El fuego amenaza comunidades, bosques y cultivos, mientras persisten interrogantes sobre el presupuesto ejecutado, la magnitud de la ayuda y los recursos desplegados. El Gobierno anunció apoyo aéreo y asistencia agraria, pero la información pública consultada no permite establecer cuánto dinero se destinó específicamente a los damnificados ni cuánto se ha gastado hasta el momento.

Lima, 13 de octubre de 2026.- Perú enfrenta una nueva emergencia ambiental. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones y 334 focos de calor. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 35 incendios activos y 16 controlados. La diferencia entre ambos registros dificulta establecer un balance nacional único y actualizado, mientras el fuego continúa amenazando territorios rurales y comunidades indígenas.

Pérdidas humanas y territorios afectados

Los reportes periodísticos sitúan en diez el número de personas fallecidas por incendios forestales durante 2026. Las pérdidas materiales incluyen viviendas destruidas, cultivos afectados, pastizales quemados y ganado muerto. Un balance difundido por el COEN contabilizó 8.599 hectáreas de cobertura natural afectadas, aunque otras estimaciones nacionales y regionales presentan cifras superiores. Estas diferencias requieren una consolidación oficial que permita dimensionar los daños y calcular las necesidades de recuperación.

En Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, comunidades asháninkas enfrentan las consecuencias del fuego. Los reportes disponibles señalan aproximadamente 350 hectáreas de bosque y 80 hectáreas de cultivos afectados, diez viviendas destruidas y alrededor de 50 familias perjudicadas. La pérdida de áreas forestales, terrenos agrícolas y recursos naturales compromete la economía familiar y la seguridad alimentaria de estas poblaciones. La emergencia plantea, además, la necesidad de proteger territorios indígenas cercanos a espacios naturales de conservación.

Dos helicópteros y un avión: ¿cuánto cuesta la respuesta?

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció el despliegue de dos helicópteros equipados con helibaldes en Cusco y un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea del Perú para apoyar las operaciones contra el fuego. La Presidencia informó sobre estas medidas el 11 de octubre, con prioridad en Cusco y Junín. Sin embargo, la información oficial consultada no precisa las horas de vuelo contratadas o utilizadas, el costo operativo de las aeronaves, el combustible consumido ni el número total de descargas efectuadas. Tampoco ofrece un consolidado del personal movilizado, los equipos terrestres y los recursos logísticos empleados.

La falta de un monto consolidado no demuestra que el Estado carezca de presupuesto para responder. El problema es que, con la información pública localizada, no se puede determinar cuánto dinero se ha comprometido, cuánto se ha devengado o pagado ni qué proporción corresponde a cada región. El Decreto Supremo N.° 069-2026-PCM, que actualiza el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 para 2026, establece que las intervenciones se financian con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esa disposición no equivale a un balance del gasto ejecutado durante la emergencia actual.

Ayuda agraria: anuncios sin balance integral

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante Agro Rural y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), contempla acciones de apoyo a productores afectados, con insumos agrícolas, semillas y recursos para la alimentación del ganado. No obstante, para evaluar el alcance real de estas medidas se necesita conocer cuántos kits, pacas de heno, kilogramos de semillas y otros bienes fueron entregados efectivamente, en qué localidades, a cuántas familias y con qué costo unitario y total. Los anuncios de entregas programadas no deben contabilizarse como ayuda recibida.

Tampoco se dispone, en las fuentes consultadas, de un inventario nacional consolidado de viviendas que serán reconstruidas, hectáreas que recibirán apoyo para su recuperación, animales que serán repuestos o familias que accederán a asistencia económica directa. En consecuencia, no es posible establecer si los bienes anunciados cubren las necesidades identificadas. La publicación de padrones de beneficiarios, actas de entrega, cantidades distribuidas y presupuestos por intervención permitiría verificar la cobertura y evitar que la ayuda quede únicamente en anuncios institucionales.

Comunidades en primera línea y prevención pendiente

En varias zonas, los pobladores, las brigadas comunales, los bomberos y las autoridades locales participan directamente en las labores de contención. Los reportes sobre Río Tambo advierten dificultades para responder a incendios en territorios de difícil acceso. Esta participación resulta fundamental, pero debe acompañarse de equipos adecuados, capacitación, protección para los brigadistas y mecanismos de asistencia inmediata para quienes pierden sus viviendas y medios de vida.

La quema de pastizales y vegetación figura entre los principales factores humanos asociados a estos siniestros. La sequía, la falta de lluvias y los vientos pueden facilitar la propagación del fuego. Aunque el país cuenta con el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, la magnitud de los daños obliga a examinar no solo las operaciones de emergencia, sino también los recursos destinados a prevención, vigilancia, equipamiento y recuperación ambiental. Sin información presupuestaria comparable, resulta difícil evaluar la eficacia del gasto público.

La emergencia deja una exigencia concreta al Ejecutivo: publicar un balance verificable de los recursos movilizados, el gasto ejecutado y la ayuda entregada por región. Ese informe debería incluir los costos de las operaciones aéreas y terrestres, el número de equipos y efectivos desplegados, las cantidades de bienes distribuidos, las familias atendidas y los compromisos pendientes. Mientras continúen los incendios, la población necesita saber no solo qué acciones anuncia el Gobierno, sino también qué recursos utiliza, a quiénes llegan y qué resultados producen.

El Ejecutivo pidió poderes para legislar durante 120 días en ocho materias y 66 puntos, pero la Cámara de Diputados redujo la propuesta a seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño, por 90 días. El Senado debate ahora los límites de una eventual modificación, mientras el Gobierno insiste en que el texto aprobado es insuficiente.

Lima, 13 de octubre de 2026.- El gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) busca ampliar el alcance de las facultades legislativas solicitadas al Congreso, después de que la Cámara de Diputados recortara sustancialmente su propuesta original. La disputa se concentra ahora en el Senado, donde el Ejecutivo pretende recuperar parte de las materias excluidas y la oposición advierte que cualquier modificación debe respetar los límites constitucionales de la revisión parlamentaria.

La solicitud inicial contemplaba 66 puntos distribuidos en ocho materias y una delegación por 120 días. Entre ellas figuraban seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, modernización del Estado y vivienda y saneamiento, incluidos aspectos relacionados con la atención del Fenómeno El Niño. El Gobierno argumentó que necesitaba acelerar las medidas contra la criminalidad y prepararse ante una eventual emergencia climática.

Diputados recortó el pedido original

El 1 de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que redujo la delegación a dos materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. El plazo también se acortó de 120 a 90 días y el número de disposiciones quedó en alrededor de 20. Tras un rechazo inicial y una reconsideración, el Pleno de Diputados aprobó el dictamen con 66 votos a favor, aproximadamente 33 o 34 en contra y 24 abstenciones, antes de remitirlo al Senado.

El recorte dejó fuera las facultades relacionadas con empleo, tributación, desarrollo productivo y otras reformas económicas y administrativas. La decisión abrió una disputa entre el Ejecutivo, que considera insuficiente el alcance aprobado, y los sectores parlamentarios que defienden una delegación más acotada y exigen precisar qué normas podrá emitir el Gobierno sin una nueva aprobación legislativa.

Galarreta insiste en ampliar las facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó el alcance de la propuesta aprobada por Diputados. Durante su participación en el debate de la Comisión de Constitución del Senado, sostuvo que «lo aprobado no es suficiente» y defendió la posición del Ejecutivo respecto de la solicitud original.

La insistencia del Gobierno mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de introducir cambios al texto remitido por la Cámara de Diputados. El punto crítico no es solo cuántas medidas podrán aprobarse, sino si el Senado puede modificar su contenido sin alterar la materia y el alcance de la propuesta que recibió.

El límite constitucional bajo disputa

La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular, evalúa el dictamen con la participación de Galarreta y representantes de distintas carteras ministeriales. El debate se desarrolla bajo una restricción central: aunque el Senado puede aprobar, modificar o rechazar el texto, sus cambios no deben desnaturalizar la propuesta aprobada por la cámara de origen.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha advertido contra la incorporación de materias ajenas al dictamen y contra una ampliación que altere su esencia. La controversia pone a prueba el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral y la capacidad del Senado para ejercer su función revisora sin convertirla en una vía para reconstruir una solicitud que Diputados ya redujo.

En paralelo, el senador fujimorista Víctor Flores descartó que se restituyan los 66 puntos originales, aunque defendió la posibilidad de incorporar ajustes dentro de los temas aprobados. El presidente de la Comisión de Constitución también afirmó que no hay tiempo para recuperar íntegramente la propuesta inicial y que el debate debe concentrarse en el texto remitido por Diputados, con eventuales modificaciones compatibles con sus límites.

Seguridad: apoyo militar y riesgos para los derechos

El texto aprobado en Diputados incluye medidas para reforzar el control migratorio, fiscalizar armas, bloquear comunicaciones ilícitas, reformar el sistema penitenciario y la justicia juvenil, y combatir delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro, la minería ilegal y la ciberdelincuencia. También contempla disposiciones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y en determinados ámbitos de seguridad pública y penitenciaria.

Este último componente abre un debate sobre los límites entre las funciones policiales y militares, así como sobre las garantías para los derechos fundamentales y la rendición de cuentas durante las intervenciones. La delegación legislativa no elimina la obligación del Estado de respetar el marco constitucional ni sustituye la necesidad de evaluar la eficacia de las medidas frente a las redes criminales.

El Niño: respuesta rápida ante emergencias

En materia climática, el dictamen contempla mecanismos para acelerar la atención de las poblaciones afectadas por el Fenómeno El Niño. Entre ellos figura la posibilidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) distribuya directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia, además de medidas de simplificación administrativa, digitalización y atención vinculadas con infraestructura, vivienda, agua, saneamiento y apoyo agrario.

La urgencia de responder ante desastres naturales constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo. Sin embargo, la discusión parlamentaria también debe determinar con precisión qué facultades se delegan, qué controles se aplicarán y cómo se garantizará que la simplificación de procedimientos no debilite la transparencia ni la fiscalización del gasto público.

Empleo, mypes y regulación económica quedaron fuera

La solicitud original también incluía facultades sobre promoción del empleo, fortalecimiento de las mypes, régimen tributario y desarrollo productivo. Esas materias quedaron fuera del texto aprobado por Diputados, aunque el Ejecutivo continúa cuestionando el recorte. La exclusión es relevante porque una eventual delegación en esos campos permitiría al Gobierno aprobar decretos legislativos con efectos sobre la actividad empresarial, las relaciones laborales y la regulación económica.

Las críticas de organizaciones sindicales, incluida la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se habían centrado en el riesgo de que determinadas reformas afectaran derechos laborales. Otros cuestionamientos políticos apuntan a la posibilidad de que cambios tributarios, administrativos o productivos beneficien intereses particulares. Estas objeciones deben distinguirse de hechos acreditados: la solicitud original abarcaba esas materias, pero su eventual impacto dependerá del contenido concreto de las normas que se propongan y aprueben.

Una decisión pendiente en el Senado

Al 13 de octubre, el Senado todavía no había concluido el trámite. La Comisión de Constitución debía continuar el análisis del dictamen y preparar el texto que sería sometido al Pleno. La fecha del 19 de octubre había sido señalada como horizonte para el debate plenario, pero el resultado dependía de la conclusión del trabajo en comisión y de las decisiones parlamentarias.

El desenlace definirá si el Gobierno de Keiko Fujimori obtiene facultades para legislar durante 90 días en los dos ámbitos aprobados por Diputados, con modificaciones compatibles con ese marco, o si se abre una nueva controversia por el alcance de los cambios. En juego están el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, los controles sobre la delegación normativa y la capacidad del Gobierno para responder a la inseguridad y a las emergencias climáticas sin extender sus poderes más allá de lo autorizado por el Congreso.

Lima, 10 de octubre de 2026.- Colectivos propalestinos, universitarios y gremios sindicales participaron en una movilización desde la Plaza Washington hasta la Embajada de Israel, en San Isidro, como parte de una jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino.

Lima fue escenario de una nueva movilización en solidaridad con Palestina. Diversos colectivos propalestinos, representantes universitarios y organizaciones sindicales recorrieron calles de la capital bajo la consigna “Fin del genocidio en Palestina”, en una jornada que reivindicó el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad y ejercer su soberanía.

Movilización desde la Plaza Washington

La marcha comenzó en la Plaza Washington y avanzó hacia la Embajada de Israel, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Los participantes se sumaron a las acciones internacionales que exigen detener la violencia contra la población palestina y reclaman respeto por sus derechos fundamentales.

La movilización reunió a sectores sociales y estudiantiles que expresaron su rechazo a las acciones militares israelíes contra los palestinos y su respaldo a la causa de una Palestina libre y soberana.

Solidaridad internacional con Palestina

La jornada se enmarcó en una convocatoria internacional que busca mantener la atención pública sobre la situación palestina y movilizar a organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes en distintos países.

En Lima, la protesta llevó sus demandas hasta la representación diplomática israelí. La elección de este destino convirtió la movilización en un acto público de denuncia y expresión política frente a la situación que atraviesa el pueblo palestino.

La marcha reafirmó la presencia de la solidaridad propalestina en el espacio público peruano y el reclamo de sectores ciudadanos por una respuesta internacional que priorice la protección de la población civil, el respeto del derecho internacional y una solución que garantice los derechos del pueblo palestino.

Pulso27 | La movilización en Lima se suma a las expresiones internacionales que reclaman el fin de la violencia en Palestina y defienden su derecho a la libertad, la autodeterminación y la soberanía.