Lima, 29 de mayo 2026.- La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el Congreso de la República y ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público. La decisión fue emitida el 28 de mayo de 2026 dentro del Expediente N.º 02530-2025-0-1801-SP-DC-03.

Como parte del fallo, el colegiado declaró inaplicables para la demandante los efectos de las Resoluciones Legislativas del Congreso N.º 008-2025-2026-CR y N.º 007-2025-2026-CR, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2025. La medida judicial restituye a Espinoza su condición de fiscal suprema titular dentro del Ministerio Público.

No obstante, la resolución precisa que esta restitución no implica su retorno al cargo de Fiscal de la Nación, función que ejerció entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 antes de ser apartada. Asimismo, los magistrados señalaron que la reincorporación procederá siempre que no exista una resolución administrativa, judicial o de otra naturaleza que disponga lo contrario.

Pese al pronunciamiento judicial, la decisión aún no puede ejecutarse de manera inmediata. Esto se debe a que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que el Congreso aún tiene la posibilidad de presentar una apelación para que el caso sea revisado en una instancia superior.

Delia Espinoza fue destituida el 23 de enero de 2026, luego de que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera por unanimidad apartarla del Ministerio Público por incurrir en faltas consideradas «muy graves», relacionadas con el incumplimiento de una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Actualmente, Espinoza se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima, cargo obtenido tras imponerse en elecciones de segunda vuelta.

El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este jueves la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, donde supervisó los avances de un acuerdo de cooperación agrícola con la empresa vietnamita Agri-VMA, orientado al fortalecimiento de la producción de arroz en la isla.

Según cifras oficiales, el proyecto registra rendimientos de hasta 9 toneladas por hectárea, un nivel que las autoridades califican como poco habitual en el contexto productivo reciente del país. Hasta el momento se han sembrado más de 800 hectáreas, mientras que la meta es alcanzar 1 700 hectáreas y lograr una cosecha estimada de 14 000 toneladas.

La iniciativa combina maquinaria, tecnología y asistencia técnica vietnamita con infraestructura y mano de obra cubana. El Gobierno cubano presenta este modelo de cooperación como una alternativa para reducir las importaciones de arroz —uno de los principales productos de la dieta nacional, que aún se adquiere en grandes volúmenes en el exterior— y dinamizar el empleo en el sector agropecuario.

Durante el recorrido, Díaz-Canel afirmó que el proyecto representa un ejemplo de “prosperidad productiva”, al vincular producción, empleo e ingresos para las comunidades involucradas. Las autoridades también reconocieron afectaciones derivadas del déficit energético y de las recientes lluvias, aunque señalaron que las operaciones agrícolas continúan activas.

Cuba destina una parte significativa de sus divisas a la importación de alimentos, incluido el arroz. En ese escenario, proyectos de cooperación como el desarrollado en Los Palacios buscan aliviar la presión sobre las reservas externas del país, aunque su impacto dependerá de la capacidad de expansión, la sostenibilidad del acuerdo y la disponibilidad de insumos para mantener la producción.

Lima, mayo de 2026.- El Perú llega a la segunda vuelta del próximo 7 de junio en medio de una de las etapas de mayor desgaste institucional y fractura social de las últimas décadas. La oficialización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que confirma a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como finalistas de la contienda presidencial para el periodo 2026-2031, no ha hecho más que formalizar la crisis de representación que atraviesa el país.

La primera vuelta dejó un mapa político fragmentado y un electorado exhausto. En una elección marcada por la dispersión de más de 40 organizaciones políticas, Fujimori avanzó con apenas el 17.19% de los votos válidos, mientras Sánchez obtuvo el 12.04%. Juntos no alcanzan siquiera a representar a un tercio del padrón nacional. El resto se diluyó entre el ausentismo, los votos blancos y los sufragios viciados, en una señal inequívoca del profundo desencanto ciudadano con el sistema político.

Las cifras sociales refuerzan ese clima de deterioro. La pobreza monetaria permanece por encima del 29%, la anemia infantil afecta al 43% de los niños menores de cinco años y la informalidad laboral alcanza al 73% de la población económicamente activa. Sobre esa precariedad estructural se edifican ahora dos proyectos de país profundamente contrapuestos.

Dos visiones para un país en crisis

El debate presidencial del 31 de mayo, programado en el Centro de Convenciones de Lima, confrontará dos diagnósticos distintos sobre el colapso peruano y dos rutas opuestas para intentar revertirlo.

Keiko Fujimori ha centrado su campaña en la idea del “Capitalismo Popular”, una propuesta que busca enfrentar la informalidad mediante incentivos tributarios, simplificación administrativa para las micro y pequeñas empresas y mecanismos de formalización acelerada para sectores como la minería artesanal. Frente al deterioro económico en las periferias urbanas, plantea además programas de compras estatales descentralizadas para abastecer ollas comunes y comedores populares. En materia de seguridad, apuesta por una estrategia de “mano dura” que incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para enfrentar la expansión de la extorsión y el sicariato.

Roberto Sánchez, en cambio, interpreta el deterioro social como evidencia del agotamiento definitivo del modelo económico instaurado en las últimas décadas. Su principal propuesta económica es un incremento inmediato del sueldo mínimo a S/ 1,500, acompañado por la creación del programa “Pensión 60”, orientado a brindar cobertura previsional universal a millones de trabajadores informales excluidos del sistema. Para financiar estas medidas, plantea una reforma tributaria progresiva y la renegociación de contratos extractivos. Asimismo, promete elevar gradualmente el presupuesto educativo hasta el 10% del PBI y garantizar el ingreso libre a las universidades públicas.

Un gobierno bajo asedio

Quien asuma la presidencia el próximo 28 de julio heredará un escenario de extrema fragilidad. El retorno a la bicameralidad ha configurado un Congreso altamente fragmentado, compuesto por bancadas sin cohesión y alianzas inestables, lo que anticipa un Ejecutivo permanentemente expuesto a bloqueos legislativos, crisis ministeriales y nuevos intentos de vacancia.

En ese contexto, los sectores más radicales de ambos extremos ideológicos ya comienzan a perfilar el escenario post-electoral.

En la derecha, grupos ultraconservadores y corrientes alineadas con discursos de seguridad extrema —que quedaron políticamente huérfanos tras la derrota de Rafael López Aliaga en primera vuelta— observan con creciente desconfianza las concesiones moderadas de Fujimori para reducir su antivoto. Si la criminalidad no retrocede rápidamente, estos sectores podrían impulsar una agenda de endurecimiento autoritario basada en restricciones de derechos y militarización del orden interno, inspirada en modelos de control territorial similares al de Nayib Bukele en El Salvador.

En la izquierda radical, dirigentes del corredor minero del sur y organizaciones indígenas amazónicas consideran insuficientes las propuestas reformistas de Roberto Sánchez. Diversos frentes regionales advierten que, si no se impulsa una Asamblea Constituyente ni se revisan los megaproyectos extractivos cuestionados por conflictos socioambientales, desconocerán la legitimidad del futuro gobierno. Para estos sectores, las elecciones no representan el cierre de la crisis, sino el inicio de una nueva etapa de movilización permanente, bloqueos y presión territorial.

La desobediencia silenciosa

Sin embargo, el mayor desafío para la democracia peruana podría no provenir de los extremos visibles, sino del progresivo repliegue ciudadano frente al Estado. Mientras la clase política disputa el poder, millones de peruanos han comenzado a desconectarse de las instituciones formales, convencidos de que ninguna opción garantiza seguridad, empleo ni servicios básicos.

La expansión de las economías ilegales, el avance de mecanismos de justicia comunal ante la ineficacia policial y el creciente rechazo a financiar un aparato estatal percibido como corrupto reflejan una forma de desobediencia silenciosa que erosiona lentamente la legitimidad republicana.

Sea cual sea el resultado del balotaje, el próximo gobierno no recibirá un mandato de transformación sólida, sino la administración de una crisis estructural marcada por la precariedad, el miedo y la desconfianza. En el Perú de 2026, el principal riesgo para la democracia ya no es únicamente la confrontación entre derecha e izquierda, sino la pérdida progresiva de sentido del propio sistema político para la supervivencia cotidiana de sus ciudadanos.