La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es un hecho aislado. Se trata de un episodio dentro de una ofensiva más amplia destinada a subordinar los aparatos de justicia a los intereses del régimen y de la derecha corrupta. La medida, adoptada en apenas dos minutos de sesión y sin las mínimas garantías de imparcialidad ni debido proceso, desnuda la verdadera naturaleza de la JNJ: lejos de ser garante de la legalidad, se ha transformado en un instrumento político al servicio de la captura institucional.

El mensaje es inequívoco: se sanciona y se aparta a quien ose enfrentar a las mafias enquistadas en el poder. La inconstitucionalidad de esta decisión, que invade competencias exclusivas de la Junta de Fiscales Supremos, abre el camino a un copamiento del Ministerio Público. El objetivo es reinstalar a operadores funcionales a la impunidad y neutralizar investigaciones que comprometen a redes de corrupción política y económica.

Si este proceso continúa, el país se encamina hacia una peligrosa reconfiguración autoritaria de la justicia. No se trata solo de controlar la Fiscalía, sino de imponer una lógica más amplia: alinear al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los órganos electorales bajo un esquema de subordinación que blinde al régimen frente a cualquier forma de fiscalización. Este copamiento equivale a un golpe institucional silencioso, en el que la independencia de poderes se sacrifica para consolidar un proyecto de control político total.

Las consecuencias serían devastadoras: judicialización selectiva de adversarios, impunidad para las redes de corrupción y un colapso aún mayor de la confianza ciudadana en las instituciones. Bajo el disfraz de la “legalidad”, se avanza hacia un autoritarismo de nuevo cuño que busca desmantelar los contrapesos republicanos.

La lucha contra la corrupción no puede quedar en manos de quienes la manipulan como arma de control político. Si este proceso no se frena, el Perú terminará con un aparato de justicia reducido a una oficina de blindaje para el crimen organizado y el poder político de turno.

En este contexto, resulta imprescindible un pronunciamiento firme y coordinado de las fuerzas democráticas y populares en el Congreso. Más allá de matices o coyunturas, corresponde levantar una posición principista frente a una medida abiertamente inconstitucional, propia de regímenes autoritarios y avalada por el gobierno junto a sus operadores parlamentarios. La defensa de la autonomía del Ministerio Público y de la independencia de poderes debe convertirse en una bandera común, porque lo que está en juego no es solo una coyuntura política, sino la posibilidad misma de construir una democracia real al servicio del pueblo, y no del crimen organizado.

Lima, 19 de septiembre de 2025 – La Generación Z en Perú ha organizado nuevas movilizaciones para este 20 y 21 de septiembre en Lima y diversas provincias, en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República. El principal detonante es la Ley N.º 32123, promulgada recientemente, que establece la afiliación obligatoria a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mayores de 18 años, incluso sin empleo estable, lo que ha sido calificado por los manifestantes como una medida que precariza a la juventud en un contexto de desempleo juvenil que alcanza el 15% según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las protestas, convocadas a partir de las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín de Lima y con réplicas en regiones como Arequipa, Huancayo y otras, también denuncian corrupción, inseguridad ciudadana y represión policial, recordando las más de 50 muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022-2023. Organizados a través de redes sociales como TikTok y Discord, los jóvenes se inspiran en las recientes protestas en Nepal, donde movilizaciones similares llevaron a la caída del gobierno tras una represión que dejó al menos 21 fallecidos.

La respuesta del gobierno ha incluido declaraciones de la presidenta Boluarte, quien el 10 de septiembre describió las protestas como un «caos» innecesario, y la declaración de estado de emergencia en varias regiones. En marchas previas del 13 y 14 de septiembre, se reportaron incidentes con uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de la Policía Nacional, lo que generó heridos y detenciones.

Aunque el Ejecutivo y el Congreso han anunciado ajustes parciales a la reforma previsional, los manifestantes insisten en su derogación total, así como en el fin de escándalos como los «mochasueldos» en el Parlamento y los audios del exministro de Justicia Juan José Santiváñez. El Congreso, con bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Perú Libre, ha sido criticado por proteger a Boluarte de investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Sindicatos como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y gremios de transportistas se han sumado a las convocatorias, ampliando el apoyo a las demandas juveniles.

Estas manifestaciones podrían representar un momento clave en la crisis política peruana, con una organización descentralizada que aprovecha las redes sociales para coordinar acciones a nivel nacional. Sin embargo, analistas advierten sobre los riesgos de escalada, dada la polarización y la historia de represión en protestas anteriores. Los organizadores, como colectivos ciudadanos y voces independientes, enfatizan la necesidad de un diálogo genuino para abordar temas como la corrupción y la inseguridad, en lugar de medidas represivas.

Con miles de participantes esperados, las autoridades han recomendado precauciones, mientras la sociedad civil llama a manifestaciones pacíficas para evitar un escenario similar al de Nepal, donde las protestas derivaron en violencia y cambios drásticos en el poder. Las calles de Perú este fin de semana serán el escenario para medir la fuerza de este movimiento juvenil.

La ofensiva israelí en Gaza, intensificada desde octubre de 2023, ha provocado un desplazamiento forzado de 1.9 millones de palestinos, el 90% de la población, según la ONU. Órdenes de evacuación, como la del 6 de octubre de 2024, han empujado a miles hacia zonas superpobladas como Al-Mawasi, sin acceso a refugio, agua o alimentos. Organismos como Amnistía Internacional denuncian estas evacuaciones como transferencias forzosas, un crimen de guerra, y acusan a Israel de imponer condiciones de vida que constituyen genocidio, según un informe de la ONU que identifica cuatro de los cinco actos genocidas de la Convención de 1948.

Países como Qatar, con $1,300 millones invertidos desde 2012, y Alemania, con 70 millones de euros en 2025 para proyectos de agua, han intentado aliviar la crisis, pero el bloqueo israelí, que desde marzo de 2025 impide la entrada de ayuda, ha frustrado estos esfuerzos. La UNRWA, que alberga a 148,000 desplazados en 116 refugios, no ha recibido suministros en cinco meses, mientras UNICEF lucha por proveer agua y apoyo a niños desplazados. La falta de acceso humanitario ha llevado a una hambruna generalizada, con 1,373 muertos cerca de sitios de distribución de alimentos desde mayo de 2025, según la ONU.

La comunidad internacional enfrenta críticas por su inacción. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado tres veces desde 2024 que Israel facilite ayuda humanitaria, pero estas órdenes son ignoradas, según Human Rights Watch. Expertos como Francesca Albanese instan a sanciones y embargos de armas, argumentando que la inacción perpetúa un “genocidio en tiempo real”. Mientras miles de palestinos huyen sin destino seguro, la comunidad global debe actuar urgentemente para garantizar el retorno de los desplazados y detener la catástrofe humanitaria.