Espinar, 9 de agosto de 2026.– A 4.500 metros de altura, donde el agua vale más que el mineral, una inversión de US$ 1.800 millones reavivó una disputa de más de diez años. La Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Coroccohuayco, aprobada el 20 de mayo de 2026 por el SENACE mediante la Resolución Directoral N.° 00079-2026-SENACE-PE/DEAR, no cerró el debate: lo intensificó. El proyecto de Compañía Minera Antapaccay S.A. (Glencore) busca elevar la producción del clúster a 300.000 toneladas de cobre anuales y extender la operación hasta 2040, pero las comunidades de Pallpata, Condoroma, Ocoruro y Alto Pichigua ven en esta aprobación una nueva etapa de un litigio sin resolver.

Coroccohuayco se ubica a 10 kilómetros de la operación actual de Antapaccay, dentro del complejo minero Antapaccay–Tintaya, y contempla tajo abierto, labores subterráneas, modificaciones en los tajos norte y sur de Tintaya, ampliación de botaderos y reactivación de componentes existentes. Glencore destaca que la integración permitirá aprovechar infraestructura existente y evitar una nueva planta concentradora. Los números que maneja la empresa son contundentes: más de 4.500 empleos directos actualmente, compras locales superiores a S/ 300 millones en Espinar durante 2024, con un 39% de componente local, y una demanda creciente de operadores, técnicos e ingenieros. Sin embargo, el expediente ambiental y el historial de fiscalización revelan una realidad más compleja.

Para las comunidades, el eje del conflicto no es la inversión: es el agua. Desde la etapa de exploración, comuneros han denunciado la reducción o desaparición de manantes y la aparición de filtraciones vinculadas a perforaciones. En julio de 2021, en una carta dirigida al entonces presidente Francisco Sagasti, reportaron 58 zonas con disminución de caudal o pérdida de manantes y tres áreas de afloramiento de aguas que consideraban potencialmente contaminadas. También denunciaron un túnel desde donde se bombeaba agua hacia camiones mineros, con ruido y afectaciones que, según los comuneros, impactaban en animales y actividades agropecuarias. El propio expediente ambiental reconoce condiciones de suelo predominantemente ácido y una problemática de disponibilidad de agua para riego durante la época seca.

Glencore, por su parte, sostiene que utiliza principalmente agua reciclada y que, en temporada seca, recurre a sumideros para extraer agua. Kalidas Madhavpeddi, presidente del Consejo de Administración, afirmó en 2024 que las comunidades cercanas usan agua de manantial y que, desde la perspectiva de la empresa, no existe relación entre esas fuentes y el agua utilizada por la mina. La compañía también afirma que la calidad del aire es monitoreada constantemente y reportada al Gobierno. Pero entre ambas versiones contrapuestas, hay un organismo de fiscalización que ha documentado problemas concretos.

Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó impactos vinculados con agua, aire y vegetación: líquidos procedentes del Botadero Sur que alcanzaban el río Chalchamayo; niveles de toxicidad en el río Ccoloyo que afectaban la vida acuática; concentraciones elevadas de molibdeno, sulfatos y cobre en vegetación utilizada para alimentar ganado; y superaciones de los estándares ambientales para PM10 en localidades evaluadas. El historial sancionador es extenso: entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción contra Antapaccay, cinco de ellas con multas que sumaron S/ 382.663.

Las decisiones más recientes son las que mayor peso tienen en el debate actual. En 2025 y 2026, el OEFA emitió resoluciones que establecieron responsabilidades administrativas y medidas correctivas. Una de ellas impuso una multa de aproximadamente S/ 5,57 millones por no aplicar medidas destinadas a reducir el impacto del material particulado sobre la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca. El dato es revelador: la discusión sobre Coroccohuayco no ocurre sobre un territorio ambientalmente neutro, sino sobre una zona donde la autoridad fiscalizadora ya ha encontrado impactos, incumplimientos y responsabilidades administrativas.

Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la delimitación del área de influencia directa del proyecto. Dirigentes de Pallpata sostienen que alrededor de diez comunidades no fueron consideradas dentro de esa categoría en la Segunda Modificación del EIA. La distinción no es menor: ser reconocido como parte del área de influencia determina cómo se identifican los impactos ambientales, sociales, económicos y sanitarios, y qué medidas de prevención, mitigación o compensación pueden exigirse. Este reclamo no es nuevo: desde 2018, representantes de distritos como Chorrillo, Huacroyuta, Huarcapata, Pallpata y Canlletera solicitaron al SENACE y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ser incluidos en el área de influencia directa, argumentando su cercanía con el proyecto.

En enero de 2020, más de una docena de comunidades iniciaron un paro exigiendo la nulidad de la resolución que aprobaba la MEIA y cuestionando, entre otros aspectos, el derecho a la consulta previa. La aprobación de mayo de 2026, lejos de apaciguar los ánimos, reactivó la protesta. El componente de derechos colectivos permanece abierto. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la culminación del proceso de consulta previa con la comunidad de Huano Huano, con 24 acuerdos alcanzados después de cinco años de diálogo. Pero otro proceso judicial arrojó un resultado en sentido contrario.

En enero de 2025, la Sala Mixta de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco determinó que Antapaccay y el Estado habían vulnerado derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa relacionados con consulta previa, territorio y autodeterminación. La sentencia no anuló las concesiones mineras, pero ordenó una consulta posterior. Mientras tanto, una acción constitucional presentada por comuneros de Espinar sufrió sucesivas reprogramaciones judiciales entre 2025 y 2026. La justicia, al igual que la administración ambiental, no ha logrado cerrar el conflicto.

La investigación revela un elemento que suele perderse en las narrativas polarizadas: Antapaccay tiene una presencia económica y social significativa en Espinar. Además del empleo y las compras locales, la empresa desarrolla programas sociales. En febrero de 2026 entregó nueve toneladas de compost a la comunidad campesina de Anta Ccollana para apoyar la producción de papa y forraje. Estos programas son valorados por sectores de la población y forman parte de una relación económica construida durante años de operación. Por eso Espinar enfrenta una paradoja difícil de resolver: la misma actividad que representa empleo, ingresos y oportunidades económicas también está asociada a denuncias, sanciones y un conflicto socioambiental que no cede.

Los impactos denunciados abarcan otros componentes. En materia de aire, los informes mencionados registran superaciones de PM10. En el suelo se han señalado procesos de degradación y presencia de metales. La vegetación utilizada para alimentar ganado también aparece en los reportes ambientales, mientras que las comunidades han denunciado mortandad de animales asociada a filtraciones. La expansión de tajos y botaderos implica, además, una transformación física del territorio altoandino, con reducción de espacios de pastoreo y modificaciones del paisaje. A ello se suma un componente social: las comunidades denuncian que cercos y rejas vinculados a la actividad minera han interrumpido caminos tradicionales y limitado el acceso a determinados espacios de pastoreo y fuentes de agua.

Coroccohuayco representa una apuesta de gran magnitud para Glencore y para el sector minero peruano. Pero los US$ 1.800 millones no responden por sí solos a las preguntas que plantean las comunidades. Tampoco las sanciones ambientales demuestran automáticamente que todos los impactos denunciados sean atribuibles a la expansión proyectada: esa relación debe establecerse técnicamente caso por caso. Lo que sí muestran los antecedentes es que existe un conflicto socioambiental previo, documentado y todavía activo, en un territorio donde organismos públicos han encontrado incumplimientos y donde comunidades cuestionan la delimitación del área de influencia y la protección de sus fuentes de agua.

El desafío para el Estado no consiste solo en garantizar que el proyecto cumpla las exigencias formales de su certificación ambiental. Consiste en lograr que la población perciba que las instituciones ambientales, sanitarias, mineras y judiciales actúan con independencia, transparencia y capacidad efectiva de proteger sus derechos. Porque mientras Coroccohuayco promete más cobre, inversión y empleo, Espinar continúa formulando una pregunta mucho más básica: ¿quién garantiza que el desarrollo minero no termine trasladando sus costos ambientales a quienes viven sobre el territorio? La respuesta determinará si Coroccohuayco consigue algo más difícil que una autorización administrativa: una verdadera licencia social para operar.

Junín, 8 de agosto 2026.- Las comunidades campesinas de Junín han vuelto a poner en el centro del debate la defensa del agua frente a la actividad minera. En Concepción, la Comunidad Campesina de Mariscal Castilla mantiene sus denuncias contra actividades vinculadas a Chaska II, a las que atribuye una presunta contaminación del río Tulumayo y operaciones que considera no autorizadas. El caso fue incorporado por la Defensoría del Pueblo como conflicto socioambiental en enero de 2026, aunque las denuncias comenzaron en 2025, cuando los comuneros exigieron fiscalización, evaluación de la calidad del agua y suspensión de las actividades cuestionadas.

El conflicto se agravó con la emergencia del río Yuracyacu, en Pariahuanca. A fines de abril murieron cerca de 120 toneladas de truchas en siete criaderos, ocasionando pérdidas estimadas entre 5 y 6 millones de dólares. Dos semanas después, un análisis químico-toxicológico de la Policía Nacional confirmó la presencia de cianuro en el agua y en las truchas muertas y descartó otros agentes tóxicos como pesticidas y raticidas. Las autoridades inspeccionaron la unidad minera Oro Negro, inscrita en el REINFO y ubicada en la parte alta de la cuenca, y se mantuvo la prohibición de utilizar el agua del río para consumo humano, riego y piscicultura.

La magnitud del problema llevó a los dirigentes de Pariahuanca hasta Lima, a comienzos de junio, para exigir sanciones y remediación. Según cifras del propio Gobierno Regional de Junín, en la cabecera del Yuracyacu existirían 18 concesiones mineras tituladas, 16 en trámite y 6 inscritas en el REINFO. Para las comunidades, el problema ya no sería únicamente una operación minera, sino el riesgo de que múltiples actividades extractivas comprometan las fuentes de agua de toda la cuenca.

El 18 de junio, alrededor de 500 pobladores, según la posterior disposición fiscal, bloquearon los accesos al Gobierno Regional de Junín para exigir una reunión con el gobernador Zósimo Cárdenas. La Policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos, pero la protesta continuó durante más de 30 horas, hasta que representantes de las comunidades suscribieron un acta de compromisos con la vicegobernadora Milagros Inche. Cárdenas, que no estuvo presencialmente, ratificó los acuerdos por vía telefónica.

Entre los compromisos figuraba impulsar una ordenanza regional para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, además de revisar concesiones mineras y registros REINFO, fortalecer la vigilancia sanitaria y apoyar a los piscicultores afectados. Sin embargo, la promesa encontró un freno en el propio Consejo Regional de Junín. A comienzos de julio, solo tres consejeros respaldaron su aprobación inmediata y la mayoría decidió enviarla durante 30 días adicionales a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la espera de informes de la ANA, MINAM y SERNANP.

La sesión estuvo marcada además por la intervención de abogados que se presentaron como representantes de empresas mineras de la zona, entre ellas Oro Negro. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, cuestionó la postergación y señaló que la intervención privada generó dudas entre los consejeros, pese a que el equipo técnico había calificado la protección de las cabeceras como un asunto urgente y emergente. Así, más de un mes después del acuerdo con las comunidades, la protección formal de las cuencas continúa pendiente.

La respuesta estatal también abrió otro frente. Semanas después de la protesta, la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo inició una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes por el bloqueo de los accesos al Gobierno Regional. Para las organizaciones campesinas, la situación resulta preocupante: mientras los dirigentes que protestaron son investigados, hasta la fecha no existen responsables identificados por la contaminación con cianuro denunciada en el Yuracyacu.

El problema alcanza también al Gobierno Nacional. En mayo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso abordó formalmente la contaminación del Yuracyacu y solicitó informes al OEFA y la ANA. La comisión calificó el hecho como una tragedia ambiental y cuestionó que ninguna autoridad hubiera asumido hasta entonces responsabilidad política o administrativa. En paralelo, la Defensoría ya había advertido desde 2025 la necesidad de una supervisión conjunta en el Tulumayo con participación de la DREM Junín, la autoridad del agua, la municipalidad y representantes comunales, diligencia que fue reprogramada por problemas de notificación a la empresa.

Tulumayo y Yuracyacu muestran así un conflicto que crece más allá de una comunidad y una empresa: las organizaciones campesinas están defendiendo las cabeceras de cuenca como fuente de agua, agricultura y vida. Mientras el Consejo Regional posterga la ordenanza, la Fiscalía investiga a dirigentes y el Gobierno Nacional continúa procesando informes y pedidos institucionales, las comunidades exigen algo concreto: que el Estado fiscalice antes de que tengan que salir a protestar y que proteja el agua antes de que el daño sea irreversible. Para los pueblos de Junín, el mensaje es claro: “Primero el agua. Después discutimos la minería”.

Lima, 5 de agosto 2026.- El presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ítalo Andrés Díaz Horna, denunció formalmente haber recibido presiones para presentar su renuncia apenas días después del inicio del nuevo Gobierno. En un oficio dirigido al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, sostiene que funcionarios del Viceministerio de Gestión Ambiental le solicitaron, en tres oportunidades y mediante mensajes de WhatsApp, que deje el cargo, pese a que fue designado por un período legal de cinco años.

En el documento, fechado el 3 de agosto de 2026, Díaz Horna afirma que el pedido carece de motivación y sustento legal, por lo que rechaza presentar su renuncia. Argumenta que la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA constituye un cargo de designación o remoción regulada, no de libre remoción, conforme a la Ley del Servicio Civil y a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo, solicita el cese inmediato de cualquier presión, el respeto a la autonomía institucional del organismo y la adopción de acciones administrativas respecto de los funcionarios involucrados.

El oficio adjunta, además, un informe técnico de SERVIR, una sentencia judicial y capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp que, según el funcionario, respaldan sus afirmaciones. Hasta el momento, el Ministerio del Ambiente no ha informado públicamente si iniciará una investigación interna ni ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido de la comunicación.

La denuncia adquiere relevancia política porque se produce durante la primera semana de gestión del Gobierno que asumió funciones el 28 de julio de 2026. De confirmarse los hechos descritos, el caso podría reabrir el debate sobre los límites de la discrecionalidad política en la administración pública y el respeto a los cargos cuyo período y causales de remoción se encuentran expresamente regulados por ley.

Desde una perspectiva institucional, el episodio plantea interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos técnicos especializados. Si bien todo gobierno tiene la potestad de definir prioridades y conformar equipos en los cargos de confianza, los organismos cuyos titulares cuentan con mandatos legales buscan precisamente garantizar continuidad, autonomía técnica y estabilidad frente a cambios políticos. Cualquier intento de apartar a estos funcionarios fuera del procedimiento establecido podría generar cuestionamientos sobre la seguridad jurídica y la independencia institucional.

El caso también representa una primera prueba para la nueva administración en materia de gobernanza pública. Más allá de la veracidad de las denuncias —que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes—, la ausencia de una respuesta oficial rápida podría afectar la percepción de transparencia y respeto por el Estado de derecho. El desarrollo de este caso será determinante para evaluar si el nuevo Gobierno privilegia mecanismos institucionales y el debido proceso en la conducción de las entidades públicas.