El 26 de septiembre del año en curso, se llevará a cabo el anunciado paro nacional de transportistas, organizado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, liderada por Martín Valeriano. Esta…
Economía
El rugido de los motores apagados: Crónica del paro de transportistas en Lima y Callao rumbo al paro nacional

Lima y Callao despertaron hoy, 10 de abril de 2025, en un silencio inusual. Los motores de buses, combis, taxis y mototaxis, que suelen ser el pulso de la capital peruana, se apagaron en una protesta que resonó como un grito de auxilio. Más de 20,000 unidades de transporte público dejaron de circular, paralizando la ciudad en un paro convocado por las principales organizaciones de transportistas, hartas de los asesinatos, extorsiones y el terror que imponen las bandas criminales. Bajo el sol abrasador y entre nubes de gas lacrimógeno, miles de choferes y dirigentes alzaron su voz rumbo a lo que podría ser un paro nacional, mientras anunciaban una asamblea clave para decidir el próximo paso.

Desde la medianoche, el paro tomó forma. En Puente Nuevo, San Juan de Lurigancho, los transportistas de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), liderada por Martín Valeriano, se congregaron con pancartas que clamaban “No más sangre en el volante”. En el Óvalo La Perla, Callao, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), con Walter Carrera al frente, organizó bloqueos pacíficos que detuvieron el flujo de la avenida Faucett. La Asociación Nacional de Transportadores, bajo la batuta de Miguel Palomino, se sumó en puntos neurálgicos como la Plaza Dos de Mayo y el Puente Universitario en Los Olivos, donde las consignas resonaban: “Sin seguridad, no hay transporte”. Empresas icónicas como Etuchisa, Vipusa, El Rápido y Los Chinos apagaron sus unidades, dejando paraderos vacíos y a millones de limeños varados.

El corazón de la protesta latió en la avenida Abancay, frente al Congreso de la República. Allí convergieron los gremios, unidos por una causa común: detener la ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 15 choferes en lo que va del año. Valeriano, con su voz ronca por horas de arengas, denunció la inacción del gobierno: “Nos matan, nos extorsionan, y la presidenta Boluarte solo ofrece promesas vacías”. A su lado, Carrera relataba cómo los cobros de cupos, que oscilan entre 50 y 200 soles semanales, han convertido el volante en una sentencia de muerte. Palomino, por su parte, exigió un plan interinstitucional con resultados concretos: “No queremos más reuniones, queremos vivir”.

El impacto en la ciudad fue innegable. Paraderos abarrotados, caminatas interminables y tarifas infladas de transporte informal dibujaron el caos cotidiano de una Lima sin transporte. Mientras los ciudadanos soportaban las consecuencias, los transportistas defendían su lucha: “No queremos parar, pero es la única forma de ser escuchados”, decía un chofer de Etuchisa, con el cansancio reflejado en su rostro.
Al caer la tarde, los líderes de ANITRA, CTU y la Asociación Nacional de Transportadores se reunieron en un local de Breña para evaluar la jornada. Allí, frente a cientos de afiliados, anunciaron una decisión crucial: el paro de hoy, de 24 horas, no se extenderá al viernes 11 de abril. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Con un aplauso unánime, convocaron a una asamblea nacional para mañana, donde participarán representantes de transporte urbano, interprovincial, mototaxistas y hasta gremios de regiones como Arequipa, Trujillo y Cusco. El objetivo es claro: definir la fecha de un paro nacional que promete estremecer al país si el gobierno no atiende sus demandas.

“Este es solo el comienzo”, advirtió Valeriano, mientras Carrera y Palomino asentían. Las organizaciones exigen la destitución del ministro del Interior, Julio Díaz, una declaratoria de emergencia en el sector transporte y un plan efectivo contra el crimen organizado. La asamblea de mañana será un termómetro de la indignación acumulada, y los transportistas no descartan medidas más drásticas si no hay respuestas.
Hoy, Lima y Callao fueron testigos del poder de los motores apagados y las voces unidas. Los transportistas, con ANITRA, CTU, la Asociación Nacional de Transportadores y empresas emblemáticas a la cabeza, no solo paralizaron la capital, sino que encendieron la chispa de una movilización que podría cambiar el rumbo del país. Mientras las calles recuperan su ritmo, la promesa de un paro nacional pende como una nube cargada, lista para desatarse. La asamblea de mañana decidirá si el silencio de los motores vuelve a gritar.

La jornada no estuvo exenta de tensión. En Ate y Puente Piedra, algunos manifestantes bloquearon carreteras con llantas incendiadas, mientras en el Centro de Lima la Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos a los intentos de avanzar hacia Palacio de Gobierno. En San Martín de Porres, un grupo de choferes enfrentó a combis que intentaron romper el paro, dejando un saldo de vidrios rotos y heridos leves. Sin embargo, la mayoría de las acciones fueron pacíficas, marcadas por una solidaridad que cruzó fronteras entre gremios. Los mototaxistas, representados por la Federación de Mototaxistas del Perú, se unieron en distritos como Villa El Salvador y Ventanilla, reforzando el mensaje de unidad.
Actualidad
Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.
Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.
La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.
Actualidad
El atentado contra Rafael Belaúnde Llosa destapa la cara oculta del “capitalismo popular” de los Belaúnde

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.
Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.
Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.
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Fuerza Popular y aliados promueven pensión vitalicia para Dina Boluarte

Lima, 2 de diciembre de 2025.– A menos de dos meses de ser vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte podría recibir una pensión vitalicia de hasta 35 mil soles mensuales gracias al respaldo de Fuerza Popular y sectores de la derecha parlamentaria que, durante su gestión, fueron sus principales socios para reprimir las protestas que dejaron 49 civiles muertos y cientos de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El pedido, presentado apenas diez días después de su salida del poder, avanza en el Congreso con la venia del fujimorismo, que controla la Mesa Directiva a través de Fernando Rospigliosi.
El mismo partido que en 2022 celebró la caída de Pedro Castillo y avaló el estado de emergencia que facilitó la masacre de manifestantes en Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, ahora defiende que Boluarte “fue elegida constitucionalmente” y merece el privilegio, ignorando que nunca ganó una elección como presidenta y que su gobierno fue sostenido con balas y decretos represivos. Voces como la del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) insisten en que “a todo expresidente se le debe dar pensión”, mientras callan sobre las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH y Amnistía Internacional.
La indignación ciudadana crece en redes y calles ante lo que muchos califican como el colmo del cinismo: quienes ayer aplaudieron la represión hoy pretenden premiar a su autora con dinero público. Organizaciones de víctimas y familiares de los fallecidos en las protestas anunciaron movilizaciones para los próximos días, exigiendo que el Pleno rechace la pensión y que, en su lugar, se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de Boluarte y sus aliados naranja. El debate se verá esta semana y definirá, una vez más, si el Congreso está del lado de los peruanos o de quienes los asesinaron para aferrarse al poder.
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