han generado desconfianza y malestar en la ciudadanía.

A los cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones de documentos y cohecho pasivo impropio, hoy se suma una nueva denuncia contra Dina Boluarte, por el supuesto delito de cómplice del delito aduanero de contrabando.
El programa dominical Panorama del 5.5.2024 (1), accedió en exclusiva a un documento fiscal que revela que uno de los relojes Rolex que usó la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue comprado en Estados Unidos por Wilfredo Oscorima Loja, hijo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez.

Según este informe Oscorima Loja realizó la compra del exclusivo reloj Rolex modelo 126284RBR el pasado 07 de septiembre del 2023, a través de la tienda virtual Jomashop, con sede en Brooklyn, valorizado en 26 mil 215 dólares, cuyo pago se hizo por transferencia bancaria.

Tras su compra, a pedido expreso del adquiriente, el reloj fue trasladado a al hotel “Aloft”, ubicado cerca al aeropuerto de Miami, donde fue recogido por Fritz Hinostroza Oscorima, sobrino del gobernador de Ayacucho, quien ingresó el Rolex al Perú.

RÓLEX NO HABRÍA SIDO DECLARADO

La Unidad de Investigación de Panorama buscó en los archivos de Aduanas, la declaración de esta prenda suntuaria ingresada por Fritz Hinostroza, pero esta no existe. Si el sobrino de Wilfredo Oscorima, ingresó esta prenda sin declararla ante Aduanas/SUNAT, es decir: subrepticiamente, habría cometido el delito de contrabando, que está penado con cárcel.

Según la Ley de los Delitos aduaneros, en el capitulo1-Contrabando, señala que: “Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco o mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, siempre que el valor de las mercancías sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas.”

El literal a) del artículo 1 de esta norma menciona que comete delito de contrabando quien “…interna mercancías del extranjero al territorio nacional sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero”.

Así, el acápite “e” del mismo capitulo señala, quien “Consume, almacena, dispone o utiliza las mercancías durante el traslado, autorizado por la Administración aduanera, de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico u otra acción de control aduanero, sin el pago previo de los tributos gravámenes”.

Esta supuesta flagrancia por parte del sobrino de Oscorima, se encuentra tipificado como delito de contrabando que arrastra no solo al sobrino Fritz Hinostroza (extrae), sino también a Wilfredo Oscorima Núñez (dispone o utiliza) y Dina Boluarte (utiliza la mercancía).

También, el Artículo 6°de esta ley señala: “El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. ()” Y el Capitulo VII sobre Circunstancias Agravantes, en su Artículo 10, inciso “b” señala: “Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas conferidas por delegación del Estado.”

¿SE BURLARON LOS CONTROLES DE LA SUNAT?

Lo cierto es que, conocidos los hechos, la Sunat/Aduanas debió ordenar una investigación por la evasión del control aduanero, el pago de impuestos de los tributos correspondientes por las prendas suntuarias, su confiscación y las denuncias correspondientes.

La entidad administradora de tributos y aduanas tiene conocimiento inequívoco del oficio enviado por la Congresista Margot Palacios Huamán con fecha 16 de abril al Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Sr. Gerardo López Gonzales, donde se le solicita un informe sobre la declaración de mercancías adquiridas en el extranjero en los últimos tres años de por los ciudadanos Wilfredo Oscorima Núñez y Fritz Hinostroza Oscorima, en base a un reportaje televisivo donde se señala que los relojes Rolex, habrían ingresado al país, sin declararlas ante la Sunat, incurriendo en los presuntos delitos de Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana en agravios de Estado, tipificado en los artículos 1°,3°, y 4° de la Ley N°28008 de los Delitos Aduaneros.

Es lamentable que en pleno siglo XXI, cuando la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales de la gestión pública, nos encontremos con casos tan graves de presunta corrupción que involucran a las más altas esferas del poder. El «Caso Rolex» representa una afrenta a los valores democráticos y al Estado de derecho que debe imperar en una nación.

Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos hechos y que, de comprobarse las acusaciones, se apliquen las sanciones correspondientes sin contemplaciones ni distinciones. La corrupción es un cáncer que corroe los cimientos de cualquier sociedad y debe ser erradicada sin miramientos. Ningún funcionario público, independientemente de su rango o poder, puede estar por encima de la ley. Como ciudadanos, tenemos el deber de condenar enérgicamente estos actos y exigir rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Solo así podremos construir una sociedad más justa, transparente y digna para las presentes y futuras generaciones.

(1) (https://www.youtube.com/watch?v=xXhA_HbkseE)

(*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012 .

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Éxodo masivo en Gaza: Respuesta internacional insuficiente ante acusaciones de genocidio

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La ofensiva israelí en Gaza, intensificada desde octubre de 2023, ha provocado un desplazamiento forzado de 1.9 millones de palestinos, el 90% de la población, según la ONU. Órdenes de evacuación, como la del 6 de octubre de 2024, han empujado a miles hacia zonas superpobladas como Al-Mawasi, sin acceso a refugio, agua o alimentos. Organismos como Amnistía Internacional denuncian estas evacuaciones como transferencias forzosas, un crimen de guerra, y acusan a Israel de imponer condiciones de vida que constituyen genocidio, según un informe de la ONU que identifica cuatro de los cinco actos genocidas de la Convención de 1948.

Países como Qatar, con $1,300 millones invertidos desde 2012, y Alemania, con 70 millones de euros en 2025 para proyectos de agua, han intentado aliviar la crisis, pero el bloqueo israelí, que desde marzo de 2025 impide la entrada de ayuda, ha frustrado estos esfuerzos. La UNRWA, que alberga a 148,000 desplazados en 116 refugios, no ha recibido suministros en cinco meses, mientras UNICEF lucha por proveer agua y apoyo a niños desplazados. La falta de acceso humanitario ha llevado a una hambruna generalizada, con 1,373 muertos cerca de sitios de distribución de alimentos desde mayo de 2025, según la ONU.

La comunidad internacional enfrenta críticas por su inacción. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado tres veces desde 2024 que Israel facilite ayuda humanitaria, pero estas órdenes son ignoradas, según Human Rights Watch. Expertos como Francesca Albanese instan a sanciones y embargos de armas, argumentando que la inacción perpetúa un “genocidio en tiempo real”. Mientras miles de palestinos huyen sin destino seguro, la comunidad global debe actuar urgentemente para garantizar el retorno de los desplazados y detener la catástrofe humanitaria.

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Pérdidas económicas por bloqueos de acceso a Ollantaytambo y Machu Picchu

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El acceso a Machu Picchu permanece suspendido debido a bloqueos en la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, iniciados el 14 de septiembre. Las empresas PeruRail y Ferrocarril Transandino detuvieron sus operaciones por seguridad ante obstrucciones con piedras, árboles y excavaciones no autorizadas en el sector de Qoriwayrachina, afectando a cientos de turistas nacionales y extranjeros.

El conflicto surge tras el cambio en la concesión del servicio de buses entre Aguas Calientes y la ciudadela, pasando de Consettur Machupicchu S.A.C. a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó protestas de pobladores y gremios.

Algunos turistas han sido evacuados mediante operaciones coordinadas, mientras otros han usado plataformas artesanales para trasladarse. La Defensoría del Pueblo informó que los bloqueos se suspendieron temporalmente hasta las 08:00 horas del 17 de septiembre para facilitar el traslado de los afectados.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y autoridades locales acordaron un plan de contingencia para resolver la logística del transporte en un plazo de cinco días a partir del 19 de septiembre. Los visitantes pueden reprogramar entradas o solicitar reembolsos, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El impacto económico se estima en más de S/ 2 millones diarios, afectando a miles de negocios turísticos en la región.

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Economía

Congresista Margot Palacios impulsa nuevo retiro de AFPs y derogatoria de la Ley 32123

Redactor

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La congresista Margot Palacios Huamán, no agrupada, presentó el Proyecto de Ley N° 11385/2024-CR el pasado 30 de mayo, proponiendo un octavo retiro de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/26,750, de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hoy, durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, Palacios defendió la iniciativa destacando la necesidad de proteger los intereses de los afiliados frente a las restricciones impuestas por la reciente reforma previsional (Ley N° 32123). La congresista criticó la mala administración de las AFP, señalando que, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas han generado pérdidas económicas significativas para los aportantes en los últimos 20 años.

Palacios argumentó que el retiro de fondos es una medida urgente para aliviar la crisis económica que enfrentan millones de peruanos, en un contexto de pobreza monetaria que afecta al 29% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En su exposición, la legisladora enfatizó que el dinero pertenece a los trabajadores y debe estar disponible para cubrir necesidades inmediatas, como salud, educación y alimentación. Además, cuestionó la legitimidad del sistema previsional actual, afirmando que “ha perdido credibilidad” debido a las bajas pensiones que reciben los afiliados, muchas de las cuales no superan los S/600 tras décadas de aportes.

El proyecto de Palacios, que busca superar los límites establecidos por la reforma previsional, se suma a otras 24 iniciativas similares en debate en la Comisión de Economía, que este 17 de septiembre aprobó por mayoría un dictamen para autorizar un retiro de hasta 4 UIT (S/21,400). Aunque el respaldo del Ejecutivo y la presión ciudadana fortalecen la viabilidad de estas propuestas, el BCRP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierten que un nuevo retiro podría dejar a 8.6 millones de afiliados sin fondos para su jubilación, agravando el riesgo de pobreza en la vejez. El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se espera un intenso debate antes de su posible aprobación.

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