La medida alcanza a 22 departamentos y el Callao. ENFEN advierte que existe al menos 62% de probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Lima, 1 de setiembre de 2026.- El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 893 distritos de 154 provincias, ubicados en 22 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Una emergencia de alcance nacional

La declaratoria comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao. La norma establece que las jurisdicciones involucradas presentan un “muy alto riesgo” que requiere intervenciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

La decisión no responde únicamente a una previsión meteorológica. El expediente técnico utilizado por el Ejecutivo incorpora informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

El riesgo climático aumenta

La advertencia más reciente de ENFEN eleva el nivel de preocupación. En su Comunicado Oficial N.° 15-2026, publicado el 28 de agosto, la comisión mantiene la Alerta de El Niño Costero y estima una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo de 2027, el escenario más probable se ubica entre fuerte y extraordinario.

El organismo científico también advierte que entre septiembre y noviembre las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de lo normal en toda la costa, con alta probabilidad de nuevos récords. Para la costa norte se prevén precipitaciones superiores a lo normal, mientras que durante el verano de 2027 las lluvias podrían superar sus valores habituales en la costa norte, costa central y sierra noroccidental.

El verano será el periodo crítico

El vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, señaló que, si el evento alcanza una condición extraordinaria, la temperatura superficial del mar podría presentar anomalías superiores a 3,5 °C entre septiembre y enero. El periodo de mayor impacto de las lluvias intensas se proyecta para el verano, particularmente en la costa norte y la sierra noroccidental.

La dimensión del riesgo también plantea un desafío para la infraestructura pública, la agricultura, el transporte y los servicios básicos. Desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y movimientos en masa podrían afectar poblaciones y medios de vida en territorios previamente identificados como vulnerables. Por ello, la declaratoria busca intervenir antes de que el peligro se convierta en desastre.

¿Qué podrán hacer las autoridades?

Durante los 60 días de vigencia, los gobiernos regionales y locales deberán ejecutar las medidas de excepción necesarias para reducir el muy alto riesgo existente. Estas acciones deben guardar una relación directa con el peligro que sustenta la declaratoria y podrán comprender actividades de prevención, respuesta y rehabilitación.

INDECI tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones, con participación de diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

La emergencia también pone a prueba la capacidad del Estado

El punto crítico ahora no es solamente la declaratoria, sino la capacidad de convertirla en acciones concretas antes de la temporada de mayor impacto. La propia norma establece que las intervenciones deberán ejecutarse con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades comprendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Para Pulso27, el dato central es que el Estado dispone ahora de un periodo limitado para reducir vulnerabilidades que ya han sido identificadas técnicamente. Con ENFEN proyectando un escenario extraordinario para los próximos meses, la eficacia de la respuesta dependerá menos de nuevas declaraciones y más de la rapidez con que gobiernos regionales, municipios y sectores nacionales conviertan los diagnósticos de riesgo en obras, limpieza de cauces, protección de infraestructura y medidas efectivas para proteger a la población y sus medios de vida.

Trujillo, 31 de agosto de 2026.- El ataque armado en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas y el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, no fue un hecho aislado ni improvisado. Según la Policía Nacional, el secuestro fue planificado al menos desde hace tres meses, y los atacantes actuaron con uniformes, placas e insignias del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), simularon una intervención policial y usaron armas de guerra para anular cualquier resistencia. La operación, ejecutada en la madrugada del 30 de agosto, expone graves fallas en la prevención y contrainteligencia estatal.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, confirmó que Inteligencia sabía del riesgo desde meses atrás y que se había advertido a posibles blancos, incluyendo a Lara Tantaquilla. Sin embargo, el empresario, vinculado a investigaciones por lavado de oro ilegal, fue interceptado en la avenida Húsares de Junín por un comando que fingió ser policía. Las víctimas fueron Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez, todos parte de su equipo de seguridad.

El uso de uniformes, insignias y tácticas policiales por parte de los atacantes plantea una pregunta clave: ¿Cómo obtuvieron información, indumentaria y capacidad operativa para simular una intervención oficial? La Inspectoría General de la PNP ya activó un plan de contrainteligencia, pero el daño está hecho. Si el Estado tenía información previa, ¿por qué no actuó? ¿Hubo negligencia, infiltración o incluso participación indirecta de agentes estatales?

El programa «Beto a Saber» de Willax Televisión difundió imágenes exclusivas que muestran que la camioneta blanca de los falsos policías (Toyota Hilux) que seguían a las víctimas era, a su vez, seguida por una patrulla de la Policía Nacional con la circulina encendida en las inmediaciones del lugar de los hechos. Según el reportaje, la patrulla dobla en la misma dirección que los agresores durante el incidente, lo que genera nuevas y graves preguntas sobre la posible complicidad o negligencia de agentes estatales.

El corresponsal Ángel Chanta destacó que la camioneta de los agresores tenía un sticker con el nombre «El Cartel», lo que sugiere vinculación con organizaciones criminales que vigilaban al empresario. Además, el analista en seguridad Pedro Yaranga calificó la operación como de película, subrayando que los atacantes portaban armas de guerra con silenciadores y actuaron con tácticas especializadas, lo que refuerza la hipótesis de un comando organizado y no de delincuentes comunes.

En menos de 24 horas, la Policía anunció la captura de sospechosos y la liberación de Lara Tantaquilla, tras un operativo de inteligencia. Si el Estado tenía capacidad para localizarlo tan rápido, ¿por qué no evitó el ataque? Las autoridades vinculan preliminarmente a la organización criminal «Los Pulpos», pero la familia del empresario habría negociado un pago de US$ 3 millones por su rescate, según versiones extraoficiales.

El ataque ocurrió en una ciudad donde «Los Pulpos», una organización con décadas de operación en La Libertad, tienen capacidad para ejecutar secuestros, extorsiones y sicariatos. El exoficial de la PNP Robert Maraví advirtió que el nivel de planificación del secuestro revela inteligencia criminal previa, incluyendo seguimiento a la víctima y conocimiento de sus movimientos. ¿Quién filtró esa información?

Lara Tantaquilla está investigado desde 2020 por lavado de activos vinculado al comercio de oro ilegal, a través de empresas como Matwork y Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. Expertos en crimen organizado señalan que los delincuentes buscan víctimas con perfil económico alto o acceso rápido a recursos. ¿Fue el secuestro un ajuste de cuentas o una extorsión planificada?

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, exigió resultados inmediatos a la PNP, mientras la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, coordinó el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad. Sin embargo, el diputado Harvey Colchado criticó que el Ejecutivo pide facultades al Congreso sin modificar la Ley 31570, que limita el mandato del comandante general de la PNP. ¿Se busca ampliar el poder del Estado bajo el pretexto de la inseguridad?

Las cuatro personas asesinadas, dos guardias de seguridad y dos acompañantes, dejaron familias destrozadas. Christopher García, Luis Rojas, Farhad Monzón y Nadia Urtecho fueron acribillados en una operación que, según testigos, simuló una intervención policial. ¿Por qué no hubo reacción a tiempo?

No hay pruebas de que el Gobierno ordenara el ataque, pero sí hay señales de que la crisis podría ser instrumentalizada. La rapidez del rescate, el conocimiento previo del riesgo y la vinculación con organizaciones criminales exigen una investigación independiente que explore: ¿Quiénes en el Estado conocían la amenaza y no actuaron? ¿Cómo obtuvieron los delincuentes información y recursos policiales? ¿Por qué se permite que el miedo social justifique más poder para el Ejecutivo sin transparencia?

Ante las revelaciones de Beto Ortiz sobre la patrulla policial que seguía a los agresores, la sociedad exige una investigación independiente que aclare el rol de la patrulla en el seguimiento, la posible infiltración o complicidad de agentes estatales y la transparencia en el proceso de captura de los implicados.

La Inspectoría General de la PNP ya activó un plan de contrainteligencia, pero la presión social y mediática crece para que se esclarezcan estos nuevos elementos. La pregunta central sigue en pie: ¿Fue un crimen prevenible, una falla de Inteligencia o una operación con participación estatal? La respuesta solo puede construirse con evidencia, no con teorías.

Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo de la presidenta, aparece en una fotografía publicada por Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia e investigado por un presunto intento de feminicidio. La conexión abre preguntas sobre los operadores políticos que rodean al Gobierno peruano.

Lima, 29 de agosto de 2026.- Una fotografía publicada por el propio Fernando Gabriel Cerimedo constituye uno de los elementos documentados del vínculo. La imagen, difundida en marzo de 2025, muestra al consultor argentino junto a Carlos Díaz-Rosillo, académico cubano-estadounidense y asesor cercano de la presidenta Keiko Fujimori. Cerimedo presentó aquel encuentro como un desayuno de trabajo.

Díaz-Rosillo dirige el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), institución que incorporó a Fujimori como docente y conferencista. Según declaraciones del propio Díaz-Rosillo recogidas por La República, las actividades académicas de Fujimori le generaron ingresos de US$45.000 durante el periodo reportado.

Del ámbito académico al entorno presidencial

La relación entre Díaz-Rosillo y Fujimori no se limita a aquella actividad académica. La investigación periodística lo identifica como amigo y consejero personal de la mandataria, aunque no ocupa un cargo oficial dentro del Gobierno.

La relevancia de la conexión con Cerimedo radica precisamente en esa posición informal. Díaz-Rosillo aparece como un punto de contacto entre el entorno presidencial peruano y un consultor argentino que ha desarrollado actividades de asesoría política y estrategias digitales en distintos países de la región.

Cerimedo: de estratega digital a detenido en Bolivia

Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia después de que la Fiscalía lo imputara por su presunta participación en un ataque contra su expareja Nadia Beller. La mujer sobrevivió a un atentado ocurrido en Santa Cruz de la Sierra y señaló a Cerimedo como responsable de haberlo ordenado. La defensa del argentino niega las acusaciones.

La investigación boliviana se amplió posteriormente a otros presuntos delitos. Autoridades también investigan posibles hechos de enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con narcotráfico. Durante los allanamientos, investigadores reportaron el hallazgo de dinero y una infraestructura tecnológica descrita como una “granja de bots”.

El componente político

Antes de su detención, Cerimedo había sido relacionado con campañas y operadores políticos de derecha en América Latina. Fuentes periodísticas lo vinculan con los entornos de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Rodrigo Paz en Bolivia, además de operaciones digitales destinadas a favorecer determinadas candidaturas o atacar a adversarios.

La existencia de esos antecedentes convierte la relación documentada con Díaz-Rosillo en un asunto políticamente relevante. Sin embargo, un vínculo personal o profesional no demuestra que Díaz-Rosillo haya participado en las operaciones digitales atribuidas a Cerimedo, ni que estas hayan sido utilizadas por el Gobierno peruano.

Perú aparece en la investigación regional

La propia investigación de La República señala que Cerimedo tuvo actividad relacionada con el escenario político peruano. Entre los elementos citados figura una publicación de 2021 sobre las actas electorales del extranjero durante la campaña presidencial. También se han difundido investigaciones sobre redes digitales vinculadas con campañas políticas y ataques a opositores.

Pero existe una diferencia fundamental entre haber intervenido en el debate político peruano y haber trabajado para la actual presidenta. Hasta el cierre de esta nota no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Cerimedo haya recibido pagos de Fujimori, contratado servicios directamente con el Gobierno peruano o dirigido operaciones digitales para la mandataria.

Díaz-Rosillo todavía no responde

La República informó que solicitó reiteradamente a Díaz-Rosillo explicaciones sobre su relación con Cerimedo, sin obtener respuesta. Tampoco Keiko Fujimori ha explicado públicamente si conocía esa relación y cuál era su naturaleza.

Estas respuestas son relevantes porque Díaz-Rosillo no es un actor periférico del entorno presidencial: mantiene una relación personal con Fujimori y dirige la institución académica que la contrató como docente.

La pregunta que queda abierta

El hecho comprobado hasta ahora es un vínculo documentado entre Díaz-Rosillo y Cerimedo, mientras que la relación de ambos con el entorno de Keiko Fujimori está sustentada por distintas actividades públicas y declaraciones.

Lo que todavía debe establecerse es qué naturaleza tuvo esa relación, si se mantuvo después de aquel encuentro, si Díaz-Rosillo conocía las actividades políticas y digitales de Cerimedo y si existió alguna conexión adicional con actores políticos peruanos.