Loreto, 30 de agosto de 2026.- El Estado peruano delega en el mercado privado una responsabilidad que la Constitución le asigna como política de Estado. Mientras el diésel supera los 24 soles por galón en planta mayorista y los grifos de Lima cobran hasta 27,99 soles, las regiones amazónicas enfrentan desabastecimiento crónico y precios que rozan los 30 soles. El gobierno de Keiko Fujimori, en funciones desde el 28 de julio, respondió con un subsidio temporal del 15% al 20% para transportistas, una medida que alivia el bolsillo de corto plazo pero que no modifica la estructura de un país que importa el 84% del petróleo que consume.

La paradoja golpea con fuerza en Ucayali y Loreto. Estas regiones pagan los combustibles más caros del país a pesar de tener a la refinería de Manaos, operada por el Grupo Atem brasileño, a pocas horas de navegación fluvial. La propuesta de importar diésel brasileño a precios entre 15,80 y 16,50 soles por galón mediante una ruta de 60 días choca contra la burocracia del Ministerio de Energía y Minas y de Osinergmin, que priorizan el abastecimiento desde Petroperú aun cuando esta vía resulta insuficiente y más costosa para la población de la selva.

Perú extrae alrededor de 37 mil barriles de petróleo por día, una cifra que representa una caída del 23% respecto a julio del año pasado y que apenas cubre una fracción de la demanda nacional. El déficit estructural obliga al país a importar combustible a precios internacionales, expuesto a la volatilidad del crudo y del tipo de cambio, sin contrapesos estatales que amortigüen el impacto en los precios finales. La dependencia no es coyuntural: se construyó durante años de desinversión y abandono de la actividad exploratoria.

El territorio peruano alberga 18 cuencas con potencial hidrocarburífero, pero la exploración se desplomó. Entre 2021 y 2025 solo se ejecutaron tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015, según datos de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y del Instituto Peruano de Economía. La inversión anual en el sector promedió 450 millones de dólares en la última década, muy por debajo de los 1.400 millones anuales que se movilizaban entre 2004 y 2014. Desde 2017, además, no se firma ninguna licencia de exploración nueva.

Petroperú, que debería ser el brazo ejecutor de la soberanía energética del Estado, atraviesa una crisis de refinación y abastecimiento que la ha convertido en distribuidora de combustibles importados. El Decreto de Urgencia 010-2025 dispuso la reorganización patrimonial de la empresa y encargó a ProInversión el diseño de su concesión a operadores privados. La Defensoría del Pueblo impugnó la medida ante el Tribunal Constitucional, que dejó al voto la demanda en agosto de 2026. Si la norma se confirma, el rol estatal en el sector se reducirá aún más.

El marco regulatorio existe, pero está calibrado para el capital privado. La Ley Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento facilitan concesiones y contratos de licencia a empresas internacionales, no una inversión estatal agresiva en exploración y producción. Chevron, que entró en 2025 a los lotes offshore Z-61, Z-62 y Z-63 frente a la costa norte, evalúa ahora su retiro del país apenas un año después de llegar. Un ejecutivo de Perupetro reconoció que los trámites de consulta previa y permisos pueden extenderse entre 10 y 15 años, un plazo que desincentiva la inversión extranjera en exploración.

El gobierno anunció un subsidio temporal de entre 15% y 20% en el precio del diésel para transportistas, con vigencia de tres meses. La medida calma el efecto social inmediato del encarecimiento de los combustibles, pero no altera la raíz del problema: Perú seguirá dependiendo de importaciones para cubrir la mayor parte de su demanda de petróleo. El ministerio de Energía y Minas presentó además un nuevo reglamento de exploración y explotación para reemplazar una norma vigente desde 2004, con modificaciones orientadas a agilizar proyectos y atraer inversión privada. La administración Fujimori fijó la meta de reducir la dependencia de productos refinados importados del 75% al 50% hacia 2031, pero sin anunciar un programa masivo de inversión estatal en exploración.

La propuesta de importar diésel desde Manaos hasta Pucallpa ofrece una alternativa logística viable para la selva, aunque no resuelve el problema de fondo. Cambiar la dependencia de Petroperú por la dependencia del Grupo Atem brasileño no es soberanía energética: es sustituir un proveedor externo por otro. El artículo 60 de la Constitución permite al Estado realizar actividad empresarial por ley expresa, y de hecho lo hace a través de Petroperú y Perupetro. La barrera no es legal, sino política: no existe voluntad para priorizar la inversión estatal en exploración y producción como política de seguridad nacional.

El incremento del diésel a más de 24 soles por galón en agosto de 2026 demuestra que el mercado no garantiza abastecimiento a precios justos cuando el Estado abdica de su rol estratégico. Mientras Perú no reconstruya su capacidad de exploración, producción e industrialización de hidrocarburos, seguirá a expensas de la volatilidad internacional y del poder de fijación de precios de las empresas importadoras. La soberanía energética no se delega en el mercado: se construye con inversión estatal estratégica y políticas de Estado de largo plazo.

La moción quedó con 19 adhesiones luego de que el diputado Luis Ángel Jibaja retirara la suya. El retiro ocurre mientras el Gobierno abre el debate sobre el futuro del REINFO.

Lima, 27 de agosto de 2026.- Juntos por el Perú (JP) dejó sin efecto la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, después de que el diputado de su propia bancada Luis Ángel Jibaja Ramos retirara su firma. El documento quedó con 19 adhesiones, una menos de las 20 requeridas para continuar el trámite, por lo que fue archivado antes de llegar al Pleno.

De 20 firmas a ninguna interpelación

La moción había sido presentada por JP para que Shinno respondiera, entre otros temas, por el incremento del precio de los combustibles, el desabastecimiento de diésel y las protestas de transportistas. El pliego contenía 57 preguntas.

Sin embargo, el retiro de la firma de Jibaja modificó el escenario. Con 19 adhesiones, la iniciativa dejó de cumplir el requisito mínimo y el trámite quedó cerrado.

El vocero de JP, Ernesto Zunini, confirmó posteriormente que la bancada retiraría el pliego para revisar el cuestionario y evaluar una nueva iniciativa junto con otras agrupaciones políticas.

El dato político es concreto: la interpelación no fue rechazada mediante una votación; quedó sin efecto después del retiro de la firma de un parlamentario de la propia bancada promotora.

El REINFO aparece en el momento clave

El retiro coincide con un asunto que coloca al Ministerio de Energía y Minas y al Congreso ante una negociación políticamente sensible: el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El ministro Shinno anunció esta semana que el Ejecutivo evalúa extender el REINFO más allá del 31 de diciembre de 2026, aunque no para todos los inscritos, sino para quienes demuestren avances en su proceso de formalización. También planteó modificar las condiciones actuales y preparar una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala.

La coincidencia resulta relevante porque la interpelación contra Shinno desaparece mientras el Congreso y el Ejecutivo empiezan a definir una agenda sobre REINFO, formalización minera y nueva Ley MAPE.

La pregunta que queda abierta

No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que JP retiró la interpelación como parte de una negociación con el Ejecutivo sobre el REINFO.

Lo que sí está comprobado es la secuencia: JP presentó la moción; Jibaja retiró su firma; el pedido quedó con 19 adhesiones; y la bancada decidió retirarlo para revisar su contenido y buscar respaldo de otras fuerzas.

Por eso, la pregunta que corresponde seguir investigando es otra:

¿El retiro de la interpelación responde únicamente a una reformulación del cuestionario o existe una negociación política más amplia en la que el REINFO forme parte de los acuerdos entre JP, otras bancadas y el Ejecutivo?

Por ahora, esa conexión no está demostrada. Pero el debate sobre la continuidad del REINFO acaba de abrirse y Shinno es uno de los actores centrales de esa discusión.

La protesta bloqueó vías y movilizó a sindicatos y organizaciones sociales. Los dirigentes exigen al Gobierno una respuesta concreta y una mesa de diálogo para atender el costo de los combustibles y otros problemas de Loreto.

Iquitos, 25 de agosto de 2026.- Iquitos inició este martes un paro regional de 48 horas contra el incremento del precio de los combustibles, una medida que generó bloqueos y piquetes en distintos sectores de la ciudad y afectó el tránsito vehicular. La jornada fue convocada por la CGTP Loreto, el sindicato de choferes y otras organizaciones sociales, que reclaman al Gobierno central soluciones frente al encarecimiento de los costos que impactan en la población.

El combustible encabeza las demandas

El principal reclamo está relacionado con el precio de los combustibles y sus efectos sobre el transporte y el costo de vida. La dirigencia de la CGTP Loreto cuestiona que las medidas de subsidio planteadas por el Ejecutivo tengan un alcance limitado y demanda un mecanismo que permita reducir efectivamente el precio que pagan los consumidores en la región.

El reclamo se produce después de que el Gobierno aprobara en mayo un subsidio temporal de S/4 por galón de determinados tipos de diésel para transportistas autorizados, como parte de las medidas destinadas a amortiguar el impacto del incremento de los combustibles.

Para los dirigentes loretanos, sin embargo, la respuesta nacional no resuelve el problema que enfrenta la población de Iquitos. La CGTP sostiene que el alto costo del combustible repercute directamente sobre el transporte y, por esa vía, sobre el precio de productos y servicios.

Bloqueos afectan el tránsito

Desde las primeras horas de este martes se instalaron piquetes en diferentes sectores de Iquitos. También se reportó el bloqueo de la carretera Iquitos-Nauta, mientras efectivos de la Policía Nacional fueron desplegados en puntos considerados críticos para restablecer el tránsito.

La protesta fue convocada inicialmente por 48 horas, correspondientes al martes 25 y miércoles 26 de agosto. Los dirigentes han señalado que evaluarán la respuesta del Ejecutivo antes de definir nuevas acciones.

El pliego incluye electricidad y minería ilegal

La protesta no se limita al precio de los combustibles. La plataforma de reclamos también incluye la crisis del servicio eléctrico y el pedido de mayores acciones contra la minería ilegal.

La CGTP Loreto plantea, además, la interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional como una alternativa para mejorar el suministro eléctrico. Los dirigentes también demandan medidas frente a la minería ilegal y otros problemas sociales y laborales de la región.

Piden una mesa de diálogo con el Gobierno

Uno de los puntos centrales de la protesta es la exigencia de una comisión del Gobierno con capacidad para adoptar acuerdos y una mesa de diálogo que permita discutir las demandas de Loreto.

Hasta las 11:00 de la mañana de este martes, la dirigencia de la CGTP Loreto afirmó que no había recibido una comunicación oficial de la PCM para instalar dicha mesa.

Mientras tanto, no todos los gremios de transporte respaldan la paralización. La Unión de Gremios de Transporte Nacional Multimodal Perú comunicó que sus organizaciones afiliadas no participarían del paro y que priorizarían una mesa de trabajo prevista para el miércoles en el Gobierno Regional de Loreto.

El miércoles será decisivo

La jornada del miércoles 26 será clave para conocer si el conflicto se encamina hacia el diálogo o si las organizaciones que mantienen el paro optan por ampliar la protesta.

La CGTP Loreto ha advertido que, si no obtiene respuestas concretas del Ejecutivo, podría radicalizar sus medidas. En paralelo, la mesa de trabajo que sostendrán otros gremios de transporte con autoridades regionales será otro espacio para evaluar si el Gobierno logra encauzar el reclamo por el elevado costo de los combustibles.

El problema de fondo trasciende el bloqueo de calles: en Loreto está en discusión cómo enfrentar el impacto de los combustibles sobre el transporte, los precios y el costo de vida, mientras los sectores movilizados reclaman una respuesta estatal que considere las condiciones particulares de la Amazonía.