Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.

Piura, 13 de enero 2026.- Talara se erigió este 13 de enero como el punto de partida de una ola de protestas contra el Decreto de Urgencia N° 010-2025, promulgado el 31 de diciembre por el gobierno interino de José Jerí. La norma permite la reorganización patrimonial de Petroperú, dividiendo sus activos en bloques independientes y facilitando su transferencia a operadores privados mediante ProInversión, con la Nueva Refinería de Talara —una de las infraestructuras más modernas de América Latina y con vida útil proyectada de 70 años— como activo estrella en la mira.

La congresista Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú, candidata al Senado con el número 8) encabeza la convocatoria nacional, calificando la medida como una «privatización encubierta» y una amenaza a la soberanía energética. Su experiencia al frente de la comisión que investigó el derrame de Repsol en 2022 -donde se determinó responsabilidad de la transnacional y se impulsaron normas pendientes de resarcimiento y descontaminación- refuerza su argumento: entregar activos estratégicos a privados podría replicar vulnerabilidades ambientales y sociales vistas en el litoral del mar peruano.

El decreto responde a supuesta crisis financiera de Petroperú, que el Ejecutivo presenta como indispensable para evitar el colapso y asegurar el abastecimiento en zonas remotas. No obstante, sindicatos como la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros lo tildan de «descuartizamiento» de la empresa, anunciando plantones desde el 14 de enero en Lima y regiones, más un paro nacional de 72 horas a partir del 19, acciones que se desencadenan luego del anuncio de movilización de la parlamentaria Palacios en año nuevo.

En el Congreso ya circulan al menos cuatro proyectos de ley para derogar el decreto, impulsados por bancadas progresistas y de izquierda, incluido uno presentado por Palacios. A meses de las elecciones generales de abril 2026, la resistencia en Talara refleja un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, el control de precios de combustibles y la soberanía nacional, cuyo desenlace dependerá de la intensidad de la presión social y la respuesta política en las próximas semanas.

La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.