Lima, 16 de enero de 2026 – Cientos de motociclistas se concentraron esta tarde en la emblemática Plaza San Martín, en el corazón del Centro Histórico de Lima, como parte de una manifestación pacífica pero enérgica contra las nuevas medidas regulatorias anunciadas por el Gobierno. La movilización, convocada por diversas asociaciones del gremio, incluyó una marcha que partió de puntos como el Campo de Marte y avanzó hacia el centro de la capital, generando importante congestión vehicular en avenidas principales. Los participantes, en su mayoría repartidores, trabajadores independientes y conductores informales, expresaron su rechazo a lo que consideran medidas discriminatorias que afectan su principal fuente de ingresos.

El foco principal de las demandas es el rechazo al decreto supremo anunciado recientemente por el Ejecutivo, que busca prohibir nuevamente el transporte de más de un acompañante en motocicletas (limitando a conductor + un pasajero). Voceros del sector, como representantes de colectivos similares a los que lideraron protestas en 2025, argumentaron que esta restricción vulnera sus derechos laborales y económicos. “Para el Estado soy un ciudadano de segunda categoría. Pago mis impuestos, pero me discriminan y criminalizan mi herramienta de trabajo”, señaló un dirigente en declaraciones recogidas durante la concentración. Los manifestantes recordaron que, aunque la delincuencia utiliza motos en algunos casos, la solución no debe recaer en estigmatizar a todo el gremio.

Otro punto recurrente en los reclamos es la persistencia de normas anteriores, como el uso obligatorio de chalecos reflectantes con número de placa (vigente en Lima y Callao), que ya generó múltiples marchas en 2025. Los motociclistas insisten en que estas disposiciones no han demostrado efectividad real para reducir la inseguridad, sino que solo generan incomodidad, discriminación y perjuicio económico. “El chaleco nos marca como posibles delincuentes, pero los robos siguen ocurriendo igual”, afirmaron varios participantes, quienes exigen diálogo directo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Interior para revisar y derogar estas regulaciones.

La protesta transcurrió de manera pacífica, con fuerte presencia policial resguardando el perímetro de la Plaza San Martín y las vías aledañas. No se reportaron incidentes de violencia ni enfrentamientos, aunque sí una notable afectación al tránsito en el Cercado de Lima durante varias horas. Organizaciones como las que agrupan a repartidores y mototaxistas anunciaron que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, podrían escalar las acciones con movilizaciones nacionales similares a las de mayo y abril del año pasado.

Los motociclistas, que representan una parte esencial de la movilidad urbana en Lima (con un parque vehicular estimado en cientos de miles de unidades solo en la capital), reiteraron su llamado al Gobierno para que priorice medidas integrales de seguridad vial y ciudadana en lugar de restricciones que impactan directamente en la economía de miles de familias. La Plaza San Martín, símbolo histórico de luchas sociales, volvió a ser escenario de estas voces que demandan ser escuchadas.

Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.

Piura, 13 de enero 2026.- Talara se erigió este 13 de enero como el punto de partida de una ola de protestas contra el Decreto de Urgencia N° 010-2025, promulgado el 31 de diciembre por el gobierno interino de José Jerí. La norma permite la reorganización patrimonial de Petroperú, dividiendo sus activos en bloques independientes y facilitando su transferencia a operadores privados mediante ProInversión, con la Nueva Refinería de Talara —una de las infraestructuras más modernas de América Latina y con vida útil proyectada de 70 años— como activo estrella en la mira.

La congresista Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú, candidata al Senado con el número 8) encabeza la convocatoria nacional, calificando la medida como una «privatización encubierta» y una amenaza a la soberanía energética. Su experiencia al frente de la comisión que investigó el derrame de Repsol en 2022 -donde se determinó responsabilidad de la transnacional y se impulsaron normas pendientes de resarcimiento y descontaminación- refuerza su argumento: entregar activos estratégicos a privados podría replicar vulnerabilidades ambientales y sociales vistas en el litoral del mar peruano.

El decreto responde a supuesta crisis financiera de Petroperú, que el Ejecutivo presenta como indispensable para evitar el colapso y asegurar el abastecimiento en zonas remotas. No obstante, sindicatos como la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros lo tildan de «descuartizamiento» de la empresa, anunciando plantones desde el 14 de enero en Lima y regiones, más un paro nacional de 72 horas a partir del 19, acciones que se desencadenan luego del anuncio de movilización de la parlamentaria Palacios en año nuevo.

En el Congreso ya circulan al menos cuatro proyectos de ley para derogar el decreto, impulsados por bancadas progresistas y de izquierda, incluido uno presentado por Palacios. A meses de las elecciones generales de abril 2026, la resistencia en Talara refleja un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, el control de precios de combustibles y la soberanía nacional, cuyo desenlace dependerá de la intensidad de la presión social y la respuesta política en las próximas semanas.