Política
Pensión vitalicia de Alberto Fujimori y Pedro Castillo

Ante la petición de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori y la negación de la misma a Pedro Castillo, contrastándolo con las leyes constitucionales peruanas.
Según el artículo 121 de la Constitución Política del Perú, los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia pagada por el Estado, luego de haber cesado en sus funciones. Sin embargo, esta pensión puede ser suspendida si el Congreso formula una acusación constitucional contra el ex mandatario, tal como ocurrió en el caso de Pedro Castillo.
La decisión del Congreso de negar la pensión a Pedro Castillo se sustenta en el procedimiento de acusación constitucional iniciado en su contra. Esto estaría alineado con la Constitución.
No obstante, el pedido de pensión de Alberto Fujimori genera una contradicción, ya que también fue objeto de un proceso de acusación constitucional durante su gobierno y fue condenado penalmente por delitos graves contra los derechos humanos.
La bancada de Fuerza Popular argumenta que Fujimori tiene «legítimo derecho» a la pensión por haber «derrotado al terrorismo». Sin embargo, este argumento no parece tener sustento legal, ya que la Constitución no establece excepciones basadas en méritos para acceder a la pensión vitalicia.
Adicionalmente, cabe mencionar que Alberto Fujimori aún mantiene una deuda de reparación civil de 15 millones de dólares con el Estado peruano, lo cual podría representar un obstáculo adicional para acceder a beneficios estatales.
Si bien es cierto, la negación de la pensión a Pedro Castillo parece ajustarse a la Constitución, el pedido de pensión de Alberto Fujimori genera una aparente contradicción y desigualdad en la aplicación de la ley, dado que también enfrentó un proceso de acusación constitucional y fue condenado penalmente.
Esta situación evidencia la necesidad de una aplicación coherente y equitativa de las normas constitucionales, independientemente de consideraciones políticas o méritos alegados.
Actualidad
Roberto Sánchez lidera marcha de la CGTP por el Día del Trabajador en Lima

Lima, 1 de mayo de 2026. – Miles de trabajadores se concentraron este viernes en la Plaza Dos de Mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, en una movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que combinó demandas laborales con un fuerte mensaje político.
La jornada incluyó una romería que recorrió el centro de Lima y culminó con un mitin en el monumento a José Carlos Mariátegui. Los participantes exigieron el aumento inmediato de la Remuneración Mínima Vital, mejoras en las pensiones y el fin de la precarización laboral.
Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú y rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio, participó activamente en la marcha. El líder castillista fue acompañado por los congresistas Margot Palacios y Jaime Quito, además de otros dirigentes de su partido.
Durante su intervención, Sánchez llamó a la unidad popular y reafirmó su compromiso con una “Agenda Social 2026-2031” orientada a defender los derechos de los trabajadores y transformar el modelo económico del país.
La CGTP destacó que la movilización busca visibilizar la vulneración sistemática de derechos laborales tanto en el sector público como en el privado, y presionar al futuro gobierno para atender las urgencias de la clase trabajadora.
La presencia de Sánchez en la marcha se interpreta como el inicio de una campaña intensa de cara al balotaje, donde buscará consolidar el apoyo de los sectores sindicales y populares.
Actualidad
López Aliaga Denuncia Irregularidades en 800 Actas Electorales y Anuncia Acciones Internacionales ante el JNE

Lima, 29 de abril de 2026. – El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este martes en conferencia de prensa un informe forense que revela presuntas incongruencias estadísticas en aproximadamente 800 a 805 actas electorales de las Elecciones Generales 2026. Según el exalcalde de Lima, estas actas muestran patrones matemáticamente improbables, como mesas donde su candidatura presidencial registra menos votos que su lista al Congreso, lo que considera una anomalía grave que afecta la voluntad popular.
López Aliaga exigió una auditoría inmediata de estas actas, señalando que “será rápido si hay voluntad”. El líder de Renovación Popular insistió en que “lo que salga producto de estos actos ilegales va a ser ilegítimo” y reiteró su denuncia contra la ONPE y el JNE por presuntos problemas logísticos el 12 de abril, como demoras en la apertura de mesas, falta de material y la creación de actas de la serie 900.000, que según su equipo habrían sido distribuidas estratégicamente.
Durante su intervención, el candidato cuestionó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Burneo, acusándolos de falta de transparencia. López Aliaga denunció que se afectó el derecho al voto de cientos de miles de peruanos, especialmente en Lima, y calificó las irregularidades como un sabotaje planificado contra su candidatura. “Se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución”, enfatizó.
Ante la decisión del JNE de declarar inviables las elecciones complementarias, López Aliaga anunció que su equipo presentará cuatro recursos adicionales y acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender la transparencia del proceso. Además, convocó a una protesta pacífica cuya fecha se anunciará próximamente y no descartó que, si es necesario, las elecciones presidenciales se realicen el próximo año para garantizar legitimidad.
“Para que se auditen de una vez, son 800 actas”, reiteró López Aliaga, sosteniendo que su lucha busca proteger la democracia y el voto ciudadano por encima de cualquier resultado parcial. “No es opinión, es matemática”, afirmó en referencia a los hallazgos del informe forense. La situación electoral sigue en desarrollo mientras se resuelven las actas pendientes y los recursos presentados por Renovación Popular.
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Elecciones 2026: decenas de partidos en riesgo de perder su inscripción tras no superar la valla electoral

La reciente jornada electoral del 12 de abril de 2026 ha dejado un panorama crítico para el sistema político peruano, con una alta fragmentación partidaria y una drástica reducción de organizaciones con representación efectiva. Según los resultados preliminares, solo un reducido grupo de partidos logró superar la valla electoral del 5%, lo que coloca a la mayoría de agrupaciones en riesgo de ser excluidas del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.
Entre los partidos que no habrían alcanzado el mínimo requerido figuran Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña; Avanza País, vinculado a Hernando de Soto; Somos Perú, con figuras como Daniel Salaverry; Perú Libre por Vladimir Cerrón; APRA por Valderrama; y Podemos Perú, encabezado por José Luna Gálvez. Estas agrupaciones, que en procesos anteriores tuvieron presencia parlamentaria, no habrían logrado sostener su respaldo ciudadano.
La eventual cancelación de inscripción no solo implica la desaparición formal de estas organizaciones del sistema electoral, sino también un golpe directo a sus liderazgos nacionales, quienes verían debilitada su capacidad de participación política en el corto plazo. Aunque la normativa no sanciona a los líderes individualmente, la pérdida del partido limita su plataforma institucional y reduce su margen de maniobra en futuras elecciones.
Este proceso de depuración partidaria responde a una tendencia creciente de fragmentación política en el país, donde el elevado número de organizaciones inscritas contrasta con un electorado cada vez más disperso. Analistas advierten que el sistema podría experimentar una recomposición significativa, con menos partidos pero potencialmente más consolidados, aunque también persiste el riesgo de volatilidad y aparición de nuevas agrupaciones.
Cabe precisar que la lista definitiva de partidos que perderán su inscripción será confirmada únicamente tras la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Mientras tanto, el escenario preliminar ya anticipa uno de los reacomodos más drásticos del mapa político peruano en las últimas décadas, con implicancias directas en la gobernabilidad y representación democrática del país.
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