Lima, 5 de octubre de 2025. — Cientos de jóvenes salieron a las calles del centro de Lima el sábado 4 y domingo 5 de octubre convocados por el colectivo Generación Z, un movimiento juvenil que denuncia la corrupción estructural, la impunidad y la represión que pesan sobre el país. Las movilizaciones, autoconvocadas a través de redes sociales, expresaron el hartazgo de una generación que no se siente representada por el Congreso ni por el gobierno de Dina Boluarte.

La concentración principal se realizó el sábado en la Plaza San Martín, desde donde los manifestantes marcharon hacia el Congreso de la República, en medio de un fuerte despliegue policial. Con pancartas, tambores y símbolos de la cultura popular —la “Z” pintada en los rostros y la bandera pirata de One Piece—, los jóvenes exigieron el fin de la impunidad, justicia por las víctimas de la represión de 2022 y 2023, y una renovación completa del sistema político. “No tenemos miedo, tenemos memoria”, se escuchó corear durante la marcha.

Aunque la protesta transcurrió de manera pacífica, organizaciones de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó que el joven músico Rumi, integrante de un colectivo de sikuris, resultó herido por un proyectil metálico que se alojó en su cadera, presuntamente disparado por efectivos policiales. La CNDDHH exigió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar el hecho y denunció que agentes intentaron retener el celular del herido y manipular la evidencia del proyectil extraído.

El domingo, las movilizaciones continuaron en menor número, pero con una marcada presencia cultural. Colectivos feministas, universitarios y artísticos convirtieron la Plaza San Martín en un espacio de expresión libre, con música, poesía y performances que reafirmaron su rechazo a la represión estatal y al silencio institucional. Las consignas apuntaron también contra los grandes medios, acusados de minimizar la protesta juvenil.

El movimiento Generación Z, nacido de las redes sociales y de la frustración colectiva ante la corrupción y la violencia policial, se consolida así como una nueva fuerza ciudadana, sin jerarquías ni partidos, que irrumpe con creatividad, humor y determinación. Su mensaje es directo: la juventud no callará ante la injusticia, la mentira ni el miedo.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, el Perú no ha dejado de protestar. En el interior del país —Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Huancavelica y Junín— la indignación se ha convertido en un clamor permanente. Las movilizaciones, que comenzaron con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, dejaron más de 50 muertos y 1.400 heridos entre 2022 y 2023, según Amnistía Internacional.

En Puno, la llamada “Masacre de Juliaca” del 9 de enero de 2023, donde 18 manifestantes fueron asesinados por disparos policiales, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el grito de “Dina asesina” resuena en plazas y marchas. En Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, la represión en Huamanga dejó heridos y detenidos, mientras en Andahuaylas, Apurímac, se reportaron más de 50 lesionados. Estas regiones, donde Pedro Castillo obtuvo más del 80% de respaldo en 2021, hoy concentran el rechazo más alto a Boluarte, cuya desaprobación alcanzó el 92% en 2024 según Datum.

Durante 2023, las protestas se extendieron con la “Tercera Toma de Lima”, que reunió a miles de delegaciones del sur y centro andino. En Cusco, la toma del aeropuerto Velasco Astete dejó heridos, mientras en Arequipa y Moquegua los bloqueos afectaron el transporte y la minería. Las manifestaciones, articuladas por gremios como el Sutep y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, no solo exigían la renuncia presidencial, sino una nueva Constitución que devuelva representatividad al país profundo.

El rechazo también se trasladó a los ministros. En octubre de 2024, en Lurigancho-Chosica, Boluarte y el ministro de Salud, César Vásquez, fueron abucheados durante una inauguración escolar. En Huaycán, Morgan Quero, ministro de Educación, recibió huevos y piedras tras calificar de “ratas” a las víctimas de las protestas, lo que derivó en una investigación fiscal. En Huancavelica, en junio de 2025, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, enfrentó pifias en un acto público, y en Arequipa, en julio, manifestantes atacaron un vehículo oficial.

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su ineficacia ante la inseguridad en marzo de 2025, fue abucheado en actos policiales. En Loreto, las protestas mineras de julio de 2025 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejaron cuatro heridos y denunciaron el abandono del Estado frente a las comunidades amazónicas.

Otro símbolo del malestar popular es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, cuestionado por su cercanía al empresariado minero. En mayo de 2025, gremios agrarios de Arequipa y Puno convocaron un paro nacional contra su propuesta de reducir impuestos solo a agroexportadores, dejando fuera a la agricultura familiar, que representa el 97% de la producción nacional. Sus declaraciones —“si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado”— y su frase en Perumin 37 (“la agricultura puede esperar, la minería no”) desataron protestas en el valle de Tambo, donde manifestantes quemaron una efigie de Boluarte. El 4 de octubre de 2025, en Ayacucho, Manero fue abucheado a la salida de una audiencia agraria por familiares de víctimas y frentes de defensa.

Mientras tanto, las marchas juveniles en Lima y sus periferias reactivan la protesta. En septiembre de 2025, colectivos de la Generación Z salieron a las calles de Los Olivos y Plaza San Martín para denunciar la corrupción y la represión, con varios heridos y una fuerte presencia policial. En redes sociales, los hashtags #DinaAsesina y #FueraBoluarte acumulan miles de publicaciones, reflejando un rechazo que traspasa fronteras.

En septiembre de 2025, Cusco suspendió trenes hacia Machu Picchu por bloqueos, y en Ayacucho, el Sutep lideró marchas exigiendo justicia para las víctimas. El gobierno, sin capacidad de diálogo, califica las protestas como “cultura de odio”, mientras el Congreso, también con más del 90% de desaprobación, sostiene a Boluarte al rechazar mociones de vacancia.

La presidenta concentra hoy más del 85% de su agenda en Lima y Callao, evitando regiones donde su presencia genera rechazo. Pero el interior sigue siendo el termómetro de la crisis política. En Puno, Huancavelica y Arequipa, los pueblos continúan movilizados, exigiendo justicia, elecciones anticipadas y el fin de un sistema que consideran indolente y excluyente.

Las acusaciones por genocidio, corrupción y enriquecimiento ilícito, junto al Rolexgate y las cirugías estéticas ocultas, han profundizado la desconfianza. Cada abucheo, bloqueo o marcha expresa un sentimiento acumulado de traición y abandono.

A tres años del estallido social, el grito no se apaga. El sur y la sierra resisten, con un mensaje que retumba en cada plaza y carretera: el Perú no olvida, y su clamor sigue siendo incesante.

Lima, 5 de octubre de 2025. – El Poder Judicial resolvió no aplicar la Ley N.° 32107, aprobada por el Congreso de la República el pasado junio, que pretendía establecer la prescripción e irretroactividad de los delitos de lesa humanidad y de guerra. La norma, promovida por los partidos conservadores del Parlamento, generó amplio rechazo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que advirtieron que su aplicación contradecía los tratados internacionales ratificados por el Perú y el artículo 55 de la Constitución, que otorga rango constitucional a dichos compromisos.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la ley desconocía obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido de forma reiterada que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden beneficiarse de normas que limiten su persecución judicial. El Defensor del Pueblo también había solicitado su revisión, señalando que vulneraba el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma la vigencia de los principios de justicia internacional y envía un mensaje al Congreso sobre la inconstitucionalidad de retrocesos normativos en materia de derechos humanos. Diversos analistas coinciden en que la dación de la Ley N.° 32107 evidenció un intento de favorecer a responsables de violaciones graves durante el conflicto armado interno, poniendo en riesgo los avances logrados en memoria, verdad y reparación.