La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el 11 de septiembre de 2025, con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el informe final que propone archivar…
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Rospigliosi y su controvertida ley de impunidad: un retroceso en la justicia por las 50 muertes de las protestas de 2022-2023

Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendió hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el uso de armas contra manifestantes que atenten contra “activos críticos”, como aeropuertos o carreteras. Sostuvo que las investigaciones abiertas contra los agentes constituyen una “persecución política”.
Presentado el 31 de octubre como el Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR, la iniciativa propone modificar el artículo 20 del Código Penal para incorporar una exención explícita por acciones “reglamentarias” que causen lesiones o muerte en defensa de bienes estatales o privados. Además, incluye una disposición transitoria con efectos retroactivos para los hechos ocurridos durante las protestas posteriores al autogolpe de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Durante un homenaje a las FF.AA. y a la PNP, Rospigliosi insistió en desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la Violencia en las Protestas Sociales (EFICAVIP), integrado por 74 fiscales que investigan a más de 1.300 efectivos. Alegó que dicho grupo vulnera “los derechos humanos de los agentes del orden”, mientras —según dijo— los “provocadores de disturbios” permanecen impunes. La propuesta, actualmente en debate en las comisiones de Justicia y de Defensa, aguarda los informes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa pasa por alto los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, que registró al menos 50 civiles fallecidos por el uso directo de la fuerza durante las protestas de 2022-2023 —incluidas masacres como la de Ayacucho (diciembre de 2022, 10 muertos) y la de Juliaca (enero de 2023, 18 muertos)—. A ellos se suman 11 civiles muertos por accidentes relacionados con bloqueos, lo que da un total de 62 víctimas. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1.301 heridos civiles al 17 de febrero de 2023 —908 durante 2023 y 393 en diciembre de 2022—, mientras que la PNP contabilizó 580 agentes heridos al 20 de enero.
Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que 15 de las 18 muertes en Juliaca fueron causadas por disparos de armas letales y tres por perdigones, desmintiendo las versiones oficiales sobre “autodefensa”. Ambas entidades alertaron, además, sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en un contexto donde la mayoría de las 477 protestas registradas fueron pacíficas. La norma propuesta no diferencia entre uso proporcional de la fuerza y abusos, lo que podría derivar en el archivamiento de procesos por homicidio calificado y lesiones graves en regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho y Arequipa, que concentraron el 80% de las víctimas civiles.
Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificaron el proyecto como una “amnistía encubierta” que perpetúa la impunidad. Recordaron que guarda similitud con la ley de amnistía promulgada en agosto de 2025 —también impulsada por Rospigliosi—, rechazada por la CIDH y la Corte Interamericana por contravenir los estándares internacionales que prohíben el perdón en casos de violaciones graves, como las esterilizaciones forzadas o las ejecuciones en Accomarca y Barrios Altos.
Familiares de víctimas en Ayacucho y Juliaca denunciaron que la ley “borra la responsabilidad del Estado” por las 49 muertes de manifestantes y transeúntes documentadas por la Defensoría, obstruye el acceso a la justicia y envía un mensaje fallido respecto a la garantía de no repetición. Expertos de la ONU y de Amnistía Internacional advirtieron que medidas aplicadas de forma retroactiva contravienen la Convención Americana y podrían agravar la crisis política, profundizando la desconfianza en un Congreso ya cuestionado por su legitimidad tras la caída del gobierno de Pedro Castillo Terrones.
El debate en el Pleno, previsto para las próximas semanas, podría profundizar aún más la tensión en el país, mientras la rendición de cuentas por estas violaciones continúa pendiente ante instancias internacionales.
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Curwen se pone el sombrero chotano en entrevista con el candidato presidenciales izquierdista Roberto Sánchez

Víctor Caballero, conocido como Curwen, se consolidó como uno de los periodistas digitales más influyentes del Perú al cumplir su palabra durante la entrevista a Roberto Sánchez en su programa Brutalidad Política. El youtuber se colocó el característico sombrero chotano que el candidato presidencial de Juntos por el Perú llevó personalmente al set, un gesto que rápidamente se viralizó en TikTok, Facebook y YouTube. La entrevista, que duró casi dos horas, ha generado miles de interacciones y debate en redes sociales a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.
Durante la conversación, Roberto Sánchez abordó temas clave como la situación de Pedro Castillo, la necesidad de justicia para los sectores más vulnerables, inversión real en regiones y críticas al centralismo limeño. Sánchez se presentó como un candidato “de barro”, cercano al pueblo, y reafirmó su compromiso con proyectos sociales. Curwen, con su estilo directo y sarcástico habitual, logró momentos de alto impacto que ya circulan como clips virales en plataformas digitales.
El sombrero se convirtió en el símbolo de la emisión. Curwen había prometido públicamente que si Sánchez asistía a su programa, él se lo pondría. El candidato cumplió llevando el accesorio y el comunicador honró su palabra, un intercambio que muchos interpretan como gesto de cercanía con el electorado del interior del país y otros ven como estrategia de posicionamiento político.
La nota ha generado reacciones divididas. Sectores de izquierda celebran la autenticidad y el respaldo implícito a candidaturas alternativas, mientras que críticos acusan a Curwen de sesgo y de convertir su espacio en plataforma electoral. El periodista digital, con más de 700 mil suscriptores en YouTube, mantiene su rol de voz influyente fuera de los medios tradicionales, especialmente entre el público joven.
Con las Elecciones Generales 2026 acercándose, episodios como la entrevista de Curwen a Roberto Sánchez demuestran el creciente poder de los creadores de contenido en la agenda política peruana. El “efecto sombrero” ya es tendencia y promete seguir alimentando el debate en redes sobre liderazgo regional, símbolos populares y el rol de los nuevos medios en la campaña electoral.
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Roberto Sánchez lidera marcha de la CGTP por el Día del Trabajador en Lima

Lima, 1 de mayo de 2026. – Miles de trabajadores se concentraron este viernes en la Plaza Dos de Mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, en una movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que combinó demandas laborales con un fuerte mensaje político.
La jornada incluyó una romería que recorrió el centro de Lima y culminó con un mitin en el monumento a José Carlos Mariátegui. Los participantes exigieron el aumento inmediato de la Remuneración Mínima Vital, mejoras en las pensiones y el fin de la precarización laboral.
Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú y rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio, participó activamente en la marcha. El líder castillista fue acompañado por los congresistas Margot Palacios y Jaime Quito, además de otros dirigentes de su partido.
Durante su intervención, Sánchez llamó a la unidad popular y reafirmó su compromiso con una “Agenda Social 2026-2031” orientada a defender los derechos de los trabajadores y transformar el modelo económico del país.
La CGTP destacó que la movilización busca visibilizar la vulneración sistemática de derechos laborales tanto en el sector público como en el privado, y presionar al futuro gobierno para atender las urgencias de la clase trabajadora.
La presencia de Sánchez en la marcha se interpreta como el inicio de una campaña intensa de cara al balotaje, donde buscará consolidar el apoyo de los sectores sindicales y populares.
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López Aliaga Denuncia Irregularidades en 800 Actas Electorales y Anuncia Acciones Internacionales ante el JNE

Lima, 29 de abril de 2026. – El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este martes en conferencia de prensa un informe forense que revela presuntas incongruencias estadísticas en aproximadamente 800 a 805 actas electorales de las Elecciones Generales 2026. Según el exalcalde de Lima, estas actas muestran patrones matemáticamente improbables, como mesas donde su candidatura presidencial registra menos votos que su lista al Congreso, lo que considera una anomalía grave que afecta la voluntad popular.
López Aliaga exigió una auditoría inmediata de estas actas, señalando que “será rápido si hay voluntad”. El líder de Renovación Popular insistió en que “lo que salga producto de estos actos ilegales va a ser ilegítimo” y reiteró su denuncia contra la ONPE y el JNE por presuntos problemas logísticos el 12 de abril, como demoras en la apertura de mesas, falta de material y la creación de actas de la serie 900.000, que según su equipo habrían sido distribuidas estratégicamente.
Durante su intervención, el candidato cuestionó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Burneo, acusándolos de falta de transparencia. López Aliaga denunció que se afectó el derecho al voto de cientos de miles de peruanos, especialmente en Lima, y calificó las irregularidades como un sabotaje planificado contra su candidatura. “Se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución”, enfatizó.
Ante la decisión del JNE de declarar inviables las elecciones complementarias, López Aliaga anunció que su equipo presentará cuatro recursos adicionales y acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender la transparencia del proceso. Además, convocó a una protesta pacífica cuya fecha se anunciará próximamente y no descartó que, si es necesario, las elecciones presidenciales se realicen el próximo año para garantizar legitimidad.
“Para que se auditen de una vez, son 800 actas”, reiteró López Aliaga, sosteniendo que su lucha busca proteger la democracia y el voto ciudadano por encima de cualquier resultado parcial. “No es opinión, es matemática”, afirmó en referencia a los hallazgos del informe forense. La situación electoral sigue en desarrollo mientras se resuelven las actas pendientes y los recursos presentados por Renovación Popular.
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