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El Capitalismo Salvaje de Trump: Deportaciones Masivas y el Desprecio por la Vida Latina

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En el corazón del sistema capitalista estadounidense, bajo la segunda administración de Donald Trump, late un pulso de explotación y descarte humano que se manifiesta en las políticas migratorias más brutales de la historia reciente. Desde enero de 2025, Trump ha transformado la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una maquinaria fascista, racista y clasista, diseñada no solo para expulsar a millones, sino para perpetuar un modelo económico donde los migrantes latinos son mano de obra barata hasta que dejan de ser útiles. Este “capitalismo con esteroides” prioriza los intereses corporativos sobre los derechos humanos, dejando un rastro de muertes, detenciones y devastación económica que afecta directamente a peruanos, venezolanos, cubanos, colombianos y toda América Latina. Los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y organizaciones independientes revelan una realidad cruda: un genocidio administrativo disfrazado de “seguridad nacional”.

Trump prometió “hacer América grande de nuevo”, pero su visión es una distopía donde los latinos pagan el precio de un sistema que los explota y luego los desecha. En 2025, ICE registró 32 muertes en custodia, el año más letal en dos décadas, igualando el récord de 2004, con causas que incluyen negligencia médica, suicidios y al menos un homicidio confirmado. Solo en las primeras semanas de 2026, se sumaron al menos seis muertes más, incluyendo casos en instalaciones como Fort Bliss en Texas, donde las condiciones son descritas por ONGs como “tortura sistemática”: aislamiento prolongado, hacinamiento y abusos físicos. Estas no son anomalías; son el resultado directo de una expansión masiva de ICE, cuyo presupuesto se disparó a $45 mil millones, triplicando las camas de detención y elevando la población diaria a un récord de 73,000 personas, un aumento del 75% desde inicios de 2025.

Las deportaciones son el eje de esta crueldad capitalista: más de 675,000 expulsiones forzadas y 2.2 millones de “autodeportaciones” por miedo, totalizando casi 3 millones de salidas en el primer año de Trump. Los arrestos se cuadruplicaron, con redadas callejeras multiplicadas por once, enfocadas en un 75% en personas sin antecedentes penales. Estados como Texas, California y Florida concentran la incidencia, con Texas liderando en detenciones (hasta 30,000 en picos) y muertes, seguido por Florida con denuncias de tortura en centros como Krome y Alligator Alcatraz. Incluso ciudadanos estadounidenses han sido víctimas: al menos tres muertos por disparos de ICE, como Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis, y detenciones erróneas de cientos de latinos nacidos en EE.UU.

El impacto en latinoamericanos es desproporcionado y revela el clasismo inherente al capitalismo trumpista. Venezolanos, el grupo más golpeado, perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 616,000 personas y el parole humanitario CHNV, lo que disparó sus detenciones 14 veces y deportaciones en miles, incluyendo envíos a prisiones salvadoreñas donde sufren torturas. Cubanos enfrentan más de 1,600 deportaciones en 2025, duplicando cifras previas, mientras colombianos ven aumentos del 40% en arrestos. En Perú, aunque en menor escala, miles de connacionales han sido afectados por redadas generales, con impactos en remesas que sostienen familias enteras. Este no es control migratorio; es una purga étnica que beneficia a corporaciones: migrantes latinos impulsaron el crecimiento laboral post-pandemia, pero ahora, con migración neta negativa por primera vez en 50 años, la economía sufre caídas en sectores como agricultura, construcción y hospitalidad, con pérdidas de $60-110 mil millones en consumo para 2025-2026.

Bajo Trump, el capitalismo se despoja de máscaras: políticas económicas como aranceles y desregulación benefician a elites mientras latinos, que representan el 20% de la fuerza laboral, ven sus comunidades devastadas. Encuestas muestran que el 65% de latinos desaprueba las políticas migratorias de Trump, el 61% dice que empeoraron la economía, y el 78% cree que dañan directamente a hispanos. Pequeños negocios latinos caen un 20% en ventas en áreas como South Florida, y la fuerza laboral en California se contrajo 3.1%, la mayor desde la Gran Recesión. Project 2025, el blueprint republicano, agrava esto al eliminar DEI y promover deportaciones masivas, erosionando derechos civiles y perpetuando desigualdades.

Este sistema no es sostenible ni humano; es un vampirismo capitalista que succiona vidas latinas para engordar ganancias corporativas. En Perú y Latinoamérica, debemos alzar la voz: estas políticas no solo destruyen familias, sino que debilitan nuestras economías dependientes de remesas y diplomacia. Trump no “salva” América; la envenena con racismo institucionalizado. Es hora de resistir, denunciar y construir alternativas solidarias. El futuro de nuestros pueblos no puede depender de un tirano en Washington.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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