Lima, 13 de agosto de 2026. El Gobierno de Keiko Fujimori acaba de crear, mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, con vigencia durante 2026 y 2027. La norma la define como órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones ante el peligro inminente y las etapas de preparación y respuesta. La comisión será presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego e integrada por Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

El problema es que el Perú no carece de instituciones ni de comisiones para enfrentar El Niño. Desde 1977 funciona el ENFEN, organismo científico y técnico permanente encargado de estudiar, monitorear y alertar sobre el fenómeno; además, el país cuenta con el SINAGERD, creado como un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, cuya conducción corresponde a la PCM. La propia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 establece que la prevención y reducción del riesgo deben articular a los distintos sectores y niveles de gobierno.

La experiencia más reciente debería encender todas las alarmas. Después del Niño Costero de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), acompañada de un enorme programa de inversiones. Sin embargo, seis años después, la Contraloría concluyó que el proceso había fracasado en aspectos fundamentales: de unos S/25 mil millones asignados, se habían gastado S/21 mil millones, pero seguían prácticamente pendientes soluciones integrales para las cuencas, defensas ribereñas, represas y reforestación. Más grave aún, de casi 6.000 servicios de control realizados, en 62 % de los casos las entidades no habían tomado acciones correctivas frente a riesgos advertidos.

Y el problema no fue solamente incapacidad de gestión. La Contraloría identificó 845 funcionarios de los tres niveles de gobierno con 1.982 responsabilidades, de las cuales 715 eran de carácter penal, 206 civiles y 1.061 administrativas. Investigaciones periodísticas también documentaron presuntas irregularidades en obras de prevención financiadas por la ARCC; en Piura, por ejemplo, se identificaron 131 funcionarios con presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas y un perjuicio económico estimado en más de S/25,8 millones. Es decir, la reconstrucción dejó una lección incómoda: crear estructuras extraordinarias y movilizar miles de millones no garantiza prevención, calidad ni transparencia.

El balance tampoco mejora cuando se revisa el desempeño más reciente. En julio de 2026, la Contraloría informó que 32 obras vinculadas a la Reconstrucción con Cambios ejecutadas bajo la modalidad Gobierno a Gobierno habían sufrido variaciones de 140,7 % en sus costos y de 332,6 % en sus plazos respecto de lo previsto inicialmente. El antecedente resulta especialmente relevante ahora que el Ejecutivo vuelve a organizar una instancia excepcional para enfrentar El Niño. La pregunta periodística es inevitable: ¿qué mecanismos nuevos de control, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas tendrá esta comisión para impedir que la urgencia vuelva a convertirse en una puerta para sobrecostos, retrasos o responsabilidades que aparecen cuando el desastre ya pasó?

Hay además una alerta institucional que no debería pasar inadvertida. La nueva comisión depende de la Presidencia de la República, pero su conducción efectiva recae en el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que la PCM —ente rector del SINAGERD— no figura como integrante permanente, aunque el presidente del Consejo de Ministros refrenda la resolución. La comisión puede convocar a otros ministros, gobiernos subnacionales y privados, pero esa posibilidad no equivale a una articulación intergubernamental permanente. Esto resulta crítico porque la propia legislación del SINAGERD exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, prevención, reducción del riesgo y participación de actores locales.

La creación de la comisión, por tanto, no es necesariamente una mala decisión; el riesgo está en repetir el modelo de reacción institucional que aparece cuando la amenaza ya está encima. El Gobierno afirma que existen unos 1.900 puntos críticos y que inicialmente priorizará 569, mientras ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y la propia resolución advierte una posible magnitud fuerte y sin descartar un escenario extraordinario hacia finales de 2026. El verdadero examen para Keiko Fujimori no será cuántas comisiones crea, sino si logra convertir información científica en prevención territorial, coordinar efectivamente con regiones y municipios, ejecutar obras técnicamente sólidas, proteger los recursos públicos y evitar que la historia de la Reconstrucción con Cambios vuelva a repetirse. El Perú no necesita otra comisión que llegue después del desastre: necesita un Estado que llegue antes.

Bogota, 11 de agosto de 2026.- Colombia enfrenta una grave emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo confirmó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también en Panamá y Venezuela.

El número de víctimas ha aumentado conforme los equipos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. El balance más reciente disponible este martes 11 de agosto eleva a al menos 224 las personas fallecidas, mientras los reportes periodísticos dan cuenta de cientos de heridos. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en diferentes municipios.

La emergencia también dejó una importante destrucción material. El balance difundido durante la jornada reportó 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en establecimientos educativos, centros de salud, vías de comunicación y terminales aeroportuarias. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, junto con municipios de Chocó, aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

El terremoto fue sentido con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Popayán y Quibdó, entre otras ciudades. En distintas localidades se produjeron evacuaciones y daños en edificaciones. También se reportaron afectaciones en infraestructura aeroportuaria y en instalaciones públicas, mientras organismos de socorro y autoridades locales inspeccionan estructuras para determinar cuáles pueden continuar operativas y cuáles representan riesgo para la población.

La actividad sísmica continuó después del movimiento principal. El SGC informó inicialmente de 18 réplicas, registradas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Posteriormente se contabilizaron muchas más, por lo que el organismo advirtió que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El SGC también precisó que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo o una réplica.

El Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta y desplegó equipos de búsqueda y rescate hacia los sectores afectados. Las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas, atender a los heridos, evaluar edificaciones, garantizar la atención hospitalaria y restablecer servicios e infraestructura afectados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de consolidar los reportes oficiales de daños y coordinar la respuesta frente a la emergencia, mientras el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

El SGC explicó que el terremoto se produjo en una región donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica del occidente colombiano. Aunque el movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, su elevada magnitud permitió que fuera percibido en un territorio muy amplio. El organismo pidió a la población mantener la calma, alejarse de edificaciones dañadas y seguir exclusivamente las informaciones de las autoridades competentes.

La emergencia permanece abierta y el balance de víctimas y daños puede seguir modificándose. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades avanzan en la evaluación de viviendas, hospitales, colegios, carreteras y demás infraestructura afectada. El terremoto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades colombianas frente a eventos sísmicos de gran magnitud y la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres.

Espinar, 9 de agosto de 2026.– A 4.500 metros de altura, donde el agua vale más que el mineral, una inversión de US$ 1.800 millones reavivó una disputa de más de diez años. La Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Coroccohuayco, aprobada el 20 de mayo de 2026 por el SENACE mediante la Resolución Directoral N.° 00079-2026-SENACE-PE/DEAR, no cerró el debate: lo intensificó. El proyecto de Compañía Minera Antapaccay S.A. (Glencore) busca elevar la producción del clúster a 300.000 toneladas de cobre anuales y extender la operación hasta 2040, pero las comunidades de Pallpata, Condoroma, Ocoruro y Alto Pichigua ven en esta aprobación una nueva etapa de un litigio sin resolver.

Coroccohuayco se ubica a 10 kilómetros de la operación actual de Antapaccay, dentro del complejo minero Antapaccay–Tintaya, y contempla tajo abierto, labores subterráneas, modificaciones en los tajos norte y sur de Tintaya, ampliación de botaderos y reactivación de componentes existentes. Glencore destaca que la integración permitirá aprovechar infraestructura existente y evitar una nueva planta concentradora. Los números que maneja la empresa son contundentes: más de 4.500 empleos directos actualmente, compras locales superiores a S/ 300 millones en Espinar durante 2024, con un 39% de componente local, y una demanda creciente de operadores, técnicos e ingenieros. Sin embargo, el expediente ambiental y el historial de fiscalización revelan una realidad más compleja.

Para las comunidades, el eje del conflicto no es la inversión: es el agua. Desde la etapa de exploración, comuneros han denunciado la reducción o desaparición de manantes y la aparición de filtraciones vinculadas a perforaciones. En julio de 2021, en una carta dirigida al entonces presidente Francisco Sagasti, reportaron 58 zonas con disminución de caudal o pérdida de manantes y tres áreas de afloramiento de aguas que consideraban potencialmente contaminadas. También denunciaron un túnel desde donde se bombeaba agua hacia camiones mineros, con ruido y afectaciones que, según los comuneros, impactaban en animales y actividades agropecuarias. El propio expediente ambiental reconoce condiciones de suelo predominantemente ácido y una problemática de disponibilidad de agua para riego durante la época seca.

Glencore, por su parte, sostiene que utiliza principalmente agua reciclada y que, en temporada seca, recurre a sumideros para extraer agua. Kalidas Madhavpeddi, presidente del Consejo de Administración, afirmó en 2024 que las comunidades cercanas usan agua de manantial y que, desde la perspectiva de la empresa, no existe relación entre esas fuentes y el agua utilizada por la mina. La compañía también afirma que la calidad del aire es monitoreada constantemente y reportada al Gobierno. Pero entre ambas versiones contrapuestas, hay un organismo de fiscalización que ha documentado problemas concretos.

Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó impactos vinculados con agua, aire y vegetación: líquidos procedentes del Botadero Sur que alcanzaban el río Chalchamayo; niveles de toxicidad en el río Ccoloyo que afectaban la vida acuática; concentraciones elevadas de molibdeno, sulfatos y cobre en vegetación utilizada para alimentar ganado; y superaciones de los estándares ambientales para PM10 en localidades evaluadas. El historial sancionador es extenso: entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción contra Antapaccay, cinco de ellas con multas que sumaron S/ 382.663.

Las decisiones más recientes son las que mayor peso tienen en el debate actual. En 2025 y 2026, el OEFA emitió resoluciones que establecieron responsabilidades administrativas y medidas correctivas. Una de ellas impuso una multa de aproximadamente S/ 5,57 millones por no aplicar medidas destinadas a reducir el impacto del material particulado sobre la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca. El dato es revelador: la discusión sobre Coroccohuayco no ocurre sobre un territorio ambientalmente neutro, sino sobre una zona donde la autoridad fiscalizadora ya ha encontrado impactos, incumplimientos y responsabilidades administrativas.

Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la delimitación del área de influencia directa del proyecto. Dirigentes de Pallpata sostienen que alrededor de diez comunidades no fueron consideradas dentro de esa categoría en la Segunda Modificación del EIA. La distinción no es menor: ser reconocido como parte del área de influencia determina cómo se identifican los impactos ambientales, sociales, económicos y sanitarios, y qué medidas de prevención, mitigación o compensación pueden exigirse. Este reclamo no es nuevo: desde 2018, representantes de distritos como Chorrillo, Huacroyuta, Huarcapata, Pallpata y Canlletera solicitaron al SENACE y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ser incluidos en el área de influencia directa, argumentando su cercanía con el proyecto.

En enero de 2020, más de una docena de comunidades iniciaron un paro exigiendo la nulidad de la resolución que aprobaba la MEIA y cuestionando, entre otros aspectos, el derecho a la consulta previa. La aprobación de mayo de 2026, lejos de apaciguar los ánimos, reactivó la protesta. El componente de derechos colectivos permanece abierto. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la culminación del proceso de consulta previa con la comunidad de Huano Huano, con 24 acuerdos alcanzados después de cinco años de diálogo. Pero otro proceso judicial arrojó un resultado en sentido contrario.

En enero de 2025, la Sala Mixta de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco determinó que Antapaccay y el Estado habían vulnerado derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa relacionados con consulta previa, territorio y autodeterminación. La sentencia no anuló las concesiones mineras, pero ordenó una consulta posterior. Mientras tanto, una acción constitucional presentada por comuneros de Espinar sufrió sucesivas reprogramaciones judiciales entre 2025 y 2026. La justicia, al igual que la administración ambiental, no ha logrado cerrar el conflicto.

La investigación revela un elemento que suele perderse en las narrativas polarizadas: Antapaccay tiene una presencia económica y social significativa en Espinar. Además del empleo y las compras locales, la empresa desarrolla programas sociales. En febrero de 2026 entregó nueve toneladas de compost a la comunidad campesina de Anta Ccollana para apoyar la producción de papa y forraje. Estos programas son valorados por sectores de la población y forman parte de una relación económica construida durante años de operación. Por eso Espinar enfrenta una paradoja difícil de resolver: la misma actividad que representa empleo, ingresos y oportunidades económicas también está asociada a denuncias, sanciones y un conflicto socioambiental que no cede.

Los impactos denunciados abarcan otros componentes. En materia de aire, los informes mencionados registran superaciones de PM10. En el suelo se han señalado procesos de degradación y presencia de metales. La vegetación utilizada para alimentar ganado también aparece en los reportes ambientales, mientras que las comunidades han denunciado mortandad de animales asociada a filtraciones. La expansión de tajos y botaderos implica, además, una transformación física del territorio altoandino, con reducción de espacios de pastoreo y modificaciones del paisaje. A ello se suma un componente social: las comunidades denuncian que cercos y rejas vinculados a la actividad minera han interrumpido caminos tradicionales y limitado el acceso a determinados espacios de pastoreo y fuentes de agua.

Coroccohuayco representa una apuesta de gran magnitud para Glencore y para el sector minero peruano. Pero los US$ 1.800 millones no responden por sí solos a las preguntas que plantean las comunidades. Tampoco las sanciones ambientales demuestran automáticamente que todos los impactos denunciados sean atribuibles a la expansión proyectada: esa relación debe establecerse técnicamente caso por caso. Lo que sí muestran los antecedentes es que existe un conflicto socioambiental previo, documentado y todavía activo, en un territorio donde organismos públicos han encontrado incumplimientos y donde comunidades cuestionan la delimitación del área de influencia y la protección de sus fuentes de agua.

El desafío para el Estado no consiste solo en garantizar que el proyecto cumpla las exigencias formales de su certificación ambiental. Consiste en lograr que la población perciba que las instituciones ambientales, sanitarias, mineras y judiciales actúan con independencia, transparencia y capacidad efectiva de proteger sus derechos. Porque mientras Coroccohuayco promete más cobre, inversión y empleo, Espinar continúa formulando una pregunta mucho más básica: ¿quién garantiza que el desarrollo minero no termine trasladando sus costos ambientales a quienes viven sobre el territorio? La respuesta determinará si Coroccohuayco consigue algo más difícil que una autorización administrativa: una verdadera licencia social para operar.