Lima, 13 de noviembre de 2025 – Venezuela ha activado una «defensa total» con el despliegue de 200.000 efectivos militares en respuesta a la creciente presencia de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Bajo el Plan Independencia 200, anunciado el 11 de noviembre, Caracas puso en máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo medios terrestres, aéreos, navales y sistemas de defensa rusos S-300, para proteger su soberanía frente a lo que Nicolás Maduro califica como «la mayor amenaza en 100 años».

La escalada comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración de Donald Trump intensificó su presencia militar, justificándola como una operación antinarcóticos contra cárteles como el Tren de Aragua. La llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, escoltado por destructores y con 15.000-16.000 efectivos, marca el mayor despliegue estadounidense en el Caribe en 35 años. Washington reporta haber destruido 20 botes y causado 76 muertes, acciones que Venezuela denuncia como «ataques extrajudiciales» que violan la soberanía regional.

Maduro ha preparado una «república en armas», movilizando millones de milicianos y planificando una resistencia guerrillera en caso de invasión, mientras expertos advierten que la superioridad tecnológica de EE.UU. contrasta con la ventaja geográfica venezolana para una guerra asimétrica. La tensión ha generado preocupación global, con la ONU y la OEA llamando a la desescalada diplomática. La postura beligerante de Washington debe priorizar el diálogo multilateral para evitar un conflicto que agravaría la crisis humanitaria venezolana, ya golpeada por una economía contraída un 70% y migración masiva.

Organizaciones sociales peruanas han convocado marchas en Lima para repudiar la intervención estadounidense, exigiendo soluciones regionales sí realmente se trata de la lucha contra el narcotráfico sin recurrir a la fuerza. La ausencia de un pronunciamiento del gobierno peruano contrasta con las condenas enérgicas de países como Honduras, Cuba, México y Colombia, que han calificado el despliegue como una «amenaza de intervención» extranjera que debe ser rechazada por todo latinoamericano.

Un informe del programa televisivo “Cuarto Poder” destapó una controversia al revelar que una directiva reciente flexibiliza los controles sobre los regalos, donaciones y cortesías que la presidenta Dina Boluarte y su entorno en Palacio de Gobierno pueden recibir. La norma, según el programa, elimina restricciones claras sobre el valor de estos obsequios, generando preocupación por la falta de transparencia en un contexto donde la mandataria ya enfrenta cuestionamientos por el caso Rolex. La revelación ha desatado críticas de diversos sectores que exigen mayor claridad y regulación para evitar posibles conflictos de interés. 

En respuesta, el ministro de Justicia, Enrique Alarcón, defendió la directiva, asegurando que solo se aceptarán “obsequios simbólicos” entregados en actos oficiales, como los provenientes de embajadores durante visitas diplomáticas. Sin embargo, no especificó qué se considera “simbólico” ni detalló los mecanismos de supervisión para garantizar que no se abuse de esta flexibilidad. Expertos en ética pública advierten que la ambigüedad de la norma podría abrir la puerta a irregularidades, especialmente en un gobierno bajo escrutinio por su manejo de la integridad. 

La ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil han exigido que el Ejecutivo precise los límites y publique un registro detallado de los regalos recibidos por la presidenta y funcionarios. Mientras tanto, el Congreso ha anunciado que evaluará citar al ministro Alarcón para que explique la directiva. Este nuevo episodio se suma a los desafíos del gobierno de Boluarte para proyectar una imagen de transparencia, en un momento en que la confianza en las instituciones públicas sigue siendo frágil.

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su descontento tras la reciente mesa de diálogo convocada por el gobierno central, calificándola de una «lavada de cara» debido a la falta de acuerdos concretos y participación reducida de los involucrados locales en la problemática minera que ha traído muertes en los últimos meses.

En una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025 en el distrito de Pataz del departamento norteño de La Libertad, ministros de diversas carteras del gobierno de Dina Boluarte se reunieron con autoridades locales, ronderos y mineros artesanales para abordar la situación de la minería en la región. Sin embargo, según Mariños, no se alcanzaron compromisos sustanciales que respondieran a las demandas de la población.

El alcalde manifestó su frustración al señalar que, a pesar de las expectativas generadas, la mesa de diálogo no produjo resultados tangibles. «No se llegó a ningún acuerdo concreto. Fue solo una reunión más sin compromisos claros», afirmó Mariños.

Esta situación ha generado malestar entre los pobladores de Pataz, quienes esperaban soluciones efectivas a la problemática minera que afecta a la región. El alcalde ha anunciado que, ante la falta de avances, se evaluarán nuevas medidas de protesta para exigir una atención real y efectiva por parte del gobierno central.

La comunidad de Pataz mantiene su postura firme en la defensa de sus derechos y espera que futuras instancias de diálogo conduzcan a acuerdos concretos que beneficien a la población local.