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Internacional

Bolivia: Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización

Redactor

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Villa Tunari, 10 de octubre de 2026.- Se reúne organizaciones sociales y representantes internacionales en el Trópico de Cochabamba para debatir una respuesta al Escudo de las Américas, en el Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización, impulsado por RUNASUR. La agenda incluye soberanía, derechos de los pueblos e injerencia extranjera.

El municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, Bolivia, es sede del Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización, una reunión que congrega a delegaciones de ocho países para debatir estrategias de articulación regional frente a las políticas que sus organizadores consideran una amenaza para la soberanía y los derechos de los pueblos.

El encuentro, organizado en el marco de RUNASUR, se desarrolla del 10 al 12 de octubre de 2026 y convoca a representantes de organizaciones sociales, sectores indígenas, movimientos populares y otros actores políticos de la región. Las jornadas buscan establecer una agenda común de trabajo y formular propuestas frente a los desafíos políticos y sociales de América Latina.

Soberanía y descolonización en el centro del debate

La convocatoria plantea fortalecer la unidad de los movimientos sociales, promover la autodeterminación de los pueblos y articular iniciativas contra las distintas formas de dominación política, económica y cultural. Los organizadores sostienen que estos objetivos requieren una mayor coordinación entre las organizaciones populares de los países participantes.

En el mensaje de bienvenida difundido con motivo de la reunión, los promotores expresaron su satisfacción por la llegada de las delegaciones y anunciaron jornadas de trabajo y debate orientadas a construir propuestas conjuntas. La convocatoria también cuestiona lo que califica como una ofensiva neofascista contra los derechos de los pueblos, una interpretación política que forma parte del posicionamiento de los participantes.

Cuestionamientos al Escudo de las Américas

Uno de los principales puntos de controversia es el denominado Escudo de las Américas, una alianza impulsada en marzo de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump junto a gobiernos conservadores de la región, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y fortalecer la cooperación en seguridad.

Desde la perspectiva de los organizadores del encuentro, esta iniciativa representa un riesgo para la soberanía regional y podría facilitar nuevas formas de intervención externa. Por ello, uno de los propósitos de las deliberaciones es definir cómo responder políticamente a la alianza y qué acciones de coordinación pueden impulsar las organizaciones participantes.

La comparación con el Plan Cóndor

El expresidente boliviano Evo Morales, uno de los principales referentes de RUNASUR, cuestionó públicamente el Escudo de las Américas y lo calificó como un «renacimiento del Plan Cóndor». Con esa comparación, Morales establece un paralelismo entre la actual cooperación regional en seguridad y la coordinación represiva que involucró a dictaduras sudamericanas durante las décadas de 1970 y 1980.

La comparación constituye una valoración política del exmandatario y no demuestra, por sí misma, que ambas iniciativas tengan la misma estructura, objetivos o mecanismos de actuación. El debate, sin embargo, refleja la preocupación de sectores de izquierda y organizaciones sociales por las implicaciones de la cooperación en seguridad para los derechos humanos, la soberanía estatal y las libertades políticas.

Mesas de trabajo y propuestas regionales

El programa contempla espacios de análisis y deliberación sobre asuntos relacionados con la soberanía de los pueblos, la injerencia extranjera, los derechos humanos y la defensa de la Madre Tierra. La intención es que los intercambios entre las delegaciones se traduzcan en acuerdos y propuestas de acción compartidas.

El principal desafío será convertir las coincidencias ideológicas en compromisos concretos, con objetivos definidos y mecanismos de coordinación entre las organizaciones participantes. La declaración o documento final permitirá conocer el alcance de los acuerdos alcanzados y las acciones que los promotores prevén desarrollar después del encuentro.

Con estas jornadas, Villa Tunari se convierte en un espacio de articulación política regional en torno a la agenda antiimperialista y descolonizadora. El resultado de las deliberaciones permitirá evaluar si las delegaciones logran establecer una plataforma común frente al Escudo de las Américas y otros asuntos que consideran prioritarios para la soberanía y los derechos de los pueblos.

Internacional

León XIV llega a Argentina golpeada por la pobreza y la desigualdad bajo el gobierno de Milei

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La visita del pontífice ocurre en medio de las consecuencias sociales del ajuste económico, el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores populares y las diferencias entre el discurso social del Vaticano y las políticas del Ejecutivo argentino.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2026.- El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje apostólico. La llegada del líder de la Iglesia católica ocurre en un escenario marcado por la pobreza, la desigualdad y las controversias generadas por el programa de ajuste económico impulsado por el Gobierno argentino.

El contexto social será uno de los principales telones de fondo de la visita. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3 % de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados, mientras que la indigencia llegó al 7,5 %. El indicador de pobreza registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, lo que evidencia un nuevo deterioro en las condiciones de vida de millones de personas.

Aunque el índice de pobreza se encuentra por debajo del registrado al inicio de la gestión de Milei, su reciente repunte vuelve a poner en discusión los efectos sociales del modelo económico. La reducción del gasto público, los recortes presupuestarios, los despidos en el sector estatal y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos y laborales forman parte de un escenario de tensión entre los objetivos fiscales del Ejecutivo y las demandas de protección social.

Una visita atravesada por las diferencias políticas

La presencia de León XIV también adquiere relevancia por las diferencias entre la orientación social de la Iglesia católica y las políticas económicas del Gobierno argentino. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como una condición para estabilizar la economía y reducir la inflación, distintos sectores eclesiásticos han expresado preocupación por el impacto de esas medidas sobre las personas pobres, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

En ese contexto, el pontífice llega a un país donde la cuestión social ocupa un lugar central en el debate público. Su antecesor, el papa Francisco, mantuvo una posición crítica frente a las desigualdades económicas y defendió reiteradamente la necesidad de colocar a las personas más vulnerables en el centro de las decisiones políticas. Ese legado constituye una referencia inevitable para una visita que se desarrolla bajo un gobierno que reivindica una profunda reducción de la intervención estatal.

La agenda oficial contempla encuentros institucionales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su primera jornada, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Milei en la Casa Rosada y participar en un encuentro con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

La deuda social, en el centro de la expectativa

Durante los días siguientes, el Papa desarrollará actividades con comunidades religiosas y distintos sectores de la sociedad. Entre ellas figuran una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad; una celebración multitudinaria en Buenos Aires; actividades en Córdoba y una misa en la ciudad de Luján.

Estos compromisos tienen una dimensión que trasciende el protocolo religioso. La visita a una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad adquiere especial significado en medio de los cuestionamientos a los recortes y las dificultades que atraviesa ese sector. Del mismo modo, los encuentros con representantes sociales y comunitarios se producen en un contexto de reclamos por empleo, ingresos y acceso a derechos básicos.

La llegada de León XIV representa, así, un acontecimiento religioso e institucional de gran relevancia para Argentina, pero también ocurre en un momento de fuertes tensiones económicas y sociales. Sus mensajes sobre la pobreza, la dignidad humana y la protección de los sectores vulnerables serán observados con atención, tanto por una sociedad que reclama respuestas como por un Gobierno que busca sostener su programa económico.

Más allá de los gestos diplomáticos entre el Vaticano y la Casa Rosada, la visita vuelve a colocar una pregunta en el centro del debate argentino: cómo compatibilizar la estabilidad económica con la protección de quienes soportan las consecuencias más duras de la crisis.

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Economía

Crisis bancaria podría provocar la salida de Santiago Peña del Gobierno paraguayo

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La intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató protestas en Paraguay. La oposición presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.

Anunción, 4 de noviembre de 2026.- La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank amenaza con convertirse en una de las mayores turbulencias políticas del Gobierno de Santiago Peña. El colapso de la entidad, que afecta a cerca de 2,9 millones de clientes, provocó protestas de ahorristas, cuestionamientos a las autoridades financieras y la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario paraguayo.

La oposición formalizó la acusación el miércoles 4 de noviembre, con el respaldo de 35 diputados, y solicitó convocar a una sesión extraordinaria para debatir la continuidad de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa busca establecer responsabilidades políticas por la crisis bancaria y por los presuntos vínculos entre el Gobierno y el grupo empresarial propietario de la entidad.

El escenario representa un desafío para el Ejecutivo, aunque la salida del presidente todavía no está definida. Para que el juicio político avance, la Cámara de Diputados necesita reunir 53 votos de sus 80 integrantes. Posteriormente, el Senado tendría que alcanzar una mayoría de dos tercios para disponer la destitución.

Ueno Bank: una crisis que golpea a millones de paraguayos

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa financiera.

La decisión dejó fuera de servicio las operaciones de la entidad, incluidas las tarjetas, las aplicaciones digitales y las sucursales. Cerca de tres millones de personas quedaron sin acceso inmediato a sus cuentas, lo que generó incertidumbre entre trabajadores, comerciantes, empresas y ahorristas.

La situación también alcanzó al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, la entidad financiera gestionaba el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Sin embargo, la exposición de esos recursos no significa que los fondos previsionales hayan desaparecido. La situación de las inversiones deberá esclarecerse durante el proceso de resolución y las investigaciones correspondientes.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante. Las autoridades paraguayas también anunciaron medidas para acelerar la devolución de parte de los ahorros y reducir el impacto sobre los usuarios afectados.

Los vínculos de Santiago Peña bajo cuestionamiento

Uno de los principales cuestionamientos políticos apunta a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno. El mandatario fue accionista de ese grupo hasta marzo de 2025, según información difundida por Reuters.

También se encuentra bajo escrutinio la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay, debido a que anteriormente había encabezado Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en banco.

Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis, mientras que las autoridades judiciales iniciaron investigaciones para determinar posibles responsabilidades en el deterioro financiero de la institución.

Los cuestionamientos contra Peña fueron incorporados al pedido de juicio político, que incluye acusaciones de presunto conflicto de intereses, irregularidades regulatorias y exposición de recursos previsionales. Estas imputaciones corresponden a los argumentos de los legisladores que impulsan la destitución y deberán ser examinadas por las instancias correspondientes; no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judiciales demostradas.

Protestas y creciente descontento social

La crisis bancaria también trasladó el conflicto a las calles. En Asunción, ahorristas y ciudadanos afectados protagonizaron manifestaciones para exigir respuestas de las autoridades y reclamar la devolución de su dinero.

Las protestas reflejan la preocupación de miles de familias que utilizaban Ueno Bank para recibir sus salarios, realizar pagos y administrar sus ahorros. Entre los reclamos también aparecieron exigencias de transparencia y responsabilidades políticas por la situación de la entidad.

La indignación social aumentó con las denuncias sobre el uso de recursos públicos y previsionales en operaciones financieras con el banco. La crisis dejó de ser un problema exclusivamente bancario y pasó a convertirse en un cuestionamiento a los mecanismos de supervisión y control del Estado.

¿Está en riesgo la continuidad de Santiago Peña?

La presentación del pedido de juicio político abre un nuevo frente de confrontación para el Gobierno paraguayo. Aunque la oposición consiguió reunir 35 firmas, todavía necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados para formular formalmente la acusación y remitirla al Senado.

El Partido Colorado mantiene una posición mayoritaria en el Congreso, aunque algunos legisladores disidentes respaldaron la iniciativa contra Peña. Ese escenario podría generar tensiones dentro del oficialismo y convertirse en un factor determinante para el futuro político del mandatario.

Mientras tanto, el presidente ha pedido priorizar los intereses de los ahorristas y ha anunciado medidas para acelerar la devolución de los depósitos. También sostuvo que las irregularidades que se determinen deberán ser investigadas y sancionadas.

La crisis de Ueno Bank, sin embargo, ya ha debilitado políticamente al Ejecutivo y puesto bajo presión a las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.

La continuidad de Santiago Peña dependerá ahora de la evolución de las investigaciones, de la respuesta del Gobierno a los afectados y, especialmente, de los votos que consiga la oposición en el Congreso. Lo que comenzó como una crisis bancaria amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad en Paraguay.

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Economía

Paraguay: crisis de Ueno Bank desata protestas contra Peña

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La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.

Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas

El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.

Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.

Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.

Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.

El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.

Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación

La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.

La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.

La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.

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