Según la más reciente encuesta de Datum, el 94% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, mientras que solo un 4% la respalda. Este resultado refleja el profundo malestar ciudadano hacia su administración, marcada por una serie de crisis políticas, sociales y económicas que han erosionado su ascenso producto de una maniobra derechista orquestada por la inexperiencia del ex presidente Pedro Castillo y falta de apoyo de los sectores progresistas y de izquierda.

Entre las principales razones de su desaprobación destacan:

Crisis social y represión: Desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo, Boluarte ha enfrentado masivas protestas en regiones del sur del país, que exigen su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas. La respuesta del gobierno, con un uso desmedido de la fuerza, ha dejado más de 70 fallecidos, según reportes de la Defensoría del Pueblo, lo que ha generado indignación nacional e internacional.

Falta de diálogo: Los críticos señalan que su administración no ha sabido construir puentes con las regiones más afectadas por la exclusión y la pobreza, lo que ha profundizado la brecha entre el Gobierno y la ciudadanía, situación que en las últimas semanas pretendieron resolver, intentado exponer a la población en algunas regiones, pero las estrictas medidas de seguridad ante las protestas, empañaron por completo la intentona de lavado de cara del régimen.

Descontento económico: La inflación, el alza de precios y la falta de medidas efectivas para reactivar la economía han agravado la percepción de una gestión ineficaz, que gestiona a favor de un sector minotario privilegiado del país y el exterior, olvidando las grandes necesidades de los que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

A pesar de este escenario, Boluarte se mantiene en el cargo gracias al apoyo del Congreso de la República y las Fuerzas Armadas del Perú, respaldado por el poder financiero y político nacional e internacional que se beneficia con su permanencia. Además, la falta de consenso para convocar a elecciones anticipadas y la fragmentación de la oposición han permitido que continúe en el poder, aunque con una legitimidad cada vez más cuestionada.

La ciudadanía continúa exigiendo cambios profundos y una salida a la crisis que atraviesa el país, que incluye la caída del régimen a cargo del gobierno peruano.La presión social se mantiene en aumento, con organizaciones civiles y movimientos sociales liderando manifestaciones que demandan una transformación profunda del sistema político y la renuncia de Boluarte. Los ciudadanos, hartos de una gestión que parece sorda a sus demandas, han encontrado en la protesta una forma de visibilizar su descontento y exigir una agenda que priorice el bienestar de la población por encima de los intereses de elites económicas.

La represión estatal, lejos de amilanar las voces disidentes, ha generado un efecto de polarización que ha llevado a muchos a cuestionar no solo la capacidad de la presidenta para gobernar, sino la legitimidad misma del sistema democrático en su conjunto. A medida que las muertes en protestas continúan siendo registradas, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno, lo que ha producido un eco de condenas a nivel internacional.

El contexto se complica aún más ante la inminencia de nuevos conflictos sociales, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde los reclamos por la defensa del territorio y los recursos naturales se suman a las exigencias políticas. La falta de una política inclusiva y respetuosa de los derechos humanos ha colocado al régimen en la mira de diversas organizaciones a nivel mundial, que no dudan en expresar su preocupación por la situación de los derechos fundamentales en Perú.

En este entorno de creciente descontento, la solución a la crisis política se ve cada vez más distante. La polarización entre lo que consideran un gobierno ilegítimo y una oposición fragmentada ha propiciado un estancamiento que beneficia a aquellos que encuentran en la inestabilidad un terreno fértil para implementar políticas que favorecen intereses corporativos, dejando a la sociedad civil mirando hacia un futuro incierto.

Ante tal escenario, las voces de la ciudadanía resuenan con fuerza. Los jóvenes, cada vez más involucrados en la lucha por un cambio real, han hecho del uso de las redes sociales un aliado para organizarse y articular su resistencia. La era digital ha permitido que las narrativas sobre la realidad peruana se expandan rápidamente, generando un clima de solidaridad que trasciende fronteras y sensibiliza a la comunidad internacional sobre el grave estado de las cosas.

La presión por elecciones anticipadas se ha convertido en un grito colectivo que no se apacigua, mientras que el riesgo de una eventual escalada de la conflictividad social se cierne sobre el horizonte. Aunque la presidenta Boluarte se aferra al poder, el clamor popular apunta hacia un cambio de dirección que desafíe el statu quo y proponga un nuevo pacto social que incluya a todos los peruanos y peruanas en la construcción de una nación más justa y equitativa. Sin embargo, el desafío es monumental y las instituciones deberán demostrar su capacidad para responder a una ciudadanía que está decidida a no retroceder en su búsqueda de una democracia plena.