La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú tomó la decisión este miércoles de destituir a la fiscal general del país, Patricia Benavides, quien se encontraba suspendida temporalmente por intervenir en una…
Educación
La maniobra de la JNJ para reinstalar a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación desata indignación en Perú

Lima, 16 de junio de 2025 – La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de anular la destitución de Patricia Benavides como Fiscal Suprema, reemplazándola con una suspensión de apenas 60 días, ha desatado una ola de críticas y rechazo ciudadano en Perú. Esta resolución, percibida como una maniobra orquestada por la derecha conservadora y neoliberal, liderada por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y sectores afines al gobierno de Dina Boluarte, busca allanar el camino para el retorno de Benavides al cargo de Fiscal de la Nación, en un claro desafío a los principios democráticos y constitucionales del país.
La exfiscal Benavides, destituida en 2023 por presuntamente encabezar una organización criminal que manipulaba decisiones en el Congreso, como la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos y el intento de remoción de miembros de la JNJ, es vista como una figura clave para los intereses de la coalición política que sostiene a Boluarte en el poder. Esta alianza, que incluye al fujimorismo, el aprismo y bancadas como Perú Libre, ha sido señalada por consolidar un pacto de impunidad que protege a figuras políticas investigadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las muertes durante las protestas contra el gobierno.

La resolución de la JNJ, aprobada por mayoría, no solo contradice el espíritu de independencia judicial, sino que también vulnera el orden constitucional al pretender reinstalar a una funcionaria cuestionada por graves irregularidades. Organizaciones civiles, partidos de izquierda y amplios sectores de la ciudadanía han denunciado este hecho como un intento descarado de la derecha neoliberal por controlar el Ministerio Público, debilitar la lucha contra la corrupción y perpetuar un sistema político que favorece a las élites en detrimento de la justicia y la democracia.
En redes sociales, el hashtag #NoALaImpunidad se ha viralizado, reflejando el rechazo mayoritario de los peruanos, quienes ven en esta maniobra un retroceso democrático que consolida el poder de una coalición autoritaria. “Esto es un golpe a la justicia. La JNJ se ha plegado a los intereses de Fuerza Popular y Boluarte, traicionando al pueblo peruano”, señaló Rosa Quispe, activista por los derechos humanos. Por su parte, analistas advierten que el retorno de Benavides podría frenar investigaciones clave contra figuras como Keiko Fujimori y la propia presidenta Boluarte, envuelta en el escándalo del “Rolexgate” y las muertes en protestas.
La Mesa Directiva del Congreso, dominada por Fuerza Popular y sus aliados, ha jugado un rol central en este escenario, promoviendo reformas que debilitan instituciones democráticas como la JNJ y blindando a Boluarte de mociones de vacancia. Este pacto político, que incluye a sectores aparentemente opuestos como Perú Libre, revela un pragmatismo orientado a mantener el control del sistema judicial y garantizar la impunidad de los involucrados en casos de corrupción.

La ciudadanía, hastiada de la crisis política que atraviesa el país, comienza a organizarse para exigir la reversión de esta decisión y la defensa de la institucionalidad democrática. “No permitiremos que el Perú se convierta en rehén de un grupo que solo busca proteger sus privilegios”, afirmó un vocero de la Coordinadora Nacional por la Justicia, que evalúa convocar protestas en los próximos días.
El intento de reinstalar a Patricia Benavides no es solo un ataque a la independencia del Ministerio Público, sino una afrenta a la voluntad popular y al Estado de derecho. Perú enfrenta un momento crítico: la defensa de su democracia depende de la resistencia ciudadana y de la capacidad de las instituciones para resistir las presiones de una derecha conservadora que, bajo el disfraz del neoliberalismo, busca perpetuarse en el poder a costa de la justicia y la verdad.
Actualidad
Expresidente Pedro Castillo retira confianza a Nicolás Bustamante y lo desautoriza como representante del partido «Todo con el Pueblo»

Lima, 08 de octubre de 2025 – Desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un contundente comunicado a través de su cuenta oficial en X, dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Político Todo con el Pueblo. En el mensaje, Castillo anunció la retirada definitiva de su confianza al señor Nicolás Bustamante Coronado, a quien había encomendado la coordinación e inscripción formal de la organización política.
Según el comunicado, Castillo fundó el Partido Todo con el Pueblo el 8 de febrero de 2024, con el objetivo de ser una herramienta al servicio del pueblo peruano, defendiendo sus derechos, dignidad y soberanía. Sin embargo, acusó a Bustamante de traicionar los principios de la organización al actuar con «silencio, soberbia y desobediencia» frente a la instrucción de convocar un Congreso Nacional Estatutario, un paso clave para consolidar la estructura democrática del partido.
«El señor Bustamante se atribuyó un poder que no le corresponde, olvidando que en el Partido no existen dueños ni caudillos, sino hombres y mujeres libres comprometidos con el Perú profundo», expresó Castillo, desautorizando cualquier acción, declaración o decisión que Bustamante realice en su nombre o en nombre del partido.El expresidente, quien se autodenomina «Presidente Constitucional del Perú», reafirmó su compromiso con las bases del partido y con el pueblo peruano, asegurando que la organización pertenece a quienes «luchan día a día en las calles, en las chacras, en las aulas y en los barrios». Además, señaló que su reclusión es un «encierro injusto» por defender al pueblo y enfrentar la corrupción.
Castillo cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y la esperanza de que «más temprano que tarde, el Perú volverá a ser gobernado por su gente, y no por los poderosos de siempre», reiterando su lema: «Todo con el Pueblo, todo con la verdad y la lealtad».
El comunicado ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre los simpatizantes del expresidente, mientras se espera que las bases del partido definan los próximos pasos tras esta ruptura interna.
Actualidad
Transportistas dan ultimátum de 10 días al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas

Lima, 2 de octubre de 2025 – El paro convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao y respaldado por más de 450 empresas se desarrolló de forma parcial, afectando principalmente el transporte convencional. Con el objetivo de exigir medidas contra la extorsión y la inseguridad que ha dejado 46 choferes asesinados este año, cerca de 20 mil vehículos suspendieron operaciones, generando congestión en paraderos y un alza de hasta 50% en las tarifas de las unidades que circularon. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportaron que el 83% de la flota operó, calificando el paro como un «fracaso».
La jornada transcurrió con incidentes menores, como el pinchazo de llantas en al menos cinco buses y la obligatoriedad de bajar pasajeros en algunas rutas, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó más de 10 mil agentes para mantener el orden. Los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima funcionaron al 100%, mitigando el impacto en la movilidad. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni bloqueos significativos, y el 98% de los colegios operaron con normalidad, aunque EsSalud reprogramó citas médicas afectadas por la escasez de transporte.
Los gremios transportistas entregaron al Congreso una propuesta para crear una Unidad de Élite contra el crimen organizado y demandaron indemnizaciones para las familias de las víctimas, así como el uso de armas sin licencia para autodefensa. La presidenta Dina Boluarte llamó al diálogo, mientras el MTC evalúa declarar un estado de emergencia en el sector para implementar cámaras de seguridad. Los transportistas dieron un ultimátum de 10 días hábiles al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas, amenazando con un nuevo paro el 3 de octubre o el 12 de noviembre si no hay avances concretos.
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Paro de 48 horas: Transportistas y Jóvenes Exigen Cambios Profundos en Perú

Lima, 27 de septiembre de 2025 – Un paro de 48 horas convocado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP) mantiene en vilo a la capital, con bloqueos parciales en distritos como San Juan de Lurigancho y concentraciones frente al Congreso. Los transportistas, golpeados por más de 40 asesinatos y extorsiones desde 2024, demandan reformas legales urgentes y la renuncia de ministros por la inseguridad galopante. A ellos se han sumado miles de jóvenes de la Generación Z, quienes protestan contra las AFP y la ausencia de un Estado protector, en una alianza que ha colapsado rutas clave y generado tensión en el centro de Lima.
Con una adhesión del 30% de las empresas de transporte, según la Confederación Nacional de Transportistas, el paro ha afectado principalmente Lima Norte y Sur, con caravanas de buses avanzando hacia el Congreso por avenidas como Abancay. En la Plaza San Martín, estudiantes y activistas corean consignas como “#YaBasta” junto a choferes, denunciando un sistema que los deja vulnerables ante la violencia. La Policía Nacional ha desplegado patrulleros, pero las críticas apuntan a su incapacidad para frenar las mafias extorsionadoras, que exigen hasta S/500 semanales por unidad.
El gobierno, a través del Ministerio de Transportes, prometió “diálogo”, pero sin medidas concretas, mientras en redes sociales el hashtag #ParoTransportistas suma apoyo para un posible paro indefinido. La convergencia de transportistas y jóvenes refleja un malestar generalizado que podría escalar si no hay respuestas. Analistas advierten que esta protesta, más allá de la inseguridad, canaliza demandas estructurales como la reforma de pensiones y la lucha contra la corrupción, en un país al borde del hartazgo social.
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