La intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató protestas en Paraguay. La oposición presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.

Anunción, 4 de noviembre de 2026.- La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank amenaza con convertirse en una de las mayores turbulencias políticas del Gobierno de Santiago Peña. El colapso de la entidad, que afecta a cerca de 2,9 millones de clientes, provocó protestas de ahorristas, cuestionamientos a las autoridades financieras y la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario paraguayo.

La oposición formalizó la acusación el miércoles 4 de noviembre, con el respaldo de 35 diputados, y solicitó convocar a una sesión extraordinaria para debatir la continuidad de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa busca establecer responsabilidades políticas por la crisis bancaria y por los presuntos vínculos entre el Gobierno y el grupo empresarial propietario de la entidad.

El escenario representa un desafío para el Ejecutivo, aunque la salida del presidente todavía no está definida. Para que el juicio político avance, la Cámara de Diputados necesita reunir 53 votos de sus 80 integrantes. Posteriormente, el Senado tendría que alcanzar una mayoría de dos tercios para disponer la destitución.

Ueno Bank: una crisis que golpea a millones de paraguayos

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa financiera.

La decisión dejó fuera de servicio las operaciones de la entidad, incluidas las tarjetas, las aplicaciones digitales y las sucursales. Cerca de tres millones de personas quedaron sin acceso inmediato a sus cuentas, lo que generó incertidumbre entre trabajadores, comerciantes, empresas y ahorristas.

La situación también alcanzó al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, la entidad financiera gestionaba el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Sin embargo, la exposición de esos recursos no significa que los fondos previsionales hayan desaparecido. La situación de las inversiones deberá esclarecerse durante el proceso de resolución y las investigaciones correspondientes.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante. Las autoridades paraguayas también anunciaron medidas para acelerar la devolución de parte de los ahorros y reducir el impacto sobre los usuarios afectados.

Los vínculos de Santiago Peña bajo cuestionamiento

Uno de los principales cuestionamientos políticos apunta a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno. El mandatario fue accionista de ese grupo hasta marzo de 2025, según información difundida por Reuters.

También se encuentra bajo escrutinio la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay, debido a que anteriormente había encabezado Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en banco.

Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis, mientras que las autoridades judiciales iniciaron investigaciones para determinar posibles responsabilidades en el deterioro financiero de la institución.

Los cuestionamientos contra Peña fueron incorporados al pedido de juicio político, que incluye acusaciones de presunto conflicto de intereses, irregularidades regulatorias y exposición de recursos previsionales. Estas imputaciones corresponden a los argumentos de los legisladores que impulsan la destitución y deberán ser examinadas por las instancias correspondientes; no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judiciales demostradas.

Protestas y creciente descontento social

La crisis bancaria también trasladó el conflicto a las calles. En Asunción, ahorristas y ciudadanos afectados protagonizaron manifestaciones para exigir respuestas de las autoridades y reclamar la devolución de su dinero.

Las protestas reflejan la preocupación de miles de familias que utilizaban Ueno Bank para recibir sus salarios, realizar pagos y administrar sus ahorros. Entre los reclamos también aparecieron exigencias de transparencia y responsabilidades políticas por la situación de la entidad.

La indignación social aumentó con las denuncias sobre el uso de recursos públicos y previsionales en operaciones financieras con el banco. La crisis dejó de ser un problema exclusivamente bancario y pasó a convertirse en un cuestionamiento a los mecanismos de supervisión y control del Estado.

¿Está en riesgo la continuidad de Santiago Peña?

La presentación del pedido de juicio político abre un nuevo frente de confrontación para el Gobierno paraguayo. Aunque la oposición consiguió reunir 35 firmas, todavía necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados para formular formalmente la acusación y remitirla al Senado.

El Partido Colorado mantiene una posición mayoritaria en el Congreso, aunque algunos legisladores disidentes respaldaron la iniciativa contra Peña. Ese escenario podría generar tensiones dentro del oficialismo y convertirse en un factor determinante para el futuro político del mandatario.

Mientras tanto, el presidente ha pedido priorizar los intereses de los ahorristas y ha anunciado medidas para acelerar la devolución de los depósitos. También sostuvo que las irregularidades que se determinen deberán ser investigadas y sancionadas.

La crisis de Ueno Bank, sin embargo, ya ha debilitado políticamente al Ejecutivo y puesto bajo presión a las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.

La continuidad de Santiago Peña dependerá ahora de la evolución de las investigaciones, de la respuesta del Gobierno a los afectados y, especialmente, de los votos que consiga la oposición en el Congreso. Lo que comenzó como una crisis bancaria amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad en Paraguay.

La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.

Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas

El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.

Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.

Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.

Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.

El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.

Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación

La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.

La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.

La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.

Los demócratas recuperaron el control del Senado tras una serie de victorias en estados tradicionalmente republicanos. La Cámara de Representantes seguía en disputa este miércoles, mientras el resultado electoral representa un duro revés para Donald Trump y su agenda política.

EEUU, 4 de noviembre de 2026.- El Partido Demócrata logró recuperar el control del Senado de Estados Unidos en las elecciones de medio término celebradas el martes 3 de noviembre. El resultado rompe la mayoría republicana en la Cámara Alta y supone un golpe político para el presidente Donald Trump, cuyo partido defendía el control del Congreso.

La victoria demócrata se construyó con triunfos en estados donde los republicanos habían mantenido posiciones competitivas o históricamente favorables. Entre los resultados más simbólicos figura Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y consiguió que los demócratas recuperaran un escaño senatorial que no controlaban desde hacía décadas. También destacaron las victorias de Sherrod Brown en Ohio y Roy Cooper en Carolina del Norte. AP News+3

La Cámara de Representantes, en cambio, todavía no tenía un resultado definitivo al cierre de esta edición. Los demócratas avanzaban en distritos clave y aparecían bien posicionados para obtener también la mayoría, pero el recuento de votos seguía abierto en varias contiendas. Por ello, la recuperación del Senado ya confirmada no debe confundirse con el control completo del Congreso.

El avance demócrata también alcanzó las gobernaciones. Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en Texas y se convirtió en la primera mujer latina en asumir ese cargo en el estado. Asimismo, Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia, Amy Acton en Ohio y Rob Sand en Iowa, con lo que los demócratas arrebataron a los republicanos varias administraciones estatales.

El voto estuvo marcado por el malestar económico y el cuestionamiento a la gestión presidencial. Según la encuesta electoral de Associated Press, alrededor de tres cuartas partes de los votantes consideraron que la economía atravesaba una situación negativa y cerca de ocho de cada diez señalaron que la inflación había provocado dificultades económicas en sus hogares. El costo de vida y la corrupción gubernamental estuvieron entre los factores decisivos al momento de votar.

El rechazo a Trump también tuvo un peso significativo. La encuesta de AP encontró que aproximadamente cuatro de cada diez electores buscaban expresar su oposición al presidente mediante su voto para el Congreso, mientras que menos de dos de cada diez pretendían manifestarle respaldo. Además, cerca de siete de cada diez consultados consideraron que el Congreso no estaba ejerciendo suficientes controles sobre el poder presidencial.

La nueva mayoría demócrata en el Senado limitará la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante los dos últimos años de su mandato. La Cámara Alta tiene un papel decisivo en la confirmación de jueces y altos funcionarios, además de ejercer funciones de fiscalización. El presidente, por su parte, advirtió que utilizará su poder de veto para bloquear iniciativas demócratas, lo que anticipa un periodo de confrontación y posibles bloqueos legislativos en Washington.

Aunque el resultado del Senado ya fue definido, la disputa por la Cámara de Representantes continúa abierta. La eventual recuperación de ambas cámaras por parte de los demócratas consolidaría el revés electoral republicano y modificaría el equilibrio de poder en Estados Unidos. Por ahora, las elecciones del 3 de noviembre dejan un mensaje político contundente: el control republicano del Senado terminó y el segundo mandato de Trump afrontará una oposición legislativa fortalecida.