Tacna, 28 de noviembre 2026.- Mientras decenas de ciudadanos venezolanos, colombianos y haitianos permanecen varados en la línea de frontera con Chile, organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional coinciden en que el Perú no puede cerrar los ojos ante quienes cumplen con los requisitos básicos de identificación y carecen de antecedentes penales. La mayoría de las personas bloqueadas en Chacalluta y Santa Rosa portan pasaporte o cédula de identidad vigente y han expresado su deseo de transitar hacia el norte o regularizar su situación en territorio peruano, muchos de ellos con vínculos familiares directos con ciudadanos peruanos: hijos nacidos en Perú, cónyuges peruanos o años de residencia legal previa.

El principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ambos ratificados por el Perú—, obliga al Estado a evaluar caso por caso antes de cualquier rechazo en frontera. La Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional Perú recordaron hoy que la mera irregularidad administrativa no justifica exponer a familias con niños, mujeres embarazadas y personas mayores a condiciones inhumanas en pleno desierto, donde las temperaturas caen bajo cero durante la noche. “El internacionalismo solidario que siempre ha caracterizado a los peruanos no puede limitarse a discursos: debe traducirse en un corredor humanitario temporal que permita el ingreso ordenado, registro biométrico y evaluación individual de cada solicitante”, señaló el representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti.

Lejos de abrir las puertas sin control, las organizaciones proponen una solución práctica y humanitaria: habilitar un punto único de procesamiento en la frontera con presencia de Migraciones, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y observadores de la ONU, para otorgar salvoconductos de tránsito o permisos temporales a quienes acrediten buena conducta y ausencia de requisitorias. “No se trata de fomentar la migración irregular, sino de cumplir con nuestra propia Constitución y con los tratados que hemos suscrito. Rechazar indiscriminadamente a quienes huyen del hambre y la persecución sería traicionar el legado de solidaridad que Perú mostró con los exiliados chilenos, argentinos y bolivianos en décadas pasadas”, concluyó el constitucionalista César San Martín. El país tiene ahora la oportunidad de demostrar que la seguridad fronteriza y el respeto a la dignidad humana pueden —y deben— caminar de la mano.

Lima, 27 de noviembre 2025.- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema condenó este miércoles al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, junto a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta (misma pena) y Aníbal Torres (6 años y 8 meses). Sin embargo, fuentes del propio tribunal y abogados de la defensa coinciden en que la sentencia nace con serios cuestionamientos legales que podrían anularla en segunda instancia o ante el Tribunal Constitucional, entre ellos la vulneración al principio de juez natural y la falta de notificación adecuada a los procesados.

El principal vicio denunciado es que la Sala que juzgó el caso no tenía competencia originaria para conocer delitos comunes de conspiración, pues estos corresponden a cortes superiores y no directamente a la Suprema. Además, la defensa de Castillo presentó ayer ante el Tribunal Constitucional una demanda de amparo que señala que nunca se le notificó correctamente la acusación fiscal ni se le permitió ejercer plenamente su derecho de defensa, al haberse acumulado indebidamente el proceso de rebelión (que sí era competencia suprema) con el de conspiración. “Se juzgó a una persona por un delito que la sala no podía conocer y sin respetar el debido proceso”, advirtió el abogado Eduardo Pachas.

A ello se suma que la sentencia aplica el tipo penal de conspiración (art. 317 CP) pero utiliza como prueba principal el mensaje presidencial del 7 de diciembre, acto que ya había sido calificado como rebelión en otro proceso. Especialistas como Luis Lamas Puccio y Carlos Rivera consideran que existe doble valoración de los mismos hechos, lo que constituye una violación al principio non bis in idem. Mientras las defensas preparan apelaciones y el TC podría resolver el amparo en las próximas semanas, la condena –aunque histórica– queda suspendida en un limbo jurídico que podría derivar en su anulación total o parcial.

Lima, 23 de noviembre de 2025.- De acuerdo con el reporte oficial de ejecución presupuestal 2018-2025 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), el 71,4 % de los 128.547 becarios Beca 18 que ingresaron a educación superior en ese período estudiaron en universidades privadas, mientras que solo el 28,6 % lo hicieron en universidades públicas licenciadas. En términos monetarios, el 68 % del presupuesto ejecutado (S/ 3.847 millones) fue transferido directamente a instituciones privadas.

Entre las universidades privadas que más becarios concentraron destacan la Universidad Privada del Norte (16.842 becarios), UPC (11.305), USIL (8.917), Continental (8.214), UTP (7.689) y la Universidad César Vallejo – UCV (6.214 becarios acumulados hasta 2024, según convenios vigentes y reportes Pronabec). Todas ellas están constituidas como sociedades comerciales o vinculadas a grupos económicos con fines de lucro, conforme a registros de Sunat y Sunedu. En el sector público, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lideró con 4.917 becarios y la UNI con 2.813.

La Sunedu informa que, al 30 de septiembre de 2025, de las 92 universidades licenciadas, 51 son privadas (55 %) y 41 públicas (45 %); sin embargo, las privadas captan al 71 % de los becarios integrales del Estado. El Ministerio de Educación indicó en Oficio N.° 01234-2025-MINEDU que “la asignación responde a la libre elección del postulante y al cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos por Sunedu”, sin incluir criterios adicionales de priorización hacia el sector público.