Coracora, Ayacucho, 20 de agosto de 2026.- Un sismo de magnitud 7.2 remeció este jueves el sur andino del Perú a las 13:00:16 horas, con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una profundidad de 108 kilómetros e intensidad III-IV en Coracora.

El movimiento se sintió en varias regiones

El fuerte movimiento fue percibido en los ocho distritos de Parinacochas, entre ellos Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco y Upahuacho. También fue sentido en zonas de Apurímac, Ica y Moquegua, incluyendo Abancay y Nazca, de acuerdo con el reporte preliminar del COEN-INDECI.

Sin víctimas, pero continúa la evaluación

Hasta el primer balance oficial difundido por el COEN, no se reportaban daños a la vida o salud de las personas. Las oficinas de gestión del riesgo de desastres de los municipios desplegaron personal para verificar posibles afectaciones en viviendas, vías y otras infraestructuras, por lo que el balance podría cambiar conforme avance la evaluación en las comunidades más cercanas al epicentro.

La situación genera especial preocupación en las zonas rurales de Parinacochas, donde una parte importante de las viviendas está construida con adobe y calamina, materiales que pueden presentar mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos. Autoridades locales advirtieron que la prioridad es llegar a los anexos y poblados ubicados al norte de Coracora para determinar si existen viviendas afectadas.

Nazca reporta interrupción eléctrica

El impacto del sismo también alcanzó la región Ica. El COEN informó preliminarmente una interrupción del servicio eléctrico en la provincia de Nazca, que dejó a unos 6.000 usuarios sin suministro mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. En Ica, Apurímac y Ayacucho, los gobiernos locales continuaban monitoreando la situación sin reportar, hasta ese momento, daños adicionales.

La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento telúrico. La evaluación resulta relevante por la magnitud del evento, aunque su epicentro se ubicó en territorio continental y a considerable profundidad.

El peligro no termina con el primer movimiento

Defensa Civil recomendó a la población mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, evitar ascensores y utilizar mensajes de texto para reducir la saturación de las redes de comunicación. Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de réplicas, mientras brigadas municipales y regionales continúan desplazándose hacia las zonas rurales.

El terremoto vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de las poblaciones altoandinas y la necesidad de que la evaluación no se limite a las capitales provinciales. El primer reporte no registra víctimas, pero la emergencia todavía no está cerrada: falta conocer el estado real de las viviendas y comunidades próximas al epicentro. El desafío para el Estado es llegar antes que una eventual réplica y garantizar que ninguna población quede aislada o sin asistencia.

Lima, 20 de agosto de 2026.- La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización del transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las propuestas que aseguran haber presentado.

El reclamo: seguridad para trabajar

Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.

Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.

Una violencia que ya deja víctimas

La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.

Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.

El paro todavía puede evitarse

La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.

El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.

La Libertad, 19 de agosto de 2026.- Trabajadores de la agroexportadora Hortifrut mantienen desde hace dos días una protesta en el distrito de Chao, provincia de Virú, contra cambios en sus horarios laborales que, según denuncian, alteran su rutina diaria y afectan la organización de sus responsabilidades familiares. La movilización comenzó el lunes 17 de agosto frente a las instalaciones de la empresa.

Los trabajadores reclaman que se respeten acuerdos que, según sostienen, habían sido establecidos previamente con la empresa. El cambio de horarios se ha convertido así en el principal punto de una disputa laboral que enfrenta a los trabajadores con la administración de una de las empresas agroexportadoras que opera en el valle de Chao.

A este reclamo se suman denuncias de intimidación durante el desarrollo de la protesta. Los trabajadores también exigen información y explicaciones por la presunta detención de Nelson Alvarado, José Chulín y Luis Pardo, a quienes identifican como trabajadores vinculados a la movilización, y demandan su inmediata liberación.

El conflicto coloca nuevamente bajo la lupa las relaciones laborales en el sector agroexportador de La Libertad, donde los cambios en jornadas y condiciones de trabajo pueden tener consecuencias que van más allá del centro laboral. Para los trabajadores, modificar los horarios significa alterar también los tiempos de traslado, descanso y convivencia familiar.

Hortifrut, por su parte, establece en su Código de Conducta Ética que cumple las jornadas laborales previstas por la legislación de cada país y que las horas extraordinarias deben realizarse voluntariamente y dentro de los límites legales. El mismo documento señala que la empresa no utiliza medidas coercitivas o de presión para obligar a sus trabajadores a prestar servicios.

La protesta también pone a prueba los mecanismos de diálogo y fiscalización laboral. Hortifrut Perú cuenta con una estructura de relaciones laborales que contempla la atención de reclamos, negociación con el sindicato y participación en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y Sunafil. Ante las denuncias actuales, corresponde determinar qué ocurrió con las personas señaladas y si la modificación de horarios respetó los procedimientos y derechos laborales aplicables.

El conflicto sigue abierto y los trabajadores exigen una solución que permita recuperar sus horarios anteriores, evitar actos de intimidación y esclarecer las presuntas detenciones. La disputa en Hortifrut ya no se reduce a un cambio de horario: plantea una pregunta mayor sobre los límites de las decisiones empresariales y la protección efectiva de los derechos laborales en la agroexportación peruana.