Brasil, 18 de agosto de 2026.- Brasil entra en una nueva batalla electoral. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva inició el 16 de agosto su campaña por un cuarto mandato con un acto masivo en São Bernardo do Campo, municipio emblemático de su trayectoria sindical y política. Bajo el lema “Brasil listo para más”, Lula reivindicó los resultados de su gestión y colocó la defensa de la soberanía brasileña entre los ejes de la disputa electoral.

La contienda tendrá como principal adversario al campo político identificado con Jair Bolsonaro, cuya candidatura presidencial fue impedida por su situación judicial y electoral. El bolsonarismo busca mantenerse competitivo mediante la candidatura de Flávio Bolsonaro, mientras Lula intenta convertir su experiencia de gobierno y sus resultados económicos y sociales en argumentos para obtener un nuevo mandato.

Pero la elección brasileña ocurre en un escenario internacional particularmente sensible. La administración de Donald Trump ha endurecido su política hacia América Latina y Brasil ya enfrenta tensiones comerciales con Washington. En este contexto ha ganado espacio la expresión “Doctrina Donroe”, utilizada para describir una reinterpretación de la Doctrina Monroe asociada a Trump y a una mayor pretensión de influencia estadounidense sobre el hemisferio.

La disputa, por tanto, no se reduce al enfrentamiento entre Lula y el bolsonarismo. También involucra el modelo de inserción internacional que Brasil pretende adoptar: mayor alineamiento con Washington o una política exterior que preserve márgenes de autonomía y capacidad de negociación frente a las grandes potencias. Por su dimensión económica, demográfica y diplomática, Brasil posee una influencia regional que ningún otro país latinoamericano puede ignorar.

Una eventual victoria de Lula tendría, en ese sentido, una importante repercusión continental. No significaría automáticamente una derrota de Trump ni de la derecha latinoamericana, pero sí fortalecería a uno de los principales gobiernos de la región que defiende una política exterior autónoma y cuestiona cualquier intento de subordinación estratégica de América Latina a Estados Unidos.

La elección también será observada por los gobiernos y movimientos políticos de la región, especialmente en un momento en que América Latina vuelve a convertirse en escenario de disputa entre distintas visiones sobre democracia, soberanía, integración regional y relación con las grandes potencias. El resultado brasileño podría modificar los equilibrios políticos regionales y reforzar o debilitar las tendencias actualmente enfrentadas.

Por ello, la elección de Brasil tendrá una dimensión que excede sus fronteras. Lula busca derrotar electoralmente al bolsonarismo y conservar el poder; pero, al mismo tiempo, su candidatura se presenta en un escenario de creciente disputa por la autonomía política y económica latinoamericana. Si consigue un nuevo mandato, su victoria podrá ser interpretada políticamente como un importante contrapeso regional a la estrategia de Trump, aunque el verdadero alcance de ese resultado dependerá de la correlación de fuerzas que surja en América Latina después de las elecciones.

Lima, 18 de agosto de 2026.- Trabajadores de construcción civil se movilizaron el pasado 13 de agosto por las calles de Lima hasta el Congreso de la República, convocados por la CGTP, para expresar su rechazo a cualquier modificación que pueda significar un recorte de derechos laborales dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La movilización tuvo como punto central un mitin frente al Parlamento, donde dirigentes sindicales reclamaron a los congresistas que no otorguen al Ejecutivo una autorización abierta para modificar el régimen laboral sin establecer límites claros. La protesta se produce en momentos en que el pedido de facultades contempla materias vinculadas al empleo, protección social y régimen laboral.

El reclamo de los trabajadores no surge de la nada. El proyecto de delegación de facultades preparado por el Ejecutivo incluye cambios que podrían afectar aspectos como CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, participación en utilidades y protección frente al despido. Diversos análisis del proyecto han advertido que estas modificaciones podrían generar una flexibilización significativa del régimen laboral.

La preocupación sindical aumentó porque la propuesta plantea avanzar hacia un régimen laboral general con beneficios progresivos según el nivel de remuneración. Desde sectores críticos se advierte que este esquema podría terminar perjudicando principalmente a los trabajadores de menores ingresos, precisamente quienes tienen menor capacidad para enfrentar una reducción de beneficios.

La presidenta Keiko Fujimori, sin embargo, ha asegurado que su Gobierno no eliminará las gratificaciones ni la CTS y afirmó que “ningún derecho laboral va a ser recortado”. Esta posición contrasta con las preocupaciones generadas por el contenido conocido del proyecto y coloca al Congreso ante la responsabilidad de revisar con precisión qué materias y alcances terminarían siendo autorizados al Ejecutivo.

Para construcción civil, el problema va más allá de una discusión técnica. Los trabajadores defienden un régimen especial que históricamente ha sido resultado de la organización sindical y de la negociación colectiva. La FTCCP mantiene una estructura nacional y ha desarrollado negociaciones colectivas específicas para el sector, incluido el convenio correspondiente al año 2026.

La movilización también expresa una advertencia política al nuevo Parlamento: los derechos laborales no deben convertirse en moneda de cambio para acelerar reformas económicas o promover la formalización. La CGTP y los gremios participantes demandan que cualquier modificación sea discutida públicamente y no aprobada mediante una delegación de facultades que reduzca el debate parlamentario.

El Ejecutivo sostiene que necesita facultades por 120 días para impulsar reformas en seguridad, empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado. El Congreso, que deberá evaluar y delimitar esas facultades, tiene ahora el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad de reformas y la protección de derechos laborales adquiridos.

La protesta del 13 de agosto deja un mensaje directo de los trabajadores al Parlamento: si el Gobierno quiere reformar el régimen laboral, tendrá que explicar con claridad qué pretende cambiar y garantizar que ninguna reforma termine recortando derechos. El debate recién comienza y la movilización sindical demuestra que construcción civil y la CGTP están dispuestas a permanecer en las calles para defender sus conquistas laborales.

Bogotá, 16 de agosto de 2026.- Un video de la visita del presidente colombiano Abelardo de la Espriella al municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, desató una nueva controversia en medio de la tragedia provocada por el terremoto del 10 de agosto. En las imágenes se escucha a un hombre decir “manos arriba, manos arriba” segundos antes de que el mandatario descienda de su vehículo y sea recibido por un grupo de personas.

La escena fue interpretada por sectores de la oposición y usuarios de redes sociales como una posible puesta en escena para mostrar respaldo popular al presidente. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia concluyente que permita afirmar que el recibimiento haya sido preparado. Incluso otro video, difundido desde un ángulo diferente por la Alcaldía de El Cairo, muestra la llegada del mandatario y la presencia de un grupo numeroso de habitantes.

El episodio resulta especialmente sensible porque De la Espriella enfrenta su primera gran crisis de gobierno apenas días después de asumir el poder. El terremoto de magnitud 7,4 dejó cientos de muertos, miles de heridos y una enorme destrucción en el occidente colombiano, obligando al nuevo mandatario a desplazar a su gabinete hacia las zonas más afectadas.

La controversia política no se limita al video. El nuevo gobierno ha sido cuestionado por no haber realizado un proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro, lo que provocó que Javier Pava, funcionario que había sido designado durante el gobierno anterior, permaneciera al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando ocurrió el terremoto.

La situación se complicó por la polémica sobre la ayuda internacional. Pava envió una comunicación a la Cancillería en la que señaló inicialmente que no era necesario activar equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate, argumentando que Colombia disponía de capacidades nacionales suficientes. Posteriormente defendió su actuación y sostuvo que sí se evaluaron y aceptaron determinados ofrecimientos internacionales.

La discusión tampoco significa que Colombia haya rechazado toda cooperación extranjera. México, por ejemplo, envió seis vuelos con 58 toneladas de alimentos, cuatro toneladas de insumos médicos y 2.562 despensas. Perú también movilizó ayuda y anunció el envío de rescatistas, mientras otros países ofrecieron equipos y suministros.

El punto más cuestionado fue la demora y las condiciones para aceptar equipos internacionales especializados en rescate, en momentos en que las primeras 72 horas eran consideradas críticas para encontrar sobrevivientes. La controversia aumentó después de que la ONU confirmara que el 11 de agosto todavía no había recibido una solicitud oficial de asistencia de Bogotá.

Mientras la discusión política crece, la dimensión de la tragedia sigue siendo enorme. Al 15 de agosto, la UNGRD reportaba 289 fallecidos, 143 desaparecidos, 3.937 heridos y más de 54.300 familias afectadas, además de 14.705 viviendas destruidas en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

El video de El Cairo, por tanto, abre una pregunta incómoda sobre la comunicación política de un gobierno que enfrenta su primera emergencia nacional: ¿se trata de un recibimiento espontáneo o de una escena preparada para proyectar respaldo al presidente? Por ahora, lo comprobado es que la frase “manos arriba” quedó registrada antes de su aparición y que la escena generó cuestionamientos; demostrar que hubo montaje requeriría evidencia adicional.