El paro en Tambogrande, Piura, contra el proyecto minero El Algarrobo de la Compañía de Minas Buenaventura, culminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dos personas resultaron heridas, una de gravedad, y cinco agricultores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de El Obrero en Sullana, donde se les impidió acceso a sus abogados, según denuncias de defensores de derechos humanos.

El proyecto El Algarrobo, que busca explotar yacimientos de cobre y otros minerales en la región, ha sido rechazado por las comunidades locales, quienes temen que la minería contamine sus fuentes de agua y afecte la agricultura, principal actividad económica de la zona.

Este rechazo no es nuevo: en 2002, Tambogrande realizó una consulta popular en la que el 98% de la población votó en contra de un proyecto minero similar, priorizando la protección de sus tierras y recursos naturales.

Durante las protestas, las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba se sumaron al paro, recordando que en 2007 también rechazaron la minería mediante consultas populares. Los dirigentes advirtieron que, de persistir los intentos de imponer proyectos mineros, convocarán una marcha regional para defender las nacientes de agua del Alto Piura, vitales para la agricultura y el ecosistema.

Los abogados de los detenidos denunciaron que la PNP limitó su derecho a la defensa, violando garantías constitucionales. “No nos permiten ver a nuestros representados. Esto es una criminalización de la protesta social”, declaró uno de los letrados.

Buenaventura, una de las mayores empresas mineras del Perú, ha enfrentado críticas por conflictos sociales y ambientales en otros proyectos. Los pobladores de Tambogrande exigen que se respete su decisión de priorizar la agricultura y piden al gobierno y a la empresa que detengan el avance del proyecto minero.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su firmeza en la defensa de sus tierras y recursos, dispuestas a continuar movilizándose si sus demandas no son atendidas.

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO), afiliada a la CGTP, ha emitido un contundente pronunciamiento en rechazo al proyecto de Ley Agraria (PL 8924/2024-CR), presentado por la bancada fujimorista el pasado 16 de septiembre de 2024.
La norma, que estaría próxima a ser aprobada por el Congreso, ha sido calificada como «anti laboral y anti nacional» por organizaciones sindicales y especialistas, quienes advierten que beneficiará principalmente a las grandes empresas agroexportadoras en detrimento de los trabajadores agrarios y el Estado.

Uno de los puntos más criticados es la eliminación del bono BETA, un beneficio clave para los trabajadores. Aunque el proyecto mantiene el nombre, reduce su valor a un monto fijo de 307.5 soles, desvinculándolo del 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Esto significa que, ante futuros aumentos de la RMV, el bono no se ajustaría, perdiendo su valor real con el tiempo.

Además, la norma otorga amplios beneficios tributarios a las agroexportadoras, reduciendo el impuesto a la renta del 29.5% al 15% hasta 2035, junto con créditos fiscales, depreciación acelerada y recuperación del IGV. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas medidas representarían un costo fiscal de aproximadamente S/1,888 millones anuales, recursos que dejarían de destinarse a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura.

En el ámbito laboral, el proyecto limita la participación de los trabajadores en las utilidades al 7.5%, elimina la contratación preferente y restringe la negociación colectiva por rama de actividad. Asimismo, reduce los aportes a Essalud al 6% hasta 2028 y al 8% hasta 2035, lo que afectaría la calidad de los servicios de salud para los trabajadores.

FENTAGRO y otras organizaciones sindicales han advertido que, de aprobarse la ley, convocarán un paro agrario nacional similar al de 2020, cuando la derogatoria de la Ley 27360 costó la vida de tres trabajadores. «No permitiremos que se apruebe una ley que va en contra de los intereses del país y de los trabajadores», señalaron.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) también ha criticado la norma, calificándola como un «privilegio rentista» que agrava las desigualdades en el sector. Mientras tanto, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, alertó que estas medidas empeorarán la presión tributaria, ya baja en comparación con países de la OCDE, y afectarán las finanzas públicas.

Con el Congreso avanzando hacia la aprobación de la ley, los trabajadores agrarios se preparan para movilizaciones masivas, exigiendo que se archive un proyecto que consideran una amenaza para sus derechos y el desarrollo nacional.

En el marco de la IX Sesión Descentralizada de la Comisión de Transporte, la congresista no agrupada Margot Palacios Huamán reveló las graves irregularidades cometidas durante la gestión de la Compañía Red Vial 5 S.A. (Norvial) y su controvertida relación contractual con el Estado peruano, que ha resultado en el trágico colapso del puente Chancay.

La parlamentaria señaló que Norvial, que mantiene la concesión desde 2003 por 25 años, ha incumplido sus obligaciones contractuales, entre las cuales se encontraban la construcción, mantenimiento y explotación de 108 kilómetros de la carretera Panamericana Norte en el tramo Ancón-Huacho-Pativilca, el reforzamiento de calzadas existentes, y el mantenimiento de puentes críticos en la ruta.

La parlamentaria denunció que, a pesar del evidente incumplimiento de sus responsabilidades contractuales, Norvial continúa cobrando peajes de S/10.40 por vehículo, recaudando fondos sin garantizar la seguridad vial de los usuarios. «Nos causa daño, nos causa intransitabilidad, y ¿por qué todavía sigue cobrando el peaje?«, cuestionó enfáticamente.

En un giro paradójico de los acontecimientos, se reveló que Norvial no solo recibió una compensación de 18 millones de soles durante la pandemia por la aplicación de la Ley de Peajes, sino que además ha presentado denuncias contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). «Norvial incumple pero el Estado es denunciado y el Estado le paga«, señaló la congresista.

La legisladora exigió explicaciones al Ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el fundamento legal de estas compensaciones y las denuncias ante el CIADI, considerando que estas acciones representan un grave perjuicio para el Estado peruano. «El Estado es tan raquítico que no puede hacer nada y se deja avasallar por el privado«, enfatizó.

Frente a esta situación, la congresista demandó la suspensión inmediata del cobro de peajes hasta que se esclarezcan las responsabilidades por el colapso del puente Chancay y se garantice la seguridad en toda la infraestructura vial concesionada. Asimismo, instó al Ministerio Público a iniciar las acciones legales correspondientes contra la empresa concesionaria por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y la responsabilidades de OSITRAN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La parlamentaria concluyó advirtiendo sobre la situación crítica de las vías concesionadas en todo el Perú, especialmente considerando los actuales efectos climáticos que afectan al país, y llamó a exigir que las empresas privadas cumplan con sus obligaciones contractuales para evitar más pérdidas de vidas humanas.