Lima, 12 de julio 2026.- La conformación de los equipos de transferencia del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori ha abierto un intenso debate político, luego de que diversos medios revelaran que entre los 69 integrantes designados para revisar la situación de los ministerios figuran exfuncionarios con investigaciones fiscales, procesos judiciales, informes de la Contraloría, renuncias polémicas y cuestionamientos por su actuación en anteriores gobiernos. Aunque ninguno de estos antecedentes implica por sí mismo una condena, organizaciones civiles y sectores de la oposición advierten que varios de ellos podrían convertirse en ministros o altos funcionarios desde el 28 de julio.

El equipo es encabezado por el economista Marco Vinelli Ruiz, responsable de coordinar la transferencia con el Ejecutivo saliente. Sin embargo, las críticas se centran en otros integrantes vinculados a sectores estratégicos. De acuerdo con investigaciones periodísticas, en las comisiones aparecen exfuncionarios de las gestiones de Alan García, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte e incluso del régimen de Alberto Fujimori, algunos de ellos investigados por presuntos delitos de corrupción, negociación incompatible, favorecimiento indebido, irregularidades en contrataciones públicas o mencionados en informes de control.

Entre los nombres que han generado mayor controversia figuran Daniel Soria Luján, exprocurador general; José Elice Navarro, exministro del Interior; Juan Silva Villegas, exfuncionarios y asesores provenientes de distintos gobiernos, además de cuadros técnicos relacionados con sectores como Energía y Minas, Transportes, Salud, Producción y Vivienda. A ellos se suman exautoridades cuestionadas por presunto favorecimiento en contrataciones, investigaciones fiscales abiertas, observaciones de la Contraloría o denuncias por decisiones administrativas durante su paso por el Estado. Varios de estos casos permanecen en investigación y no cuentan con sentencia firme. (La República)

Otro grupo de cuestionamientos apunta al retorno de antiguos operadores políticos y técnicos que participaron en administraciones anteriores y que ahora tendrían a su cargo la revisión de información sensible sobre presupuesto, contrataciones, proyectos de inversión, arbitrajes y ejecución de obras públicas. Analistas consideran que esta participación suele anticipar los futuros nombramientos ministeriales, ya que quienes lideran la transferencia terminan ocupando cargos de confianza en el nuevo gobierno. (Rumbo Minero)

Las críticas también alcanzan al criterio utilizado para la selección de los equipos. El programa La Encerrona y otros medios señalaron que entre los designados existen personas investigadas por presuntos actos de corrupción, casos relacionados con la desaparición de evidencias, denuncias por favorecimiento y hasta exfuncionarios vinculados a episodios emblemáticos de la política peruana, lo que ha alimentado el debate sobre si la transición representa una renovación técnica o el retorno de antiguos cuadros políticos. (La República)

Desde Fuerza Popular no han respondido individualmente a los cuestionamientos y sostienen que las designaciones obedecen a criterios de experiencia y capacidad técnica para garantizar una transferencia ordenada. No obstante, la expectativa ahora se concentra en la conformación del primer Consejo de Ministros, ya que varios integrantes de las comisiones son considerados favoritos para asumir carteras como Economía, Interior, Energía y Minas, Transportes, Salud y Producción. Su eventual nombramiento marcará una de las primeras pruebas de credibilidad y transparencia del gobierno que iniciará funciones el próximo 28 de julio. (Rumbo Minero)

Cercado de Lima, 9 de julio 2026.- La discusión del proyecto que busca mejorar los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político y presupuestal en el Congreso de la República. Miles de servidores públicos agrupados en sindicatos nacionales mantienen la presión para que se reconozca el pago completo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las gratificaciones equivalentes a una remuneración íntegra, rechazando cualquier esquema que postergue estos beneficios durante varios años.

El principal punto de controversia surgió tras conocerse una propuesta de trabajo debatida en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que planteaba una aplicación progresiva de estos derechos laborales. Según la iniciativa discutida, el reconocimiento de la CTS y las gratificaciones comenzaría con un 10% durante el presente año, alcanzando el 100% recién en el año 2030. Para los gremios estatales, este cronograma mantiene la desigualdad entre trabajadores del propio Estado y prolonga una situación que consideran discriminatoria frente a otros regímenes laborales públicos.

Las organizaciones sindicales, que representan a trabajadores CAS de sectores como Salud, Educación, gobiernos regionales, municipalidades y entidades administrativas, sostienen que la implementación debe realizarse en un plazo considerablemente menor. Argumentan que miles de servidores cumplen funciones permanentes desde hace varios años sin acceder plenamente a beneficios laborales equivalentes a los de otros trabajadores estatales, pese a desempeñar labores esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.

La presión también se refleja en las calles. Diversas federaciones nacionales han realizado plantones y movilizaciones frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso de la República para exigir una solución durante el debate legislativo. En paralelo, dirigentes sindicales mantienen reuniones con congresistas y representantes técnicos con el objetivo de incorporar modificaciones al texto sustitutorio antes de que la iniciativa retorne a discusión en la Comisión Permanente.

En las regiones, el escenario también comienza a tensarse. En Cusco, Arequipa y Puno, sindicatos de trabajadores de salud y educación han advertido que podrían convocar paros preventivos si se mantiene la progresividad hasta 2030 para el pago íntegro de la CTS y las gratificaciones. Los dirigentes sostienen que el incremento del costo de vida y las condiciones económicas en las zonas altoandinas hacen urgente acelerar el reconocimiento de estos derechos laborales.

Situaciones similares se reportan en Junín y Ayacucho, donde gremios del sector educación y trabajadores de municipios provinciales permanecen en asamblea permanente. Entre sus demandas figura que los recursos provenientes de los saldos de balance regionales, considerados dentro del debate del crédito suplementario y de la descentralización financiera, incluyan partidas de contingencia destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal contratado bajo el régimen CAS.

Mientras el Congreso mantiene en cuarto intermedio el análisis del proyecto y el Ejecutivo evalúa su viabilidad presupuestal, la expectativa se centra en encontrar una fórmula financiera que permita acelerar el reconocimiento de estos beneficios sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas. La decisión que adopten la Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista Alejandro Soto, y el Ministerio de Economía y Finanzas será determinante para definir si miles de trabajadores CAS logran una mejora inmediata de sus derechos laborales o si el conflicto social continúa escalando en las próximas semanas.

Lima, 09 de julio 2026.- La Comisión Permanente del Congreso ingresó a una etapa decisiva en el análisis del Proyecto de Ley N.º 14799/2025-PE, mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita la aprobación de un crédito suplementario superior a los S/ 9,596 millones para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de servicios esenciales del Estado, evitar la paralización de obras en ejecución y asegurar los recursos logísticos para las Elecciones Regionales y Municipales. Tras más de dos horas de intenso debate, la sesión fue suspendida mediante un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio que permita alcanzar consensos políticos.

El pedido fue formulado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), quien explicó que durante el cuarto intermedio se trabajará de manera coordinada con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El propósito es incorporar diversas demandas planteadas por congresistas de distintas regiones sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas ni alterar la sostenibilidad fiscal del Estado.

El proyecto contempla dos grandes fuentes de financiamiento. La primera corresponde a S/ 5,435 millones, que serán incorporados por los gobiernos regionales y locales mediante saldos de balance y mayores ingresos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, conforme al artículo 27 de la iniciativa legislativa. La segunda comprende S/ 4,160 millones provenientes del Gobierno Central, de los cuales S/ 2,900 millones serán financiados con Recursos Ordinarios del Tesoro Público y S/ 1,260 millones mediante la emisión interna de bonos soberanos.

Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la situación de los trabajadores sujetos al régimen CAS. Durante el debate, diversos parlamentarios cuestionaron la eliminación de una disposición del dictamen original que establecía una implementación progresiva del pago del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las gratificaciones, iniciando con un reconocimiento del 10 % y extendiendo el proceso hasta el año 2030. Legisladores y representantes de gremios consideraron excesivo ese plazo, por lo que solicitaron una alternativa financiera que permita acelerar el reconocimiento de estos beneficios laborales.

Otro punto de fuerte discusión estuvo relacionado con la transparencia en la distribución de los recursos destinados a gobiernos locales. Diversos congresistas exigieron al MEF detallar con precisión qué municipalidades serán beneficiadas y cuáles serán las obras específicas que recibirán financiamiento, rechazando asignaciones bajo conceptos generales como «proyectos de desarrollo local». Los legisladores demandaron que el presupuesto identifique claramente proyectos de infraestructura educativa, saneamiento, puentes, carreteras y sistemas de agua potable para garantizar un adecuado control del gasto público.

En paralelo, especialistas en materia económica y organismos vinculados al control del gasto público han advertido sobre la necesidad de sustentar técnicamente cada una de las partidas incluidas en el crédito suplementario. Los analistas sostienen que, si bien la inyección de recursos resulta necesaria para mantener la ejecución de inversiones y servicios del Estado, también debe preservarse la disciplina fiscal, especialmente en un contexto de transición hacia un nuevo gobierno y de mayores exigencias presupuestales para el proceso electoral.

La Comisión Permanente mantiene facultades legislativas delegadas para debatir y aprobar esta iniciativa antes de que concluya el actual periodo legislativo. El resultado de las negociaciones durante el cuarto intermedio será determinante para definir si el Congreso autoriza uno de los mayores créditos suplementarios de los últimos años, una decisión que impactará directamente en la ejecución de obras públicas, la gestión de los gobiernos regionales y municipales, así como en la organización de las próximas elecciones en el país.