La promesa de una infraestructura de salud digna para Ayacucho se desmorona bajo el peso de la negligencia, la ineficiencia y sospechas de corrupción. Un informe de la Contraloría expone un panorama alarmante: hospitales públicos en la región —financiados con millones de soles del erario — permanecen inconclusos, plagados de fallas estructurales, retrasos injustificados y una gestión opaca que compromete el derecho a la salud de miles de ciudadanos.

Hospital Daniel Alcides Carrión (Huanta): Entregado a medias y con fallas críticas

El Hospital de Huanta, emblema de las deficiencias regionales, fue recepcionado con fisuras en los muros, filtraciones en techos y equipos médicos almacenados sin instalar. La Contraloría señala la ausencia de personal técnico calificado, un cuaderno de obra irregular y supervisiones tan laxas que permitieron errores estructurales evidentes. Los retrasos en pagos y la falta de presupuesto paralizaron la obra, dejando un hospital que opera a medio gas, incapaz de atender plenamente a la población.

Hospital San Francisco (Ayna): Sobrecostos y diseño deficiente

En Ayna, el Hospital San Francisco arrastra un avance físico estancado y adicionales de obra que superan el 20% del contrato original, violando la normativa. Instalaciones eléctricas incompletas, sistemas de agua mal diseñados y materiales almacenados en condiciones precarias son solo parte del diagnóstico. Las modificaciones al expediente técnico, sin sustento claro, han inflado los costos y retrasado una entrega que sigue sin concretarse, mientras la población espera servicios que no llegan.

Hospital de Cangallo: Operativo, pero incompleto

Aunque oficialmente inaugurado, el Hospital de Cangallo funciona con limitaciones severas. Fallas en el sistema de climatización y gases medicinales, junto a ambientes clínicos sin terminar, evidencian una supervisión técnica deficiente. La entrega apresurada, sin cumplir estándares básicos, refleja una constante en la región: priorizar la fachada sobre la funcionalidad, a costa de la calidad del servicio.

Hospitales San Miguel y Coracora: Opacidad y abandono

En San Miguel, la entrega de obras inconclusas se suma a una gestión carente de transparencia, dificultando el control ciudadano. El Hospital Coracora, pendiente de evaluación en 2025, forma parte de este patrón de abandono institucional. La falta de claridad en contratos, adendas y cronogramas alimenta dudas sobre el destino de los fondos públicos.

Un sistema en ruinas: Negligencia, contratistas y supervisión fallida

Las irregularidades trascienden los casos individuales. Contratistas sin capacidad técnica, demoras en la resolución de consultas y una supervisión plagada de omisiones han convertido estos proyectos en pozos sin fondo. El Gobierno Regional de Ayacucho, responsable de la ejecución, muestra una gestión presupuestal caótica y un incumplimiento reiterado de las normas de contratación estatal. El resultado: infraestructura en riesgo de deterioro, arbitrajes costosos y un impacto directo en la salud pública.

El costo humano: Vidas en juego

Cada hospital a medio construir es más que un fracaso técnico; es una promesa traicionada. Los retrasos y sobrecostos no solo despilfarran recursos, sino que niegan atención digna a una población vulnerable. La burocracia y la desidia han convertido la salud en rehén de un sistema donde los errores se tapan con excusas y los responsables evaden sanciones.

Respuestas tibias, impunidad rampante

Las medidas adoptadas —nulidad de contratos, arbitrajes o investigaciones internas— carecen de fuerza y claridad. La ausencia de sanciones penales o administrativas concretas, junto a la opacidad en la publicación de información, perpetúa un ciclo de impunidad. Sin auditorías independientes ni castigos ejemplares, la historia está condenada a repetirse.

Un llamado urgente

Es hora de romper este círculo vicioso. Ayacucho necesita más que informes archivados: exige controles rigurosos, transparencia absoluta y una reforma que priorice resultados sobre discursos. Cada sol malgastado, cada ladrillo mal puesto, es una afrenta a quienes dependen de estos hospitales para sobrevivir. La salud no puede seguir siendo un lujo postergado por la ineptitud y el cálculo político. El país merece justicia, y Ayacucho, respuestas.

El paro en Tambogrande, Piura, contra el proyecto minero El Algarrobo de la Compañía de Minas Buenaventura, culminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dos personas resultaron heridas, una de gravedad, y cinco agricultores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de El Obrero en Sullana, donde se les impidió acceso a sus abogados, según denuncias de defensores de derechos humanos.

El proyecto El Algarrobo, que busca explotar yacimientos de cobre y otros minerales en la región, ha sido rechazado por las comunidades locales, quienes temen que la minería contamine sus fuentes de agua y afecte la agricultura, principal actividad económica de la zona.

Este rechazo no es nuevo: en 2002, Tambogrande realizó una consulta popular en la que el 98% de la población votó en contra de un proyecto minero similar, priorizando la protección de sus tierras y recursos naturales.

Durante las protestas, las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba se sumaron al paro, recordando que en 2007 también rechazaron la minería mediante consultas populares. Los dirigentes advirtieron que, de persistir los intentos de imponer proyectos mineros, convocarán una marcha regional para defender las nacientes de agua del Alto Piura, vitales para la agricultura y el ecosistema.

Los abogados de los detenidos denunciaron que la PNP limitó su derecho a la defensa, violando garantías constitucionales. “No nos permiten ver a nuestros representados. Esto es una criminalización de la protesta social”, declaró uno de los letrados.

Buenaventura, una de las mayores empresas mineras del Perú, ha enfrentado críticas por conflictos sociales y ambientales en otros proyectos. Los pobladores de Tambogrande exigen que se respete su decisión de priorizar la agricultura y piden al gobierno y a la empresa que detengan el avance del proyecto minero.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su firmeza en la defensa de sus tierras y recursos, dispuestas a continuar movilizándose si sus demandas no son atendidas.

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO), afiliada a la CGTP, ha emitido un contundente pronunciamiento en rechazo al proyecto de Ley Agraria (PL 8924/2024-CR), presentado por la bancada fujimorista el pasado 16 de septiembre de 2024.
La norma, que estaría próxima a ser aprobada por el Congreso, ha sido calificada como «anti laboral y anti nacional» por organizaciones sindicales y especialistas, quienes advierten que beneficiará principalmente a las grandes empresas agroexportadoras en detrimento de los trabajadores agrarios y el Estado.

Uno de los puntos más criticados es la eliminación del bono BETA, un beneficio clave para los trabajadores. Aunque el proyecto mantiene el nombre, reduce su valor a un monto fijo de 307.5 soles, desvinculándolo del 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Esto significa que, ante futuros aumentos de la RMV, el bono no se ajustaría, perdiendo su valor real con el tiempo.

Además, la norma otorga amplios beneficios tributarios a las agroexportadoras, reduciendo el impuesto a la renta del 29.5% al 15% hasta 2035, junto con créditos fiscales, depreciación acelerada y recuperación del IGV. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas medidas representarían un costo fiscal de aproximadamente S/1,888 millones anuales, recursos que dejarían de destinarse a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura.

En el ámbito laboral, el proyecto limita la participación de los trabajadores en las utilidades al 7.5%, elimina la contratación preferente y restringe la negociación colectiva por rama de actividad. Asimismo, reduce los aportes a Essalud al 6% hasta 2028 y al 8% hasta 2035, lo que afectaría la calidad de los servicios de salud para los trabajadores.

FENTAGRO y otras organizaciones sindicales han advertido que, de aprobarse la ley, convocarán un paro agrario nacional similar al de 2020, cuando la derogatoria de la Ley 27360 costó la vida de tres trabajadores. «No permitiremos que se apruebe una ley que va en contra de los intereses del país y de los trabajadores», señalaron.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) también ha criticado la norma, calificándola como un «privilegio rentista» que agrava las desigualdades en el sector. Mientras tanto, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, alertó que estas medidas empeorarán la presión tributaria, ya baja en comparación con países de la OCDE, y afectarán las finanzas públicas.

Con el Congreso avanzando hacia la aprobación de la ley, los trabajadores agrarios se preparan para movilizaciones masivas, exigiendo que se archive un proyecto que consideran una amenaza para sus derechos y el desarrollo nacional.