La Marcha de Sacrificio por Justicia «Uyariy», impulsada por familiares de las víctimas fallecidas y heridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, avanza por la Panamericana Sur rumbo a la capital. Delegaciones provenientes de regiones como Puno (principalmente Juliaca), Ayacucho, Apurímac, Cusco y otros puntos del sur y centro del país partieron entre el 23 y 25 de enero, con convergencia en San Vicente de Cañete como punto clave antes de ingresar a Lima. Organizaciones como la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero lideran esta movilización, que busca visibilizar el dolor de más de 50 familias afectadas por hechos documentados por entidades de derechos humanos. Video gracias a «24 Noticias en vivo».

La fecha culminante del 28 de enero de 2026 responde a su significado simbólico: marca el tercer aniversario del fallecimiento de Víctor Santisteban Yactayo, joven de 22 años que perdió la vida por impacto de perdigones policiales en el centro de Lima durante las movilizaciones de 2023. Los principales reclamos incluyen la reactivación inmediata del EFICAVIP (Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas en protestas), desactivado recientemente por resolución del Ministerio Público, así como avances en investigaciones penales, reparaciones integrales a las familias y garantías de no repetición de hechos similares.

Durante el trayecto, se han reportado denuncias de hostigamiento y vigilancia policial en zonas como Chala, Nazca y Cañete, lo que ha motivado llamados a las autoridades para respetar el derecho a la protesta pacífica. La marcha cuenta con el apoyo de colectivos juveniles de la Generación Z, organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y medios aparentemene neutrales vienen difundiendo las exigencias de la marcha. Figuras políticas progresistas han expresado solidaridad, incluyendo denuncias públicas sobre el trato a los marchantes, aunque los organizadores enfatizan que la iniciativa surge directamente del dolor y la autonomía de las familias de las regiones más impactadas, sin adscripción partidaria explícita.

Esta movilización representa un esfuerzo sostenido por memoria, verdad y reparación por parte de las familias afectadas, que insisten en demandas concretas ante el estancamiento judicial. La concentración prevista para el 28 de enero en Lima se perfila como un momento significativo para renovar el llamado a la justicia, en medio de un escenario político polarizado. Las autoridades han sido instadas a garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la actividad, mientras la sociedad observa el impacto de estas voces regionales en el debate nacional.

Lima, 16 de enero de 2026 – Cientos de motociclistas se concentraron esta tarde en la emblemática Plaza San Martín, en el corazón del Centro Histórico de Lima, como parte de una manifestación pacífica pero enérgica contra las nuevas medidas regulatorias anunciadas por el Gobierno. La movilización, convocada por diversas asociaciones del gremio, incluyó una marcha que partió de puntos como el Campo de Marte y avanzó hacia el centro de la capital, generando importante congestión vehicular en avenidas principales. Los participantes, en su mayoría repartidores, trabajadores independientes y conductores informales, expresaron su rechazo a lo que consideran medidas discriminatorias que afectan su principal fuente de ingresos.

El foco principal de las demandas es el rechazo al decreto supremo anunciado recientemente por el Ejecutivo, que busca prohibir nuevamente el transporte de más de un acompañante en motocicletas (limitando a conductor + un pasajero). Voceros del sector, como representantes de colectivos similares a los que lideraron protestas en 2025, argumentaron que esta restricción vulnera sus derechos laborales y económicos. “Para el Estado soy un ciudadano de segunda categoría. Pago mis impuestos, pero me discriminan y criminalizan mi herramienta de trabajo”, señaló un dirigente en declaraciones recogidas durante la concentración. Los manifestantes recordaron que, aunque la delincuencia utiliza motos en algunos casos, la solución no debe recaer en estigmatizar a todo el gremio.

Otro punto recurrente en los reclamos es la persistencia de normas anteriores, como el uso obligatorio de chalecos reflectantes con número de placa (vigente en Lima y Callao), que ya generó múltiples marchas en 2025. Los motociclistas insisten en que estas disposiciones no han demostrado efectividad real para reducir la inseguridad, sino que solo generan incomodidad, discriminación y perjuicio económico. “El chaleco nos marca como posibles delincuentes, pero los robos siguen ocurriendo igual”, afirmaron varios participantes, quienes exigen diálogo directo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Interior para revisar y derogar estas regulaciones.

La protesta transcurrió de manera pacífica, con fuerte presencia policial resguardando el perímetro de la Plaza San Martín y las vías aledañas. No se reportaron incidentes de violencia ni enfrentamientos, aunque sí una notable afectación al tránsito en el Cercado de Lima durante varias horas. Organizaciones como las que agrupan a repartidores y mototaxistas anunciaron que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, podrían escalar las acciones con movilizaciones nacionales similares a las de mayo y abril del año pasado.

Los motociclistas, que representan una parte esencial de la movilidad urbana en Lima (con un parque vehicular estimado en cientos de miles de unidades solo en la capital), reiteraron su llamado al Gobierno para que priorice medidas integrales de seguridad vial y ciudadana en lugar de restricciones que impactan directamente en la economía de miles de familias. La Plaza San Martín, símbolo histórico de luchas sociales, volvió a ser escenario de estas voces que demandan ser escuchadas.

Estados Unidos se encuentra sacudido por una ola de protestas en varias ciudades tras la operación militar del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. El presidente Donald Trump justificó la acción como una medida de aplicación de la ley con apoyo militar contra un «narco-dictador», y afirmó que EE.UU. asumirá temporalmente el control de Venezuela para una «transición ordenada», con énfasis en recuperar y reconstruir sus vastas reservas petroleras —las mayores del mundo—. Trump ha señalado que los ingresos del petróleo beneficiarían a Venezuela, a empresas estadounidenses y al gobierno de EE.UU., lo que ha generado acusaciones de intervencionismo motivado por intereses energéticos.

Las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, estallaron inmediatamente tras el anuncio y continuaron durante el fin de semana del 3 al 5 de enero, extendiéndose a ciudades como Nueva York (incluyendo Times Square y frente a la Casa Blanca), Washington D.C., San Francisco, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y Portland. Manifestantes, entre ellos activistas antibélicos de grupos como Code Pink y ANSWER Coalition, portaron pancartas con lemas como “No a la guerra por petróleo”, “Fuera EE.UU. de América Latina” y “No sangre por petróleo”, denunciando la operación como una agresión imperialista e ilegal que viola el derecho internacional. Aunque la mayoría de las protestas han sido no violentas, se reportaron bloqueos y tensiones menores con la policía en algunos puntos.

Este rechazo se entrelaza con el descontento por las políticas internas de Trump, como las deportaciones masivas de inmigrantes —incluyendo venezolanos— y el tiroteo fatal del 7 de enero en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense. Estos eventos han unido a comunidades latinas, progresistas y anti-guerra, que critican el uso de la fuerza tanto en el exterior como en el interior. Analistas destacan que la intervención en Venezuela, enmarcada en una campaña contra el narcotráfico y el control de recursos energéticos, ha intensificado las críticas a una agenda percibida como agresiva hacia Latinoamérica.

El costo político para Trump aumenta de cara a las elecciones de medio término de 2026. Encuestas preliminares muestran una división: alrededor del 33% aprueba la acción militar, pero el 65% expresa preocupación por una mayor implicación estadounidense en Venezuela, con fuerte oposición entre demócratas. Gobernadores y alcaldes en estados clave como California, Nueva York y Pensilvania han condenado la operación, y protestas continuas podrían erosionar el apoyo en distritos con alta población latina e inmigrante.

Desde Perú, donde la diáspora venezolana observa con emociones mixtas —entre celebraciones por el fin del régimen de Maduro y preocupación por la intervención—, estas movilizaciones reflejan un rechazo regional al uso de la fuerza para fines económicos. Organizaciones internacionales y aliados como Francia y España han criticado la acción como violatoria del derecho internacional. El futuro dependerá de si la administración Trump modera su enfoque o si las protestas se consolidan como un desafío significativo a su política exterior.