Junín, 8 de agosto 2026.- Las comunidades campesinas de Junín han vuelto a poner en el centro del debate la defensa del agua frente a la actividad minera. En Concepción, la Comunidad Campesina de Mariscal Castilla mantiene sus denuncias contra actividades vinculadas a Chaska II, a las que atribuye una presunta contaminación del río Tulumayo y operaciones que considera no autorizadas. El caso fue incorporado por la Defensoría del Pueblo como conflicto socioambiental en enero de 2026, aunque las denuncias comenzaron en 2025, cuando los comuneros exigieron fiscalización, evaluación de la calidad del agua y suspensión de las actividades cuestionadas.

El conflicto se agravó con la emergencia del río Yuracyacu, en Pariahuanca. A fines de abril murieron cerca de 120 toneladas de truchas en siete criaderos, ocasionando pérdidas estimadas entre 5 y 6 millones de dólares. Dos semanas después, un análisis químico-toxicológico de la Policía Nacional confirmó la presencia de cianuro en el agua y en las truchas muertas y descartó otros agentes tóxicos como pesticidas y raticidas. Las autoridades inspeccionaron la unidad minera Oro Negro, inscrita en el REINFO y ubicada en la parte alta de la cuenca, y se mantuvo la prohibición de utilizar el agua del río para consumo humano, riego y piscicultura.

La magnitud del problema llevó a los dirigentes de Pariahuanca hasta Lima, a comienzos de junio, para exigir sanciones y remediación. Según cifras del propio Gobierno Regional de Junín, en la cabecera del Yuracyacu existirían 18 concesiones mineras tituladas, 16 en trámite y 6 inscritas en el REINFO. Para las comunidades, el problema ya no sería únicamente una operación minera, sino el riesgo de que múltiples actividades extractivas comprometan las fuentes de agua de toda la cuenca.

El 18 de junio, alrededor de 500 pobladores, según la posterior disposición fiscal, bloquearon los accesos al Gobierno Regional de Junín para exigir una reunión con el gobernador Zósimo Cárdenas. La Policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos, pero la protesta continuó durante más de 30 horas, hasta que representantes de las comunidades suscribieron un acta de compromisos con la vicegobernadora Milagros Inche. Cárdenas, que no estuvo presencialmente, ratificó los acuerdos por vía telefónica.

Entre los compromisos figuraba impulsar una ordenanza regional para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, además de revisar concesiones mineras y registros REINFO, fortalecer la vigilancia sanitaria y apoyar a los piscicultores afectados. Sin embargo, la promesa encontró un freno en el propio Consejo Regional de Junín. A comienzos de julio, solo tres consejeros respaldaron su aprobación inmediata y la mayoría decidió enviarla durante 30 días adicionales a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la espera de informes de la ANA, MINAM y SERNANP.

La sesión estuvo marcada además por la intervención de abogados que se presentaron como representantes de empresas mineras de la zona, entre ellas Oro Negro. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, cuestionó la postergación y señaló que la intervención privada generó dudas entre los consejeros, pese a que el equipo técnico había calificado la protección de las cabeceras como un asunto urgente y emergente. Así, más de un mes después del acuerdo con las comunidades, la protección formal de las cuencas continúa pendiente.

La respuesta estatal también abrió otro frente. Semanas después de la protesta, la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo inició una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes por el bloqueo de los accesos al Gobierno Regional. Para las organizaciones campesinas, la situación resulta preocupante: mientras los dirigentes que protestaron son investigados, hasta la fecha no existen responsables identificados por la contaminación con cianuro denunciada en el Yuracyacu.

El problema alcanza también al Gobierno Nacional. En mayo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso abordó formalmente la contaminación del Yuracyacu y solicitó informes al OEFA y la ANA. La comisión calificó el hecho como una tragedia ambiental y cuestionó que ninguna autoridad hubiera asumido hasta entonces responsabilidad política o administrativa. En paralelo, la Defensoría ya había advertido desde 2025 la necesidad de una supervisión conjunta en el Tulumayo con participación de la DREM Junín, la autoridad del agua, la municipalidad y representantes comunales, diligencia que fue reprogramada por problemas de notificación a la empresa.

Tulumayo y Yuracyacu muestran así un conflicto que crece más allá de una comunidad y una empresa: las organizaciones campesinas están defendiendo las cabeceras de cuenca como fuente de agua, agricultura y vida. Mientras el Consejo Regional posterga la ordenanza, la Fiscalía investiga a dirigentes y el Gobierno Nacional continúa procesando informes y pedidos institucionales, las comunidades exigen algo concreto: que el Estado fiscalice antes de que tengan que salir a protestar y que proteja el agua antes de que el daño sea irreversible. Para los pueblos de Junín, el mensaje es claro: “Primero el agua. Después discutimos la minería”.

Lima, 17 de julio de 2026.– El Poder Judicial absolvió a la diputada electa por Cajamarca, Yenifer Paredes Navarro, y a Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso penal que afrontaban por el denominado caso Anguía, investigación originada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y por su presunta participación en una organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado desde el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Castillo. La decisión judicial marca uno de los fallos más relevantes derivados de las investigaciones iniciadas tras la caída del exmandatario.

De acuerdo con la resolución, el colegiado concluyó que durante el juicio oral el Ministerio Público no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ambas procesadas respecto de los delitos imputados. La Fiscalía sostenía que la presunta red habría favorecido, mediante licitaciones direccionadas, a empresas vinculadas al entonces alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros investigados, para la ejecución de proyectos de saneamiento en Cajamarca, Amazonas y Lima.

Yenifer Paredes, quien fue criada por Pedro Castillo y Lilia Paredes tras el fallecimiento de su madre, alcanzó recientemente una curul por Cajamarca con Juntos por el Perú. Su nombre cobró notoriedad en 2022 luego de que la Fiscalía la investigara por presuntamente ofrecer proyectos de saneamiento en representación de la Municipalidad de Chadín, hecho que dio origen a una serie de diligencias que posteriormente se incorporaron a las investigaciones del caso Anguía.

En tanto, Lilia Paredes permanece asilada en México junto a parte de su familia desde diciembre de 2022. La Fiscalía la sindicó como presunta integrante de la organización criminal que habría captado funcionarios y direccionado contrataciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo, imputaciones que la ex primera dama rechazó en todo momento alegando persecución política. Días antes de este fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional había ordenado al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria del caso al considerar vencidos los plazos legales para seguir investigando.

La absolución representa un duro revés para la estrategia del Ministerio Público en uno de los expedientes de mayor impacto político derivados del gobierno de Pedro Castillo. No obstante, la decisión aún podría ser impugnada mediante recurso de apelación, por lo que el proceso no necesariamente ha quedado concluido de manera definitiva.

El fallo se conoce en un escenario de alta tensión política, pocos días después de las elecciones generales y durante el proceso de transferencia de gobierno entre el presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori. Para analistas constitucionales, la resolución reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones fiscales en casos de corrupción y vuelve a poner bajo escrutinio la actuación del sistema de justicia en procesos de alta sensibilidad política.

La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.