Lima, 6 de setiembre de 2026.- A poco más de un mes de iniciado el Gobierno de Keiko Fujimori, el primer gabinete enfrenta una temprana controversia por los antecedentes judiciales y fiscales declarados por sus integrantes. De los 19 ministros, alrededor de 15 han reportado investigaciones, procesos, antecedentes o cuestionamientos judiciales.

Vinelli: el caso que genera mayor preocupación

Uno de los casos más sensibles es el del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien declaró alrededor de diez investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, negociación incompatible, concusión y cohecho.

El caso adquirió mayor gravedad luego de que la Fiscalía solicitara hasta cuatro años de prisión contra Vinelli por presunta colusión simple, por hechos vinculados con su gestión anterior en Agro Rural. También solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil.

Los hechos investigados corresponden a los años 2015 y 2016, cuando Vinelli dirigía Agro Rural. No existe una condena contra el actual ministro y el proceso continúa en la vía judicial. Sin embargo, el caso plantea una interrogante política: ¿qué información tenía el Gobierno al momento de designarlo y qué evaluación realizó antes de entregarle la conducción de MIDAGRI?

Huaroc y Galarreta, entre los casos más llamativos

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, presenta la cifra más elevada: declaró 51 investigaciones, relacionadas con presuntos delitos como abuso de autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones y nombramiento ilegal, entre otros.

El premier Luis Galarreta también declaró investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal, además de antecedentes por otros hechos. Su condición de jefe del gabinete convierte su situación en un asunto particularmente relevante para evaluar los estándares aplicados por el Ejecutivo.

En Energía y Minas, Guillermo Shinno declaró alrededor de 20 investigaciones, mientras que en Producción, Juan Carlos Requejo reportó diez. En ambos casos resulta necesario revisar individualmente cada expediente para establecer cuáles permanecen abiertos y cuáles fueron archivados o concluidos.

Interior, Cultura y Educación también bajo escrutinio

El ministro del Interior, César Astudillo, declaró una investigación por presunto peculado y antecedentes por lesiones graves. A ello se suma una moción de interpelación promovida en el Congreso por cuestionamientos relacionados con la seguridad ciudadana, designaciones y decisiones vinculadas con la Policía Nacional.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, también figura entre los integrantes del gabinete con investigaciones relacionadas, según los reportes de sus declaraciones, con presunta colusión agravada, lavado de activos y cohecho.

En Educación, José Antonio Chang declaró ocho investigaciones relacionadas con diversos presuntos delitos, mientras que el titular de Trabajo, Juan Sheput, reportó investigaciones por presunto tráfico de influencias y colusión agravada.

El problema no es solo cuántas investigaciones existen

Las cifras deben interpretarse con cautela. Una investigación fiscal no equivale a una condena, y tampoco todos los expedientes declarados tienen necesariamente la misma situación procesal o gravedad. Incluso algunos pueden haber sido archivados.

El verdadero asunto que plantea esta revisión es institucional: ¿qué criterios de integridad, idoneidad y evaluación de riesgos utilizó el Gobierno de Keiko Fujimori para seleccionar a sus ministros?

Las declaraciones juradas permiten conocer los antecedentes que los propios funcionarios han reportado. Ahora corresponde determinar qué conocía el Ejecutivo antes de cada nombramiento, qué verificaciones realizó y si aplicó un estándar uniforme para todos los integrantes del gabinete.

El Ejecutivo propone gastar S/266.506 millones en 2027, pero reduce en S/519 millones los recursos para Orden Público y Seguridad mientras eleva 25% el presupuesto de Defensa.

Lima, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, un incremento de 3,5% respecto al presupuesto inicial de este año. Sin embargo, la distribución de los recursos abrió una controversia política: mientras el Ejecutivo coloca la lucha contra la delincuencia entre sus principales prioridades, la función Orden Público y Seguridad registra una reducción de S/519 millones y Defensa y Seguridad Nacional aumenta en S/1.812 millones.

Menos recursos para enfrentar la delincuencia

El proyecto asigna S/15.338 millones a Orden Público y Seguridad, frente a los S/15.857 millones aprobados para 2026. La reducción equivale a 3,3%.

El ajuste también alcanza al programa Reducción de delitos y faltas, directamente relacionado con las acciones de seguridad ciudadana. Sus recursos pasarían de S/6.878 millones a S/6.494 millones, una disminución de S/384 millones.

La reducción ocurre mientras el Gobierno sostiene que la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado constituyen una prioridad de su gestión.

Durante la sustentación del presupuesto ante el Congreso, el premier Luis Galarreta defendió la asignación para seguridad y señaló que alrededor de S/15.400 millones estarán orientados al orden público, la investigación del delito y el fortalecimiento de la capacidad operativa policial.

Defensa aumenta 25 %

La otra cara de la distribución presupuestal está en Defensa.

La función Defensa y Seguridad Nacional recibiría S/8.993 millones en 2027, frente a S/7.180 millones en 2026. El aumento alcanza aproximadamente los S/1.812 millones, equivalente a 25%.

El salto es todavía mayor en los proyectos de inversión. El presupuesto destinado a reparación, renovación y equipamiento de las Fuerzas Armadas pasaría de S/665 millones a S/2.548 millones, un incremento de aproximadamente 283%. Entre las inversiones figuran proyectos vinculados con capacidades militares, aviones de combate, la Fuerza de Superficie y la Base Naval del Callao.

Para el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el incremento responde a un proceso de recuperación de capacidades militares acumulado durante años. Al mismo tiempo, advirtió que las adquisiciones deben ser vigiladas para garantizar que el Estado compre lo necesario y al mejor costo.

Pero desde el sector Interior la lectura es distinta. El exviceministro Ricardo Valdés cuestionó que se reduzcan recursos para enfrentar una amenaza interna como la delincuencia mientras se incrementa el gasto destinado a una eventual amenaza militar externa.

Oposición exige cambiar prioridades

El debate parlamentario realizado este jueves mostró que el proyecto no tendrá un trámite sencillo.

La diputada Roxana Rocha cuestionó la asignación para seguridad ciudadana, mientras el diputado Ernesto Zunini alertó sobre la reducción de S/519 millones. Jennifer Paredes pidió, además, restituir S/430 millones para seguridad.

Los cuestionamientos alcanzaron también la distribución territorial de los recursos. Paredes sostuvo que el gasto de capital de los gobiernos regionales crecería apenas 1,1%, mientras que Renovación Popular denunció una reducción en determinados recursos para inversión regional y pidió priorizar las zonas rurales y urbano-marginales.

Beneficios tributarios y subsidios entran en la discusión

La discusión sobre las prioridades fiscales también alcanza los beneficios tributarios.

Durante el debate, el diputado Christian Aranda pidió transparentar estos beneficios, que según sus declaraciones superarían los S/24 mil millones. La OCDE, por su parte, ha planteado revisar los beneficios tributarios que no demuestren resultados suficientes.

Uno de los casos bajo cuestionamiento es el régimen preferencial para grandes agroexportadoras, cuya menor recaudación ha sido estimada en aproximadamente S/1.888 millones anuales.

El Gobierno también ha recurrido a subsidios temporales. En agosto anunció una subvención de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinada a determinados transportistas, con una vigencia inicial de tres meses. La medida fue presentada como respuesta al incremento internacional de los combustibles, pero especialistas cuestionaron su focalización y sostenibilidad.

Derechos laborales: otro frente abierto

La discusión presupuestaria ocurre además en medio de una disputa sobre la política laboral del Ejecutivo.

El Gobierno ha planteado al Congreso facultades para establecer un nuevo régimen laboral orientado a las MYPE, con un esquema de remuneraciones y beneficios que crecerían progresivamente. La propuesta contempla cambios que podrían reducir inicialmente gratificaciones, CTS y vacaciones para los trabajadores incorporados al nuevo régimen.

Los sindicatos han rechazado la propuesta y sostienen que podría afectar derechos laborales. En agosto, trabajadores de construcción civil convocados por la CGTP marcharon hacia el Congreso para expresar su oposición a eventuales modificaciones regresivas.

Estas reformas, sin embargo, corresponden al pedido de facultades legislativas y no constituyen partidas específicas del Presupuesto 2027.

Una batalla por las prioridades del Estado

El proyecto presentado por el Gobierno no solo pone en discusión cuánto gastará el Estado en 2027. También abre una disputa sobre en qué debe gastar más y qué problemas considera urgentes.

El Ejecutivo defiende un presupuesto de S/266.506 millones con énfasis en seguridad, educación, salud y transporte. La oposición cuestiona que esa prioridad no se refleje completamente en la distribución interna de los recursos y pone bajo la lupa el aumento del gasto militar, los beneficios tributarios, la inversión regional y las políticas laborales.

La discusión recién comienza. El proyecto será analizado por las instancias parlamentarias correspondientes antes de su aprobación definitiva.

Lo que está en juego no es únicamente una cifra de S/266.506 millones. Es la definición de las prioridades económicas del primer año completo del Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad ciudadana frente a Defensa, gasto social frente a otras inversiones, beneficios económicos frente a mayor recaudación y flexibilidad laboral frente a derechos adquiridos.

El Congreso tendrá ahora que decidir si mantiene la distribución propuesta por el Ejecutivo o modifica las partidas para responder a las demandas que ya han puesto sobre la mesa las distintas bancadas.

Chiclayo, 3 de septiembre de 2026.- Lambayeque enfrenta un nuevo escenario de presión sanitaria por el dengue: la Gerencia Regional de Salud reporta 3,375 casos confirmados, mientras un reporte epidemiológico con corte al 27 de agosto contabiliza 4,319 casos entre confirmados y probables y nueve fallecidos. En paralelo, la campaña de vacunación escolar contra la enfermedad alcanza 3,987 dosis aplicadas en sus primeras dos semanas.

Chiclayo concentra la mayor cantidad

De acuerdo con la Geresa, Chiclayo registra la mayor incidencia, con cerca de mil casos confirmados, seguido por La Victoria. La situación también alcanza a Motupe, Olmos, Jayanca y Oyotún, distritos donde las autoridades han reportado brotes y desplegado brigadas de prevención y control.

El reporte publicado por Correo muestra una dimensión mayor del problema: 4,319 casos acumulados hasta el 27 de agosto, de los cuales 3,374 eran confirmados y 945 probables. El mismo reporte contabilizó nueve fallecimientos y hasta 32 pacientes hospitalizados durante el pico registrado entre el 17 y 19 de agosto.

La diferencia entre las cifras responde a los distintos cortes y criterios de clasificación utilizados en los reportes. Por ello, la cifra más reciente comunicada por la Geresa corresponde a los casos confirmados al 2 de septiembre, mientras que el reporte de 4,319 incluye también casos probables y tiene un corte anterior.

El calor favorece al mosquito

La expansión del dengue ocurre en un contexto climático adverso. El 7 de agosto, Pasabar, en Olmos, alcanzó los 37.3 °C, mientras Motupe llegó a 35.5 °C y Jayanca a 35 °C, registros particularmente elevados para el invierno.

Las temperaturas altas generan condiciones favorables para el ciclo reproductivo del Aedes aegypti, vector del dengue. La Geresa ya había advertido que el calor y la posibilidad de lluvias podían impulsar nuevamente la curva de contagios.

Pero el factor climático no explica por sí solo la persistencia de la enfermedad. El almacenamiento de agua en recipientes que no permanecen correctamente tapados puede convertirse en criadero del mosquito, especialmente en zonas con dificultades de abastecimiento continuo.

Vacunación alcanza 12 %

Frente a este escenario, la campaña de vacunación dirigida a menores de 10 a 16 años registra 3,987 dosis aplicadas en Chiclayo, La Victoria y Motupe, equivalente a un avance del 12 % durante las primeras dos semanas.

La vacuna es gratuita y requiere dos dosis. La segunda debe administrarse tres meses después de la primera. La estrategia incluye intervenciones en colegios y jornadas de información dirigidas a los padres, cuya autorización es necesaria para inmunizar a los menores.

El Ministerio de Salud distribuyó previamente 199,892 dosis de la vacuna contra el dengue a cinco regiones priorizadas, entre ellas Lambayeque, debido a su elevada carga de casos.

El desafío está fuera de los colegios

La vacunación representa una nueva herramienta de prevención, pero no sustituye las medidas destinadas a eliminar los criaderos del mosquito. En agosto, el Minsa informó que más de 16 mil viviendas de la provincia de Lambayeque serían intervenidas mediante acciones de control larvario.

El desafío para las autoridades será sostener simultáneamente la vacunación, la vigilancia epidemiológica, el control del vector y la atención oportuna de los pacientes. Con temperaturas superiores a las habituales en la costa norte, cualquier relajamiento de estas acciones puede favorecer nuevos contagios.

Para las familias, la prevención continúa siendo decisiva: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener correctamente tapados los depósitos y permitir el ingreso del personal sanitario identificado son medidas esenciales. Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación sanitaria es acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

El problema que enfrenta Lambayeque ya no puede observarse únicamente como un brote localizado. El crecimiento de los casos, la presencia del vector en gran parte del territorio y las condiciones climáticas constituyen un escenario que exige una respuesta sostenida del Estado y una participación activa de la población.