Sociedad
Familiares de Víctimas del Régimen de Dina Boluarte Anuncian Protesta Nacional

Los familiares y allegados de las víctimas de las protestas que siguieron a la destitución del ex presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte en 2022 han convocado una nueva movilización para el 1 de mayo en Lima. A través de un video que circula en redes sociales, la agrupación social ha expresado sus demandas, que incluyen la renuncia de Dina Boluarte, la clausura del Congreso, la garantía de derechos laborales y salarios justos, así como la exigencia de sanciones para los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo.
«La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de la Masacre 2022-2023 convoca a una movilización en la capital para el 1 de mayo. Nuestra plataforma de lucha es el respeto a los derechos humanos, a la vida, al derecho a la protesta, la reunión pacífica y libertad de expresión», declaró un representante de la agrupación.
Además, el vocero destacó que las protestas, programadas para coincidir con el Día del Trabajador, tienen como objetivo central la reivindicación de derechos laborales con salarios justos que permitan una vida digna para todos los peruanos.
El pasado 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los miembros de la asociación de víctimas y heridos por acciones de las Fuerzas Armadas en las protestas contra Dina Boluarte en Puno realizaron una conferencia de prensa titulada «Ninguna mujer con Dina Boluarte». Durante este evento, los participantes exigieron justicia por las muertes ocurridas durante las manifestaciones. «La señora Dina no es una mujer, es una roca, porque no tiene sentimientos y ordenó la muerte de muchas víctimas», afirmó un dirigente de esta asociación.
Hace un mes, las organizaciones de familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2022 y 2023 lograron unirse en una organización nacional. El próximo 1 de mayo protagonizarán su primera movilización nacional en Lima, demandando justicia y castigo para los responsables de las muertes y heridos.

El secretario de esta organización, Óscar Gonzáles, padre del adolescente Jhonatan Tello Claudio, asesinado en diciembre de 2022 en el puente Pichanaqui, explicó que su principal demanda es que las investigaciones del Ministerio Público avancen con mayor celeridad.
Gonzáles se quejó de que, por ejemplo, en el caso de Pichanaqui, las indagaciones no hayan logrado identificar a los responsables de los disparos contra su hijo ni de las otras víctimas, una situación que se repite en todas las ciudades donde se produjeron las muertes por la represión policial o de las fuerzas armadas: Ayacucho, Puno, Juliaca, Pichanaqui, Arequipa y Cusco.
Fuente: Webs y redes de noticias
Actualidad
Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.
La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.
Actualidad
Gobierno de José Jerí activa estado de emergencia contra la criminalidad en Lima y Callao

Lima, 21 de octubre de 2025 – En un breve pero impactante mensaje a la Nación, el presidente José Jerí anunció esta noche la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, efectiva desde la medianoche de hoy. La medida, formalizada mediante el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM y aprobada en una maratónica sesión del Consejo de Ministros, busca confrontar de manera frontal la escalada de violencia e inseguridad que azota a la capital y el principal puerto del país. «Pasamos de la defensiva a la ofensiva contra el crimen, para recuperar la paz y la confianza de millones de peruanos», enfatizó Jerí en su alocución de apenas 46 segundos desde el Palacio de Gobierno.
La emergencia, que regirá por 30 días, asigna a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control absoluto del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas. Según el decreto publicado en El Peruano, se priorizarán intervenciones en zonas críticas basadas en inteligencia policial, mapas del delito y estadísticas de criminalidad, limitando temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal. Aunque no se detallaron controles específicos como un posible toque de queda –medida que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no descartó–, el Ejecutivo convocará sesiones permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y comités locales para monitorear el impacto. Esta iniciativa surge en medio de protestas recientes contra el Gobierno y el Congreso, donde el fallecimiento del joven Eduardo Ruiz a manos de un efectivo policial en la Plaza Francia ha avivado el clamor por mayor seguridad.
La ciudadanía limeña recibe con cautela esta nueva ofensiva gubernamental, recordando ediciones previas de estados de emergencia que, bajo gestiones pasadas, generaron críticas por su escaso efecto duradero. Expertos en seguridad consultados por Pulso27 advierten que el éxito dependerá de la implementación efectiva de recursos y la coordinación interinstitucional, más allá de las restricciones. Mientras tanto, el presidente Jerí, quien asumió el cargo interino el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, busca con esta medida consolidar su agenda de estabilización en un Perú polarizado. Actualizaciones sobre autorizaciones para actividades esenciales y zonas de alto riesgo se esperan en las próximas horas desde el Ministerio del Interior.
Actualidad
Transportistas paralizan Lima y Callao en un «paro seco» histórico: Exigen fin a la ola de extorsiones y asesinatos

Lima, 6 de octubre de 2025 – Desde las 00:00 horas de hoy, el rugido de los motores se apagó en Lima y Callao. La Cámara Internacional del Transporte (CIT) y más de 460 empresas de transporte público ejecutaron un paro seco nacional, dejando al 90% de los buses urbanos fuera de circulación. Este cese total, bautizado como el “apagón de motores”, responde a la imparable ola de inseguridad que azota al sector: extorsiones, amenazas por celular y el reciente asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso en San Juan de Miraflores.
La medida, que paralizó la movilidad de millones de ciudadanos, es un grito desesperado contra la impunidad. “No podemos seguir enterrando choferes ni pagando cupos a mafias. El gobierno mira para otro lado mientras nosotros ponemos los muertos”, denunció Martín Ojeda, vocero de la CIT, desde un piquete en la avenida Abancay. Según la Coordinadora de Transporte Urbano, en 2024 se registraron más de 200 asesinatos de transportistas, y en 2025 la cifra ya supera el 30% de incremento respecto al año anterior.
El paro, descrito como “seco” por su carácter pacífico –sin bloqueos ni enfrentamientos–, generó un impacto devastador en la capital. Miles de pasajeros abarrotaron paraderos, mientras taxis y aplicativos de transporte colapsaron por la demanda. En algunos distritos, como Comas y San Martín de Porres, se reportaron pinchazos de llantas a buses que intentaron operar, aunque los gremios niegan responsabilidad. “Queremos soluciones, no violencia. Pero no nos dejan otra salida”, afirmó Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas.
El Ministerio del Interior desplegó 3.000 agentes para evitar desmanes, mientras el gobierno de Dina Boluarte anunció el bloqueo de 1.5 millones de líneas telefónicas usadas para extorsiones. Sin embargo, los transportistas califican estas medidas como “parches insuficientes”. Exigen un estado de emergencia en el sector, patrullajes permanentes, cámaras de seguridad en buses y la derogatoria de leyes que, según ellos, “protegen a los criminales”.
Este no es el primer paro del sector. En 1977, los transportistas marcaron un hito con un cese nacional contra la crisis económica. Hoy, 48 años después, la lucha es por la vida misma. Las mafias, vinculadas al crimen organizado y a redes transnacionales como el Tren de Aragua, han convertido a los choferes en blanco de sicariato y extorsión. “Pagamos S/ 500 semanales para trabajar. Si no pagas, te matan. Así no se puede vivir”, relató un cobrador anónimo en Villa El Salvador.
El impacto económico del paro se estima en más de S/ 230 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Colegios suspendieron clases, mercados reportaron desabastecimiento parcial y el comercio informal aprovechó para subir tarifas. Pese al caos, un 68% de limeños apoya la protesta, según una encuesta de Datum Internacional, reflejando el hartazgo colectivo ante la inseguridad . ¿Respuesta del gobierno? La presidenta Boluarte prometió “respuestas potentes” y una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, pero su gestión enfrenta críticas por su lentitud. El ministro Carlos Malaver calificó el paro como “un golpe al ciudadano común” y pidió “paciencia” mientras se implementa un grupo élite contra extorsiones.
Al cierre de esta nota, el paro se levantó parcialmente tras negociaciones, pero la tensión persiste. Los transportistas han dado un ultimátum: “Sin seguridad, no hay transporte”. Mientras las calles de Lima recuperan su ritmo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?.
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