El Ejecutivo pidió poderes para legislar durante 120 días en ocho materias y 66 puntos, pero la Cámara de Diputados redujo la propuesta a seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño, por 90 días. El Senado debate ahora los límites de una eventual modificación, mientras el Gobierno insiste en que el texto aprobado es insuficiente.

Lima, 13 de octubre de 2026.- El gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) busca ampliar el alcance de las facultades legislativas solicitadas al Congreso, después de que la Cámara de Diputados recortara sustancialmente su propuesta original. La disputa se concentra ahora en el Senado, donde el Ejecutivo pretende recuperar parte de las materias excluidas y la oposición advierte que cualquier modificación debe respetar los límites constitucionales de la revisión parlamentaria.

La solicitud inicial contemplaba 66 puntos distribuidos en ocho materias y una delegación por 120 días. Entre ellas figuraban seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, modernización del Estado y vivienda y saneamiento, incluidos aspectos relacionados con la atención del Fenómeno El Niño. El Gobierno argumentó que necesitaba acelerar las medidas contra la criminalidad y prepararse ante una eventual emergencia climática.

Diputados recortó el pedido original

El 1 de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que redujo la delegación a dos materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. El plazo también se acortó de 120 a 90 días y el número de disposiciones quedó en alrededor de 20. Tras un rechazo inicial y una reconsideración, el Pleno de Diputados aprobó el dictamen con 66 votos a favor, aproximadamente 33 o 34 en contra y 24 abstenciones, antes de remitirlo al Senado.

El recorte dejó fuera las facultades relacionadas con empleo, tributación, desarrollo productivo y otras reformas económicas y administrativas. La decisión abrió una disputa entre el Ejecutivo, que considera insuficiente el alcance aprobado, y los sectores parlamentarios que defienden una delegación más acotada y exigen precisar qué normas podrá emitir el Gobierno sin una nueva aprobación legislativa.

Galarreta insiste en ampliar las facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó el alcance de la propuesta aprobada por Diputados. Durante su participación en el debate de la Comisión de Constitución del Senado, sostuvo que «lo aprobado no es suficiente» y defendió la posición del Ejecutivo respecto de la solicitud original.

La insistencia del Gobierno mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de introducir cambios al texto remitido por la Cámara de Diputados. El punto crítico no es solo cuántas medidas podrán aprobarse, sino si el Senado puede modificar su contenido sin alterar la materia y el alcance de la propuesta que recibió.

El límite constitucional bajo disputa

La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular, evalúa el dictamen con la participación de Galarreta y representantes de distintas carteras ministeriales. El debate se desarrolla bajo una restricción central: aunque el Senado puede aprobar, modificar o rechazar el texto, sus cambios no deben desnaturalizar la propuesta aprobada por la cámara de origen.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha advertido contra la incorporación de materias ajenas al dictamen y contra una ampliación que altere su esencia. La controversia pone a prueba el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral y la capacidad del Senado para ejercer su función revisora sin convertirla en una vía para reconstruir una solicitud que Diputados ya redujo.

En paralelo, el senador fujimorista Víctor Flores descartó que se restituyan los 66 puntos originales, aunque defendió la posibilidad de incorporar ajustes dentro de los temas aprobados. El presidente de la Comisión de Constitución también afirmó que no hay tiempo para recuperar íntegramente la propuesta inicial y que el debate debe concentrarse en el texto remitido por Diputados, con eventuales modificaciones compatibles con sus límites.

Seguridad: apoyo militar y riesgos para los derechos

El texto aprobado en Diputados incluye medidas para reforzar el control migratorio, fiscalizar armas, bloquear comunicaciones ilícitas, reformar el sistema penitenciario y la justicia juvenil, y combatir delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro, la minería ilegal y la ciberdelincuencia. También contempla disposiciones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y en determinados ámbitos de seguridad pública y penitenciaria.

Este último componente abre un debate sobre los límites entre las funciones policiales y militares, así como sobre las garantías para los derechos fundamentales y la rendición de cuentas durante las intervenciones. La delegación legislativa no elimina la obligación del Estado de respetar el marco constitucional ni sustituye la necesidad de evaluar la eficacia de las medidas frente a las redes criminales.

El Niño: respuesta rápida ante emergencias

En materia climática, el dictamen contempla mecanismos para acelerar la atención de las poblaciones afectadas por el Fenómeno El Niño. Entre ellos figura la posibilidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) distribuya directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia, además de medidas de simplificación administrativa, digitalización y atención vinculadas con infraestructura, vivienda, agua, saneamiento y apoyo agrario.

La urgencia de responder ante desastres naturales constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo. Sin embargo, la discusión parlamentaria también debe determinar con precisión qué facultades se delegan, qué controles se aplicarán y cómo se garantizará que la simplificación de procedimientos no debilite la transparencia ni la fiscalización del gasto público.

Empleo, mypes y regulación económica quedaron fuera

La solicitud original también incluía facultades sobre promoción del empleo, fortalecimiento de las mypes, régimen tributario y desarrollo productivo. Esas materias quedaron fuera del texto aprobado por Diputados, aunque el Ejecutivo continúa cuestionando el recorte. La exclusión es relevante porque una eventual delegación en esos campos permitiría al Gobierno aprobar decretos legislativos con efectos sobre la actividad empresarial, las relaciones laborales y la regulación económica.

Las críticas de organizaciones sindicales, incluida la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se habían centrado en el riesgo de que determinadas reformas afectaran derechos laborales. Otros cuestionamientos políticos apuntan a la posibilidad de que cambios tributarios, administrativos o productivos beneficien intereses particulares. Estas objeciones deben distinguirse de hechos acreditados: la solicitud original abarcaba esas materias, pero su eventual impacto dependerá del contenido concreto de las normas que se propongan y aprueben.

Una decisión pendiente en el Senado

Al 13 de octubre, el Senado todavía no había concluido el trámite. La Comisión de Constitución debía continuar el análisis del dictamen y preparar el texto que sería sometido al Pleno. La fecha del 19 de octubre había sido señalada como horizonte para el debate plenario, pero el resultado dependía de la conclusión del trabajo en comisión y de las decisiones parlamentarias.

El desenlace definirá si el Gobierno de Keiko Fujimori obtiene facultades para legislar durante 90 días en los dos ámbitos aprobados por Diputados, con modificaciones compatibles con ese marco, o si se abre una nueva controversia por el alcance de los cambios. En juego están el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, los controles sobre la delegación normativa y la capacidad del Gobierno para responder a la inseguridad y a las emergencias climáticas sin extender sus poderes más allá de lo autorizado por el Congreso.

Lima, 10 de octubre de 2026.- Colectivos propalestinos, universitarios y gremios sindicales participaron en una movilización desde la Plaza Washington hasta la Embajada de Israel, en San Isidro, como parte de una jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino.

Lima fue escenario de una nueva movilización en solidaridad con Palestina. Diversos colectivos propalestinos, representantes universitarios y organizaciones sindicales recorrieron calles de la capital bajo la consigna “Fin del genocidio en Palestina”, en una jornada que reivindicó el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad y ejercer su soberanía.

Movilización desde la Plaza Washington

La marcha comenzó en la Plaza Washington y avanzó hacia la Embajada de Israel, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Los participantes se sumaron a las acciones internacionales que exigen detener la violencia contra la población palestina y reclaman respeto por sus derechos fundamentales.

La movilización reunió a sectores sociales y estudiantiles que expresaron su rechazo a las acciones militares israelíes contra los palestinos y su respaldo a la causa de una Palestina libre y soberana.

Solidaridad internacional con Palestina

La jornada se enmarcó en una convocatoria internacional que busca mantener la atención pública sobre la situación palestina y movilizar a organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes en distintos países.

En Lima, la protesta llevó sus demandas hasta la representación diplomática israelí. La elección de este destino convirtió la movilización en un acto público de denuncia y expresión política frente a la situación que atraviesa el pueblo palestino.

La marcha reafirmó la presencia de la solidaridad propalestina en el espacio público peruano y el reclamo de sectores ciudadanos por una respuesta internacional que priorice la protección de la población civil, el respeto del derecho internacional y una solución que garantice los derechos del pueblo palestino.

Pulso27 | La movilización en Lima se suma a las expresiones internacionales que reclaman el fin de la violencia en Palestina y defienden su derecho a la libertad, la autodeterminación y la soberanía.

Cusco, 11 de octubre de 2026.- Los focos de fuego continúan activos en sectores de Calca y La Convención. Las autoridades advierten sobre los riesgos de las quemas agrícolas, mientras reportes recientes evidencian que la emergencia sigue agravándose.

Cusco enfrenta una nueva jornada de alerta por los incendios forestales. Al 11 de octubre de 2026, la región acumula 298 siniestros, cinco personas fallecidas y más de 9.300 hectáreas destruidas, según el reporte oficial proporcionado para esta actualización. Las emergencias mantienen en riesgo la cobertura vegetal y los ecosistemas de distintas provincias.

Focos activos mantienen en alerta a las autoridades

Entre los sectores afectados figuran Accha Alta, en la provincia de Calca, y Mesarumiyoc, en La Convención, donde persisten emergencias que requieren vigilancia y acciones para contener el avance de las llamas. La continuidad de estos focos obliga a mantener la coordinación entre las autoridades y los equipos de respuesta.

La situación se produce en un contexto de incremento de los incendios durante las primeras semanas de octubre. El 9 de octubre, medios nacionales reportaron que Cusco registraba cerca de 280 siniestros en lo que iba del año, con cinco fallecidos y múltiples emergencias activas.

Las quemas agrícolas, un factor de riesgo

Las autoridades regionales han advertido que las prácticas humanas, especialmente la quema de terrenos y residuos agrícolas, están detrás de numerosos incendios forestales. El fuego puede propagarse fuera de las áreas previstas y alcanzar pastizales, bosques, cultivos y zonas habitadas.

Ante este escenario, se exhortó a la población a suspender las quemas agrícolas y evitar cualquier actividad que pueda originar nuevos focos de fuego. La prevención resulta clave para reducir el riesgo de más pérdidas humanas y daños ambientales, particularmente en zonas rurales donde el acceso de las brigadas puede ser complicado.

Cinco víctimas mortales en la región

El balance humano es uno de los aspectos más graves de la emergencia. Los reportes periodísticos publicados durante la primera semana de octubre identificaron entre las víctimas a tres adultos mayores y dos hermanos de 11 y 18 años, fallecidos en distintos incendios.

La pérdida de vegetación también compromete los hábitats naturales y los medios de vida de las comunidades rurales. La recuperación de las áreas afectadas dependerá de la magnitud de los daños y de las acciones posteriores de evaluación y restauración ambiental.

Prevención para evitar nuevas tragedias

Las autoridades insisten en que la población no debe iniciar quemas de pastizales, rastrojos ni residuos agrícolas. También es importante alertar de inmediato a los servicios de emergencia ante la aparición de humo o llamas, sin intentar combatir incendios de gran magnitud sin equipos ni capacitación.

La evolución de los siniestros en Calca y La Convención mantiene la atención sobre la capacidad de respuesta y la necesidad de reforzar la prevención en las comunidades. Cada quema evitada puede reducir la posibilidad de que el fuego se extienda y provoque nuevas pérdidas humanas y ambientales.