Un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, el senador Iber Maraví y otros legisladores obligó a suspender temporalmente la sesión del 10 de octubre. El incidente reavivó las críticas contra el Gobierno de Keiko Fujimori, cuestionado por su presión política para obtener facultades legislativas.

Lima, 10 de octubre de 2026.- La disputa por las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori escaló este sábado 10 de octubre a un enfrentamiento verbal en la Comisión de Constitución del Senado. El incidente involucró al ministro del Interior, César Astudillo; al senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú; y a otros parlamentarios, y obligó a interrumpir temporalmente la sesión en la que se evaluaba la propuesta del Ejecutivo.

El episodio reforzó los cuestionamientos de sectores opositores sobre el comportamiento de representantes del oficialismo y sus aliados. Maraví calificó de prepotente la actuación que atribuyó al ministro y denunció un presunto intento de agresión física por parte del senador José Giampietri, de Renovación Popular. Estas últimas afirmaciones corresponden a la versión del legislador y no deben confundirse con una agresión físicamente acreditada.

El cruce comenzó con un cuestionamiento a la reforma policial

La confrontación se desencadenó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó al titular del Interior por su posición frente a la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional. La legisladora sostuvo que el ministro parecía tener miedo de reconocer esa necesidad, en el contexto de las medidas de seguridad que el Gobierno pretende implementar.

Astudillo reaccionó ante esas expresiones y reclamó que se retiraran, lo que provocó la intervención de Maraví. El senador pidió al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que garantizara el uso de la palabra de Luque y llamara al orden al ministro. La discusión subió de tono y se extendió a otros participantes, entre ellos el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, y el senador Giampietri.

Según el relato de Maraví, el ministro lo increpó de manera descortés y se produjeron gestos y expresiones que consideró intimidatorios. El legislador también denunció que Giampietri se acercó físicamente a él en una actitud que interpretó como una amenaza. El incidente llevó a suspender la sesión durante varios minutos; posteriormente, el debate fue retomado. La controversia quedó marcada por versiones enfrentadas sobre las responsabilidades de los participantes.

Fujimori respalda al ministro tras el incidente

Horas después, la presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo a Astudillo tras el altercado en el Senado. Su pronunciamiento trasladó la controversia al terreno político nacional y profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y sus críticos, que cuestionan tanto el tono de sus declaraciones como la forma en que sus representantes afrontan las discrepancias institucionales.

Para los sectores opositores, el incidente refleja una preocupante escalada de confrontación en un debate que debería concentrarse en la seguridad ciudadana, la reforma policial y la prevención del fenómeno El Niño. Las acusaciones de prepotencia y actitud matonesca forman parte de esa crítica política; su evaluación requiere distinguir los hechos observables, las declaraciones de cada participante y las responsabilidades que puedan establecerse.

De la “paciencia democrática” al enfrentamiento parlamentario

El episodio del Senado se suma a la controversia iniciada el 29 de septiembre, cuando Fujimori afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba nuestra paciencia”. La mandataria defendió la urgencia de las medidas contra la delincuencia y sostuvo que su Gobierno actuaría “nos otorguen o no nos otorguen facultades”. También aseguró que “el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

El premier Luis Galarreta había señalado que el Ejecutivo mantuvo “paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento” y pidió a las bancadas reconsiderar su posición. Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición apuntaron a que ese lenguaje podía interpretarse como presión sobre el Legislativo para acelerar la aprobación de la delegación solicitada.

El Congreso recortó el pedido de 66 a 20 medidas

A finales de agosto, el Gobierno solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 medidas distribuidas en materias como seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, simplificación administrativa, reforma del Estado, empleo, tributación, desarrollo productivo y vivienda. La amplitud de la propuesta generó resistencias parlamentarias, incluido un predictamen que recomendaba archivar el pedido completo.

Después de una sesión de más de 12 horas, el 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una versión reducida: 20 medidas, circunscritas a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días. La votación final fue de 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El texto pasó al Senado, donde el Ejecutivo buscaba recuperar parte de las atribuciones excluidas.

La Comisión de Constitución del Senado continuó el análisis el 10 de octubre, pero el altercado entre ministros y legisladores desplazó momentáneamente la discusión de sus aspectos técnicos hacia una confrontación política. Al cierre de la jornada, la comisión anunció que retomaría el debate el miércoles 14 de octubre, por lo que la delegación de facultades todavía no tenía una decisión definitiva del Senado.

La disputa pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

El Gobierno de Fujimori enfrenta así dos desafíos simultáneos: obtener respaldo parlamentario para sus medidas de seguridad y contener una confrontación política que amenaza con desviar el debate de sus objetivos declarados. La delegación de facultades no constituye una autorización irrestricta para gobernar por decreto: su alcance depende de la aprobación legislativa y de los límites que establezca el Congreso.

Las críticas sobre una supuesta pérdida de la “careta democrática” expresan la interpretación de los sectores que consideran que el Ejecutivo pasó de invocar la paciencia institucional a ejercer presión pública y confrontarse con sus críticos. No obstante, el incidente del Senado, por sí solo, no demuestra una ruptura del orden constitucional; sí evidencia una escalada de tensión que exige explicaciones, respeto por las reglas parlamentarias y responsabilidad de todos los participantes.

El desenlace dependerá de la discusión que continúe en el Senado y de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sin recurrir a intimidaciones ni descalificaciones. Mientras el Ejecutivo reclama herramientas para enfrentar la criminalidad, la controversia deja una pregunta central: ¿podrá el Gobierno demostrar que su defensa de la seguridad ciudadana es compatible con el respeto a la deliberación democrática?

Perú, 5 de octubre de 2026.- el cómputo de la ONPE avanza tras la jornada del 4 de octubre, pero todavía no permite declarar ganadores definitivos. Las actas pendientes, observadas o sometidas a revisión de los Jurados Electorales Especiales (JEE) pueden modificar el orden y los porcentajes en varias circunscripciones.

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 movilizaron el domingo 4 de octubre a más de 26 millones de electores para renovar las autoridades regionales, provinciales y distritales del país para el periodo 2027-2030. En total, el proceso contempla la elección de 25 gobernadores y 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 10.842 regidores, lo que suma 13.148 autoridades.

ONPE concentra el cómputo y los JEE resuelven las actas observadas

La ONPE inició el procesamiento de las actas después del cierre de las mesas y habilitó su plataforma de resultados para que la ciudadanía pueda seguir el cómputo oficial. El organismo electoral señaló que el procesamiento se realiza a través de sus 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El resultado que aparece en la plataforma de la ONPE, sin embargo, no equivale todavía a una proclamación definitiva. Las actas observadas, votos impugnados y eventuales pedidos de nulidad son remitidos a los JEE, que deben resolverlos dentro del procedimiento electoral. Posteriormente corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar los resultados que hayan quedado firmes.

El 30 % define si una región evita la segunda vuelta

La elección de gobernador y vicegobernador tiene una regla diferente a la municipal. Una fórmula regional debe alcanzar no menos del 30 % de los votos válidos para imponerse en primera elección. Si ninguna llega a ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a la Segunda Elección Regional (SER 2026).

El JNE fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para la eventual segunda elección regional. Asimismo, estableció el 28 de octubre como fecha límite para las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales y dispuso medidas para acelerar la resolución de las actas observadas.

Callao, Cusco e Ica aparecen por encima del umbral

En los cortes parciales de resultados publicados durante el 5 de octubre, varias regiones mostraban a sus primeros candidatos por encima del 30 %. En Callao, Pedro Spadaro, de Renovación Popular, superaba ampliamente ese porcentaje, mientras que en Cusco Verónika Mendoza, de Venceremos, aparecía alrededor del 31 % con más del 90 % de las actas contabilizadas en uno de los cortes consultados.

También aparecían por encima del umbral Ica, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, aunque en algunos casos el porcentaje de actas contabilizadas todavía no alcanzaba el 100 %. Por esa razón, un resultado superior al 30 % en un corte parcial debe considerarse una ventaja provisional hasta que concluya el procesamiento y se resuelvan las controversias electorales.

En Ayacucho y Apurímac la situación también mostraba fórmulas por encima del 30 %, pero con una particularidad: en Apurímac la diferencia entre las dos primeras candidaturas era estrecha. Los resultados publicados durante el avance del cómputo mostraban a Guido Chahuaylla y Elvyn Díaz disputando los primeros lugares, mientras que en Ayacucho las primeras posiciones también presentaban una competencia relevante.

Quince regiones todavía sin fórmula por encima del 30 %

En otras circunscripciones, los primeros cortes de la ONPE mostraban que ninguna fórmula había alcanzado el porcentaje exigido. Entre ellas figuran, según los avances disponibles, Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La situación no puede considerarse cerrada en estas regiones. Un candidato ubicado cerca del 30 % todavía puede superar el umbral cuando se incorporen nuevas actas, mientras que el orden de las candidaturas que eventualmente disputarían una segunda elección también puede variar durante el proceso de revisión.

Un ejemplo es Junín, donde los primeros resultados mostraban a Fernando Orihuela cerca del límite del 30 %, mientras que en otras regiones como Amazonas y Áncash los porcentajes de las primeras candidaturas se encontraban bastante más distribuidos. Estas diferencias explican por qué la fotografía electoral del 5 de octubre todavía no equivale al resultado final.

Municipios no tendrán segunda vuelta

En las elecciones municipales no existe un mecanismo equivalente a la segunda vuelta regional. La elección de alcaldes se define por la lista que obtiene la mayor votación, de acuerdo con las reglas electorales aplicables a cada concejo.

Por ello, mientras la atención regional se concentra en determinar qué fórmulas alcanzan el 30 % y cuáles deberán disputar una SER, en las provincias y distritos el procesamiento de actas permitirá establecer progresivamente qué listas encabezan cada jurisdicción. Las cifras municipales también permanecen sujetas al cómputo de actas observadas y a las decisiones de los órganos electorales competentes.

El resultado definitivo todavía está en manos del proceso electoral

La principal conclusión de las primeras horas de cómputo es que el mapa regional todavía no está completamente definido. La ONPE continúa incorporando actas a su sistema, mientras los JEE reciben y resuelven aquellas que presentan observaciones, impugnaciones u otras incidencias.

Por ello, los porcentajes difundidos durante estos primeros días deben ser entendidos como resultados parciales y dinámicos, no como proclamaciones. La definición definitiva de los ganadores dependerá del cierre del cómputo, la resolución de las controversias y las proclamaciones correspondientes del JNE.

La ciudadanía puede consultar el avance oficial directamente en la plataforma de resultados de la ONPE. El proceso continuará durante las próximas semanas y será especialmente relevante en las regiones donde las candidaturas se encuentran cerca del umbral del 30 % o donde existe poca diferencia entre quienes ocupan los primeros lugares.

Lima, 30 de setiembre de 2026.- El dirigente de Ahora Nación anunció que cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. El movimiento ocurre mientras su agrupación se distancia de la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, confirmó que este viernes las cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Según explicó a Epicentro, cada agrupación formulará su propia propuesta para luego coordinarlas y sumar coincidencias en un documento común.

El anuncio coloca a López Chau como uno de los principales articuladores de una alternativa frente al pedido del Ejecutivo, haciendo ya no de opositor sino de nuevo articulador ante el fracaso del propio Premier Galarreta. La discusión ya no se concentra únicamente en rechazar o aprobar las facultades, sino en definir qué materias serán delegadas, durante cuánto tiempo y bajo qué límites y mecanismos de control parlamentario.

La propuesta también abre una interrogante política: ¿hasta dónde llegará la oposición en su disposición a conceder facultades a un Gobierno al que ha cuestionado en otros frentes? La respuesta estará en el contenido definitivo del texto sustitutorio y, especialmente, en las materias que finalmente sean incorporadas.

Cuatro bancadas buscan una fórmula común

López Chau señaló que Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP), Obras y Buen Gobierno (BG) coordinarán sus planteamientos. Cada bancada presentará sus propias propuestas y posteriormente estas serán articuladas para construir una posición conjunta.

El mecanismo supone pasar de una oposición fragmentada a una negociación sobre el alcance de las facultades. La clave estará en determinar si las bancadas logran mantener una delegación restringida o si algunas de las materias solicitadas originalmente por el Ejecutivo terminan reincorporándose durante el proceso de coordinación.

La negociación también expone las diferencias dentro de la oposición. Mientras algunas agrupaciones buscan limitar las facultades principalmente a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, existen posiciones que plantean incorporar otros ámbitos de la administración pública y la economía.

La distancia frente a la censura de Astudillo

El movimiento de López Chau ocurre paralelamente al debate sobre la censura del ministro del Interior, César Astudillo. La moción cuestiona la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad y plantea la responsabilidad política del titular del sector.

Sin embargo, Ahora Nación decidió no respaldar como bancada la censura de Astudillo, aunque algunos de sus integrantes mantienen una posición favorable a ella. Esta diferencia evidencia que no existe una postura uniforme dentro de la agrupación.

La combinación de ambos episodios genera una discusión política relevante: mientras López Chau participa en la construcción de un acuerdo que podría permitir al Ejecutivo legislar mediante facultades delegadas, su bancada adopta una posición menos confrontacional frente a uno de los ministros cuestionados por la oposición.

¿Negociación política o delimitación de facultades?

Hasta el momento, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que López Chau esté negociando cargos, beneficios, cuotas de poder u otros acuerdos particulares con el Gobierno. Esa hipótesis no puede presentarse como un hecho sin documentación que la sustente.

Lo que sí está ocurriendo es una negociación política sobre el contenido, alcance y condiciones de las facultades legislativas. Por ello, el punto central de fiscalización será conocer qué materias acepta incorporar la oposición, cuáles quedan fuera y qué controles exige a cambio de permitir que el Ejecutivo legisle.

La eventual incorporación de JP, Obras y BG al documento común también será un elemento determinante. Si las cuatro bancadas consiguen presentar una sola propuesta, López Chau habrá logrado articular una posición opositora con capacidad para modificar sustancialmente el pedido original del Ejecutivo.

La prueba estará en el texto final

Más que las declaraciones públicas, el documento que llegue al Pleno permitirá establecer el verdadero alcance de esta negociación. Allí podrá determinarse si las bancadas mantienen una posición de facultades limitadas y sujetas a controles o si terminan ampliando la delegación solicitada por el Gobierno.

Para Ahora Nación, además, quedará pendiente explicar cómo compatibiliza su participación en esta negociación con su decisión de no apoyar la censura de Astudillo. Ambas decisiones son formalmente independientes, pero políticamente contribuyen a definir la relación que la agrupación mantiene actualmente con el Ejecutivo.

López Chau, que llegó al escenario político con un discurso crítico frente a Keiko Fujimori, ocupa ahora un papel diferente: es uno de los dirigentes opositores que participa directamente en la construcción de una fórmula que podría otorgar facultades legislativas al Gobierno.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Keiko Fujimori recibirá facultades, sino qué está dispuesta a conceder la oposición para aprobarlas, qué límites impondrá y cuáles serán las condiciones de fiscalización. El texto sustitutorio anunciado para este viernes será la primera evidencia concreta para responder esas interrogantes.